miércoles, 25 de marzo de 2015

Medir la PAZ: Yucatán, Segundo Lugar

Dulce María Sauri Riancho
En la imaginación colectiva de muchas partes del país azotadas por la violencia del crimen organizado y el narcotráfico, la blanca Mérida y el pacífico Yucatán se volvieron referencia obligada. La calidad de vida de Yucatán, la que atrae inmigrantes y empresas, se sostiene por la seguridad. Vivir en paz no sólo es un disfrute y un derecho, sino también un valor económico, cuando se trata de competir por inversiones con otras regiones de México. En consecuencia, cuidar la seguridad representa un elemento central en la estrategia de desarrollo de Yucatán. Podemos hablar de una “ventaja comparativa” que ubica a nuestro estado en el mapa de los lugares para vivir y disfrutar. Así lo percibimos los yucatecos; así parecen sentirlo en otras regiones del país. Pero para salir de dudas, no hay nada mejor que comparar y medir.



¿Cómo vamos en relación con otras partes de México en materia de seguridad? ¿Somos, como creemos, el estado más pacífico del país? Yucatán no ocupa el número uno, pero sí el segundo lugar en el Índice de Paz México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), que se presentó la semana pasada para ilustrar los cambios registrados en los niveles de inseguridad en el país. El Informe completo se puede consultar en http://www.visionofhumanity.org.

El índice que permite comparar a las 32 entidades del país se construyó con base en siete indicadores: Homicidios, Crímenes violentos, Crímenes cometidos con armas de fuego, Personas enviadas a prisión cada año, Fondos del gobierno federal para seguridad pública, Delitos del crimen organizado (tráfico de drogas, extorsión, secuestros) y Eficiencia en el sistema de Justicia (proporción de condenas en relación a los homicidios). Utilizando estos indicadores para elaborar la escala, los cinco estados más pacíficos de México en 2014 fueron: Hidalgo, Yucatán, Querétaro, Campeche y Tlaxcala, en ese orden. En tanto, las cinco entidades más violentas fueron: Guerrero (lugar 32), Morelos, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato. De estos últimos, sólo sorprende la ausencia de Tamaulipas que, por cierto, ocupa el sitio 27, un poquito arriba de Guanajuato.

Tres de los cinco estados más pacíficos se localizan en el centro del país. En esa región colindan con Morelos y, en parte, con Guerrero. Prueba de que la vecindad no es necesariamente destino. En la península, Yucatán y Campeche dejaron atrás a Quintana Roo, que ocupa el sitio 23, arriba apenas del Estado de México (24) y Jalisco (25). La entidad más joven del país es calificada como excepción de la paz peninsular, como consecuencia de que el cártel de los Zetas “opera fuertemente” en la entidad, la cual -dice PM- actúa como “un puerto comercial” para el tráfico de narcóticos proveniente de Sudamérica. Al respecto, el Índice consigna una interpretación interesante: que la violencia se acentúa más en las entidades donde operan múltiples cárteles, en tanto que es menor -o al menos más acotada- en lugares como Quintana Roo, donde hay un claro predominio de una de estas organizaciones criminales.

Revisemos qué le faltó a Yucatán para ocupar el primer lugar en Paz México. El Índice permite la comparación de los siete indicadores que lo componen. Me concentro en los estados clasificados como “más pacíficos”. Entre ellos se ha ubicado Yucatán desde 2004, aun con el trágico tropiezo de los 11 decapitados de 2008. A pesar de ese sangriento traspié, Yucatán tiene hasta la fecha la tasa más baja de homicidios del país, así como una reducida presencia del crimen organizado, al menos de sus acciones más violentas.

Paz México (PM) alerta, sin embargo, de un ligero aumento de las actividades criminales en los últimos 10 años. Muestra de lo anterior es el indicador sobre el número de personas sentenciadas que, según PM, ha disminuido significativamente en el país, incluido Yucatán. El Índice consigna que Hidalgo ocupa el primer lugar nacional para el indicador denominado Eficiencia de la Justicia, mientras que Yucatán ocupa el tercer lugar porque menos procesos por homicidio culminan con una sentencia condenatoria.

