miércoles, 11 de septiembre de 2013

Nuevo o viejo PRI, los cambios posibles.

Dulce María Sauri Riancho

Hace 10 meses la expectación rondaba el cambio de gobierno. Los adversarios del triunfante PRI proclamaban el retorno de las viejas prácticas autoritarias atribuidas al partido que había gobernado México hasta 2000. Otros, militantes priístas de visión anclada en el pasado, creían fielmente en que la abultada experiencia sería suficiente para poner orden donde parecía imperar el caos provocado por las deficiencias del gobierno panista. Entre las visiones extremas de la amenaza del regreso y la nostalgia del pasado, la mayoría ciudadana estaba a la expectativa de la actuación de los nuevos funcionarios, dividida entre la esperanza de que pudieran enmendar los errores de quienes se iban y el temor de que no hubieran aprendido la lección de la derrota electoral y que, una vez más, defraudaran esa frágil confianza restaurada.

Cuarenta semanas han bastado para mostrar con claridad que si hubo en Peña Nieto o en alguno de sus consejeros la peregrina idea de que llegarían a gobernar a la misma sociedad que había dejado el PRI en 2000, ésta quedó disipada en los primeros días. La magnitud de los cambios exigió el diseño de un nuevo instrumento político de entendimiento con las oposiciones, el Pacto por México. Fue conformado como primer acto simbólico de las transformaciones políticas que había vivido el país, donde la unilateralidad y la imposición resultan inviables. En el Congreso, si bien el PRI y sus aliados contaban con la mayoría, fue indispensable construir consensos para impulsar los temas legislativos no sólo para las reformas constitucionales que requieren forzosamente una mayoría calificada, sino también para aprobar algunas reformas o nuevas leyes. Las cámaras de Diputados y Senadores muy pronto mostraron que tienen sus propios criterios y tiempos para abordar y resolver sus asuntos, por lo que la prisa de una de ellas no necesariamente se refleja en diligencia y prontitud de la colegisladora, como sucedió recientemente con la Ley General del Servicio Profesional Docente. Las mismas relaciones entre el Presidente de la República y los gobernadores se han modificado profundamente, aunque la mayoría de éstos sean sus correligionarios.

El conflicto magisterial, que en vez de menguar sube en intensidad y amplitud, ilustra con contundencia la dificultad de impulsar una agenda de cambios que altere los precarios equilibrios mantenidos desde la llegada del PAN a la presidencia de la República. Se fue Elba Esther de la dirigencia y ya sin el contrapeso del SNTE en las escuelas y en las calles, la Coordinadora (CNTE), su rival histórico, tomó plazas, incluyendo el Zócalo de la ciudad de México, y amaga ahora con paralizar las labores en muchas escuelas públicas del país, incluyendo en aquellas regiones como Yucatán, con abrumador predominio de los maestros afiliados al SNTE. Hasta ahora, de poco ha valido la experiencia histórica de los gobiernos priístas en su trato con la representación de los maestros. Los agitados días vividos en la capital de la república, incluyendo bloqueos a su aeropuerto, recuerdan la tempestuosa etapa que siguió a la elección de 1988, que concluyó una vez que se concertó un acuerdo político entre el PAN y el presidente Salinas de Gortari.

La resistencia a las reformas en materia de energía, en particular del petróleo, muestra una capacidad de movilización que no pueden pasar por alto las autoridades gubernamentales. La reforma de telecomunicaciones está en espera de la integración de su nuevo órgano regulador, antes de acometer la complejísima tarea de elaborar la legislación secundaria, que es la que dará o no viabilidad a estos cambios que también han causado malestar al poderoso grupo empresarial de las televisoras y telefonía del país.

En este escenario, el presidente Peña Nieto presentó el domingo pasado el llamado “paquete económico”, que incluye los criterios generales de política económica para 2014, las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como reformas a las leyes del Impuesto sobre la Renta, de Producción y Servicios, entre otras. Las reacciones no se han hecho esperar, en particular entre los representantes de los grandes grupos empresariales que se asumen afectados por la pretensión de poner fin al régimen de consolidación fiscal, que les permite deducir pérdidas de las empresas del conglomerado para no pagar por las utilidades obtenidas en otras áreas de la corporación. Nadie puede negar que las aguas empresariales también estarán muy agitadas en las próximas semanas. El cabildeo en el Congreso será intenso; entonces se pretenderán “cobrar” patrocinios y ayudas de campaña. ¿Quién podrá más: la iniciativa presidencial o los compromisos adquiridos durante las campañas? No tardaremos mucho en ver los resultados.

Un nuevo protagonista está irrumpiendo en el escenario de reclamaciones y presiones que se viene configurando a lo largo y ancho del país: las clases medias urbanas, acicateadas por medidas fiscales que les afectan. Dotadas como nunca de la capacidad de movilización que les brindan las nuevas tecnologías, aparecen dispuestas a hacer frente a lo que consideran abusos o yerros de partidos y gobernantes.


Izquierda, derechas y PAN, maestros, empresarios, ciudadanos preocupados por la reforma energética o por la recesión en ciernes, todos se expresan en los medios, en la calle, en las marchas o en los oscuros pasillos del cabildeo. ¡Qué lejos se encuentra aquella sociedad silenciosa que asistió a la estatización de la banca en 1982! O más cerca, en 1995, cuando por última vez el PRI usó su mayoría para salvar la economía del “error de diciembre”, a costa de perder la presidencia cinco años después. Ante esta nueva realidad sólo queda el difícil e intrincado camino de la negociación y el acuerdo. No sólo por cuestiones éticas, sino sencillamente por viabilidad política. “… A la fuerza, ni los zapatos…”, dice el refrán.- Mérida, Yucatán.