jueves, 28 de febrero de 2013

Mérida, el futuro nos alcanzó.


Urgencias y planeación
Dulce María Sauri Riancho
Estamos en los tiempos de la formulación de planes y programas. Hace unos días, el 14 de febrero, el gobernador Rolando Zapata Bello instaló el Consejo Estatal de Planeación, que de inmediato se avocó a la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, el cual deberá ser presentado al Congreso del Estado a más tardar el 30 de marzo. La sociedad yucatecaquiere participar en las decisiones que afectan su futuro. El gobierno puede abrir cauces efectivos a esa participación, sin subterfugios o simulaciones, como lamentablemente vivimos en la administración pasada.
Una muestra de la eficacia de los organismos de la sociedad civil en la planeación y diseño de las políticas públicas la tuvimos el pasado lunes 25, cuando la Fundación Plan Estratégico de Yucatán entregó la edición en formato de libro de su estudio Mérida Metropolitana. Es el resultado de varios años de trabajo por parte de un grupo de 25 expertos pertenecientes a organizaciones académicas, organismos privados y funcionarios públicos, bajo la coordinación del maestro Jorge Bolio Osés y del doctor Alfonso Iracheta.
De una primera lectura se desprende una sensación de privilegio por ser vecinos de Mérida, pero también genera un sentimiento de zozobra, sintetizado en la afirmación de uno de los coordinadores durante la presentación: en Mérida, el futuro nos alcanzó. Son los problemas típicos de las ciudades medianas que, de no atenderse, pueden abonar a su descomposición.
Con el ánimo de facilitar a los lectores el ejercicio de diagnóstico sobre el cual se sustenta esta preocupante aseveración, entresacaré algunos elementos dignos, a mi juicio, de una mayor reflexión.
Dicen los expertos en urbanismo y población que entre 2013 y 2030 se requerirían 107,000 nuevas viviendas para atender las necesidades del crecimiento poblacional en los seis municipios que integran la zona metropolitana: Mérida, Kanasín, Umán, Conkal, Ucú y Progreso. El dato relevante que nos aporta el estudio es que, en 2010, había 51,000 viviendas NO OCUPADAS en Mérida, en la mayoría de los casos por problemas en su construcción, por falta de servicios en las zonas en que se localizan o por la lejanía del Centro y de las áreas de actividad de los propietarios. Es decir, que desde ahora se dispone de la mitad de las casas-habitación que se necesitarían en los próximos 18 años y que si consideramos el ritmo de construcción de nuevas viviendas de varios años a la fecha -12,000 unidades al año; 9,000 en los seis municipios conurbados- en un plazo de cinco años se habrán satisfecho las posibles necesidades de los siguientes 15 años.
El crecimiento de viviendas hasta hace poco tiempo constituyó un círculo virtuoso que dinamizó la economía estatal y resolvió problemas ingentes, pero está a punto de convertirse en un proceso negativo. La dispersión poblacional en una gran mancha urbana, igual o mayor que la de Guadalajara, la segunda ciudad del país, tiene efectos en la calidad de los servicios, desde agua potable y drenaje, recoja y disposición de desechos sólidos, hasta vigilancia, escuelas, transporte, etc.
Dos datos que estremecen: en Ciudad Caucel, con 14,000 viviendas terminadas y 4,000 sin ocupar (3 de cada 10), se anuncia la construcción de 30,000 más para ésta y Ucú. Sin embargo, en Ciudad Caucel sólo hay dos escuelas primarias, una secundaria; no hay mercado público (aunque funcionan tres supermercados particulares); existe una única iglesia; la vialidad es caótica y, en consecuencia, el servicio de transporte es sumamente deficiente y oneroso.
En Kanasín, la segunda ciudad más grande de Yucatán, solamente funciona una escuela preparatoria, pública, no hay ningún centro de educación superior y su economía se limita a ofrecer los servicios que demanda la zona limítrofe de Mérida, entre ellos los consabidos “giros negros”. Kanasín es hoy una “ciudad-dormitorio” en la peor acepción del término.
Las 29,000 hectáreas que actualmente ocupa la población metropolitana han afectado de diversas maneras a otras tantas hectáreas (30,000 hectáreas) que constituyen una “reserva territorial” sin control alguno. La tercera parte, es decir, 10,000 hectáreas, se encuentra en vías de urbanización. Resulta que con sólo 4,000 hectáreas se respondería a las necesidades en materia de vivienda hasta 2030.
Todavía más, en el libro Mérida Metropolitana se considera que existen 3,000 hectáreas de terrenos baldíos localizados dentro de la actual mancha citadina. Como puede apreciarse, con una adecuada política de planeación urbana se podría inducir la compactación habitacional que impidiera la dispersión urbana y revirtiera el proceso de deterioro que empieza a cobrar dimensiones preocupantes para el entorno meridano. Pero, ¡mucho ojo! Densificar no necesariamente significa impulsar el crecimiento de viviendas verticales, es decir, edificios de departamentos, en particular para los proyectos de interés social.
Me quedan en el teclado varios e importantes temas, como el transporte y la vialidad, agua potable, entre otros. Volveré sobre ellos en mi próxima colaboración. En tanto, estemos muy pendientes de la formulación del Plan Estatal de Desarrollo y de la respuesta de los ayuntamientos conurbados a este importante trabajo, en especial del Cabildo de Mérida.

