miércoles, 24 de abril de 2013

Más que Cruzada contra el Hambre, urgente movilidad social.


Dulce María Sauri Riancho
¿Qué es la Cruzada contra el Hambre? ¿Una estrategia nacional para eliminar las carencias de alimentos? ¿Trabajará con los más pobres, que generalmente habitan las regiones más apartadas y en pequeños asentamientos dispersos a lo largo de la difícil orografía de las sierras que cortan el país? ¿O se instalará en las ciudades más grandes, donde no falta comida, sino dinero para poder adquirirla? ¿O será una “etiqueta” que se pegará a todos los programas sociales actualmente existentes, como sucedió con Solidaridad en su momento? En estos últimos días, la Cruzada se ha transformado en un “acuerdo integral para el desarrollo social incluyente”, es decir, que las acciones encaminadas a ejercer en forma efectiva el derecho a la alimentación suficiente y nutritiva que consagra el artículo 4o. de la Constitución, compartirán atención y recursos presupuestales con otros muchos programas sociales del gobierno federal y con los procesos electorales en catorce entidades de la república.
Tengo muchas reservas hacia la Cruzada. Su nombre tiene un tufillo medieval del que no logra desprenderse. Tal vez hubiera sido mejor copiar completo el exitoso programa brasileño -Hambre Cero- incluyendo su denominación. Pero eso es lo de menos. Los problemas comienzan cuando se revisa con atención el propósito central y se percibe su propensión a caer en las acciones asistenciales de reparto de despensas, materiales de construcción, láminas de cartón, entre otras. Le sumamos a la Cruzada su desvinculación de los programas que se han aplicado en los últimos dieciséis años para combatir la pobreza en México. Me refiero al programa estrella de las administraciones federales, que nació en 1997 bajo la denominación de Progresa, transformado en Oportunidades en 2001. Se suponía que por su diseño impecable, en que las familias que ingresaban eran seleccionadas mediante una encuesta socioeconómica que permitía calificar su situación, estaba blindado contra cualquier desviación de su propósito central, que era y es, romper el círculo de reproducción intergeneracional de la pobreza. En la actualidad, Oportunidades atiende a 5.8 millones de familias en todo el país, ciento cincuenta mil en Yucatán, la misma cantidad que en 2012. Quiere decir que uno de cada tres hogares de México -y proporción equivalente en Yucatán- recibe apoyos y subsidios de alimentación, becas escolares, ayuda para combustible, apoyo para adultos mayores, entre los más importantes. Además, Oportunidades concentra el más elevado monto de recursos públicos de todos los programas sociales del gobierno federal, más de 66 mil millones de pesos en 2013, dos veces el presupuesto total del estado de Yucatán. Pero ni el esfuerzo sostenido por más de tres lustros, ni los cuantiosos recursos han logrado el éxito en su propósito de evitar que la pobreza se herede de padres a hijos. Un estudio reciente, el Informe sobre movilidad social en México 2013. Imagina tu futuro, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, muestra que de cada 100 niños que nacen en la pobreza, 48, poco menos de la mitad, morirán en la misma situación y sólo cuatro de cada 100 llegarán algún día a ser ricos. Setenta y dos niños nacidos en un hogar pobre no estudiarán ni la secundaria completa, sólo 11 llegarán a la preparatoria y apenas cinco de ellos tendrán un título universitario. En cambio, en el 20% de las familias más ricas, de cada 100 niños, 33, una tercera parte, serán profesionales y otros treinta y nueve, lograrán la preparatoria terminada, cuando menos.
Cuando los hijos crecen e ingresan al mercado laboral, las desventajas de la infancia en pobreza se agudizan. Ocho de cada 10 personas de menores ingresos se dedica a actividades agrícolas o manuales de baja calificación. Impresiona el dato que la probabilidad de un hijo de una familia en esas condiciones ocupacionales llegue a tener un trabajo no manual y de alta calificación, es sólo de seis entre 100. En consecuencia, es posible afirmar que México tiene una movilidad social baja, sobre todo en los extremos: los más pobres difícilmente salen de esa condición y los más ricos suelen quedarse así.
Considero que como sociedad hemos diagnosticado mal el problema y por eso los gobiernos aplican programas que se concentran en la asistencia para paliar las consecuencias más graves de esta situación, como son el hambre y la desnutrición. Aun si se alcanzara la meta de “hambre cero”, entendida como la disposición suficiente y oportuna de alimentos de calidad para toda la población, subsistiría el efecto demoledor de la desigualdad y la falta de oportunidades de trabajo decente, con ingresos que permitan sostener con dignidad a la familia. La igualdad de oportunidades requiere cambios en el terreno de la economía, que privilegien la creación de empleos, el desarrollo del mercado interno y políticas de redistribución del ingreso para generar una fuerte clase media en el país. El Estado tiene un conjunto de instrumentos de política pública para hacerlo posible. Falta visión, decisión y compromiso político para deslindar las acciones de asistencia a los más vulnerables, de aquellas dirigidas a crear verdaderas oportunidades para el futuro: buena escuela, buen empleo. Entre repartir miles de pares de zapatos al inicio del año escolar, a que los padres de familia tengan el dinero suficiente para comprárselos a sus hijos cuando los necesiten, apostemos a lo segundo.- Mérida, Yucatán.

