lunes, 7 de julio de 2014

El movimiento médico #Yosoy17. Ni dioses ni criminales

Dulce María Sauri Riancho
(Publicado el 25 de junio de 2014 en el Diario de Yucatán)

“#YoSoy17. Somos Médicos. No somos Dioses ni Criminales”. Estas pancartas se exhibieron el pasado domingo en más de cuarenta ciudades del país, entre otras Mérida, para mostrar la solidaridad de la comunidad médica frente al proceso penal que afrontan 16 galenos del área de Pediatría del Centro Médico de Occidente del IMSS, ubicado en Guadalajara. El origen es el siguiente: un joven de 15 años, Heriberto Gallardo, ingresó el 15 de noviembre de 2009 a la sala de urgencias del IMSS, “prácticamente muerto”; los médicos lo resucitaron y logró salir adelante. Sin embargo, su salud se deterioró y el 9 de enero de 2010 falleció. El padre del joven sostiene que un diagnóstico certero hubiese detectado la tuberculosis intestinal que padecía y, de esta manera, se habrían evitado las cirugías a las que fue sometido y que, según sus familiares, lo debilitaron hasta causarle la muerte. Si prospera la acusación y los médicos son condenados, de entrada perderán sus cédulas profesionales y su capacidad legal para ejercer la medicina en cualquier parte de México, además de la pena de prisión a la cual pueden estar sujetos.

Las demandas contra profesionales de la medicina no son novedad. De hecho, existe una instancia creada ex profeso para desahogar las denuncias por mala práctica, la Comisión de Arbitraje Médico, cuya misión fundamental consiste en ofrecer medios alternos para la solución de conflictos entre prestadores de servicios médicos y los pacientes o familiares que se sienten afectados. Para que un asunto de esta naturaleza trascienda las instancias de mediación y llegue a los tribunales, se requiere mucho más que un padre atribulado por la pérdida de su hijo; se necesita que un juez decida la existencia de suficientes elementos para iniciar la causa penal. Y eso sucedió en Guadalajara.

Doctores y enfermeras tienen muchas veces que hacer frente a las carencias que les impide realizar su trabajo eficazmente. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando el equipo de rayos X no funciona y se requiere una radiografía de emergencia? ¿Cómo realizar un ultrasonido si el aparato es antiguo y la imagen que genera, borrosa? ¿Quién le dice al paciente que la farmacia no puede surtir su medicamento y que tiene que adquirirlo por su cuenta? Éstas son situaciones cotidianas que se presentan en los grandes hospitales públicos, tanto federales como estatales.

La amenaza de procesos penales no es la única que pende sobre médicos y enfermeras. En el norte del país, en las zonas de operación del crimen organizado, los secuestros de doctores se volvieron frecuentes, bien fuera para atender lesionados en los enfrentamientos armados o para alterar el rostro de los cabecillas más importantes. Los médicos que realizan su servicio social no están exentos de peligros. En fecha reciente, una joven doctora fue asesinada en una comunidad de Sonora, presumiblemente por el esposo de una persona a quien no pudo salvar de un infarto. Se dice, quizá con razón, que en la escala de profesiones peligrosas, después del periodismo sigue la medicina, sobre todo en algunas regiones del país.

Habrá quien se preocupe por la judicialización de la práctica médica, que en Estados Unidos ha llevado a encarecerla enormemente por la indispensable adquisición de seguros que cubran a los médicos contra acusaciones de ese tipo. Sin embargo, lo que la movilización de miles de doctores en distintas partes del país nos recuerda es la precariedad en la que muchos de ellos desempeñan su profesión, debido a las carencias y rezagos de la medicina pública que no ha podido responder a la expansión de la demanda de sus servicios de parte de una población que, afortunadamente, vive más años que las generaciones anteriores.

Otra vez las fechas coinciden. Hace 50 años, en 1964 un grupo de residentes e internos del Hospital “20 de Noviembre” del Issste, en la ciudad de México, se organizaron para reclamar atrasos en sus salarios. Como consecuencia, un numeroso grupo fue despedido. Al paso de los meses, personal de otras instituciones públicas, como el IMSS, se fueron sumando. La situación hizo crisis a finales de agosto de 1965, cuando la policía tomó tres grandes hospitales de la ciudad de México, los médicos fueron sustituidos por personal militar y sus líderes, encarcelados. Se considera al movimiento médico de 1964-1965 como precursor del estallido estudiantil de 1968. Ésta es una de las razones por las cuales el Estado mexicano tiene que atender las causas del malestar que existe en este importante gremio a cargo de la salud de la población.


Es cierto: los médicos no son Dios, no son infalibles ni tienen la facultad de decidir sobre el momento de la muerte de cada uno de nosotros. Pero también lo es que no son criminales, cuando a pesar de sus esfuerzos y desvelos un paciente muere en medio del dolor de familiares y amigos que quisiéramos que nunca se vaya de nosotros. Son seres humanos que demandan condiciones dignas para el cumplimiento de su compromiso con la sociedad; compresión ante sus errores y deficiencias, y tribunales que ponderen con justicia cuando el ser humano falla.- Mérida, Yucatán.