viernes, 13 de marzo de 2015

A descontaminar. Ecosistema de la corrupción

Dulce María Sauri Riancho
“Ecosistema de la corrupción”. Cuando escuché este concepto en labios de Juan Pardinas me quedé pensando sobre su capacidad para explicar muchas cosas aparentemente inentendibles que han estado sucediendo en los últimos años. Tras un gran esfuerzo social y de negociación política, surgieron los órganos constitucionales autónomos, supuestamente creados para trascender los intereses partidistas o del presidencialismo agobiante. Años después han mostrado los mismos síntomas que sufrieron sus antecesores; por ejemplo, la tendencia a elevarse los sueldos, ya de por sí altos, rentar nuevos edificios y remodelar sus oficinas, sólo por no cuestionar otro tipo de conductas como la proclividad de resolver asuntos de su competencia a favor de los más fuertes, en vez de hacer prevalecer el interés general.

Los integrantes de los nuevos órganos están supuestamente “blindados” por las leyes frente a las tentaciones de desviación de sus funciones. Volteamos hacia los partidos políticos representados en las cámaras, cuyos senadores y diputados negocian para elegir o ratificar a los comisionados; los responsabilizamos de hacer prevalecer sus intereses de “parte” sobre los del conjunto social. A los recién designados les exigimos que apliquen el “deber de ingratitud” en sus determinaciones. Entonces, ¿dónde y por qué tuercen el camino de independencia de criterio y ejercicio pleno de la libertad para tomar sus decisiones?

Aquí entra en juego el provocador concepto de “ecosistema de la corrupción”. Para los estudiosos del medio ambiente, un ecosistema se define como un conjunto de organismos vivos y el medio físico en que se relacionan; esto es, una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Sabemos que los ecosistemas se transforman por la acción humana; cuando esto sucede, se provoca un proceso de adaptación a las nuevas condiciones, sea a disponer de menor cantidad de oxígeno, a respirar aire contaminado. Los que no se pueden adaptar simplemente mueren más jóvenes o migran, en busca de mejores condiciones ambientales.

Algo semejante sucede con la corrupción. Un servidor público honorable inmerso en un ambiente institucional contaminado, que demanda aceptación o complicidad de su parte para funcionar y prosperar, difícilmente podrá conservar sus propósitos de integridad. Un empresario o una proveedora de servicios a la administración pública de cualquier nivel que se niegue a participar en las cadenas de complicidades tendidas en torno a la adjudicación de obra pública y de las adquisiciones simplemente no ganará uno solo de los concursos. Y si lo hace, ya está tocado, en primer lugar, en la expectativa de sus ingresos. De allá provienen las obras de mala calidad, los sobreprecios y en última instancia, el abandono mismo de proyectos, así sean de alto impacto social como un hospital. “Quien no transa, no avanza”, parece haberse convertido en el lema de sobrevivencia en el ecosistema de la corrupción.

Sin embargo, existe también otro concepto para saber que “no todo está podrido en Dinamarca”, que existen personas e instituciones que sobreviven y superan las condiciones adversas a la honestidad y la probidad en el ejercicio de las funciones públicas. Es la denominada “resiliencia”, que se emplea en ciencias sociales para explicar las circunstancias y condiciones de las personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente como individuos sanos y exitosos.

¿Podemos transformar el “ecosistema de la corrupción”? Definitivamente sí. Debemos concebirlo como un proceso largo y complejo de descontaminación social, de recuperación de las instituciones y de creación de condiciones favorables para que se manifiesten y se reproduzcan los valores asociados a la ciudadanía plena. En estos días se discuten en las cámaras del Congreso de la Unión las reformas constitucionales que abrirán paso a un sistema nacional anticorrupción. A mi juicio, no serán las medidas espectaculares y mediáticas el remedio más adecuado. Serán las iniciativas concretas que, sin perder de vista el bosque contaminado, comienzan a talar sus árboles más enfermos y a destruir las fuentes más notorias de contaminación. Es el caso de la propuesta presentada por la Coparmex para dotar a Yucatán de una nueva ley estatal de fiscalización. Se trata de que el Congreso y los diputados ejerzan efectivamente su función de fiscalizar la forma en que se aplican los recursos públicos, tanto en el ámbito estatal como en el municipal; que la Auditoría Superior cumpla con efectividad su función de fiscalizar, pero también y sobre todo de informar con claridad, pertinencia y oportunidad a la ciudadanía sobre los resultados de sus trabajos. Hasta el momento, y en el colmo del absurdo, las cuentas públicas del Ejecutivo y de los ayuntamientos ¡son confidenciales!, pues sólo se conoce el dictamen que consigna si hubo o no salvedades en la revisión contable. ¿Dónde, por qué y responsabilidad de quién? Eso, precisamente, es secreto. Entonces, satisfacer la mera exigencia de acceso directo a los resultados de las auditorías realizadas por el órgano responsable sería un primer y gran avance para la ciudadanía.

Existen personas e instituciones resilientes a la corrupción que han podido desarrollarse y ser exitosas sin necesidad de rendirse ante sus exigencias. Con ellas y con iniciativas puntuales como la ley de fiscalización podemos iniciar el lento, pero indispensable proceso de controlar la corrupción en el sistema de convivencia social que ahora está muy enfermo, enquistado por ese mal.- Mérida, Yucatán.