miércoles, 1 de abril de 2015

Menos dinero para 2016

Dulce María Sauri Riancho
Abril no sólo trae el estridente sonido de las campañas electorales que arrancarán conjuntamente con la Pascua de Resurrección y el cambio de horario del próximo domingo. Se inicia el 1 de abril con la presentación de los Criterios de Política Económica 2016, donde el gobierno federal deberá consignar sus principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, enviará a la Cámara de Diputados este importante documento hoy por la mañana. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad (¡ojo con la palabra!) Hacendaria (LFPRH), en su artículo 42 lo obliga a consignar los escenarios económicos previstos para el siguiente año: crecimiento, inflación, tasa de interés de los Cetes, y muy especialmente, el precio estimado del petróleo. Además, tendrá que establecer con claridad si habrá superávit (más recaudación o menos gasto) o déficit en las finanzas públicas; y enumerar puntualmente los programas prioritarios y sus montos. Será la fecha de apertura de un complejo proceso que tendrá todavía dos estaciones más: el envío de la estructura programática que se empleará en el proyecto de Presupuesto de Egresos, programado para junio y, finalmente, la iniciativa completa, antes del 8 de septiembre. Los diputados tendrán dos meses para analizar, discutir y aprobar el Presupuesto 2016, que deberá estar listo el 15 de noviembre.

Este complicado trámite se ha repetido cada año desde 2006, fecha en que fue aprobada la LFPRH. Sin embargo, esta es la primera ocasión en que la formulación de la iniciativa se hará en medio de una gran incertidumbre financiera, causada principalmente por el descenso abrupto de los precios de petróleo crudo de exportación en el mundo entero. A las finanzas públicas de México les afecta muy duramente cualquier baja en los hidrocarburos, pues los ingresos producidos por su venta representan todavía alrededor del 40% del gasto gubernamental. Entonces, si la administración pública dispone de menos dinero, tiene que tomar uno de tres caminos: o aumenta los impuestos para recaudar más, o pide prestado más dinero de los bancos y se endeuda, o reduce su gasto para ajustarse a las nuevas condiciones. El camino de los impuestos está prácticamente cancelado, después de los estragos que causó la reforma fiscal de 2013, a tal grado que el propio presidente Peña Nieto se comprometió a no mover a la alza los gravámenes. La vía de pedir más dinero prestado tampoco está abierta, pues los niveles de endeudamiento interno están tocando límites peligrosos. Sólo queda entonces la difícil senda de la reducción presupuestal.

La LFPRH no lo deja a la imaginación de los funcionarios o de los legisladores sobre los programas y acciones a cancelar, sino que establece una prelación, de acuerdo con los distintos porcentajes de reducción. Pero se trata de presupuestos que ya han sido aprobados, no de aquéllos que apenas van a ser formulados. A la mayoría de los ciudadanos poco o nada le interesa estas complicadas historias de las finanzas públicas. Sin embargo, decisiones inadecuadas o poco previsoras, podrían hacer desandar lo avanzado duramente en los pasados 20 años en materia de control de la inflación, de disponibilidad de crédito y de crecimiento, así sea precario, de la economía. Entonces entra en escena un concepto que escucharemos repetidamente en las próximas semanas: el “presupuesto base cero” como el procedimiento que se aplicará para formular la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

Esta forma de presupuestar proviene del sector privado norteamericano, que la aplicó exitosamente en algunas empresas con serios problemas financieros en la década de 1970. Consiste en una especie de “borrón y cuenta nueva”, en que todos los programas y las acciones que realiza el gobierno con cargo al presupuesto son sujetas a revisión, como si nunca se hubieran ejecutado. La pieza esencial es la evaluación de los proyectos, uno a uno, considerados todos ellos como nuevos. Usemos un ejemplo de la vida cotidiana: el costo de los servicios de celulares que paga la familia. Si hubiera una contingencia, como la pérdida del empleo de la mamá, en el presupuesto tradicional se trataría de reducir el consumo de minutos y, por lo tanto, el costo del servicio. En el presupuesto “base cero”, la familia evaluaría la necesidad de contar con teléfonos móviles. Si la respuesta es negativa, cancelarían todos los celulares y volverían a la línea telefónica fija.

Lo mismo tratará de hacer el gobierno. Pero ¿cuál es la capacidad de maniobra frente a las inercias y las costumbres que han sentado sus reales en las finanzas públicas? Una muestra permite ilustrar las dificultades que enfrentarán Videgaray y su equipo. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) realizó un “Inventario de Programas y Acciones de Desarrollo Social”, tanto del gobierno federal como de los estados y los municipios. En 2013, a través de 264 programas y acciones, se ejercieron más de 850 mil millones de pesos, que representan una cuarta parte del monto total del presupuesto federal de ese año. En esa bolsa programática está Procampo, Prospera (antes Oportunidades), Becas y Adultos Mayores, por citar sólo algunos de ellos. Más de 242 mil millones de pesos fueron destinados a apoyos monetarios. ¿Pasarán todos ellos la prueba de costo-beneficio? Y si no es así, ¿quiénes tomarán las decisiones para cancelarlos?


Si el anuncio del presupuesto “base cero” no es sólo un distractor, ¡menuda tarea espera a Hacienda! Gastar mejor siempre ha sido un objetivo incumplido. Los negros pronósticos de 2016 pueden ayudar a lograrlo. Y los diputados que elegiremos el 7 de junio serán los encargados de aprobar o rechazar el presupuesto “base cero”. No estaría mal preguntar a los candidatos sobre sus prioridades.- Mérida, Yucatán.