miércoles, 22 de octubre de 2014

Violencia y economía, tormenta perfecta.

Dulce María Sauri Riancho
Hace más de diez años asistimos a la proyección de “La Tormenta Perfecta”, protagonizada por el carismático George Clooney, quien caracterizaba al capitán de un pesquero dedicado a la captura de pez espada en las costas de Massachusetts. La relativa escasez y la expectativa de aprovechar los altos precios del mercado llevaron a Billy Thyne a abandonar sus áreas tradicionales de trabajo para trasladarse hasta un alejado punto, donde efectivamente encontraron el preciado producto en grandes volúmenes. Llenaron sus bodegas, ignorantes de que en la zona comenzaban a formarse dos tormentas, una alimentada por las corrientes frías del norte, y otra, por las cálidas temperaturas del sur. El choque de ambas desata una violencia inimaginable incluso para los más experimentados marinos, en tanto que el “Andrea Gali”, nombre de la embarcación a cargo de Clooney, intentaba hacer frente al desastre sin perder su carga y llegar a puerto.

Podemos trazar algunos paralelismos entre esta película -por cierto basada en un hecho real- y lo que acontece actualmente en México. La decisión de impulsar importantes cambios estructurales al rumbo del desarrollo del país llevaba implícito el reconocimiento que el modelo económico simplemente no podía satisfacer las necesidades de crecimiento y bienestar de la sociedad mexicana. El Pacto por México permitió realizar las reformas constitucionales en 11 áreas, que abarcaron educación, telecomunicaciones, energía, político-electoral, entre otras. Satisfecha la condición básica de transformar las leyes, comenzó la difícil tarea de su aplicación en las políticas públicas, en el presupuesto gubernamental y en las nuevas inversiones que se han presentado como la vía que simultáneamente hará crecer la economía, modernizará la infraestructura y satisfará demandas y necesidades de muchas personas.

Quizá el saldo más importante de esta etapa que comprende los dos primeros años de la presidencia de Enrique Peña Nieto fue la percepción de que el país volvía a tener un Estado capaz de orientar y organizar los cambios, de negociar y resolver los desacuerdos internos como se hace en una democracia, con diálogo que permita construir la mayoría y, si es posible, consensos. Íbamos bien, al menos así lo percibía un grupo importante de la sociedad. Pero comenzaba a gestarse un huracán en las cálidas aguas del sur. La violencia, conocida y sufrida en extensas regiones del país por más de una década, escaló a niveles inimaginables hace unos cuantos meses. La desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desde hace 24 días; el descubrimiento de diversas fosas clandestinas donde fueron depositados restos humanos, sin nombre ni apellido; conocer que las propias autoridades responsables de garantizar la seguridad ciudadana, como son los cuerpos de policía municipal, son considerados los principales sospechosos de ser los perpetradores de estos crímenes ha generado una indignación nacional. Se vuelve a cuestionar con razón y severidad a las instituciones del Estado mexicano en su conjunto y su capacidad para garantizar la vida y la seguridad de las personas. Es una especie de huracán gestado en las entrañas mismas del suelo mexicano, tal como sucediera 200 ó 100 años atrás.

La tormenta del norte la alimenta el frío que afecta la economía nacional. El incremento de los precios en los artículos de consumo diario, en las gasolinas, el transporte y otros servicios han aumentado aún más la carga de las familias. Despacito, sin el estruendo de años anteriores cuando la inflación alcanzaba dos dígitos, pero con las mismas consecuencias de deterioro de la calidad de vida, millones de familias siguen esperando que las reformas estructurales se reflejen en más empleos, salarios suficientes y menores precios de la electricidad y combustibles. Lamentablemente, nada de lo anterior es novedad si no fuera porque en estos días el eje sobre el cual descansa el presupuesto federal y, en consecuencia, el de los estados y los municipios empieza a registrar signos alarmantes de deterioro. Me refiero a la caída del precio del barril de petróleo de exportación, que se cotiza en 77 dólares americanos, cinco dólares menos del precio estimado en la Ley de Ingresos 2015. Los diputados, que la aprobaron hace unos días, ajustaron los ingresos ¡incrementando la relación peso/dólar!, que pasó de 13 pesos a 13.40. El problema radica en que los pronósticos internacionales plantean un descenso continuado de los precios, ante el incremento de la producción en el Oriente Medio, el empleo de energías alternativas al petróleo, como el gas shale, y una posible reducción del consumo por el estancamiento de la economía, que no ha podido superar la Unión Europea. Si esto llegara a materializarse en el transcurso del próximo año, en plena campaña electoral, tendrían que tomarse graves decisiones, como reducir el presupuesto, tal como llegó a suceder a finales de la década de 1990, o aumentar el nivel de endeudamiento del gobierno, ya de por sí elevado, poniendo en riesgo la salud de las finanzas públicas.

