jueves, 3 de septiembre de 2015

Cambios en el gabinete. Informes y relevos

Dulce María Sauri Riancho
A los dos actos se les denomina “Informe”. Ambos tienen el mismo origen, en la Constitución y en la costumbre. Uno, el del 1 de septiembre, se realiza ante el Congreso de la Unión, que así inaugura su primer periodo de sesiones en cada año legislativo. Es el Informe de lo realizado.

El documento 2015 que fue entregado a los legisladores el primer día de este mes contiene un balance sobre el estado que guarda la administración pública federal. Da cuenta con detalle de los diversos programas y acciones institucionales emprendidas por el Ejecutivo, las cuales tendrán que ser analizadas y discutidas por los representantes populares mediante el mecanismo conocido como “glosa”.

La presentación del Informe, en voz del propio presidente, primer paso del proceso de fiscalización de los actos del Ejecutivo por parte de los legisladores, se desdibujó por las interpelaciones que derivaron en escándalos.

Había que recuperarlo. La decisión fue transformar el ritual del 1 de septiembre, volverlo un acto protocolario, y que al día siguiente el titular del Ejecutivo federal pudiese presentar su mensaje político ante un auditorio más favorable a su causa. Es el origen del otro Informe, que se efectúa en el patio central del Palacio Nacional, con la presencia de la élite del poder en México. El mensaje político tiene guión y escenario propio. Es el Informe de lo que el Ejecutivo federal quiere resaltar de lo hecho y proyectar lo que pretende realizar en el futuro.

Formas aparte, el mensaje presidencial de este 2 de septiembre tiene un alto perfil político. Los eventos de los dos primeros días de septiembre, juntos, pueden ser punto de partida para transitar la empinada cuesta de la recuperación de la confianza perdida entre amplios sectores de la ciudadanía, precisamente en los 12 meses que mediaron desde su segundo Informe. Pero si se desperdicia la oportunidad, si se pretende pasar con figuras retóricas o autoalabanzas, los problemas se podrían complicar aún más para una administración que los ha tenido de sobra en los últimos meses.

A la mitad de su mandato —no me atrevo a llamarle “cima” del poder presidencial al lugar donde se encuentra Peña Nieto— su imagen ha sufrido un acelerado deterioro desde los sucesos de Tlatlaya y Ayotzinapa, y las revelaciones sobre la Casa Blanca. Los promocionales del III Informe nos bombardean desde hace varios días en la radio y la televisión. Sus contenidos apuntan hacia un nuevo rumbo.

“Hoy tenemos claro lo que está funcionando y tiempo para cambiar lo que debemos corregir”, dice la voz presidencial. Esta frase muestra un intento de revertir la situación. En otra más se asoma levemente un intento de autocrítica —“México aún no se está moviendo a la velocidad que queremos”— cuando el Presidente enuncia los “tres frenos” que impiden “mover a México” a la velocidad deseada: la corrupción, la desigualdad y la “complicada” situación internacional.

Esta urgencia no corresponde necesariamente al sentido de los cambios en el gabinete presidencial. Más que la gestión administrativa, parece que se trata de reforzar la cohesión política de un equipo que se apresta a jugar la postulación del candidato/a presidencial con reglas inéditas, que tendrán que irse construyendo sobre la marcha. Así se entiende la determinación de prescindir de colaboradores que no podrían, por su edad o su condición de salud, formar parte del grupo selecto de aspirantes a la candidatura presidencial. Los recién llegados o promovidos a posiciones políticas de mayor relevancia guardan en común la edad —menores de 45 años— y una lealtad absoluta al presidente Peña Nieto. Él los hizo; él los sostiene; él los puede promover, incluso a la silla que ocupará hasta el 1 de diciembre de 2018. Quinteto u octeto de aspirantes: Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Educación, Agricultura, Economía. Mínimo común denominador: ninguno tiene presencia ni carrera política propia, sino la que están realizando al amparo del poder presidencial que, aunque declinante, todavía da suficiente calor y cobijo para relanzar una candidatura en 2018. Las cartas se desplegaron; Peña Nieto abrió el abanico y aumentó sus opciones de su propia sucesión. Presentes y por fuera del estrecho círculo presidencial, están los gobernadores que, inspirados en el éxito peñanietista de 2012, buscan emular su trayectoria y, como una incógnita, Manlio Fabio Beltrones.


Sin embargo, el único camino que puede abonar hacia la credibilidad presidencial perdida y darle la fuerza y la legitimidad necesaria para conducir al país, es la senda de los hechos. El “carpetazo” al asunto de las casas Blanca y de Malinalco no ayuda. Tampoco lo hace la percepción de que la corrupción de los políticos mexicanos sólo se persigue y castiga en los Estados Unidos. El escenario futuro es complicado. La necesidad de un severo ajuste presupuestal para 2016 le da otra dimensión a la llegada de José Antonio Meade, ex secretario de Hacienda de Felipe Calderón, a la Sedesol, entidad que podría sufrir mayores consecuencias de la contracción del gasto público. Ya veremos en las próximas semanas si con los cambios realizados Peña Nieto integró un gabinete de “emergencia” para contener la crisis, un grupo de aspirantes presidenciales para el PRI o a nuevos funcionarios capaces de dar resultados favorables para el Ejecutivo, pero principalmente para una sociedad escéptica a la que le cuesta mucho volver a creer. Escoja usted.— Mérida, Yucatán.