miércoles, 22 de enero de 2014

Translúcido informe

Dulce María Sauri Riancho
Durante cinco años olvidamos el significado de la presentación de un informe de Gobierno. No era para menos, pues hasta la fecha se cambió por un aniversario que sustituyó al día señalado por la Constitución. Además, no iba dirigido a los diputados del Congreso del Estado, sino a un heterogéneo grupo de invitados, entre los que destacaban diversas personalidades de la farándula. El contenido, la sustancia era lo de menos, desplazado por el “perfomance”, en que el escenario y las formas sustituían a la obligación de detallar el avance de la administración de los recursos de los yucatecos por parte del Ejecutivo.

Sobria y austera, la primera parte de la ceremonia había acontecido donde la Constitución mandata, el Congreso del Estado, y ante quienes tienen la obligación de revisar con atención y cuidado la información entregada por el gobernador en propia mano. ¡Uf, qué alivio!, parecían expresar muchos rostros que el domingo pasado se congregaron para participar en la segunda porción del ritual del Informe. El local, su disposición y orden para el acceso auguraba un evento imbuido de la seriedad indispensable para quien pretende comunicar hechos y resultados.

Así, durante más de una hora, con una producción audiovisual que apoyó sus palabras, Rolando Zapata dio cuenta de sus primeros 15 meses al frente del Ejecutivo yucateco. Hasta aquí, la mera diferencia en las formas con su antecesora abonaba a favor del gobernador. Pero lo que verdaderamente fue distinto tiene que ver con la información que acompañó esta obligación constitucional de rendir cuentas.

Desde el inicio de su intervención, el gobernador hizo una especie de envite a la sociedad, entendido como un empujón para que ésta fiscalizara los datos que iba a proporcionar, al asegurar que se encontraban detallados en un sitio de internet, www.yucatan.gob.mx/informe, diseñado para ponerlos accesibles y sobre todo amigables para consulta y análisis. Como dice el refrán: “… La burra no era arisca…”, por lo que hasta que estuve frente a mi computadora y abrí la página empecé a vislumbrar una nueva posibilidad para disponer de información pública gubernamental que ayude a la sociedad a exigir con mayor eficacia la rendición de cuentas de sus autoridades.

Además del Resumen Ejecutivo de “sólo” 90 páginas, hay un interesante apartado de Compromisos del Gobernador, donde se desglosan aquellos cumplidos al 100%, los que tienen avances y los próximos por iniciar. Bajo la denominación de “Indicadores del Bienestar” se registran y comparan los resultados en los programas agrupados en los cinco ejes del Plan de Desarrollo. Sin palabras, la panorámica que brindan los indicadores agrupados bajo el rubro de Resultados, puede ilustrar con claridad la diferencia con el gobierno de su antecesora, como por ejemplo, el incremento en la producción de maíz (casi 13 por ciento), de producción de carne porcina (9.6 por ciento), a los que se suman los multicitados más de 15 mil empleos formales creados durante 2013.

Hasta allá podríamos considerar que es “más de lo mismo”, quizá mejor presentado, con la aspiración de vincular la actuación gubernamental al Plan Estatal de Desarrollo y a los indicadores de gestión y de resultados que compromete. Pero donde me atrevo a considerar que se encuentra la semilla de un verdadero mecanismo de fiscalización social es en el apartado clasificado como “Contenido del 1er. Informe” y muy especialmente, en cuatro de sus Anexos: Registro Estadístico de la Gestión, Inversiones en Obra Pública, Anexo Financiero y Respuestas a las preguntas del H. Congreso.

Se puede revisar, por ejemplo, cuántos créditos del Fondo de Microcrédito del estado (FOMICY) fueron otorgados a los productores por municipio; o cuántos beneficiarios hubo en la entrega de insumos, herramientas y equipo agrícola vía el programa Peso a Peso; o dónde se entregaron los apoyos emergentes por exceso de humedad. O saber que hubo 81 beneficiarios de gasolina ribereña en el municipio de Dzilam de Bravo, etc. El faltante que salta a la vista es el de los nombres y apellidos de los recipiendarios, pero asumo que los interesados podrán solicitarlos con base en la información publicada.

Una vez más, el gobernante en turno afirma que en obra pública la inversión es “histórica” por su magnitud. Desgraciadamente, nos habíamos acostumbrado a que esas rutinarias aseveraciones contundentes no eran respaldadas por los hechos. La diferencia estriba ahora en que bajo el rubro de “Inversiones en Obra Pública” se puede encontrar un listado detallado de todas las obras que se ejecutaron en el periodo que se informa; su ubicación, costo y grado de avance, si es que todavía se encuentran en proceso. Este esfuerzo gubernamental es producto del Sistema de Seguimiento de Obra Pública, mecanismo de control interno y de rendición de cuentas que ha ido construyendo el gobierno del estado.

Así, se puede conocer dónde se encuentran los cacareados caminos saca-cosechas; registrar con pelos y señales dónde se construyeron los nuevos centros de salud, lo que se destinó a los inconclusos hospitales de Valladolid y Tekax y cuánto cuesta poner en marcha la Unidad Oncológica del Hospital O’Horán. Se pueden ubicar las acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas, o saber los montos de las obras de repavimentación del Paseo de Montejo o del paso elevado de Anikabil, junto a Ciudad Caucel.

El Anexo Financiero contiene una detallada información sobre el presupuesto ejercido, por partida específica; por ejemplo, los 88 millones de pesos ($88.268,169) erogados en arrendamiento de vehículos para servidores públicos. Se puede encontrar el desglose de las aportaciones a los municipios en sus distintos conceptos. Pero para mí lo más interesante corresponde al apartado de Deuda Pública, donde podemos constatar que el gobierno estatal canceló los adeudos con la banca comercial y los trasladó a Banobras, así como las calificaciones de riesgo crediticio emitidas por dos empresas calificadoras (HR Rating y Fitch), que analizan pormenorizadamente la condición crediticia de la entidad.

Dejo para el final lo que considero el más suculento bocado para la transparencia. Me refiero a la parte de “Respuestas a las Preguntas del H. Congreso” que los diputados hicieron al gobernador dentro de los plazos establecidos en la Constitución. Desafortunadamente no se menciona el origen partidista de quien formula la pregunta, pero, por ejemplo, en la respuesta 122 se relacionan nombres, cargos, dependencia y motivo de la acusación hacia los servidores públicos por presuntos cargos de corrupción. Y en la respuesta 126, la última, el Ejecutivo puntualiza que no existe investigación alguna contra Alejandro Menéndez Bojórquez, “… en virtud de que no se ha interpuesto ninguna denuncia formal…”.

¿Verdades a medias o completas? Sólo un ejercicio de análisis crítico de esta información nos lo podrá indicar. Hay un punto de partida en este esfuerzo gubernamental para dar a conocer su versión sobre el funcionamiento de la administración pública yucateca y sus resultados. Translúcida todavía, porque falta, por citar algunas carencias, el acceso a los padrones de beneficiarios. Para que sea un avance sustantivo y real hacia la transparencia, se necesita que la ciudadanía se apropie de esta información, la diseccione, afirme o corrija.- Mérida, Yucatán.