jueves, 26 de septiembre de 2013

Fenómenos naturales y organización social


Dulce María Sauri. Día a día se va desgranando el mes de septiembre. Ya no sólo es el del informe presidencial que lo inaugura, sino el de las Fiestas Patrias y desde hace casi 30 años, es el periodo que marca los azotes más fuertes que la naturaleza le ha dado a México: terremoto en el Distrito Federal, 19; huracán “Gilberto”, 12-14; ciclón “Isidoro”, 22.

En este año, dos fenómenos meteorológicos confluyeron en los dos océanos que abrazan las costas mexicanas. En el Pacífico, una tormenta tropical, “Manuel”, y en el Golfo de México, “Ingrid”. Ninguno llegó a emular a los gigantescos meteoros que viven en la memoria colectiva, pero el agua que descargaron provocó enormes daños a las viviendas, infraestructura y al patrimonio de miles de familias, en particular en Guerrero, uno de los estados más pobres del país.

De pronto, el debate nacional saturado por la discusión de la reforma fiscal, la propuesta en materia de energía y por las movilizaciones magisteriales contra la reforma educativa, compartió el interés público con las medidas de atención a las víctimas y en discutir y analizar si se pudo prever lo acontecido y, sobre todo, si hubo negligencia y corrupción que agravara el azote de la naturaleza.

Estoy convencida de erradicar de mi vocabulario el término “desastre natural”, porque éste implica una aceptación resignada de un fenómeno que no se puede prever y mucho menos enfrentar sus consecuencias. Una vez más, las grandes tragedias muestran que la diferencia en los saldos trágicos de pérdida de vidas, está asociada a una mayor o menor organización del conjunto de la sociedad. Basta recordar el enorme contraste entre la capacidad de reconstrucción de Japón, frente a las consecuencias del devastador sismo de magnitud 9.0, en marzo de 2011, y la forma como uno similar, aunque de menor intensidad (7.2 grados), afectó a Haití en enero de 2010, con un saldo de más de 320 mil personas fallecidas.

Pobreza, corrupción e incapacidad del gobierno para prever y aplicar las normas de seguridad, son una combinación letal. Desafortunadamente, ocultas tras una cortina que se rasga sólo hasta que acontece una tragedia de alta visibilidad. Entonces comienzan las denuncias: que si la Autopista del Sol, construida a principios de la década de 1990, está defectuosa en muchos de sus tramos; que si el Ayuntamiento concedió autorización para construir en la zona de manglares de Punta Diamante enormes edificios departamentales que impidieron el flujo regular de las aguas; que, haciendo caso omiso a los débiles llamados de las autoridades, muchas familias construyeron sus viviendas en los cauces secos de los ríos o en las inseguras laderas de las montañas, etcétera. Además, muchas de estas decisiones o de la actitud permisiva de las autoridades están salpicadas de sospechas de corrupción para hacerse de la vista gorda y otorgar licencias de construcción en terrenos que debían haberse conservado por seguridad.

¡Y qué decir de las “clientelas electorales”! En muchas ciudades del país no sólo se ha tolerado, sino auspiciado, la ocupación irregular de terrenos que carecen de servicios básicos. Precisamente para satisfacer las necesidades sociales de contar con un lugar para edificar su modesta casa, se crearon en los estados instituciones dedicadas a la ordenación del uso del suelo, de tal manera que se garantizara una correcta utilización de las reservas territoriales constituidas sobre terrenos ejidales. Pero, por lo visto, poco han ayudado en entidades como Guerrero.

En Yucatán nos sentimos un tanto al margen de estos problemas. Convivimos con la amenaza de los huracanes; los hemos sufrido, pero ahora sabemos que hay formas de prevenir su saldo lamentable en pérdidas de vidas humanas. No tenemos ríos superficiales, tampoco montañas, pensamos, lo que pasa en otras regiones no puede suceder aquí. Sin embargo, de ninguna manera estamos excluidos de la responsabilidad colectiva de prever, de enfrentar la realidad del cambio climático que trae consigo amenazas inéditas para la actual organización social.