jueves, 18 de abril de 2013

¿A dónde se va?... Agua y drenaje


Dulce María Sauri Riancho

Hace unos días fui al cine a ver una película de ciencia ficción que se llama “Oblivion”, que para los anglohablantes quiere decir “olvido”. La historia se desarrolla en el año 2077, 70 años después de que la Tierra fuera invadida por alienígenas en busca de energía para su supervivencia. Después de una dura batalla en que se emplearon a discreción las armas nucleares, los humanos se vieron obligados a emigrar a Titán, el mayor satélite de Saturno. La colonia humana allá establecida requería de agua, por lo que dejaron a un grupo responsabilizado de extraer los recursos hídricos de su antiguo hogar para transferirlos a su nuevo destino. Después de una trepidante acción, en que los “drones” (aviones no tripulados) juegan un papel estelar, se revela que quienes en realidad se beneficiaban con este proyecto eran los invasores, que utilizaban el ingenio humano para llevar hasta su base lunar el preciado líquido. No les cuento el previsible final porque quiero destacar el protagonismo del agua, cuya disputa ha traído y traerá en el futuro confrontaciones bélicas entre países y en la película, hasta escala interplanetaria.

Para los yucatecos que vivimos en la parte norte de la península, cerca de las costas, el agua está tan cerca como un pozo excavado a una profundidad menor de 10 metros. Es cierto que el estado no dispone de aguas superficiales -ríos, lagos, represas-, pero tiene una importantísima reserva acuífera en el subsuelo. Disponer de agua no garantiza necesariamente su calidad o que llegue hasta los hogares. Decía un viejo político: “Dios nos da el agua, pero no la entuba”, como una manera de subrayar la importancia de los sistemas de agua potable para la salud y el desarrollo de una población.

Generalizar el acceso al agua potable en todo Yucatán ha sido una batalla de muchos años que ha tenido que combinar recursos públicos suficientes para la construcción de los sistemas, con un cambio cultural de gran importancia, pues para muchos yucatecos era inadmisible tener que pagar por lo que fácilmente podían sacar del pozo de su casa. Aunque todavía no podemos presumir de haber ganado completamente esta lucha, las estadísticas de disminución de enfermedades diarreicas y de muertes infantiles por esa causa hablan de lo mucho que se ha avanzado. Entonces, ¿dónde está ahora el problema? Se localiza en las “aguas servidas”, que son, como su nombre lo indica, los restos que quedan después de que nos sirven para comer, regar, bañarnos, etcétera. Para eliminarlas usamos los sanitarios, los pozos colectores de la lluvia (pesadilla de los ayuntamientos y de los vecinos) o -todavía- los patios de las casas. Las principales ciudades yucatecas tienen lo que conocemos como “fosas sépticas” para depositar los líquidos residuales; cuando éstas se llenan con los residuos sólidos, pasa una empresa especializada que los extrae y los lleva -en el caso de Mérida- a tirar en unas lagunas donde reciben tratamiento. Pero en otros casos, la cañería del drenaje estaba -o está- conectada directamente al subsuelo. La noble piedra caliza del norte de Yucatán actúa como filtro natural, pero hasta cierto punto, por lo que desde hace un buen número de años, una y otra vez se han lanzado reiteradas alertas sobre el alto grado de contaminación de nuestro más valioso recurso, como es el agua dulce depositada en las entrañas de la Tierra. Tomar agua de un pozo superficial en Mérida y sus alrededores, sin hervirla, es ahora jugarse la vida por el riesgo de sufrir salmonelosis o alguna otra grave enfermedad. Eso lo hemos causado por no resolver el problema del drenaje en Mérida y menos aún en las otras ciudades del estado.

