jueves, 28 de agosto de 2014

Mérida reclama soluciones. Al rescate del centro histórico

Dulce María Sauri Riancho
Lo leí hace unos días y me llamó mucho la atención pues pensé que alguien había enloquecido. Decía: “… Venden casas en un euro…” (“Reforma”, 22 de agosto). La magnífica oferta se localizaba en unos pequeños pueblos de la región montañosa de Sicilia, en donde los alcaldes tuvieron que hacer frente al fenómeno de migración de sus habitantes. El primer lugar de “casas a un euro” fue Salemi, hace tres años; después le siguieron Gangi y Carrera Liguri. Comprarlas conlleva el compromiso de los nuevos propietarios para restaurar, en breve, las propiedades adquiridas, respetando su carácter original.

En España también se están tomando iniciativas en ese mismo sentido. La edición de “El País” del 23 de agosto pasado da cuenta en un reportaje sobre San Fulgencio, un pueblo de la región de Alicante, que años atrás experimentó el síndrome del abandono y que, en la actualidad, una vez iniciada la política del “rescate”, permitió el crecimiento de su población, a grado tal que a la fecha, de sus 12 mil pobladores, más de nueve mil son extranjeros, la mayoría de ellos ingleses.

Como sucedió en San Fulgencio, en la costa mediterránea, en torno a las ciudades de Valencia y Alicante, se vive un fenómeno de compra de propiedades y repoblamiento de pequeñas comunidades que, por decenios, sufrieron el desgaste de la emigración. Los que llegaron a convertirse en pueblos de ancianos son ahora, gracias a la presencia de europeos de distintas nacionalidades, piezas de una compleja red de producción artesanal e intercambios económicos. Los extranjeros que llegaron son también adultos mayores jubilados, que llegan solos o con sus parejas, pero también han arribado a esas poblaciones familias jóvenes y profesionales, atraídos por las oportunidades económicas abiertas por la nueva dinámica, pero también por la calidad de vida que brindan los conglomerados pequeños, donde confluye la convivencia entre gente preparada con distintos orígenes y la posibilidad de criar sanamente a sus hijos.

En nuestro país, hace años, el Gobierno del Distrito Federal elaboró y puso en marcha un ambicioso programa de recuperación del Centro Histórico que tenía entre sus componentes un fideicomiso destinado a la compra y restauración de predios abandonados. Aunque quedaron sin aplicarse algunos de los proyectos originales, los resultados que esta iniciativa gubernamental obtuvo fueron muy notables y de gran impacto para la vida de esa zona capitalina y para el conjunto de la ciudad.

Quise referir ejemplos tan distantes geográficamente para tratar de sacudirnos el sentimiento de impotencia y resignación que parece invadirnos cuando observamos la situación de estancamiento y semiabandono que se vive, desde años atrás, en el conjunto urbano conocido como “centro histórico de Mérida”. Parece que sólo llama la atención cuando alguno de esos vetustos predios se derrumba; después, vuelven el silencio y la indiferencia. Es cierto que existe una especie de “ínsulas de progreso”, que son los predios rescatados por los extranjeros que se han domiciliado en los suburbios tradicionales de Santiago y Santa Ana, principalmente. Pero predominan las casas con puertas y ventanas tapiadas, paredes desconchadas y olor a soledad. El Paseo de Montejo tampoco se salva de esta ola de abandono. ¡Cuántos letreros anuncian “Venta”, “Renta”, desprendidos y rotos por el paso del tiempo!

Esta situación amenaza con agravarse de no tomarse medidas de manera pronta y efectiva. En días pasados se constituyó el Consejo Ciudadano del Instituto de Planificación Municipal. ¡Qué bueno que se pensó y se decidió integrar un órgano plural, libre de compromisos y con personas calificadas con distintas especializaciones! Habrá que urgirlos para que se reúnan y generen propuestas a situaciones críticas, que llevan años incubándose.

Pero la visión, el consejo y la propuesta es sólo la primera parte de cualquier posible solución. Los problemas del presente y del futuro reclaman, además, una autoridad valiente y congruente, con mando, sensibilidad y talento, que lleve al terreno de los hechos las sugerencias que se le hagan y los planes que se elaboren. No hay que olvidar que el poder del voto de la ciudadanía no se extingue el día de la elección. Que tenemos la posibilidad y la obligación moral de monitorear su actuación, evaluarla y exigirles resultados.


