jueves, 25 de febrero de 2016

Iniciativa ciudadana. Una vida libre de corrupción

Dulce María Sauri Riancho
El martes de la semana pasada asistí como una de las personas invitadas por el Centro Empresarial de Mérida (Coparmex) a la presentación de una iniciativa de ley para combatir la corrupción. Una especie de resignada curiosidad guió mis pasos, más cuando el expositor era Juan Pardinas, de quien admiro su sencillez y contundencia en la exposición de complicados asuntos de naturaleza económica, como los que aborda el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Sólo que en esta ocasión no se trataba de un estudio que permitiera conocer la situación de Yucatán o de Mérida en los rankings nacionales de competitividad, sino de una propuesta para impulsar una iniciativa de ley. Su singularidad descansa en que no son diputados o senadores, ni miembros de un partido quienes la promueven, sino ciudadanos que utilizan por primera vez un mecanismo instaurado en la Constitución de la república cuando se reformó en 2013: la figura de “iniciativa ciudadana”, que faculta a un grupo de personas “de a pie” a reunirse para formular la propuesta y movilizarse para lograr las firmas necesarias para que pueda ser admitida a discusión y análisis en el Congreso de la Unión.

La iniciativa “3 de 3” fue bautizada con ese nombre porque busca hacer obligatorias tres cosas: una, la entrega de la declaración patrimonial; dos, la declaración de intereses, donde el servidor público enumere familiares, amigos cercanos o compadres, con quienes puede acordar beneficios mutuos con cargo al erario; y tres, la certificación de haber cumplido la declaración ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es decir, de haber pagado impuestos. En la galería de transgresiones vinculadas a la corrupción, Pardinas citó 10: soborno; peculado o desvío de fondos; tráfico de influencias; abuso de funciones; enriquecimiento oculto; obstrucción de la justicia; colusión; uso ilegal de información confidencial; nepotismo; conspiración para cometer actos de corrupción.

¿Por qué un grupo de profesionales, principalmente jóvenes abogados, de diferentes instituciones académicas y privadas se están tomando tan a fondo el compromiso de lograr la aprobación de una Ley General de Responsabilidades Administrativas que prevenga y combata la corrupción? La primera respuesta que me viene a la mente tiene que ver con la esperanza de que las cosas que nos duelen como país y como sociedad pueden cambiar. Que no se trata simplemente de esperar que suceda mágicamente, sino que puede haber caminos para lograrlo, con el convencimiento y la participación de cada una de las personas que están inconformes, quienes, por cierto, son muchas. No se limitan a pedir, exigir a los legisladores que cumplan el compromiso de la reforma constitucional para desarrollar las dos leyes generales y un buen número de leyes federales y de los estados que permitan establecer el sistema nacional anticorrupción. Porque hay la preocupación de que ese gigantesco esfuerzo de introducir en la Carta Magna las disposiciones correspondientes pueda volver a terminar en una gran frustración, cuando la llamada legislación secundaria sea inoperante o, peor aún, se dedique a encontrar subterfugios para evadir el compromiso.

Cuando se trata de combate a la corrupción hay dos tipos de respuestas: aquellas personas que consideran que es un fenómeno tan grande y generalizado, que es imposible erradicarlo porque forma parte del entramado social. Otros más piensan que ni siquiera vale la pena intentarlo, frente a las múltiples formas que existen de evadir cualquier medida, por modesta que sea, para cortarle el tronco a la hidra de mil cabezas. Sobre el conformismo: ¡cuántas cosas hubieran permanecido si no hubiese habido una mujer valiente como Rosa Parks en Montgomery, cuando se negó a cambiarse al fondo del autobús, lugar reservado a la población “de color”! La discriminación, su sustento ideológico y económico, parecían sólidos e inconmovibles en Sudáfrica, hasta que Nelson Mandela removió las conciencias y movilizó voluntades para vencer al apartheid. ¡Claro que la cultura puede cambiar! Si algún grupo social lo sabe en México somos las mujeres, que en los últimos cien años hemos logrado remover obstáculos para el ejercicio de los derechos que nos corresponden como personas. Que no están sólo en la ley, sino en las costumbres, también es cierto. Pero estoy convencida de que si las leyes no hubieran cambiado, difícilmente hubiéramos tenido sostén para luchar contra las costumbres que discriminaban a las mujeres y a las niñas en razón de su género.


Por eso aliento esperanza de cambios en cuanto a lograr una vida libre de corrupción para la sociedad mexicana. No es sólo un asunto ético o un imperativo moral. Se trata también de competencia económica, de costos de producción, de certidumbre que permite planear inversión y utilizar mejor los recursos. La apropiación individual de lo que es de todos tiene un costo monetario para el conjunto social. Incluso, se habla de cantidades multimillonarias que en vez de llegar a los bolsillos de la gente vía mejores precios de los productos y salarios más elevados, se van a residencias, aviones, yates y otros bienes que se adquieren con un dinero que llegó rápido y fácil y que por eso se despilfarra con displicencia. Si quieres firmar la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, puedes hacerlo en el formato que aparece en la página www.tresdetres.mx o acudir a uno de los centros de registro allí listados. ¡Anímate! Es asunto de todos.— Mérida, Yucatán.