Están las dos tormentas, la de la violencia y la de la economía, en riesgo de incrementarse, chocar y volverse una sola, con una fuerza e intensidad desconocida para esta generación de mexicanos. La diferencia entre la que sufrió el “Andrea Gali” y la que puede ocurrir en México estriba en que, en la primera, fueron las fuerzas de la naturaleza las que actuaron implacablemente; en la segunda, la acción de la sociedad y de funcionarios del gobierno, si son eficaces, puede disipar el panorama y, al menos, impedir que se junten. Eso espero.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 15 de octubre de 2014

Elecciones 2015: Paridad y Reelección

Dulce María Sauri Riancho
El pasado 7 de octubre dio inicio el proceso electoral, que tendrá su momento estelar el domingo 7 de junio del año próximo. Ese día, más de setenta millones de personas con credencial de elector votarán en todo el país para elegir a los quinientos integrantes de la Cámara de Diputados; en diecisiete estados y el Distrito Federal, lo harán por las planillas de novecientos tres ayuntamientos, dieciséis delegados y por seiscientos treinta y nueve diputados locales. Además, en nueve estados la ciudadanía elegirá gobernador o gobernadora, entre otros, en nuestro vecino Campeche. No cabe duda que la mayor participación se registra cuando se trata de elegir autoridades locales, con excepción del poderoso imán que representa la Presidencia de la república cada seis años. Por eso, en el calendario electoral, la jornada más floja en cuanto a participación de votantes, ha sido tradicionalmente la elección de diputados federales cuando van solos. En esta ocasión, es altamente probable que se tengan dos escenarios distintos: de alta participación ciudadana en las 17 entidades en que concurren elecciones locales y federales, y de baja participación en las quince entidades en las que sólo se elegirán diputados federales.

A Yucatán le corresponderá elegir a cinco diputados federales, veinticinco representantes al Congreso del estado y nuevas autoridades en los ciento seis municipios. Iremos a las mesas de casilla donde encontraremos una sola directiva, que nos dará tanto las boletas de diputados federales, como las de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado. Además, si la Suprema Corte aprueba alguna de las solicitudes de consulta popular, tendremos una papeleta con la pregunta correspondiente, bien sea en materia energética, de reducción del número de legisladores plurinominales o sobre el salario mínimo. A nadie escapa la situación tan distinta -y complicada- que vivirá el votante en su paso por la casilla.

Pero éstas no son las únicas novedades de la próxima elección. Por primera vez se aplicará el principio de la paridad de género en las candidaturas de los diez partidos políticos nacionales que participan en la contienda. Quiere decir que en todos los casos, sin excepción alguna, para la renovación del poder Legislativo federal y local los partidos tendrán que presentar mitad de candidaturas de hombres y mitad de mujeres. Significa que en Yucatán todos los partidos habrán de postular a siete u ocho mujeres, en los quince distritos electorales en que está dividido el estado; y en las listas plurinominales, cinco tendrán que ser del sexo femenino y cinco, del masculino. Sobre las candidaturas a los ayuntamientos, algunos estados como Nuevo León y Querétaro asumieron plenamente el compromiso de la reforma constitucional en materia de paridad y legislaron para que las planillas de cabildos quedaran conformadas paritariamente, mitad y mitad. En cambio, Yucatán se quedó corto, pues mantuvo la “cuota” del 30% de mujeres candidatas a regidoras en sus planillas. En lo personal, considero que este porcentaje quedará fácilmente rebasado, más cuando en el Foro de Análisis Político celebrado en Monterrey el pasado mes de septiembre, el presidente del Comité Nacional del PRI, César Camacho, planteó que el partido a su cargo habrá de conformar planillas paritarias para cada una de las elecciones municipales del país, incluyendo desde luego, a las que habrán de ponerse a consideración del electorado yucateco, aunque la ley no obligue a ello. Por si no fuera suficiente, el gobernador Rolando Zapata fue designado como responsable de la Comisión de Igualdad creada por la Conago el 10 de octubre, ante el Presidente de la república y sus pares.