domingo, 24 de febrero de 2013

El precio de las gasolinas: ¡Sube, sube, sube, nunca baja!


Dulce María Sauri Riancho
… el Niño Dios te escrituró un establo; / y los veneros de petróleo, el Diablo... -Ramón López Velarde, “Suave Patria”
Hace unos días salieron publicadas unas declaraciones de un diputado federal yucateco en las que afirmaba que la reforma de Pemex haría posible que bajara el precio de las gasolinas y las tarifas eléctricas. Considero aventurada una afirmación de esta naturaleza, que despierta expectativas en la sociedad simple y llanamente imposibles de cumplir bajo el actual modelo de desarrollo económico, incluyendo los posibles cambios al régimen jurídico de los hidrocarburos. Doy mis argumentos.
Desde hace un buen número de años, los mexicanos hemos crecido con el poema de López Velarde, con la conciencia de que la nación es poseedora de una enorme riqueza en los depósitos del subsuelo continental y ahora, del lecho oceánico del Golfo de México. Por eso no alcanzamos a explicarnos por qué en México los precios de las gasolinas y el diesel siempre suben, independientemente de lo que valga el barril de petróleo mexicano de exportación. ¿Dónde está el misterio?
Resulta que Pemex, la empresa propiedad del Estado, no sólo se dedica a la producción y comercialización del petróleo, sino que además cumple una función vital para el aparato de la administración pública en su conjunto, pues le proporciona el cuarenta por ciento de sus ingresos.
Pemex no tiene escapatoria: si baja la cotización internacional del crudo, vende más barato e importa gasolinas a menor precio, pero tiene que compensar al fisco de su pérdida de ingresos, por lo que el precio del litro de gasolina para el consumidor tendrá que subir para ir derechito hasta las maltrechas arcas gubernamentales. Si por el contrario, el precio internacional del petróleo crudo sube, tal como ha sucedido desde hace más de 10 años, Hacienda dispone de más recursos vía impuestos a Pemex.
Pero la empresa tiene que importar gasolinas de Estados Unidos porque sus refinerías en territorio nacional no producen lo necesario para abastecer la demanda interna. Desde luego, cuesta más, ¡y en dólares! ¿Quién paga? Los consumidores y, de alguna manera, el propio fisco que tiene que subsidiar la importación de combustibles más caros. En conclusión, altos o bajos los precios del petróleo, en México las gasolinas nunca bajan, siempre suben.
La “ordeña fiscal” sobre Pemex ha llevado a la empresa al borde de la inanición. No cuenta con suficientes recursos para financiar la exploración a gran escala, para encontrar reservas petroleras que le garanticen su operación después de 2018. La amenaza de pasar a ser un país importador de petróleo crudo después de haber sido un importante exportador pende sobre México.
Las refinerías son insuficientes para producir gasolinas y combustibles, por lo que hay que importarlos. La petroquímica básica, pilar para la producción de importantes cadenas industriales, como la textil y del vestido -sí, del petróleo se hacen telas-, la automotriz, el transporte, la construcción, y desde luego, los plásticos, fertilizantes, farmacéutica, química, entre otras, dependen de Pemex. La lista es impresionante y la conclusión simple: si no hay petroquímica básica, la planta industrial mexicana no puede competir eficazmente en la era de la globalización.
Aplicando sentido común, tendríamos que asumir que la inversión en Pemex es una prioridad nacional. Que el fisco no puede seguir depredándola mediante el despojo de sus ingresos. Algunos consideran que sólo la inversión privada puede subsanar las serias deficiencias que existen en el sector energético, en particular en los hidrocarburos. Que Pemex “ya dio de sí”, por excesos, corrupción, malos manejos. Que puede ser sustituida por el capital privado, que invertiría en exploración, producción, refinerías, ductos, plantas petroquímicas, etcétera, etcétera.
Me parece que ésta es una visión miope y de corto plazo, que pretende sólo salir del agujero en los próximos seis años, aunque después se acabe el mundo. Hoy no es posible comparar a Pemex con Petrobras, la exitosa empresa petrolera brasileña, porque ésta no tiene el papel de proveedora del fisco que desempeña la paraestatal mexicana.
Para salvar a Pemex
No estoy proponiendo que Pemex se encierre en el “castillo de la pureza” y se le niegue el derecho a asociarse con otras compañías petroleras; o que se mantengan inamovibles las restricciones de inversión privada en petroquímica básica (etano, metano, butanos, naftas, entre otros productos). Si no se piensa con prudencia y se actúa con cuidado; si nos dejamos llevar por la moda de “péguenle a Pemex”, podemos tener un triste despertar al encontrarnos un día próximo sin política energética diseñada de acuerdo con el interés nacional; sin petróleo y petroquímica para el desarrollo industrial; sin seguridad energética, tal como sucedió en el sector bancario, casi totalmente en manos de extranjeros en unos cuantos años. A Pemex se lo habrá engullido alguna o varias de las “siete hermanas”, poderosas corporaciones petroleras transnacionales, que sólo tienen que atender a su propósito de máximas utilidades. En tanto, la empresa pública, la de los rendimientos sociales, la de la renta petrolera, estará tan debilitada que poco habrá de importar si vive o es liquidada. ¿Eso queremos? Si no es así, ¡salvemos a Pemex! Estemos pendientes de las medidas que tomarán el gobierno y los partidos políticos para aplicar la reforma energética, comenzando por la próxima XXI asamblea del PRI.- Mérida, Yucatán.

