Candidatos y CCE. Muchas preguntas, pocas respuestas

Dulce María Sauri Riancho

El pasado 20 de abril, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) le hizo llegar a todos los candidatos un conjunto de preguntas sobre temas legislativos para quienes aspiran a ocupar una curul en San Lázaro o en el Congreso del Estado. Para los cinco pretendientes a la alcaldía de Mérida hubo un cuestionario especial. En todos los casos, se solicitó el envío de las respuestas antes del 8 de mayo, pues el 15 del mismo mes los representantes empresariales pondrían a disposición de la ciudadanía las respuestas obtenidas. La cosecha de este ejercicio cívico fue pobre en número y escasa de contenido, pero aún en su pobreza dice mucho sobre las actitudes de los candidatos y acerca de las preocupaciones del empresariado yucateco.

Comencemos por un breve análisis de las preguntas. Hubo una distinción entre aquellas correspondientes a los futuros legisladores locales y los aspirantes a diputados federales. Para los primeros, se presentaron 11 cuestionamientos, varios de ellos acerca de la propuesta de fiscalización gubernamental dada a conocer recientemente por la Coparmex, así como en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Quienes contestaron dijeron “sí” al compromiso de establecer un órgano ciudadano de consulta obligada por el gobierno en la elaboración del presupuesto anual de Ingresos y Egresos. A la pregunta sobre la elección del fiscal general del Estado mediante voto libre y directo de los ciudadanos, tanto los candidatos del PRI como los del PAN se mostraron cautelosos: ni sí, ni no. Esta misma ambigüedad la mantuvo el PRI en la respuesta sobre la posible eliminación de la figura legal de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y de las Asociaciones Público-Privadas (APS). Tal vez las sombras del hospital de Ticul y las onerosas erogaciones por el Museo de la Cultura Maya expliquen los titubeos.

Las preguntas empresariales para los candidatos a diputados federales tuvieron marcado objetivo fiscal. Las cinco primeras tuvieron que ver con una posible reforma para revertir las disposiciones apenas establecidas en 2013, a las cuales se les atribuye la caída del crecimiento económico y la inhibición en la creación de empleos. Particularmente interesante fue la respuesta sobre la posibilidad de establecer un IVA generalizado, esto es, gravar alimentos y medicinas. En tanto que los candidatos del PAN dieron su asentimiento, de los tres priistas que contestaron, sólo uno, el candidato del IV distrito, se dijo dispuesto a analizarlo. Los otros dos (I y III distritos) manifestaron una negativa rotunda. Los candidatos del PRI y del PAN están de acuerdo con la reducción del 50% de diputados plurinominales; el aumento al 5% de la votación para conservar el registro de un partido político, en vez del 3% vigente. Destaca asimismo el desacuerdo del PAN y del PRI (IV distrito) con la propuesta de reducir a la mitad el financiamiento actual a los partidos políticos, en tanto que los candidatos del PRI del I y III distritos dijeron sí. Al igual que los aspirantes a diputados locales, los candidatos federales se rehusaron a legislar para prohibir el abandono de un cargo público para ser postulado a otro. Tal vez veían en el horizonte de 2018 una senaduría o, más aún, la candidatura al gobierno del Estado. Todos los que respondieron se comprometieron a la eliminación total del fuero constitucional para los servidores públicos, sean del municipio, del Estado o federales (¿comprenderá al presidente de la República?), así como a votar anteponiendo la convicción personal a la instrucción o mandato de su grupo parlamentario.

Los candidatos a la alcaldía de Mérida respondieron a nueve interrogantes sobre participación ciudadana en la planeación y elaboración del presupuesto anual del Ayuntamiento; acerca de emprender una ambiciosa reforma administrativa que “abata realmente la tramitología y los plazos” en las gestiones realizadas en la Dirección de Desarrollo Urbano de Mérida. Los cuatro que respondieron comprometieron una “solución integral” al ambulantaje y a rescatar la Ciudad Industrial. Sólo Ana Rosa Payán evadió un compromiso expreso para dejar el Carnaval en Xmatkuil.

¿Quiénes atendieron a las preguntas de los empresarios? De los candidatos a diputados locales de mayoría, respondieron los aspirantes del PRI en el I, III, IV, VII y XV, cinco de 15.

Del PAN, participaron todos sus candidatos excepto los postulados en los distritos V (Mérida), X (Tizimín) y XI (Valladolid). El debutante Partido Humanista participó en tres distritos, el IX, XIII y XIV, en tanto que el PRD sólo registró respuestas de sus candidatos en los distritos III de Mérida, y XII (Tekax). El Movimiento Ciudadano respondió en los seis distritos de la capital del Estado.

En cuanto a los candidatos a las diputaciones federales, el PAN lo hizo en los cinco distritos, al igual que el Movimiento Ciudadano. Los candidatos del PRI del distrito 02 (Progreso) y 05 (Tekax) no contestaron. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no registró una sola participación en alguno de los cargos en disputa.

Accidentado tal vez, pero interesante e ilustrativo resultó el ejercicio del Consejo Coordinador Empresarial. Fue un rasero para medir no sólo conocimiento, sino también actitudes hacia la sociedad o, al menos, la parte que representan los empresarios organizados. Lástima que por esta ocasión no hubo la oportunidad de un debate abierto, tal vez con estas mismas preguntas, a las que incorporaría el presupuesto “base cero” comprometido por el Ejecutivo para el próximo año. Excelente para los empresarios, apenas un “suficiente” para los candidatos.— Mérida, Yucatán.