Recuérdese el malestar que generó entre los propietarios de terrenos en la franja costera yucateca la norma que el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero de Yucatán, (Poetcy) incluyó para restringir cualquier construcción en una franja de 60 metros desde la orilla del mar. Se trata de proteger las dunas de arena, esas que muchas veces se remueven para tener vista a la playa desde las residencias veraniegas. Pero son precisamente estos montículos arenosos los que albergan la vegetación e impiden la erosión y la fácil incursión del mar tierra adentro.

La corrupción tiene también rostro de omisión. Es más fácil callar y conceder que establecer una norma y procurar su cumplimiento. Si como dice un viejo proverbio chino: “… El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo…”, ¿qué podemos sentir con un huracán cercano a las costas yucatecas? No es para angustiarse, sí para ocuparse en una mejor organización de carácter permanente, para que cuando la naturaleza nos alcance, el saldo sea menos elevado, que los daños se limiten al efecto natural del meteoro y no haya agregados por los abusos o las omisiones de la sociedad.- Mérida, Yucatán.

viernes, 20 de septiembre de 2013

Desde mi estrella, en 2061. Pensión universal para adultos mayores.

Dulce María Sauri Riancho
Han sido intensas las críticas sobre el llamado “paquete económico” 2014 que presentó el presidente Peña Nieto al Congreso de la Unión. Que no es reforma hacendaria, sino solamente una miscelánea que busca recaudar más recursos para un gobierno que se propone gastar más; que, si prospera, gravitará otra vez sobre los mismos causantes cautivos, en tanto que los ejércitos de los informales no serán molestados ni con el pétalo de una rosa. Muchos comentarios se han vertido en días pasados, antes que las comisiones de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reúnan y comiencen sus trabajos formales de dictaminación.
En medio de esta vorágine considero que se ha extraviado una de las propuestas más interesantes del “paquete” 2014, que rebasa con mucho la programación y el gasto anual y que, de prosperar, implicará el inicio de la creación de un sistema formal y estable de pensión universal para todas las personas mayores de 65 años que vivan en México. Quizá más de alguno de los lectores piense que no es más que otro programa asistencialista, con claros tintes de disputa de clientela electoral, en este caso, de los adultos mayores. Otros más encontrarán en la iniciativa un argumento para subrayar la propensión del gobierno al gasto corriente, en vez de dirigirlo a la inversión productiva, tal como mandata la Constitución. La iniciativa de Pensión Universal no es sólo gasto corriente ni mera asistencia social. Veamos por qué.
Hay coincidencia en que la población de México tiende a envejecer. Este fenómeno es consecuencia de una mayor esperanza de vida y de una natalidad decreciente. Esta combinación de más adultos mayores y menos niños refleja y a la vez marca muchos cambios en la forma de vida de las familias y de las instituciones del Estado que se encargan del bienestar social. ¿Quién se hace y se hará cargo de mantener y cuidar a los ancianos de la familia, cuando todos los adultos en edad productiva trabajan? ¿De dónde provendrán los ingresos para que las y los viejitos puedan solventar sus necesidades sin tener que depender de las ayudas de hijos y nietos?
La iniciativa de ley para crear la Pensión Universal señala que dos terceras partes de los mexicanos mayores de 65 años, alrededor de 5.6 millones de personas, nunca cotizaron al IMSS o al Issste y, por lo tanto, no cuentan con algún tipo de pensión. Diversos programas federales y estatales han tratado de paliar esta situación de indefensión, que afecta principalmente a las mujeres que siempre trabajaron en labores del hogar. Es la razón de programas como Pensión para Adultos Mayores (65 y más) de la Sedesol, Setenta y Más (en zonas rurales), o el extinto Reconocer del gobierno estatal anterior. En promedio, cada beneficiario recibe alrededor de 600 pesos mensuales, claramente insuficiente para resolver problemas de alimentación y adquirir medicamentos, principalmente. Por si fuera poco, estos programas dependen de la aprobación anual que haga el Congreso, a propuesta del gobernador o del presidente de la República.
La iniciativa presentada por el presidente Peña Nieto plantea atender a todas las personas mayores de 65 años que carezcan de pensión del IMSS o del Issste y que tengan un ingreso mensual igual o inferior a 15 salarios mínimos. Propone la suma de todos los programas estatales y federales que actualmente atienden a los adultos mayores, mediante un proceso gradual que habrá de culminar dentro de 15 años, es decir, en 2029. Se trata no sólo de poner orden en las desarticuladas estrategias de atención a los ancianos, sino también de darles sustentabilidad y asegurar permanencia.
Pero, ¿qué pasará con los jóvenes, cuando lleguen a la tercera edad? La respuesta de la iniciativa es muy interesante, pues tiene que ver con la previsión y el ahorro forzoso que el gobierno se auto-impondrá para poder garantizar que, cuando esas personas alcancen los 65 años, habrá recursos públicos para poderlos pensionar sin que provengan del presupuesto gubernamental de cada año. Para este propósito, el gobierno federal se compromete a crear un fideicomiso con carácter irrevocable (es decir, que no puede sacar el dinero una vez que lo deposite) en el Banco de México, con un monto anual de recursos equivalentes al número de jóvenes que a partir de 2014 cumplan 18 años de edad. Esto significa que el gobierno depositará anualmente una cantidad (estimada en 4 mil millones de pesos para 2014), que no comenzará a ser utilizada sino hasta el año 2061, cuando los nacidos en 1996 alcancen los 65 años. Mientras, en el presupuesto de egresos de la federación de cada año, habrá una partida especial para atender a los que vayan cumpliendo la edad requerida y carezcan de pensión.
Desde mi estrella contemplaré los pagos con cargo al fideicomiso del Banco de México en 2061, como la inmensa mayoría de ustedes, amigos lectores. Pero así se forjan las instituciones, mediante un proceso gradual y sostenido a lo largo de los años. En tanto esto suceda, el fideicomiso ayudará seguramente a impulsar la inversión productiva del país, pues los recursos depositados se podrán poner a trabajar bajo ciertos requisitos fijados en la ley. Así, la iniciativa de Pensión Universal cumplirá con los propósitos de justicia y de fomentar la inversión y el ahorro para el futuro.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 11 de septiembre de 2013