La XXI asamblea nacional del PRI: Entre los pobres y el petróleo.


Dulce María Sauri Riancho
Del 1 al 3 de marzo el PRI celebrará su XXI Asamblea Nacional bajo el lema “Transformando a México”. Tal vez, amigos lectores, consideren que este asunto es de interés exclusivo de los priístas, que poco puede afectar o beneficiar a todos los demás, incluyendo a la mayoría ciudadana que no milita en partido alguno y que ni siquiera le gusta la política. No es así. Las asambleas de cualquier partido político con registro nacional son de interés para la sociedad, más aún cuando se trata del partido en el gobierno, ya que sus determinaciones pueden tener un impacto tal en las políticas públicas y las reformas a las leyes, que modifiquen la vida de todos los mexicanos. Fue el caso del PAN durante 12 años. Ahora, de nuevo es el del PRI.
Entre los temas de trascendencia que habrán de debatirse en la Asamblea destacan dos asuntos de impacto general, ambos relacionados con el Programa de Acción: la reforma fiscal y la reforma energética. Están estrechamente relacionadas en la medida que Pemex es la principal fuente de ingresos para el gobierno en sus tres niveles -es lo que se denomina la “renta petrolera”-, que ha permitido al erario sobrevivir sin tener que aumentar su eficacia para recaudar y cobrar impuestos. No abordaré en esta ocasión la compleja temática sobre la inversión privada en el sector energético. Sólo señalaré que darle a Pemex un tratamiento fiscal equivalente al de cualquier empresa privada significaría que la paraestatal dejaría de aportarle a la Secretaría de Hacienda más o menos el 60% de sus ingresos.
Para el erario seguir dependiendo de la renta petrolera es una especie de suicidio, pues la “gallina de los huevos de oro” está seriamente debilitada. Entonces, con carácter de urgencia, el gobierno tiene que abordar el espinoso tema de la reforma fiscal. Como el dinero que no proviene de Pemex sale directamente de los bolsillos de los ciudadanos, veamos qué opciones tiene la nueva administración federal para compensar los ingresos que dejaría de percibir si se le da a Pemex el tratamiento fiscal de una empresa privada y comienza a pagar sólo sobre sus utilidades. Desde luego, está el Impuesto sobre la Renta (ISR), a cargo de las personas y las empresas. Pero tiene tantas excepciones, consolidaciones, devoluciones, etcétera, que me lo imagino como un gran queso gruyere, lleno de agujeros (conste que no me refiero al olor). Dicen los especialistas que se podría acabar con los tratamientos preferenciales, que paguen los más ricos, sean empresas o individuos. ¡Menudo lío que se armaría!, pues son los más poderosos los que disponen de medios para ejercer eficaz presión sobre las autoridades, sean de la administración o del Congreso.
Ésa es la razón por la que el IVA es un impuesto tan popular entre los políticos del mundo. Se le llama “indirecto” porque afecta las adquisiciones que los habitantes realizamos. Como los consumidores están dispersos y poco organizados, los gobiernos prefieren afrontar las iras ciudadanas que las presiones de los grupos de poder económico. México no es la excepción. Todo tiene IVA, excepto los productos que tienen “tasa cero” (y unos cuantos exentos). Los fabricantes pagan, mas no los consumidores. Posteriormente, el gobierno devuelve el IVA a los empresarios. Los casos más conocidos son los alimentos y las medicinas.
Desde una estricta administración fiscal, la “tasa cero” es un pésimo negocio para Hacienda, pues ésta tiene que devolver enormes cifras de dinero y se propicia la elusión o evasión. Por esa razón se ha intentado en los últimos 15 años ponerles IVA a los alimentos y las medicinas: que si del 2%, que si del 4%, que sólo para “control”. Fuera del ámbito de los argumentos hacendarios, la más poderosa “razón” que se ha esgrimido para gravar a alimentos y medicinas ha sido que los más ricos son los que más los consumen, y que ellos no necesitan recibir el subsidio que representa un “sacrificio fiscal”, en detrimento de los más pobres. En términos absolutos, es cierto que una familia de clase media de Mérida gasta más dinero en el supermercado cada mes que una familia pobre de Chemax. Pero cuando analizamos qué porcentaje del gasto familiar destina una y otra para comprar alimentos y medicinas nos encontramos que los más pobres gastan seis de cada 10 pesos de sus ingresos, en tanto que los más ricos, hasta menos del 10%. Estas cifras nos muestran con claridad por qué gravar alimentos y medicinas afectará a los más pobres, aun considerando los beneficios de programas como Oportunidades o la Cruzada contra el Hambre.
Durante 18 años el PRI se ha opuesto a gravar los alimentos y las medicinas. Fue decisión del Consejo Nacional, en 2001. Después, entró a formar parte de sus documentos básicos, en su Programa de Acción. En su próxima Asamblea, el PRI discutirá si quita ese candado para que sus legisladores puedan aprobar las reformas a la Ley del IVA y su consiguiente aumento. Entre los pobres y el petróleo, ¿por quién se inclinarán?- Mérida, Yucatán.

