miércoles, 31 de julio de 2013

El informe del Coneval 2012. Contar la pobreza, olvidar la desigualdad.

Dulce María Sauri Riancho
Dos mundos aparentemente muy alejados entre sí coincidieron el pasado lunes. Uno de ellos, el de las instituciones, revisó los resultados de la medición de la pobreza 2012, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El otro, el mundo de la violencia y las ejecuciones, registró el anuncio de la detención de tres integrantes del grupo delictivo de los Caballeros Templarios, como presuntos responsables del asesinato del vicealmirante Carlos Miguel Salazar y su chofer en la carretera a Morelia, como parte de su “trabajo” de robar, extorsionar, secuestrar y matar por siete mil quinientos pesos mensuales.
El Informe 2012 del Coneval es una especie de balance general de la política social aplicada el sexenio federal pasado, ya que la información que analiza corresponde a noviembre de 2012, último mes de la gestión de Felipe Calderón, que coincide con el final del gobierno de Ivonne Ortega en Yucatán. Los datos reflejan que entre 2010 y 2012 aumentó el número de personas pobres en México, aunque el porcentaje sobre la población total disminuyó levemente. Lo cierto es que casi la mitad de los mexicanos (53 millones de un total de 117) está en condición de pobreza, medio millón más que en 2010. En cambio, la población en pobreza extrema, que es la que no tiene suficiente para alimentarse, estudiar, curarse, acceso al agua potable, etcétera, entre otros servicios básicos, disminuyó en términos absolutos (de 13 millones a 11.5 millones) y relativos (9.8% del total de habitantes).
Primer “misterio” a resolver: ¿cómo pueden disminuir los pobres extremos y, al mismo tiempo, aumentar la situación de la población en pobreza? Analicemos el caso de Yucatán para ejemplificar y, simultáneamente, subrayar el mayor reto que enfrentan la política social y la convivencia entre los mexicanos, que es, ni más ni menos, que el de la desigualdad.
Yucatán, al igual que la mayoría de los estados del país, registró un descenso en el número de pobres extremos, de 230 mil a 200 mil, en números redondos, lo que lo ubica exactamente en el promedio nacional de 9.8% (en 2010 tenía el 11.7%).
Sin embargo, la misma información muestra que entre 2010 y 2012, treinta y ocho mil yucatecos cayeron en la pobreza porque su ingreso monetario fue menor al considerado como indispensable para lograr un mínimo bienestar. Lo anterior significa que, aunque contaban con vivienda, algunos servicios básicos en ella, acceso a la salud y a la alimentación, el dinero que lograban ganar era insuficiente. Esta situación la categoriza el Coneval como “población vulnerable por ingreso”. Me pregunto cuántas familias estarán en esta condición, si consideramos que alrededor de 150 mil de ellas, una tercera parte del total de Yucatán, recibe transferencias monetarias, es decir, subsidio en dinero, del programa Oportunidades, gracias al cual pueden solventar sus necesidades básicas de alimentación, vestido, entre otras. ¿Se imaginan, amigos lectores, lo que sucedería si por cualquier circunstancia -por ejemplo, cambios en la política presupuestal- dejaran de llegar los apoyos en dinero que cada bimestre entrega el gobierno?
Cuando analizamos las acciones institucionales que ayudaron a superar la condición de pobreza extrema a más de 30 mil yucatecos, vemos que descansaron principalmente en la ampliación del acceso a los servicios de salud, es decir, el Seguro Popular. Diversos y dolorosos testimonios hablan de sus serias limitaciones para atender de una manera efectiva a sus derechohabientes, aunque para las estadísticas gubernamentales la población está cubierta. Por otra parte, preocupan los datos vinculados a la calidad y servicios de la vivienda, pues entre 2010 y 2012 se incrementó el porcentaje de carencias: casi 130 personas sufrieron alguna falta de servicios básicos en la vivienda, y 34 mil, de deficiencias en la calidad o espacios de sus casas. Me llama la atención porque en buena medida los esfuerzos grandemente publicitados de la administración estatal anterior descansaron en los éxitos de sus programas de vivienda. La información del Coneval nos dice que éstos no lograron alcanzar a la población más vulnerable del Estado.
Otro aspecto delicado sobre la pobreza extrema en Yucatán es el incremento de la población con dificultades de acceso a la alimentación, hasta ascender a 88 mil personas. Si a los pobres más pobres les sumamos a aquellos que la sufren “moderadamente” (es una categoría, no un calificativo) y a los que son vulnerables por ingresos o por una carencia (que puede ser, por ejemplo, de vivienda adecuada), resulta que sólo uno de cada cinco yucatecos es no pobre o no vulnerable. ¡Ése es el tamaño de la desigualdad que enfrentamos!
Coincido con Luis Videgaray, secretario de Hacienda, cuando afirma que el enfoque exclusivamente asistencialista de la política social no es suficiente para lograr que millones de mexicanos salgan de la situación de pobreza; que es indispensable rediseñar los criterios y los programas sociales para introducir los elementos que induzcan a la productividad. Sin embargo, mientras no se desarrolle una gran estrategia para una distribución equitativa del ingreso, cualquier crecimiento económico sólo reforzará la desigualdad social.
Seguiremos siendo el país de los cincuenta y tres supermillonarios de Forbes y de los cincuenta y tres millones de pobres; una sociedad que no puede garantizar a sus jóvenes un empleo para ganar cuatro salarios mínimos al mes (eso representan siete mil quinientos pesos en Michoacán), sin que esto implique la obligación de asaltar, secuestrar, asesinar, tal como se mostró el pasado fin de semana en la carretera a Morelia.- Mérida, Yucatán.