El séptimo indicador se refiere a los recursos presupuestales federales destinados a la Seguridad. Yucatán ocupa el lugar 19, en tanto que Hidalgo se encuentra en la posición 12, tal vez porque la Secretaría de Gobernación, que es la que los distribuye, está encabezada por un hidalguense. Los otros tres estados más pacíficos tampoco destacan en esta lista: Campeche ocupa el sitio número 30 y Tlaxcala el 28. A Querétaro le va un poco mejor en la cuestión del dinero ya que está ubicado en el lugar 15. Tal parece que a mayor seguridad, menos recursos provenientes de este fondo. Resulta irónico, por decir lo menos, que los esfuerzos para preservar la paz y la tranquilidad ciudadana no sean reconocidos en el presupuesto. PM destaca los beneficios económicos de la paz. Dice que en 2003 los cinco estados menos pacíficos tenían un PIB (producto interno bruto) por habitante similar al de los cinco estados más pacíficos. Doce años después, en 2015, el PIB de los cinco “pacíficos” es 40 por ciento más alto.


La seguridad es como andar en bicicleta: hay que seguir pedaleando para avanzar y no caer al pavimento. Quedarse estáticos contemplando los logros de hoy es el mayor riesgo para mañana. Paz México ayuda con su Índice para darnos ánimo y seguirle dando a los pedales.- Mérida, Yucatán.

viernes, 20 de marzo de 2015

La llegada de Alvarado

Dulce María Sauri Riancho
“… El 19 de marzo de 1915 el general sinaloense Salvador Alvarado entró a Mérida al frente de 7,000 soldados con sus uniformes color caqui, rifles en mano y carrilleras cruzadas. El contingente marchó por las calles de la ciudad, acompañado del huach, huach… sonsonete del rechinar de las suelas de sus botas cuando marchaban por las vías meridanas pavimentadas por las últimas administraciones porfiristas…”. Cien años después, actuación y memoria de Alvarado en Yucatán continúan provocando polémicas entre académicos y especialistas, además de un sector de la sociedad cuyos padres y abuelos vivieron esos turbulentos años.

El debate sobre si la Revolución en Yucatán “vino de fuera” o si ya había un sólido movimiento encaminado a cambiar la situación imperante en el régimen porfirista sigue encendiendo los ánimos. Los primeros sostienen que sólo al arribo de Alvarado como gobernador y jefe militar fue posible la aplicación de medidas revolucionarias; lo que significa que antes de esa fecha se mantenía la paz y el control porfirista, prolongado aún después de la caída del dictador. La otra corriente plantea que Alvarado encontró a una sociedad movilizada, que había luchado contra la reelección y por la apertura, ante la política de cerrazón que caracterizaba al régimen. Dicen con argumentos que José María Pino Suárez, gobernador de Yucatán con licencia, fue invitado por el propio Francisco I. Madero para acompañarlo como vicepresidente, lo cual demostraba el vigor de la lucha antirreeleccionista local. Que el anarquismo de los Flores Magón tuvo en esta tierra la participación decidida de Tomás Pérez Ponce y Carlos Escoffié; que las escuelas rurales y la educación laica fueron iniciativas de la Liga de Acción Social al principiar el siglo XX, entre otros ejemplos. Además, en la memoria popular estaba sólidamente enraizada la “primera chispa” revolucionaria, acontecida en Valladolid, el 4 de junio de 1910.


Medida en cuota de sangre, tal vez le faltó a Yucatán el componente de las grandes batallas que enfrentaron al ejército federal y a los antirreeleccionistas en 1911; o los enfrentamientos entre zapatistas y villistas con los constitucionalistas, para recibir el reconocimiento de la historia oficial como una entidad revolucionaria desde la fase temprana. La prevención social yucateca contra la violencia provenía de la terrible conflagración que asoló a la Península por más de 50 años, entre 1847 y 1902, la Guerra de Castas, que entre hambrunas, violencia y emigración, ocasionó la pérdida de más de la mitad de sus habitantes.

El auge de la exportación de la fibra de henequén para confeccionar los hilos que hacían funcionar a las máquinas cosechadoras en Estados Unidos había brindado a Yucatán una extraordinaria prosperidad económica que lo hizo atractivo a los grupos en disputa por el poder presidencial. Así, huertistas primero y constitucionalistas después, trataron de controlar militarmente al estado para imponer préstamos a comerciantes y hacendados y además recaudar los cuantiosos impuestos provenientes del comercio exterior. Para Carranza y los constitucionalistas era prácticamente la única fuente de dinero fresco que les permitía sostener a su ejército, ante el colapso de la minería y el peligro que representaba “apretarle” a las compañías petroleras extranjeras que operaban en el Golfo de México. Los dos primeros enviados carrancistas recaudaron poco y a duras penas. Entonces, el jefe nombró a Salvador Alvarado gobernador y comandante militar de Yucatán, con la instrucción expresa de recaudar lo máximo posible para alimentar a sus exhaustas arcas.