Romper con la pobreza. Empleos decentes para Yucatán


Dulce María Sauri Riancho
Continúan los cuestionamientos al Programa Nacional contra el Hambre, sobre todo en relación a la inclusión o exclusión de los municipios beneficiados. Pero no sólo se trata de la adecuada justificación de las autoridades federales respecto de la población incluida. El asunto crucial a definir trasciende las áreas geográficas en que trabajará SINHAMBRE, comisión creada para ese fin. Lo que tendríamos que replantear es la estrategia general para combatir la pobreza en México, en la que los subsidios y ayudas provenientes del gobierno, tanto federal como estatal, sólo tuvieran el carácter de transitorias, en tanto dan frutos las otras acciones institucionales de largo plazo, diseñadas para resolver el problema de fondo.
Pero ¿cuál es la raíz de la situación de pobreza en que viven millones de mexicanos y yucatecos, la que condena a los hijos a reproducir el círculo vicioso de carencias y necesidades que también padecieron sus padres y, antes que ellos, sus abuelos? No es otra cosa que la falta de “empleo decente”, que permita a los adultos, hombres y mujeres, obtener los ingresos necesarios para proporcionar una vida digna a su familia y contribuir de esa manera al bienestar colectivo.
La palabra “decente” provoca un poco de escozor. Más cuando la asociamos al trabajo. Para la Real Academia Española, este adjetivo tiene seis significados, de los cuales tomo tres: uno, “Honesto, justo, debido”; dos, “Digno, que obra dignamente”; tres, “De buena calidad, en cantidad suficiente”. Con estas definiciones podemos entender mejor el concepto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la cual la estrategia de promoción de “empleo decente” es el eje de sus acciones en el mundo entero. Pero para que esto suceda tiene que haber un primer y fundamental paso, que es ni más ni menos que “crear trabajo”. Pero no se trata de cualquier ocupación, como la venta de chicles en las calles, que puede ser “digna”, pero no es de “buena calidad”, pues no proporciona ingresos suficientes a quien la realiza, ni es sostenible al paso de los años para mantener a una familia.
Aunque cuenta mucho la voluntad de cualquier persona que se lanza a la aventura de abrir una fábrica o producir chile habanero, resulta fundamental la existencia de un ambiente que puede favorecer o inhibir el sano desarrollo del negocio que se inicia, la calidad de los empleos que ofrece, si están bien o mal pagados, si cuentan o no con seguridad social, entre otras calificaciones. Es aquí donde entran el gobierno y las políticas públicas enfocadas a fomentar el “empleo decente”.