Nuevo o viejo PRI, los cambios posibles.

Dulce María Sauri Riancho

Hace 10 meses la expectación rondaba el cambio de gobierno. Los adversarios del triunfante PRI proclamaban el retorno de las viejas prácticas autoritarias atribuidas al partido que había gobernado México hasta 2000. Otros, militantes priístas de visión anclada en el pasado, creían fielmente en que la abultada experiencia sería suficiente para poner orden donde parecía imperar el caos provocado por las deficiencias del gobierno panista. Entre las visiones extremas de la amenaza del regreso y la nostalgia del pasado, la mayoría ciudadana estaba a la expectativa de la actuación de los nuevos funcionarios, dividida entre la esperanza de que pudieran enmendar los errores de quienes se iban y el temor de que no hubieran aprendido la lección de la derrota electoral y que, una vez más, defraudaran esa frágil confianza restaurada.

Cuarenta semanas han bastado para mostrar con claridad que si hubo en Peña Nieto o en alguno de sus consejeros la peregrina idea de que llegarían a gobernar a la misma sociedad que había dejado el PRI en 2000, ésta quedó disipada en los primeros días. La magnitud de los cambios exigió el diseño de un nuevo instrumento político de entendimiento con las oposiciones, el Pacto por México. Fue conformado como primer acto simbólico de las transformaciones políticas que había vivido el país, donde la unilateralidad y la imposición resultan inviables. En el Congreso, si bien el PRI y sus aliados contaban con la mayoría, fue indispensable construir consensos para impulsar los temas legislativos no sólo para las reformas constitucionales que requieren forzosamente una mayoría calificada, sino también para aprobar algunas reformas o nuevas leyes. Las cámaras de Diputados y Senadores muy pronto mostraron que tienen sus propios criterios y tiempos para abordar y resolver sus asuntos, por lo que la prisa de una de ellas no necesariamente se refleja en diligencia y prontitud de la colegisladora, como sucedió recientemente con la Ley General del Servicio Profesional Docente. Las mismas relaciones entre el Presidente de la República y los gobernadores se han modificado profundamente, aunque la mayoría de éstos sean sus correligionarios.