Para cumplir su encomienda, Salvador Alvarado tenía que enfrentar la rebelión del coronel Abel Ortiz Argumedo, quien explotó el sentimiento regionalista yucateco para armar la resistencia al ejército constitucionalista. Cientos de jóvenes de Mérida fueron reclutados. Sin experiencia alguna en el manejo de las armas, fueron enviados a enfrentar a las fogueadas huestes constitucionalistas, en tanto que el instigador Ortiz Argumedo, huía después de saquear los fondos de la Reguladora del Mercado del Henequén, del Banco Peninsular y de apoderarse de los préstamos forzosos que habían entregado los hacendados.

Habrá oportunidad en los próximos meses de analizar la actuación de Salvador Alvarado como gobernador de Yucatán durante los casi tres años que duró su mandato. Fue un visionario y actuó como hombre de Estado, en una época que hubiera sido mucho más fácil limitarse estrictamente a cumplir las órdenes de lograr la máxima extracción de dinero para la causa constitucionalista. Su legado jurídico perdura hasta el día de hoy. Su visión sobre el desarrollo de Yucatán en la que domina la perspectiva regional y la diversificación económica, se mantiene actualizada -e incumplida- hasta la fecha. Como toda actuación en una etapa de grandes cambios, su desempeño y los resultados de su gobierno están sujetos a debate y revisión. No creo exagerar cuando afirmo que Carranza, su gobierno y la Constitución de 1917 fueron posibles en buena medida gracias al dinero de Yucatán. Así que cuando alguna vez traten de endilgarnos la etiqueta de “estado subsidiado” que vive de los recursos federales, aparte de que no es cierto, si lo fuera sería únicamente por justa reciprocidad del crucial periodo 1915-1918.


PD.Olla de presión. La caza del primer error para justificar el despido de Carmen Aristegui de MVS, además de vulnerar la libertad de expresión cierra una más de las pocas vías de salida de la disidencia y crítica a la actuación de los gobernantes. No sea que tanto vapor acumulado concluya en un estallido, impensado por la élite como lo fue en 1910.- Mérida, Yucatán.

viernes, 13 de marzo de 2015

A descontaminar. Ecosistema de la corrupción

Dulce María Sauri Riancho
“Ecosistema de la corrupción”. Cuando escuché este concepto en labios de Juan Pardinas me quedé pensando sobre su capacidad para explicar muchas cosas aparentemente inentendibles que han estado sucediendo en los últimos años. Tras un gran esfuerzo social y de negociación política, surgieron los órganos constitucionales autónomos, supuestamente creados para trascender los intereses partidistas o del presidencialismo agobiante. Años después han mostrado los mismos síntomas que sufrieron sus antecesores; por ejemplo, la tendencia a elevarse los sueldos, ya de por sí altos, rentar nuevos edificios y remodelar sus oficinas, sólo por no cuestionar otro tipo de conductas como la proclividad de resolver asuntos de su competencia a favor de los más fuertes, en vez de hacer prevalecer el interés general.

Los integrantes de los nuevos órganos están supuestamente “blindados” por las leyes frente a las tentaciones de desviación de sus funciones. Volteamos hacia los partidos políticos representados en las cámaras, cuyos senadores y diputados negocian para elegir o ratificar a los comisionados; los responsabilizamos de hacer prevalecer sus intereses de “parte” sobre los del conjunto social. A los recién designados les exigimos que apliquen el “deber de ingratitud” en sus determinaciones. Entonces, ¿dónde y por qué tuercen el camino de independencia de criterio y ejercicio pleno de la libertad para tomar sus decisiones?

Aquí entra en juego el provocador concepto de “ecosistema de la corrupción”. Para los estudiosos del medio ambiente, un ecosistema se define como un conjunto de organismos vivos y el medio físico en que se relacionan; esto es, una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Sabemos que los ecosistemas se transforman por la acción humana; cuando esto sucede, se provoca un proceso de adaptación a las nuevas condiciones, sea a disponer de menor cantidad de oxígeno, a respirar aire contaminado. Los que no se pueden adaptar simplemente mueren más jóvenes o migran, en busca de mejores condiciones ambientales.

