miércoles, 17 de septiembre de 2014

De Solidaridad a Prospera, pasando por Oportunidades.

Dulce María Sauri Riancho
El más importante programa de combate a la pobreza del gobierno federal cambia de nombre. “Prospera” se llamará ahora, en vez de “Oportunidades”. Renombrar se vuelve así un compromiso gubernamental para que las recientes reformas constitucionales tengan aplicación sensible en la vida cotidiana de los mexicanos. Las políticas de desarrollo social surgieron al amparo de la crisis política que representó la elección de 1988. Fue cuando se creó “Solidaridad”, una estrategia de participación popular para las zonas urbanas, con el propósito común de combatir la pobreza y la marginación, que conjuntó programas de diversos orígenes, como la construcción de obras de electrificación, agua potable, parques, el otorgamiento de becas, la regularización de lotes y terrenos, etcétera. Su característica singular descansó en que las obras a realizar o los servicios a contratar eran decididos por los involucrados, en asambleas y ellos mismos supervisaban las obras.

Las críticas de especialistas y legos cuestionaban las verdaderas razones de esa intensísima movilización en miles de colonias populares y asentamientos precarios en las ciudades: que si sólo se buscaba el control político de los grupos que manifiestamente habían dado la espalda al PRI en la elección; que por abarcar tantas acciones y programas públicos se caía en asistencialismo, entre otras.

La grave crisis económica de 1994 representó un abrupto despertar. Por una parte, el presupuesto gubernamental se restringió severamente, pero, más importante aún, cambió el enfoque en el diseño de las políticas públicas destinadas al combate a la pobreza.

En 1997 se aplicó el giro fundamental. Ya no prevalecería la visión universal ni la responsabilidad colectiva, sino una estrategia llamada “de focalización”, en la cual serían protagonistas los individuos, las personas, quienes a su vez serían responsables de las contraprestaciones para obtener el servicio. El programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) comenzó ese mismo año, con transferencias monetarias a las familias en situación de pobreza, a través de subsidios para alimentación, becas para los hijos y las hijas estudiantes de primaria y secundaria. El dinero era entregado a las mujeres, en su calidad de madres de familia, bajo el supuesto de que ellas pondrían más cuidado en que los recursos se destinaran a los fines propuestos -mejor alimentación, asistencia escolar-, en vez de volverse “fondo de cantina”, a los que son afectos algunos varones. La “contraprestación” u obligación para las familias beneficiadas consistía en acudir periódicamente a los controles de salud en las clínicas y hospitales públicos, así como vigilar la asistencia regular a la escuela por parte de los menores. La selección de las familias beneficiadas se realizó con criterios técnicos para calificar su grado de pobreza, de tal manera que se asegurara que solamente aquellas con necesidades reales podrían tener acceso a los recursos del programa. De esta manera, el progreso se volvió un asunto individual, si acaso, familiar.

“Oportunidades” llegó en el sexenio del Volcho y el Changarro, se trataba no sólo de progresar sino de aprovechar las oportunidades que el cambio estaba generando. Bajo la estrategia “Contigo”, el programa se expandió para atender también a población urbana, incluso en cabeceras municipales de importancia. Fundó el Seguro Popular, destinado a la atención de la población más vulnerable. A finales del gobierno de Vicente Fox, más de cuatro millones de familias recibían recursos provenientes de “Oportunidades”. La administración de Felipe Calderón agregó otros componentes más al programa, tales como el subsidio a la energía, para utilizar combustibles sustitutos de la leña y, en competencia con los gobiernos estatales, estableció “Setenta y más”, destinado a la atención de los adultos mayores. Un aspecto fundamental que se estableció desde 1997 y que nunca se cumplió fue que los apoyos brindados primero con Progresa y, posteriormente con Oportunidades, debían ser temporales, durante un plazo máximo de tres años. Al volverse permanentes se desvirtuó esta estrategia y se sembró una “bomba de tiempo” por el crecimiento acumulado del presupuesto.

El gobierno de Enrique Peña Nieto se propone reformular la estrategia de combate a la pobreza. Tal parece que la Cruzada contra el Hambre se quedó corta, por lo que “Prospera” intentará constituirse en una respuesta integral hacia la población más vulnerable. Buscará incidir en los terrenos del financiamiento de proyectos productivos y de capacitación laboral, principalmente entre los jóvenes, a quienes también se les facilitarán becas para el acceso a la educación superior.


No obstante los esfuerzos sostenidos durante más de diecisiete años por parte de los gobiernos, las familias en situación de pobreza siguen siendo la mayoría; no se ha logrado el propósito principal de las acciones gubernamentales, que está dirigido a la ruptura del círculo intergeneracional de la pobreza. Esto es, que los hijos de los pobres carezcan de opciones para mejorar, al igual que sus padres y acaben como ellos. Para que millones de mexicanos no se vuelvan dependientes crónicos del presupuesto público, que a la fecha alcanza cantidades fabulosas para asistir a casi una cuarta parte del total de hogares de México (seis y medio millones de familias), las políticas de fomento a la actividad económica, el gasto público gubernamental, la política fiscal, entre otras, tienen que dar resultados. Este es el reto real y la medida del éxito de las reformas constitucionales recientemente aprobadas. Veremos.- Mérida, Yucatán.