En primer término, para crear empleos hay que multiplicar las oportunidades de inversión. Estas van desde la atracción de inversionistas de otras partes del país o del mundo para que instalen sus factorías en Yucatán, hasta asegurar la infraestructura para que puedan operar sus negocios. Y en este terreno competimos con otros estados de la república o con otros países, empeñados en lo mismo: lograr la instalación de grandes armadoras de vehículos, como la Volkswagen en Puebla o la Nissan en Aguascalientes, por citar dos de las que han tenido gran impacto en esas entidades. O integrarse a una estrategia internacional de negocios fincados en las tecnologías de la información y comunicación -las famosas TIC-, como Guadalajara; o encontrar un nuevo nicho de actividad, como la industria aeroespacial de Querétaro, que ahora constituye el referente básico para el desarrollo económico de ese estado.
¿Y nosotros, los yucatecos, cuál es el juego al que aspiramos jugar? De entrada, si queremos competir en la “liga mayor” de inversiones, tendríamos que resolver dos problemas básicos: conectividad y costos, en particular el de la energía eléctrica. De entrada, tenemos que aceptar que sigue sin resolverse el problema de transporte oportuno y a buen precio de grandes volúmenes de carga, porque casi todo lo que llega y sale del estado tiene que hacerlo por carretera, el más caro de todos los medios de transporte para insumos o productos de esa magnitud. Poco caso se le ha prestado al hecho que, desde 2007, la concesión del ferrocarril Chiapas-Mayab, la que absorbió al Ferrocarril del Sureste, fue devuelta al gobierno federal por los concesionarios, quienes no pudieron o quisieron realizar las inversiones necesarias para rehabilitar el tramo Campeche-Coatzacoalcos, seriamente dañado por los huracanes que habían asolado a la Península. Los trenes llegan a Mérida “cada venida de obispo”, generalmente transportando combustible que no pudo ser enviado por mar. ¿Resolverá esta situación el proyecto del Tren Transpeninsular? Definitivamente no, pues la conexión ferroviaria con el centro y norte del país seguiría interrumpida para Yucatán.
El otro problema que incide seriamente en la competitividad de las industrias yucatecas tiene que ver con el costo de las tarifas eléctricas de media tensión, que es el tipo de energía que se emplea en las fábricas. A las empresas les cuesta alrededor del diez por ciento más que a sus competidores del centro del país. La CFE nunca ha brindado razón suficiente de este trato discriminatorio. Que, antes, costaba más la energía generada por termoeléctricas que operaban con combustóleo. Pero ahora lo hacen con gas natural. Que no había suficiente volumen de consumo. Ahora hasta exportan energía a Belice. Entonces, ¿por qué?
Tener “empleos decentes” en Yucatán pasa por resolver esas dos cuestiones: conectividad y costo de la energía eléctrica. Desde luego que hay otras muchas cosas que es indispensable atender, como el financiamiento, la capacitación, la protección social de los trabajadores. Pero como diría el Poeta del Crucero, lo primero, es lo primero…- Mérida, Yucatán.