Oportunidades no faltan para que nuestra ciudad mejore sus condiciones y para que su centro histórico abandone la postración en que se encuentra sumido. Propuestas también se tienen. Como nos lo muestra el artículo que el pasado lunes apareció en este mismo espacio editorial, firmado por Gustavo Cisneros de La Cabada. Jugar la carta de los inversionistas conocidos como “baby boomers” es un reto que entraña oportunidad y talento, además de coordinación de esfuerzos. Como bien lo apunta el señor Cisneros, la oferta inmobiliaria debe ir acompañada de seguridad jurídica y seguridad pública. Las conexiones aéreas y las alternativas de movilidad local son requisito indispensable en una estrategia con este objetivo. También los servicios médicos y hospitalarios de primer nivel. Habría que pensar, tal vez, en algún esquema financiero para auspiciar la compra y restauración de predios semiabandonados en el centro histórico, sin olvidar incluir incentivos fiscales a cargo de los gobiernos municipal y estatal. ¡A imaginar nuevos caminos!- Mérida, Yucatán.

lunes, 25 de agosto de 2014

La condena de Sísifo. Lucha de las mujeres

Dulce María Sauri Riancho
La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres se parece a la condena de Sísifo. Este personaje de la mitología griega cargaba durante el día una enorme piedra cuesta arriba; pero al llegar la noche, a punto de culminar su tarea, el gigantesco pedrusco rodaba hacia la base de la montaña, desde donde a la mañana siguiente habría de recomenzar su eterna tarea.

Para ilustrar el difícil ascenso de las mujeres hacia la meta de la igualdad, tomemos el caso del proceso de selección de las y los consejeros de los nuevos organismos públicos locales (OPL), que sustituirán a los consejos electorales de los estados donde habrá elecciones simultáneas con las federales de 2015. En el caso de Yucatán, el Ipepac será relevado por un consejo de siete integrantes, seleccionados por el Instituto Nacional Electoral (INE). Para acometer la delicada tarea, los consejeros nacionales decidieron aplicar un riguroso proceso de selección, mediante una batería de exámenes que permitiera reconocer capacidades y aptitudes para un adecuado desempeño del cargo. Además, impelidos por la reforma constitucional de la paridad, decidieron establecer una medida de acción afirmativa para lograr que los consejos estatales estuvieran integrados por al menos tres mujeres. Con ese propósito, se estableció que serían seleccionadas las 25 mejores aspirantes mujeres y la misma cantidad de hombres, quienes habrán de continuar con el procedimiento que culmine con la integración casi paritaria de los OPL. En el caso de Yucatán, los 25 mejores resultados de los hombres se ubicaron entre 87 respuestas correctas de 90 posibles para el primer lugar, y 70 para el sitio 25. En el caso de las mujeres, la primera posición alcanzó 82 aciertos y la número 25, sólo 45. Diez hombres lograron calificaciones arriba de 86.67 (más de 78 aciertos), en tanto que sólo tres mujeres obtuvieron un resultado similar. El contraste es mayor entre los últimos lugares, pues la calificación mínima de los hombres fue de 77.78 (70 respuestas correctas), en tanto que, para las mujeres, fue de 50 (45 aciertos); en la escala utilizada para calificar en las escuelas, ellas estarían reprobadas.

Una medida de acción afirmativa se caracteriza por tratar distinto a los desiguales y por favorecer las condiciones que permitan su participación. Si las mujeres han estado durante muchos años segregadas de la vida pública, con numerosos obstáculos para ingresar a posiciones de toma de decisión, como son los consejos electorales, sólo una medida de esta naturaleza, que reconoce desventajas y rezagos para tratar de corregirlos, puede funcionar hacia un aumento significativo de la presencia femenina en los OPL.

Pero a Sísifo le llegó la noche. El gran esfuerzo para abrir nuevos espacios de participación se ve anulado cuando prejuicios y discriminación por razones de género parecen volver a tomar el mando y hacen desandar el camino hacia la obscuridad de las tradiciones y costumbres arraigadas. Alta participación de mujeres en el PRI, partido al que pertenece el presidente de la República que impulsó la trascendental reforma constitucional de la paridad, pero al que también representaba Cuauhtémoc Gutiérrez, ex presidente del PRI en el Distrito Federal, acusado de diversos delitos relacionados con prostitución y trata de personas. El PAN es el partido con el más elevado porcentaje de participación femenina, pero sus legisladores decidieron “combinar” su reunión para la elaboración de la agenda legislativa, con una fiesta nocturna en una mansión de Puerto Vallarta, que reproduce los peores estereotipos de cosificación y utilización de las mujeres como objetos sexuales.