El conflicto magisterial, que en vez de menguar sube en intensidad y amplitud, ilustra con contundencia la dificultad de impulsar una agenda de cambios que altere los precarios equilibrios mantenidos desde la llegada del PAN a la presidencia de la República. Se fue Elba Esther de la dirigencia y ya sin el contrapeso del SNTE en las escuelas y en las calles, la Coordinadora (CNTE), su rival histórico, tomó plazas, incluyendo el Zócalo de la ciudad de México, y amaga ahora con paralizar las labores en muchas escuelas públicas del país, incluyendo en aquellas regiones como Yucatán, con abrumador predominio de los maestros afiliados al SNTE. Hasta ahora, de poco ha valido la experiencia histórica de los gobiernos priístas en su trato con la representación de los maestros. Los agitados días vividos en la capital de la república, incluyendo bloqueos a su aeropuerto, recuerdan la tempestuosa etapa que siguió a la elección de 1988, que concluyó una vez que se concertó un acuerdo político entre el PAN y el presidente Salinas de Gortari.

La resistencia a las reformas en materia de energía, en particular del petróleo, muestra una capacidad de movilización que no pueden pasar por alto las autoridades gubernamentales. La reforma de telecomunicaciones está en espera de la integración de su nuevo órgano regulador, antes de acometer la complejísima tarea de elaborar la legislación secundaria, que es la que dará o no viabilidad a estos cambios que también han causado malestar al poderoso grupo empresarial de las televisoras y telefonía del país.

En este escenario, el presidente Peña Nieto presentó el domingo pasado el llamado “paquete económico”, que incluye los criterios generales de política económica para 2014, las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como reformas a las leyes del Impuesto sobre la Renta, de Producción y Servicios, entre otras. Las reacciones no se han hecho esperar, en particular entre los representantes de los grandes grupos empresariales que se asumen afectados por la pretensión de poner fin al régimen de consolidación fiscal, que les permite deducir pérdidas de las empresas del conglomerado para no pagar por las utilidades obtenidas en otras áreas de la corporación. Nadie puede negar que las aguas empresariales también estarán muy agitadas en las próximas semanas. El cabildeo en el Congreso será intenso; entonces se pretenderán “cobrar” patrocinios y ayudas de campaña. ¿Quién podrá más: la iniciativa presidencial o los compromisos adquiridos durante las campañas? No tardaremos mucho en ver los resultados.

Un nuevo protagonista está irrumpiendo en el escenario de reclamaciones y presiones que se viene configurando a lo largo y ancho del país: las clases medias urbanas, acicateadas por medidas fiscales que les afectan. Dotadas como nunca de la capacidad de movilización que les brindan las nuevas tecnologías, aparecen dispuestas a hacer frente a lo que consideran abusos o yerros de partidos y gobernantes.


Izquierda, derechas y PAN, maestros, empresarios, ciudadanos preocupados por la reforma energética o por la recesión en ciernes, todos se expresan en los medios, en la calle, en las marchas o en los oscuros pasillos del cabildeo. ¡Qué lejos se encuentra aquella sociedad silenciosa que asistió a la estatización de la banca en 1982! O más cerca, en 1995, cuando por última vez el PRI usó su mayoría para salvar la economía del “error de diciembre”, a costa de perder la presidencia cinco años después. Ante esta nueva realidad sólo queda el difícil e intrincado camino de la negociación y el acuerdo. No sólo por cuestiones éticas, sino sencillamente por viabilidad política. “… A la fuerza, ni los zapatos…”, dice el refrán.- Mérida, Yucatán.