Algunos partidos como el PRI y el PAN se están preparando para la postulación de mujeres en la mitad de sus candidaturas. Celebran cursos de capacitación política dirigidos específicamente a ellas. Saben sus dirigencias que tendrán que cumplir la norma, pues si no lo hacen, el Instituto Nacional Electoral (INE) les negará el registro para el conjunto de sus candidaturas. Los partidos tendrán que combinar procedimientos democráticos con candidaturas competitivas. No se valdrá mandar a las mujeres sólo a los distritos perdidos. Está sancionado por la Ley y será vigilado cuidadosamente por un Observatorio que está próximo a ser instalado. Otra cuestión son las candidaturas femeninas a las gubernaturas por parte de los partidos que tienen posibilidades reales de ganar, así como a las presidencias municipales. Al menos en la mitad de los estados con elecciones de gobernador, hay mujeres en condiciones de ser postuladas por el PRI o por el PAN, bien porque son senadoras, presidentas municipales de la capital o se encuentran colocadas en alguna destacada posición administrativa. Veremos a cuántas dejan pasar las estructuras machistas todavía prevalecientes, esas que creemos extintas, pero que cuando se trata del acceso al poder Ejecutivo, resucitan con extraordinaria virulencia.

Los ayuntamientos también se cuecen aparte. Hay pocas presidentas municipales, aunque Mérida y otras importantes poblaciones del estado han sido gobernados por mujeres en más de una ocasión.

Pero los obstáculos relacionados con los recursos económicos disponibles para las campañas y los condicionamientos sociales que todavía pesan en el ánimo de algunas, hacen más complicadas las postulaciones femeninas para encabezar las planillas.


El otro tema relevante de 2015 es la posibilidad de que quienes resulten electos/as en los procesos locales, puedan reelegirse en 2018. A partir de ahora tendremos autoridades preocupadas por hacer lo necesario para aparecer como candidatos en el siguiente proceso electoral. Hay mucho que analizar al respecto. Pero por espacio y respeto a ustedes, amigo/as lectoras, lo dejo para otra ocasión.- Mérida, Yucatán.

jueves, 9 de octubre de 2014

Iguala de la Independencia. Del honor al horror

Dulce María Sauri Riancho
Está a casi mil quinientos kilómetros de Mérida. Sin embargo, desde la escuela primaria aprendemos que en Iguala se firmó el pacto que hizo posible la consumación de la Independencia en 1821. Desgraciadamente, este papel de honor en la historia de México ha sido sustituido por el horror que han causado los hechos que, hasta el momento, llevan la dolorosa cuenta de siete personas asesinadas -entre ellos un joven futbolista de 15 años- y cuarenta y tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.

A finales de septiembre, un grupo de jóvenes de esta aguerrida escuela se dirigió a Iguala, tercera ciudad en población del estado de Guerrero, distante 258 kilómetros, para recolectar recursos que les permitiesen trasladarse a la ciudad de México y participar en la marcha conmemorativa del aniversario de Tlatelolco, el 2 de octubre.

Siguiendo una mala tradición, se dirigieron a la terminal de autobuses para “confiscar” tres unidades que les sirvieran para su transporte a la capital.

Fueron interceptados por la Policía Municipal que, en vez de someterlos y consignarlos a las autoridades responsables de aplicar justicia, los “desaparecieron”, aunque todo indica que a ellos corresponden los cadáveres semicalcinados que fueron encontrados en seis fosas excavadas en las goteras de Iguala.