Hubo desde hace más de 60 años una experiencia exitosa sobre cómo construir un sistema de recolección y tratamiento de las aguas negras en una colonia de Mérida, la Miguel Alemán, que desde su fundación tuvo su planta, donde los residuos líquidos eran “limpiados” e inyectados a gran profundidad para que las rocas y los años hicieran su parte. Ahora hay un nuevo ordenamiento urbanístico que obliga a los nuevos desarrollos a garantizar no sólo el suministro de agua potable sino también la disposición adecuada de las aguas servidas. Pero en la mayor parte de la mancha urbana siguen imperando fosas y sumideros que, sin el debido control de las autoridades, contaminan el manto freático. Una solución convencional de este problema, como sería establecer una red colectora y conectarse a una planta de tratamiento es inviable para la zona céntrica de Mérida. No bastaría resolver el tema del bombeo o el de excavar todas las calles para la introducción de la tubería. Implicaría romper en el interior de las casas para poderse conectar a la red, pues la mayoría tienen sus fosas sépticas en los patios o en la parte trasera de sus viviendas. Ingenieros y planificadores urbanos tienen que encontrar una respuesta creativa a este grave problema. Pero mientras se logra generar un proyecto viable, lo menos que podemos exigir a las autoridades municipales y estatales es que vigilen las nuevas construcciones en la parte interna del anillo periférico. No es aceptable ni debiera ser posible construir casas a una cuadra de la calle 60, nuevecitas, elegantes, pero sin fosa séptica ni drenaje. ¡Qué horror!- Mérida, Yucatán.