Algo semejante sucede con la corrupción. Un servidor público honorable inmerso en un ambiente institucional contaminado, que demanda aceptación o complicidad de su parte para funcionar y prosperar, difícilmente podrá conservar sus propósitos de integridad. Un empresario o una proveedora de servicios a la administración pública de cualquier nivel que se niegue a participar en las cadenas de complicidades tendidas en torno a la adjudicación de obra pública y de las adquisiciones simplemente no ganará uno solo de los concursos. Y si lo hace, ya está tocado, en primer lugar, en la expectativa de sus ingresos. De allá provienen las obras de mala calidad, los sobreprecios y en última instancia, el abandono mismo de proyectos, así sean de alto impacto social como un hospital. “Quien no transa, no avanza”, parece haberse convertido en el lema de sobrevivencia en el ecosistema de la corrupción.

Sin embargo, existe también otro concepto para saber que “no todo está podrido en Dinamarca”, que existen personas e instituciones que sobreviven y superan las condiciones adversas a la honestidad y la probidad en el ejercicio de las funciones públicas. Es la denominada “resiliencia”, que se emplea en ciencias sociales para explicar las circunstancias y condiciones de las personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente como individuos sanos y exitosos.

¿Podemos transformar el “ecosistema de la corrupción”? Definitivamente sí. Debemos concebirlo como un proceso largo y complejo de descontaminación social, de recuperación de las instituciones y de creación de condiciones favorables para que se manifiesten y se reproduzcan los valores asociados a la ciudadanía plena. En estos días se discuten en las cámaras del Congreso de la Unión las reformas constitucionales que abrirán paso a un sistema nacional anticorrupción. A mi juicio, no serán las medidas espectaculares y mediáticas el remedio más adecuado. Serán las iniciativas concretas que, sin perder de vista el bosque contaminado, comienzan a talar sus árboles más enfermos y a destruir las fuentes más notorias de contaminación. Es el caso de la propuesta presentada por la Coparmex para dotar a Yucatán de una nueva ley estatal de fiscalización. Se trata de que el Congreso y los diputados ejerzan efectivamente su función de fiscalizar la forma en que se aplican los recursos públicos, tanto en el ámbito estatal como en el municipal; que la Auditoría Superior cumpla con efectividad su función de fiscalizar, pero también y sobre todo de informar con claridad, pertinencia y oportunidad a la ciudadanía sobre los resultados de sus trabajos. Hasta el momento, y en el colmo del absurdo, las cuentas públicas del Ejecutivo y de los ayuntamientos ¡son confidenciales!, pues sólo se conoce el dictamen que consigna si hubo o no salvedades en la revisión contable. ¿Dónde, por qué y responsabilidad de quién? Eso, precisamente, es secreto. Entonces, satisfacer la mera exigencia de acceso directo a los resultados de las auditorías realizadas por el órgano responsable sería un primer y gran avance para la ciudadanía.

Existen personas e instituciones resilientes a la corrupción que han podido desarrollarse y ser exitosas sin necesidad de rendirse ante sus exigencias. Con ellas y con iniciativas puntuales como la ley de fiscalización podemos iniciar el lento, pero indispensable proceso de controlar la corrupción en el sistema de convivencia social que ahora está muy enfermo, enquistado por ese mal.- Mérida, Yucatán.

viernes, 6 de marzo de 2015

Los cambios en el gabinete

Dulce María Sauri Riancho
(Publicado el 4 de marzo en el Diario de Yucatán)

Sucedió lo que distintos observadores de la política pronosticaban que iba a ocurrir desde hace varios meses. El presidente Peña Nieto realizó los primeros cambios en su gabinete: la Sedatu y la PGR. El relevo en la Procuraduría General de la República ha sido de gran complejidad desde hace años. Fue la primera dependencia de la administración pública federal que estuvo bajo la responsabilidad de un militante de la oposición al partido en el gobierno, en ese caso el PRI, cuando el presidente Ernesto Zedillo nombró a Antonio Lozano Gracia, destacado panista, al iniciar su mandato en 1994.