¿Cuáles son las circunstancias que permiten y propician una situación de violencia extrema como la que se ha generado en Iguala de la Independencia? La retórica política marcaría que las causas están en la pobreza y marginación que caracterizan al estado de Guerrero que, junto con Oaxaca y Chiapas, ocupan los últimos lugares de la tabla nacional de bienestar. Sin embargo, no es explicación suficiente. Tampoco lo sería culpar a la historia de haber gestado un “destino manifiesto” de violencia, a pesar de que sus montañas de la Sierra Madre del Sur albergaron a las guerrillas de las guerras de Reforma a mediados del siglo XIX y cien años después, al movimiento armado de Lucio Cabañas y Genaro Vásquez Rojas, así como al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Más bien, habría que buscar por el lado de la fuerza institucional indispensable para poder conducir una entidad. El gobierno es frágil en Guerrero. Ha sido la entidad de la república en que el Senado ha declarado la desaparición de poderes un mayor número de veces desde que se estableció esa facultad en la Constitución de 1917. Son muy pocos los gobernadores de Guerrero que han concluido su gestión en el plazo para el cual fueron electos, pues acusados de matanzas de campesinos (1935), de represión de una protesta estudiantil (1961), de fraude (1975) y otras más, se han visto obligados a abandonar el cargo. En 2015 se cumplen veinte años de la matanza de Aguas Blancas, cuando un grupo de policías estatales dispararon contra campesinos que se dirigían hacia un mitin, matando a diecisiete de ellos. Este acto motivó que el gobernador Rubén Figueroa renunciara, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó resolución condenatoria, por grave violación de los derechos humanos.

El desbordamiento del fenómeno del narcotráfico en todo el país ha tenido en Guerrero consecuencias funestas.

A la estructura caciquil prevaleciente se sumó la colusión de autoridades locales y narcotraficantes, en una combinación explosiva, como lo demuestran los sucesos de Iguala. La explicación, hasta el momento, radica en la infiltración de la policía municipal por una supuesta banda autodenominada “Guerreros del Sur”, que actuando por cuenta propia o por orden de algunos políticos se encargaban de eliminar a sus enemigos.

El lunes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la intervención del Ejecutivo Federal en el municipio de Iguala, con el envío de la recién estrenada Gendarmería Nacional y el desplazamiento de más unidades del Ejército Mexicano. Pero ¿llegaron para quedarse o en cuanto se desplace la atención mediática se trasladarán a apagar otros fuegos dejando todavía encendido éste?

Más vale reconocer que en Guerrero tenemos un “Estado rebasado”. No es “fallido”, porque en varias regiones de la misma entidad de alguna manera funciona. Los guerrerenses trabajan, van a la escuela, tratan de hacer una vida normal en condiciones de adversidad.

El reto estriba en cómo reconstruir el tejido institucional, indispensable si se pretenden poner las bases para hacer lo propio con el tejido social. Más cuando habrá elecciones de gobernador en menos de ocho meses, el primer domingo de junio de 2015.

¿Cómo competirán los partidos si el PAN resiente el asesinato de su secretario general en el estado; si el PRI tiene una estructura seriamente dañada por las dos sucesivas derrotas; si el PRD, actualmente en el gobierno, es presa de sus conflictos internos y el colaboracionismo dudoso de algunos de sus militantes? Más de lo mismo en Guerrero significa continuar pagando una elevada cuota de sangre. Se requiere un saneamiento radical de las instituciones y de los tres poderes que las agrupan: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.


Sólo así podrán comenzar a restañarse las dolorosas heridas de la impunidad, el abandono y la indiferencia que han sentado sus reales en la tierra de Vicente Guerrero, de Juan Álvarez y de la bandera nacional.- Mérida, Yucatán.

martes, 7 de octubre de 2014

Seguridad carretera. Conciliar intereses enfrentados

Dulce María Sauri Riancho
El Diario de Yucatán, en su edición del lunes 22 de septiembre, informó de una reunión que tuvieron el viernes 19 dirigentes de distintas organizaciones empresariales con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Can Marín, solicitó al licenciado Ruiz Esparza que se procediera a la revisión de la clasificación de carreteras, con la finalidad de que puedan circular por carreteras federales algunas unidades de carga que ahora sólo pueden transitar por carreteras de cuota. Para normar el transporte carretero de carga, que es una atribución federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cuenta con dos instrumentos básicos: uno es la Norma Oficial Mexicana 012 SCT-2 , sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal; y el segundo, la clasificación de carreteras, que establece el tipo de camiones, su peso y volumen, para circular por las carreteras del país, atendiendo a sus características técnicas. Esta última es la que obliga a que determinadas unidades de carga transiten exclusivamente por autopistas.

