Deber de ingratitud. Relevo en la Codhey

Dulce María Sauri Riancho

(Publicado el día de ayer en el Diario de Yucatán)

Esta mañana el Congreso del Estado debió elegir a quien encabezará la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey) por los próximos cuatro años. Formar parte de esta reducida lista de seis propuestas es, en sí mismo, un honor. Quiere decir que las organizaciones sociales yucatecas que lo respaldaron vieron en su persona méritos suficientes como para presidir al órgano responsable de proteger los derechos de los yucatecos frente a los abusos de poder por parte de las autoridades.

Yucatán tiene una larga historia como vanguardia en la protección de sus ciudadanos frente a los abusos del poder público. Habrá de pesar en su desempeño como ombudsman la herencia de quienes en 1841, en la Constitución que hizo a Yucatán independiente de la república, consagró la semilla del Juicio de Amparo, para mantener en el goce de sus derechos aun al más humilde de sus ciudadanos. Pesan sobre usted 174 años de historia a la que tendrá que honrar con su trabajo y compromiso. Tiene también la responsabilidad de que su actuación contribuya a expandir el ejercicio de los derechos por parte de las mujeres y hombres de Yucatán, que fueron ampliados significativamente en la reforma constitucional federal de 2011.

Su tarea fundamental será combatir todo abuso de poder cometido por las autoridades contra los ciudadanos. Si quiere cumplirle a la sociedad, tendrá que asumir que sus adversarios son formidables: las instituciones del Estado mexicano, los servidores públicos de Yucatán, todos, sin excepción, en la medida en que su actuación haya vulnerado los derechos humanos de cualquier persona. Si buscaba usted un cargo cómodo, de brillo y esplendor político, se equivocó completamente. Tal vez todavía esté a tiempo de enmendar el error y no rendir protesta. Asumo que no fue así, porque siguió adelante.

El pleno del Congreso del Estado acaba tomar su decisión. Lo hizo por mayoría calificada, esto es, porque al menos 17 legisladores votaron por usted. Significa que no sólo recibió el apoyo del PRI, que es el grupo más grande, sino también de, al menos, tres opositores. Tomada la determinación a su favor, usted rendirá o ya rindió protesta de guardar y hacer guardar la Constitución del estado en materia de derechos humanos. Después, vinieron los apretones de mano y los abrazos por parte de aquellos que en unos cuantos días concluirán su encargo como legisladores. Usted siente agradecimiento. Ellos lo seleccionaron entre seis, con iguales o tal vez mayores méritos que los suyos. Se siente afortunado. Las visitas a diversas oficinas y la llamada “audiencia de oído”, donde usted les habló de sus méritos y cualidades para desempeñar dignamente la responsabilidad, dieron frutos. Los convenció y sufragaron por usted. Pero no ignora que ellos no se mandan solos. Deben haber hablado en el interior de su grupo parlamentario; deben haber ponderado sus cualidades personales y su inclinación política antes de decidir. Pueden, incluso, haber realizado una consulta informal con el gobernador y con el presidente del Tribunal Superior, buscando encontrar a quien mejor llenara el perfil para ser cabeza de este órgano constitucional autónomo. Y la autonomía significa, ni más ni menos, que usted no dependerá de ninguno de los tres poderes, ni siquiera del Legislativo. Los diputados lo eligieron, sí, pero no son dueños de su persona y mucho menos de su voluntad y de sus determinaciones. Pasada la celebración usted se preguntará, en la soledad de la primera noche como titular de esta importantísima Comisión, cómo le hará para no fallar en su encargo. Sabe que la Comisión a su cargo no hace leyes, ni ejecuta programas y tampoco imparte justicia. Que ni siquiera emite sentencias, como lo hacen los jueces, sino sólo “recomendaciones”, que las instituciones a las que van dirigidas pueden aceptar o rechazar.

Conoce que su única fuerza dimana de la autoridad moral al ejercer sus responsabilidades.

Una recomendación surgida de la Comisión tiene la fortaleza de la legitimidad que los mismos ciudadanos le conceden a quien la preside. Es decir, a usted.

Por eso, señor, señora presidenta de la Codhey: usted tiene el ineludible “deber de ingratitud”.

Para cumplir, tiene que ser ingrato con las organizaciones que lo propusieron; con los diputados que lo aprobaron y con la legislatura que lo eligió, en cuanto esa lealtad o reconocimiento se contraponga a su deber esencial de defender los derechos humanos. Una buena presidencia implica incomodar a los poderosos y defender a los débiles. Le dirán unas veces que se ha puesto del lado de los delincuentes al defenderlos contra abusos y tortura; en otras, que ha abandonado a las víctimas, al no obligar a las instituciones del Estado a reconocer sus violaciones.

Le anticipo: si quiere quedar bien con todos, no nos servirá. Lo hemos observado lamentablemente en la Comisión Nacional, como también en ella hemos visto cómo un cambio de actitud desde la presidencia la vuelve a dotar de la legitimidad indispensable para realizar sus funciones.

Usted elige: o la placidez de la mediocridad o la agitación de la lucha. A su huacal de autoridad moral le falta mucha legitimidad. Tiene usted que llenarlo con hechos que muestren sin duda alguna que su único compromiso es con los derechos humanos de los yucatecos. Mérida, Yucatán.