De Gutiérrez poco podría esperarse en cuanto al respeto de los derechos de las mujeres, pues él mismo fue favorecido con la renuncia de su “Juanita propietaria” para dejarle su lugar en la anterior legislatura. Pero en el caso de los panistas, estaba “calientita” la votación de la reforma político-electoral y la determinación de apoyar la iniciativa de reforma constitucional en materia de paridad de género. ¡Qué pronto olvidaron los principios que inspiraron esa reforma! ¿Cómo se habrán sentido sus compañeras legisladoras, de saber que al concluir el trabajo formal sus compañeros asistían a informal convivio, al margen de ellas? ¿Y cuando se enteraron de las razones por las cuales sólo podrían estar invitados los hombres de su grupo parlamentario?

Con estos ejemplos cercanos, tocamos la esencia de las actitudes que impiden la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones. ¿Cómo hacerlo cuando muchas determinaciones se toman en el tipo de conciliábulos a los que las mujeres no tienen ni desean tener acceso? A la menor oportunidad parece que se reproduce esa naturaleza “machista”, que prefiere hacer a un lado a quienes tiene que tratar como iguales porque son sus colegas, y sustituir la presencia femenina por aquellas que utiliza a su conveniencia. En los sonados escándalos del ex dirigente del PRI en el Distrito Federal y de los diputados de Acción Nacional, el mínimo común denominador es el desprecio hacia la condición femenina, comenzando por las mujeres que son sus compañeras legisladoras o correligionarias a las que se les tolera lo estrictamente necesario para cubrir las formas.

Los dioses no le perdonaron a Sísifo su osadía. Pero las mujeres, con el respaldo de los hombres que creen en la igualdad, cargaremos la piedra hasta la cima. Y allá se quedará.


Memoria. Hace 10 años, el 18 de agosto de 2004, Víctor Cervera Pacheco falleció. Su visión y su firme voluntad hicieron posible la construcción del puerto de altura de Progreso. Es de justicia que lleve su nombre, aunque los trámites internacionales sean complicados para las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- Mérida, Yucatán.

jueves, 14 de agosto de 2014

Los maestros, ahora sí evaluados

Dulce María Sauri Riancho
La reforma educativa implicó cambios en el sistema de asignación de plazas definitivas para el magisterio nacional. Es la primera vez que un examen nacional magisterial corre a cargo del recién creado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), nuevo organismo constitucional autónomo que no depende del Ejecutivo ni de las autoridades de la SEP.

La independencia de ese instituto garantiza que sus opiniones y acciones estén guiadas exclusivamente por el compromiso de mejorar la calidad educativa de los mexicanos. La otra singularidad de este examen descansa en el mecanismo de competencia interna, en que los más calificados por sus conocimientos y capacidades docentes habrían de ser seleccionados para recibir las plazas definitivas, no los “amigos de.”, “las hijas de.”, o los “recomendados” de algún personaje en turno.

Una innovación más: el INEE estableció la puntuación idónea para ocupar una plaza. Por encima de esa calificación mínima, podrán las y los maestros aspirar a obtener alguno de los lugares disponibles. Por debajo, simple y llanamente serían reprobados, impedidos de ocupar una plaza aun existiendo vacantes.

La complejidad para organizar un procedimiento de estas características ameritó que se publicaran en el Diario Oficial de la Federación los Criterios Técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el proceso de calificación y la definición de las listas de prelación de estos concursos. En el aspecto normativo, el INEE no dejó nada al azar o a la decisión arbitraria de las autoridades. Además, asumió plenamente su facultad para observar y supervisar la aplicación de los exámenes.

Las suspicacias entre los maestros sobre la imparcialidad del nuevo mecanismo fueron intensas. En el pasado, numerosas habían sido las acusaciones sobre venta de exámenes y tráfico de sus resultados. Las resistencias a someterse a este procedimiento se manifestaron abiertamente, como en Oaxaca y Michoacán, o en forma soterrada, entendibles entre un gremio que ha vivido una y otra vez la simulación y el favoritismo en la asignación de plazas y contratos laborales. Por eso era tan importante que este concurso de oposición fuera transparente y que sus resultados fueran conocidos y divulgados, tanto entre los participantes como en la sociedad en general.