La NOM 012 SCT-2 fue recientemente revisada con cambios profundos en relación con la de 2008, que era la vigente. Las modificaciones fueron sugeridas por un grupo de expertos. Culminado el complejo sistema de consultas, la nueva norma se dio a conocer el pasado 24 de septiembre, en la reunión que celebró el Consejo Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, que se realizó en Cancún. Fue aprobada por mayoría, con los votos en contra de los representantes de cinco organizaciones del sector privado.

Desde luego que los funcionarios de gobierno están obligados a escuchar y analizar todas las opiniones, sugerencias y reclamaciones de la sociedad, provengan éstas de individuos o de organizaciones. Pero los gobernantes no pueden atender exclusivamente a demandas de tipo económico, por legítimas que sean, cuando está de por medio la vida y la seguridad de tantas personas, para no hablar de daños materiales, cuando alguno de estos enormes transportes ocasiona algún percance. Periódicamente, el reporte de algún accidente carretero, con elevadas cifras de muertos y heridos, sacude a la opinión nacional y arranca críticas por la falta de vigilancia de las autoridades y la nula precaución de choferes y usuarios en general. Por desgracia, los accidentes mortales en las carreteras del país son cada vez más frecuentes y más graves, pues un alto porcentaje de los mismos involucra a unidades de transporte de pasajeros y a grandes camiones de carga. Un grave accidente detonó la revisión de la NOM en 2013, en San Pedro Xalostoc, en el Estado de México, cuando el remolque de una pipa que transportaba combustible se desprendió causando el incendio de numerosas casas, con saldo de 24 personas fallecidas y más de 30 gravemente quemadas. Se sumaba a la cifra de 242 accidentes ocurridos entre 2008 y 2013, en los que habían estado involucradas unidades “de doble remolque”.

Costó muchísimo tiempo y esfuerzo cambiar la normatividad vigente desde 2008, atendiendo las reclamaciones de mayor seguridad de distintos sectores, como reacción a estos frecuentes y graves percances ocurridos en las carreteras del país. Entonces ¿por qué el dirigente empresarial yucateco realizó el planteamiento? Desde luego que tiene que ver con la carretera de cuota Mérida-Cancún, los “doble remolque” y otros camiones cargados de turbosina, materiales de construcción y otros, que obligatoriamente tienen que tomar la autopista para trasladarse a Valladolid, Cancún o la Riviera Maya desde esta ciudad. La única forma de entender el reclamo-solicitud empresarial es prestando atención al cobro de cuotas de peaje que se realiza en sus dos casetas: Chichén Itzá y Nuevo Xcán, apenas incrementadas el pasado 14 de septiembre. Para los camiones de carga el precio por el trayecto total de 242 kilómetros fluctúa entre mil noventa pesos (camiones de tres ejes) y un máximo de dos mil 241 pesos (siete ejes y más), sólo viaje de ida. Muy probablemente los socios yucatecos de la Canacintra aducen que lo elevado de las tarifas no compensa el tiempo ahorrado y sí eleva sus costos y, por lo tanto, les resta competitividad en los mercados quintanarroenses.

La autopista a Cancún es cara, pero ha liberado a numerosas poblaciones del paso de las pesadas unidades que durante mucho tiempo acompañó sus días y perturbó su descanso nocturno. Allá es donde la autoridad de la SCT tiene la posibilidad de intervenir ante el concesionario, en este caso Ingenieros Civiles Asociados (ICA), para encontrar una fórmula que permita no sólo conservar sino incentivar su utilización como vía por excelencia para el traslado de mercancías y personas en condiciones de seguridad y rapidez. Más porque en poco tiempo entrará en servicio el ramal que llevará directamente hasta Playa del Carmen. Habrá que explorar alternativas. Una de ellas podría fincarse en incrementar la deducibilidad de los gastos de cuota y peaje para las empresas que utilicen la autopista.


Lo que de manera alguna es una solución es la “liberación” de las carreteras federales para que transiten libremente, como antaño, enormes y peligrosos camiones. Es más: habría de realizarse una revisión sobre las normas estatales en la materia, para alinearlas con las federales. ¿O vamos a esperar a que una tragedia como la de San Pedro Xalostoc enlute hogares yucatecos para reconsiderar?- Mérida, Yucatán.