miércoles, 10 de abril de 2013

"Refrescar" al campo en Yucatán

Dulce María Sauri Riancho
Hoy es el aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, hace 94 años. México y Yucatán eran muy distintos entonces. El campo y la población rural, su situación y rezago, habían motivado una revolución de la que se desprendió un nuevo orden para procurar el bienestar colectivo. Hubo notables avances, sí, pero el saldo a la fecha no es favorable para la mayoría de quienes todavía viven en los miles de pueblos dispersos por todo el país y obtienen de la tierra el sustento para sus familias. En Yucatán, al igual que en otras partes de México, es en las pequeñas localidades y la producción rural donde se concentran los mayores rezagos que lastiman a la sociedad yucateca y frenan su futuro. El Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 asume esta realidad y establece como objetivo de primer orden dinamizar la producción agropecuaria y mejorar el ingreso y las condiciones de vida de la población rural. Nada hay que señalar o cambiar en estos propósitos. Los problemas empiezan a cobrar cuerpo tan pronto empezamos a desbrozar los detalles de esta situación y se tornan críticos a la hora de definir cómo y con quiénes se hará el indispensable cambio de rumbo en el campo de Yucatán.
Hace 50 años más de la mitad de los yucatecos vivía del henequén o de la milpa para producir maíz. Entonces, la mayoría de las personas radicaba en pequeños pueblos o en centros semiurbanos, con menos de 15 mil vecinos. La única ciudad con servicios y población suficiente para serlo era la capital, Mérida y, en menor medida, Valladolid y Tizimín. Medio siglo después, los números se invirtieron. En la actualidad, sólo uno de cada seis yucatecos vive en poblaciones consideradas rurales. Y una de cada ocho personas que trabajan, que equivalen a 100 mil, vive del campo o se dedica a la pesca en el mar. Hasta aquí los números no nos transmiten problemas. Éstos aparecen cuando nos enteramos que de esos trabajadores del sector primario sólo 10 mil, uno de cada 10, utilizan tecnología moderna, incluyendo el riego o la pesca en embarcaciones equipadas, mientras los 90 mil restantes siguen aplicando métodos tradicionales que les permiten sobrevivir. y nada más. Este esfuerzo colectivo en condiciones tan poco favorables se traduce en una magra contribución a la riqueza del conjunto, que se mide a través del PIB (Producto Interno Bruto), de sólo cuatro pesos por cada 100 que se generan en Yucatán.
La población trabajadora del campo yucateco es -en promedio- de mayor edad que las que laboran en la industria o en los servicios. La edad de quienes trabajan en todo el Estado ronda los 38 años, pero en la zona rural rebasa los cincuenta años. El mensaje de estas cifras es grave: la agricultura y la ganadería, y en alguna medida la pesca de litoral se han vuelto actividades para los adultos mayores, es decir, casi ancianos. La mayor parte de las personas que permanecen en los pueblos, hombres y mujeres, tiene en sus derechos ejidales o en la titularidad de una pequeña parcela su principal motivo para quedarse y cuidar de lo que es, quizá, su única propiedad. Pero no implica necesariamente que la trabajen, bien sea por falta de créditos, por lo caro que resultan los insumos, por la escasa cosecha que obtienen o porque, sencillamente, ya no tienen fuerzas para hacerlo. Además, las familias crecieron; los hijos, y especialmente los nietos, ya no encontraron cabida en el trabajo de la tierra que, de por sí, resultaba insuficiente para vivir con holgura. Los jóvenes prefieren vivir en la ciudad cercana a su pueblo, o deciden establecerse en Mérida o, todavía más, se suman a los “trabajadores semaneros” que laboran en Quintana Roo. Otros, los más osados, se arriesgan a cruzar la frontera con los Estados Unidos en busca de mejores ingresos.
De allí que en el campo y en la actividad agropecuaria se vive un triple proceso de deterioro productivo: el primero, que es la despoblación en números absolutos y relativos, porque las personas han dejado el pueblo y la producción agrícola, para vivir y trabajar en los centros urbanos; la segunda, por el envejecimiento de la población rural; y el tercero, por la reticencia respecto a los cambios productivos, por la falta de acceso a créditos, a asesorías técnicas, por el desconocimiento de los mercados.
Las innovaciones tecnológicas, la nueva organización para el campo, difícilmente serían aceptadas por quienes ya tienen toda una vida haciendo las cosas de una manera. Por otra parte, ni siquiera los jóvenes egresados de las escuelas técnicas y de los tecnológicos agropecuarios tienen opción de aplicar sus conocimientos, pues no tienen tierra disponible para trabajar, ni para entregarla en garantía de los créditos que necesitan para iniciar la producción sobre nuevas bases.
Enfrentar esta situación requiere de políticas imaginativas para rejuvenecer el campo yucateco. Eso no implica de manera alguna lesionar a los adultos que han dejado vida y salud en la milpa o en la apicultura. Hay formas de conciliar y “refrescar” en términos de edad, conocimientos y expectativas las 30 mil hectáreas que comprometió el gobierno federal para Yucatán en los próximos seis años.
Epílogo. Demasiado pronto se fue el “Bonch”. Extrañaré su agudeza en la pluma y los sueños de sus ideas para cambiar el mundo.- Mérida, Yucatán.