Como parte de una jornada nacional, los días 12 y 13 de julio pasados, casi cuatro mil quinientos maestros y maestras yucatecos presentaron exámenes de oposición para obtener una plaza definitiva y, por tanto, la anhelada base magisterial que les permitirá ejercer su profesión sin sobresalto alguno a lo largo de su vida laboral. La inmensa mayoría de los aspirantes fueron maestros en ejercicio, contratados para cubrir licencias e incapacidades de manera temporal. El menor número fue de recién egresados de las normales públicas y privadas de Yucatán.

Los años de experiencia no pesaron lo suficiente a la hora de responder los exámenes, pues sólo 14 de cada cien participantes lograron su pase para optar por una plaza definitiva. Desde el jueves pasado se han venido entregando los llamados “despachos” a quienes consiguieron las calificaciones más altas.

La otra cara de la moneda: casi dos mil seiscientos maestros -seis de cada diez- resultaron reprobados al no lograr la calificación mínima requerida; y otros más, alrededor de mil doscientos, apenas la sobrepasaron, por lo que tampoco fueron incluidos.

Un doble drama humano subyace tras estos resultados negativos. Por una parte, quienes se han esforzado durante años para obtener su plaza definitiva ven rezagada o cancelada esa posibilidad, aunque podrán continuar como hasta ahora, supliendo licencias con contratos temporales. Por otro lado, habrá miles de alumnos que tendrán una maestra, un maestro que no fue considerado en el sistema de evaluación nacional como idóneo para realizar su labor docente de acuerdo a las exigencias de alta calidad.

No es consuelo señalar que Yucatán es la entidad del sureste del país con los mejores resultados en los concursos de oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica (pre-escolar, primaria y secundaria), en una lista que encabezaron por su buen desempeño los estados de Querétaro, Colima y el Distrito Federal.

Una luz de esperanza aparece en la información detallada que la SEP está obligada a brindarle a los participantes sobre su desempeño en las tres grandes áreas en que se dividió el examen. Así, cada quien podrá enterarse dónde estuvieron sus fallas y podrá corregir sus deficiencias para presentarse nuevamente el próximo año.

La Secretaría de Educación del Estado podrá contribuir al esfuerzo de todos aquellos maestros que en esta ocasión no obtuvieron la calificación mínima de idoneidad. Un propedéutico encaminado a reforzar sus capacidades y cubrir las deficiencias de su formación podrá elevar la calidad de la planta magisterial yucateca, además de ayudar a las y los maestros en lo individual.

La propia SEGEY tendrá que contribuir al reforzamiento de la credibilidad de este mecanismo, respetando escrupulosamente sus resultados. Sé que no será tarea fácil frente a las presiones de dentro y de fuera, acostumbradas a disponer libremente de plazas y horas docentes.


Pero hay un hecho que es imposible subsanar. ¿Qué está pasando en las escuelas de Educación Normal, cuyos egresados no pudieron en su mayoría calificar para este examen? Es quizá la asignatura pendiente en la reforma que tiene la mayor trascendencia para el futuro de la educación en México.- Mérida, Yucatán.

viernes, 8 de agosto de 2014

Reforma energética concluida, ¿Para bien, para mal?

Dulce María Sauri Riancho
Recién concluyó el proceso legislativo en materia de energía. Fueron aprobadas siete leyes nuevas y numerosas más requirieron ajustes y adecuaciones para obtener un marco normativo que permita poner en operación la que es quizá la reforma más profunda en materia económica de las últimas décadas. Desde la perspectiva de una legislación calificada por sus promoventes como “moderna y avanzada”, México estaría listo para participar en los mercados energéticos internacionales y obtener como país los beneficios de los recursos naturales existentes en su territorio.

Como en muchas cosas en la vida y la política, “del dicho al hecho hay un gran trecho”. Y la distancia enorme está abierta, en primer término, por los cambios en las políticas energéticas mundiales, el creciente uso de energía “limpia”, como las que provienen del aire, del sol y del agua, incluyendo la geotermia. Además, el gas natural proveniente de la fracturación hidráulica (fracking), ha creado una revolución energética en los Estados Unidos que, en medio de serios cuestionamientos ambientales, se está abriendo paso como una especie de “Santo Grial” para reducir la dependencia norteamericana del petróleo extranjero. Consecuencia de lo anterior es que el consumo mundial de petróleo como combustible se reduce y que, cada vez más, compite con otros energéticos. No esperemos largas filas de inversionistas decididos a producir petróleo en pozos de aguas profundas, mucho menos a arriesgarlo en una exploración costosa y con alto riesgo de fracaso.