Reformas y subsidios


Dulce María Sauri Riancho
La “cuesta de enero” de los ciudadanos no lo es para el gobierno. Recién se aprobaron los presupuestos de sus tres niveles -federal, estatal, municipal-; se fijaron los ingresos públicos que vienen de los impuestos que pagamos y los ejecutivos recibieron del Congreso la autorización para contratar créditos, que las administraciones, casi sin excepción, necesitan para equilibrar sus finanzas.
Por experiencia, los ciudadanos sabemos que los impuestos, una vez que se establecen, llegan para quedarse. Sucede aquí y en China. La “imaginación fiscal” de los gobernantes incluye el denominado “impuesto a las ventanas”, que Antonio López de Santa Anna pretendió cobrar en 1853, después de haber vendido el territorio de La Mesilla a los Estados Unidos, pues enfrentaba urgencias para pagar el sueldo de sus tropas.
Más cerca en la historia, tenemos el ejemplo del impuesto a la tenencia vehicular que se estableció desde 1962, en el gobierno de Adolfo López Mateos, con el argumento de sacar adelante el financiamiento de las Olimpíadas de 1968 y con la promesa de ser un cobro “emergente y temporal”. Cincuenta años después desapareció como impuesto federal, saludando el presidente “con sombrero ajeno”, pues hacía un buen número de años que el cien por ciento de lo recaudado ingresaba a las arcas de las tesorerías estatales, que fueron las que perdieron en realidad ese ingreso. Los llamados “impuestos especiales” (IEPS) nos confirman que los gravámenes tienden a subir, pero difícilmente bajan. El impuesto a los cigarros, refrescos, cerveza y a los licores se refrendan y aumentan año tras año. Más recientes son los gravámenes al gas y a las gasolinas, y a punto estuvimos de tener que pagar un impuesto por uso de telecomunicaciones.
Ahora bien, las obligaciones fiscales de ciudadanos y empresas tienen una contraparte, que es el gasto público, y dentro de ésta los subsidios y programas que implican transferencias de dinero del gobierno constituyen en la actualidad una parte considerable del gasto anual programado. Como el caso de los impuestos, los subsidios tienden a convertirse en permanentes y a crecer año tras año. El más conocido y cuantioso es el subsidio a las gasolinas. Dicen que si no existiera tendríamos que pagarlas al doble de lo que cuestan actualmente; que para evitarlo incrementan su precio periódicamente, aunque las autoridades se guardan de manifestar que estos incrementos escalonados sirven para resarcir a los estados de la pérdida de la tenencia vehicular. Hay otro tipo de subsidios, dirigidos especialmente a un grupo, que se asignan con un propósito específico y por un tiempo determinado. Pero al igual que los impuestos, los subsidios llegan para quedarse, pues son vistos y asumidos por sus beneficiarios como derecho propio. Por ejemplo, el Programa de Apoyos al Campo (Procampo), que arrancó hace más de 20 años, en 1992, estaba destinado a incentivar la productividad de los campesinos pobres productores de granos, después de la firma del Tratado de LibreComercio de América del Norte. Poco tiempo después entraron todos los productores agrícolas, pobres y no. El plazo se cumplió en 2009, pero la presión de las organizaciones de productores fue tal que las autoridades le confirieron la condición de permanente, con terminación indefinida. No importa si Procampo funciona o da resultados, sino que en la actualidad beneficia a dos millones 500 mil productores y representa una erogación anual superior a los 18 mil millones de pesos.
El Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades” nació en 1997 como Progresa, un programa de transferencias monetarias focalizado a la población en situación de pobreza, para garantizar su salud, educación y alimentación, de tal manera que les permitiera romper el círculo generacional de reproducción de esta condición. Desde el principio se estableció su carácter temporal. A más de 15 años de aplicación continua, el Programa se ha convertido en permanente: las familias ya inscritas se consideran con derecho a permanecer y nuevas familias en condición de alta vulnerabilidad ingresan cada año. En la actualidad la cobertura de “Oportunidades” ronda los seis millones de familias -150 mil en Yucatán- y el presupuesto asignado rebasa los 80 mil millones. Resulta fundamental reflexionar sobre dos cuestiones relacionadas con este tipo de programas: la primera, hasta dónde puede aguantar el presupuesto federal un gasto “etiquetado”, tan elevado y que crece cada año, con resultados tan poco alentadores en sus objetivos centrales. La otra preocupación, ligada a la anterior, tiene que ver con el altísimo costo político que representaría para un gobernante redimensionar o incluso echar atrás un subsidio social como Procampo u “Oportunidades”, aunque se sepa que no funciona, que sus resultados son raquíticos o que necesita un nuevo diseño para verdaderamente cumplir su cometido.
Éstos son los elementos a considerar en el muy próximo debate sobre la reforma fiscal, que requiere definir de dónde provendrán los recursos para financiar los importantes programas que ha anunciado la administración de Peña Nieto, como la “Cruzada contra el Hambre”. Pero no olvidemos una cuestión: Pemex, el petróleo, su venta, los impuestos que pagamos por las gasolinas, representan el 40 por ciento de todos los recursos que recibe el gobierno. Reforma fiscal y reforma energética son como hermanas siamesas: están indisolublemente unidas. Separarlas será una operación de alto riesgo político y económico para todos.- Mérida, Yucatán.