jueves, 4 de abril de 2013

El crecimiento vertical de Mérida

Dulce María Sauri
Un gran plano encabezaba la nota del Diario de Yucatán el martes pasado: “Mérida, de verde a gris”. En pocas palabras, narraba lo acontecido con la ciudad de “palmeras y veletas”, esas que han quedado desplazadas por la mancha de cemento que cubre amplias extensiones del área urbana.
El libro producido conjuntamente por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac-Mayab y el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), constituye una seria llamada de alerta ante una situación que amenaza la calidad de vida de todos los habitantes de la capital del Estado. El llamado “déficit verde” se acentúa en los nuevos fraccionamientos de viviendas de interés social, donde los parques y jardines arbolados brillan por su ausencia.
Desde que se construyó el fraccionamiento Pacabtún a finales de la década de 1970, por los cuatro rumbos cardinales de Mérida han surgido desarrollos habitacionales financiados fundamentalmente con recursos del Infonavit.
Y se ha anunciado el arranque de un nuevo megaproyecto en el municipio de Ucú. Se intenta abatir el rezago de vivienda de la población trabajadora, la que tiene derecho por sus cotizaciones a recibir un crédito y a adquirir una casa. Como la mayoría de los yucatecos gana menos de dos salarios mínimos, el tipo y tamaño de la construcción debe responder a estas modestas posibilidades.
Ante este panorama, es posible pensar que el problema de la falta de áreas verdes tiene solución relativamente fácil; que basta con hacer cumplir la norma a los desarrolladores y que el municipio -y en algunos casos, el Estado- construya y mantenga los parques y jardines. Pero las cosas no son tan sencillas. Hay dos elementos que es necesario examinar con detalle para dimensionar el tamaño del reto que tiene ante sí el desarrollo de Mérida.
El primero de ellos tiene que ver con el fenómeno creciente de casas vacías. “Mérida Metropolitana. Propuesta integral de desarrollo”, elaborado por la Fundación Plan Estratégico de Mérida, señala que en la zona metropolitana de la ciudad capital ¡quince de cada cien viviendas están desocupadas! Este porcentaje sube hasta un alarmante veintidós por ciento para Kanasín, municipio donde se han edificado los desarrollos habitacionales de calidad más deficiente en los últimos años.
¿Qué lleva a una persona a adquirir una casa y a no ocuparla? Varias pueden ser las respuestas. Algunos lo han hecho como una forma de ejercer su crédito de vivienda, creyendo que al no hacerlo, perderán una oportunidad. Otros más la compran con la determinación de instalarse, pero resulta que está muy lejos del trabajo o de la escuela de los hijos; que gastan mucho en transporte, que faltan servicios o que la seguridad es deficiente. Y prefieren regresar a su anterior vivienda, así haya sido de alquiler, o volver de “arrimados” a casa de algún pariente.
Pero, ¿hay demanda real de casas para los fraccionamientos de interés social? ¿Se deben abrir nuevos desarrollos, cuando todavía algunos como Ciudad Caucel, tienen todavía grandes superficies por construir? Y sobre todo, ¿se ha analizado el fenómeno de casas desocupadas en los nuevos fraccionamientos de la zona metropolitana de Mérida?
El otro desafío es el relativo al cambio de política acerca de los desarrollos de vivienda financiados por Infonavit. El instituto está agobiado por los problemas de encarecimiento de la tierra que ha llevado a instalar grandes conglomerados de casas-habitación de interés social muy distantes de las ciudades: esta lejanía ha motivado el abandono de muchos predios, que han sido objeto de robos y vandalismo.
Parece que la solución pasa por lo que se llama “densificación”, que en buen castellano significa hacer edificios de departamentos, en vez de casas o dúplex. Sólo si se cumple con ese requisito podrán los desarrolladores recibir el subsidio gubernamental para la vivienda de interés social.
Ahora bien, una determinación de esta naturaleza afectará gravemente la calidad de vida para amplios sectores de la población de Mérida. A los temas del clima, las costumbres de la hamaca y de la falta de áreas verdes, se le sumará el entierro de la esperanza de muchos adquirientes de casas populares para hacer que su vivienda crezca: un nuevo cuarto, un segundo piso.
Los mexicanos, en especial los yucatecos, nunca terminamos de construir la casa; siempre hay razón para aumentar, modificar, mejorar. Es una forma de ahorro familiar que se traduce en bienestar colectivo. Si no ponemos un alto, las grises planchas de cemento que se extienden sobre el suelo, ahora lo harán también hacia el cielo meridano. Más pronto que tarde, esas concentraciones podrán motivar comportamientos sociales indeseables para la sana convivencia.
Sería poco responsable anteponer los intereses de los desarrolladores de vivienda popular, por más legítimos que sean, a los de la sociedad en su conjunto. Mérida no lo merece; no lo necesita. Tiene otro futuro, mucho mejor, si sabemos enfrentar estas medidas y superarlas con propuestas “verdes”, “azules”, “rojas”, de todo el arcoiris para ser una ciudad vivible y amada por sus habitantes.- Mérida, Yucatán.