Los riesgos del cambio para Pemex son muy elevados. Principal proveedora de ingresos para el gobierno federal -alrededor del 40% del total-. Pemex fue sobreexplotada por el gobierno. La reforma trae cambios, algunos tardíos, porque la empresa se encuentra seriamente lastimada por deudas y por la falta de inversiones. Sin embargo, las finanzas públicas no pueden darse el lujo de que Pemex registre una muerte súbita a raíz de la reforma. Por eso el gobierno ha generado medidas de auxilio para su supervivencia, al menos por un tiempo. Discusión aparte sobre prácticas corruptas de su organización sindical es la razón fundamental para absorber los llamados “pasivos laborales”, que son los compromisos de la empresa con las pensiones y jubilaciones de más de cien mil trabajadores. Una de cal y otra de arena: aligeran el peso, pero al mismo tiempo el gobierno le carga la mano. Antes, cuando la petrolera mexicana ofrecía bonos de deuda en los mercados internacionales, el incentivo de los inversionistas radicaba no sólo en las atractivas tasas de interés que ofrecía, sino en que su inversión estaba protegida por el mismo gobierno de México. Ahora, Pemex quedará librada a sus propias fuerzas. No se necesita ser especialista para pronosticar que le costará mucho más la obtención de recursos.

Otra gran interrogante tiene que ver con el cambio en materia fiscal que conlleva el nuevo régimen. Pemex tendrá un nuevo tratamiento, puesto que era insostenible que el gobierno continuara quitándole el 70% de sus ingresos anuales. Ninguna petrolera en el mundo invertiría un solo peso si se le tratara de igual manera que a Pemex. En consecuencia, la porción de la renta petrolera que ahora se compartirá con los particulares tendrá que ser sustituida en el presupuesto federal por más impuestos o más deuda. Por la parte impositiva, la sociedad ya no da más. Estamos viviendo las consecuencias de una reforma fiscal que aumentó temporalmente la recaudación a costa del crecimiento de la economía y del bienestar de las familias. Pero ¿cómo disminuir las participaciones a estados y municipios como consecuencia de la caída en la recaudación de recursos petroleros? ¿Cómo hará el gobierno para gastar menos? Inimaginable, más aún en año electoral como será 2015. Queda el déficit público, camino tortuoso que no ha conducido a buenos resultados en el pasado.

Para la mayoría de los yucatecos, la reforma energética se asume como algo lejano y sus beneficios, como una más de las promesas incumplidas, sobre todo cuando se confrontan con los “gasolinazos” periódicos que han llevado el precio de la gasolina magna a casi $13. Por lo pronto, más vale que comencemos a familiarizarnos con nombres de compañías extranjeras, significativamente de aquellas conocidas como “las Siete Hermanas” de la industria petrolera. Reducidas a cuatro megacorporaciones: Exxon, Chevron, Shell y British Petroleum (de triste memoria por el terrible derrame en el Golfo de México), tan pronto como en 2016 las encontraremos participando en el atractivo mercado de las gasolineras, donde además de vender el combustible podrán importarlo desde sus refinerías ubicadas en distintas partes del mundo. Adiós al sueño guajiro de construir refinerías en suelo mexicano. Esperemos que no se contagien de la ancestral costumbre de expender litros incompletos y otras prácticas nocivas que la Profeco no ha podido eliminar.


Con mayor intensidad que en telecomunicaciones, educación y otras reformas de gran magnitud recientemente aprobadas, en materia energética no habrá marcha atrás posible en cuanto comience a ser aplicada. El tamaño de los intereses económicos en juego y el origen de los posibles participantes así lo hacen presumir. Abrimos la puerta. Nada volverá a ser igual. ¿Para bien, para mal…?- Mérida, Yucatán.

lunes, 4 de agosto de 2014

Problemas estructurales del Isstey

Dulce María Sauri Riancho
El Isstey hace agua. La institución creada en 1976 para brindar seguridad social a los trabajadores al servicio del gobierno del Estado y los municipios tiene un futuro incierto para cumplir sus compromisos de brindar servicios de salud, apoyar la adquisición o mejora de vivienda y garantizar una pensión digna a sus jubilados. Es cierto que en mucho ha contribuido la mala administración de sus recursos en el periodo 2007-2012. Pero también lo es que este organismo estatal comparte los problemas estructurales de los sistemas de pensión de México y, más aún, del mundo entero.