Jesús Murillo le devolvió seriedad a la PGR. Se acabaron los excesos mediáticos, la exhibición de los capos -o de sus cadáveres- con afanes propagandísticos. Se logró negociar con el Congreso de la Unión el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite la homogeneización en todo el país de los pasos legales necesarios para aplicar justicia, bien sea en el ámbito federal o de los estados. Ayotzinapa fue el rayo que violentó la atmósfera de reformas que vivía la institución. Las millones de voces levantadas exigiendo justicia reclamaban una investigación apegada rigurosamente a la legalidad y la utilización de métodos científicos y sofisticados para alcanzar resultados técnicamente sólidos. Así se trató de hacer, pero el ambiente de incredulidad que embarga a la sociedad mexicana hizo imposible que fueran aceptadas las pruebas recabadas de la artera ejecución de los jóvenes normalistas. Pienso que Jesús Murillo se fue con la enorme espina de no haber podido convencer a un amplio sector de la sociedad que continúa preguntándose sobre lo “realmente” sucedido en Iguala.

Algunos comentaristas han intentado minimizar la importancia administrativa y política de la Sedatu, nueva responsabilidad del ex procurador, haciendo a un lado precisamente el conjunto de atribuciones que le concede la ley orgánica de la administración pública federal, que la obliga a participar en forma sustantiva en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de vivienda, así como la ocupación sustentable del espacio urbano y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en todo el territorio nacional. Murillo Karam tiene experiencia como organizador de instituciones, pues tuvo a su cargo la complicada tarea de armar la subsecretaría de Seguridad, ahora en Gobernación, y crear la policía federal. Además, como gobernador de Hidalgo, impulsó programas innovadores en la materia propia de la Sedatu. Su experiencia como oficial mayor de la SRA, cuando la encabezó Víctor Cervera en 1989, también le será muy útil para intervenir en los problemas de tenencia de la tierra, que con Procede o no, subsisten en algunas partes del país.

Arely Gómez González fue designada por el presidente de la república como nueva titular de la PGR. Es quizá el último nombramiento sujeto a las reglas todavía vigentes que requiere la ratificación del Senado. A finales de 2013, en el marco de la reforma político electoral se estableció la Fiscalía General de la República, como un órgano constitucional autónomo. Pero hay un requisito establecido en el artículo décimo sexto transitorio de dicha reforma, el cual exige que entre en vigor “… en la misma fecha que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión…”, que son varias y muy complejas. Es tan importante la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, que el mismo transitorio establece un requisito inédito: la exigencia de una declaratoria expresa de entrada en vigor de su autonomía por parte del Congreso de la Unión, es decir, de ambas cámaras, a diferencia de todos los demás cuerpos normativos que cobran vigencia al publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

¿Será Arely Gómez González, nieta de Salomón González Blanco, gobernador de Chiapas y legendario secretario del Trabajo y Previsión Social con tres presidentes de la república (1957-1970), procuradora? ¿Será la hermana del vicepresidente de Noticias de Televisa, Leopoldo, la primera fiscal general por nueve años, como lo establecen las nuevas reglas? Creo que Arely Gómez será ratificada sin contratiempo alguno por quienes hasta la semana pasada eran sus compañeros de escaño. Goza de buena reputación como legisladora seria y entregada a su trabajo, aún dentro de las bancadas de la oposición. Veremos si su experiencia en el Poder Judicial federal, donde fue secretaria de Estudio y Cuenta del ministro Mariano Azuela, presidente de la Suprema Corte, es suficiente. O si su paso por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), de 2006 a 2010, embarneció su conocimiento sobre la procuración de justicia.

El camino hacia la Fiscalía General, sin embargo, no lo veo tan llano. Primero, porque todavía falta un buen trecho para que ambas cámaras legislativas concluyan con las reformas exigidas por la propia Constitución. Después, por la jornada electoral del 7 de junio con todas sus tensiones y desacuerdos. Pasados estos próximos meses, entonces habrá condiciones para culminar el proceso y dar ese trascendental paso hacia la autonomía constitucional de la Fiscalía.


No estoy de acuerdo en descalificar a priori a Arely Gómez por sus relaciones familiares o filiales. Si es esposa o hermana, no por ello necesariamente habrá de compartir opiniones y criterios o, más aún, de obedecer a sus parientes. Eso es menospreciar a la persona, a su capacidad de juicio y a su propia autonomía. Por el país, por el gobierno de Peña Nieto y por la justicia, espero que le vaya bien a la nueva procuradora.- Mérida, Yucatán.