Cuando hace más de setenta años, en 1943, fue fundado el Instituto Mexicano del Seguro Social, la esperanza de vida era de un poco más de cuarenta y un años (40.4 años, hombres; 42.5, mujeres). Significaba que del bajo porcentaje de trabajadores inscritos en el nuevo régimen, pocos, muy pocos, alcanzarían la edad de jubilación y todavía menos, vivirían diez o más años después de su retiro. En aquella etapa había numerosos niños y muy pocos ancianos. Las epidemias y enfermedades ocasionaban la muerte a temprana edad y, en el caso de las mujeres, los decesos asociados al embarazo y al parto eran elevados. El avance de la medicina se dio por las grandes campañas nacionales de vacunación contra viruela, difteria, tosferina y tétanos, y la erradicación de enfermedades endémicas como el paludismo, entre otras acciones que combinaron la prevención con la atención a la salud de millones de personas que comenzaron a poblar las ciudades de México.

Se dice, con razón, que el IMSS, el Issste y todas las instituciones de seguridad social sufren ahora las consecuencias de su éxito al contribuir significativamente a aumentar la esperanza de vida de los mexicanos, que ronda ya los 76 años (73.4 años, hombres; 77.9 años, mujeres). Ahora, un trabajador que se retire a los sesenta y cinco años (régimen del Seguro Social), puede vivir diez años más, es decir, demandará su pensión por, al menos, ese lapso. El problema financiero es mayor en el caso de aquellos sistemas que consideran una edad de jubilación más temprana, como el del magisterio, los burócratas o los trabajadores de Pemex y del IMSS, quienes después de veinticinco o treinta años de servicio pueden solicitar y obtener su pensión. Significa que si una persona comenzó a trabajar a los dieciocho años en esas instituciones, alrededor de los cuarenta y cinco años puede comenzar a recibir su jubilación por un periodo de tiempo igual a la totalidad de su vida laboral activa.

A la prolongación de la vida de los mexicanos se sumó la disminución de la natalidad desde la década de 1980. El efecto fue un gradual aumento de la edad promedio de la fuerza de trabajo y simultáneamente, el incremento del número de jubilados y pensionados. Hasta 1997, en el caso de IMSS, y 2007 en el del Issste, las cuotas de los trabajadores activos pagaban los servicios médicos y las pensiones de los jubilados. Era el sistema conocido como de “reparto”, o de solidaridad intergeneracional. Pero el déficit crecía aceleradamente y se veía muy cercana la fecha en que estuviesen imposibilitados de cubrir sus más elementales compromisos con sus derechohabientes. Entonces entró el sistema de “cuentas individuales”, en que cada uno de los trabajadores dispone de una cuenta en una administradora de fondos de retiro (Afores), donde se depositan sus aportaciones y las que realiza el gobierno. Una parte de ellas -la mayoría- va al fondo de pensiones y otra, a su cuenta de vivienda, para disponer de los créditos para adquisición o remodelación de vivienda. Esta parte descansa en un supuesto fundamental: que los ahorros de los trabajadores alcancen rendimientos suficientes; es decir, que las Afores realicen buenas inversiones en valores gubernamentales y acciones de empresas certificadas. El Sistema de Ahorro para el Retiro tiene también una función macroeconómica de la mayor importancia. Como capta masas considerables de dinero, es el más importante adquiriente de bonos de deuda gubernamental, es decir, fondea al gobierno, y a través de sus operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores fortalece a las empresas y les proporciona acceso a los fondos necesarios para invertir y crecer.

El Isstey, al igual que la inmensa mayoría de los sistemas estatales, todavía funciona bajo el esquema de “reparto”, lo que significa que veintinueve mil trabajadores activos financian las pensiones de un poco más de cinco mil jubilados, la mayoría provenientes de la sección 57 del magisterio. La población trabajadora al servicio del Estado en condición de retiro aumentará significativamente en los próximos años. El Isstey no cuenta con el patrimonio suficiente y las inversiones necesarias que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones.


Considero indispensable despejar incertidumbres sobre la mala administración del Isstey en el gobierno estatal anterior. Sin embargo, el pasado no puede apoderarse de la indispensable reflexión y toma de decisiones sobre un futuro que ya nos alcanzó. Por eso será fundamental demandar una buena renegociación del adeudo del gobierno del Estado con el Isstey y, desde luego, un proyecto sólidamente construido para respetar y proteger los derechos de aquellos miles de mujeres y hombres que cada quincena pagan sus aportaciones para vivir con tranquilidad su vejez.- Mérida, Yucatán.