sábado, 20 de julio de 2013

Desvío de fondos públicos. Salud y mal olor.

Dulce María Sauri Riancho
Algo huele muy mal en el sector salud de muchas partes del país. El hedor proviene del desvío de los fondos del gobierno a los bolsillos de los funcionarios responsables de su cuidado y correcta aplicación. Destinados a solventar las necesidades materiales y la operación de los centros de salud donde se atiende la mayoría de los mexicanos, han ido a parar a sus residencias -en México o en el extranjero-, yates, carros lujosos, etcétera, en vez de atender con dignidad a las personas que no tienen para pagar hospital privado o no pertenecen a las grandes instituciones de la seguridad social, como el IMSS y el Issste.
Las acusaciones de peculado y fraude han sido ampliamente documentadas por los medios de comunicación en los últimos meses. A continuación les presento una somera enumeración de los casos que han adquirido mayor resonancia. No son los únicos, pero quizá son los que mejor ejemplifican el problema que está carcomiendo el sistema de atención pública de la salud de buena parte de México.
En Guanajuato, dos ex directores de los hospitales de León y Celaya están en la cárcel por su responsabilidad en la simulación de compras de medicamentos y materiales de curación; es decir, presentaron las facturas, cobraron, pero ni las medicinas ni las gasas, algodón, etcétera, llegaron a donde se necesitaban. En Tabasco, el sistema hospitalario estuvo al borde del colapso a finales del año pasado, cuando no había en sus hospitales lo más elemental para mantenerlos abiertos, ni siquiera para pagarles los sueldos a sus empleados. La crisis de los hospitales forma parte importante del grave problema de peculado que ha llevado al ex gobernador Granier a la cárcel. En Morelos, el gobierno estatal denunció que su antecesor dejó dos hospitales inconclusos, pero eso sí, bien pagados. Las autoridades morelenses persiguen un presunto desvío de fondos federales que debían haber llegado al sistema de salud, pero que se “extraviaron” en el camino.
El caso de Aguascalientes merece punto y aparte. Allá, el ex gobernador Reynoso está sujeto a proceso penal por la compra y pago de un tomógrafo que costó la friolera de 13 y medio millones de pesos. Se decía que gracias a él, los pacientes de la región tendrían acceso a la tecnología más avanzada en la materia, que los hospitales públicos no tendrían nada que envidiar a sus homólogos privados. ¡Sueños, sueños! La realidad parece ser que el dichoso tomógrafo se pagó, pero nunca llegó. El misterio se complicó con las declaraciones del ex subsecretario de Egresos de esa entidad, quien dijo que el entonces gobernador dispuso del dinero “para pagar sobornos a los diputados”, aunque se guardó de ponerles nombre y apellido.
Oaxaca tiene a cuatro exfuncionarios procesados por un desvío de 700 millones de pesos; Nayarit y Colima, con acusaciones de haber utilizado los fondos destinados a la compra de medicinas, para otros menesteres, incluyendo los bolsillos de los encargados. Veracruz, hace unos meses vivió la destitución del secretario del ramo porque éste decidió hacer operación política más que atender la salud de sus paisanos. Vacunas inexistentes; medicinas caducas, con sobre precio o sin entregar; material de curación desaparecido; tomógrafos fantasmas; hospitales sin concluir. A estas alturas, podría poner un largo etcétera que incluyera los hospitales de Valladolid y de Tekax, todavía sin terminar, y no exageraría.
¿Por qué ha invadido la plaga de la corrupción al sector salud con tal intensidad? La respuesta tiene que ver con la sabiduría de nuestros abuelos encerrada en el dicho “… En arca abierta, el justo peca…”. Y no es que califique como justos a los gobernantes y administradores del sector salud, pero sí que ha habido un grave relajamiento de las normas mínimas de control sobre los recursos públicos que se destinan a atender y curar las enfermedades de los más vulnerables. Este enfangado trayecto burocrático se hizo más acentuado cuando en 2004 comenzó a operar el Seguro Popular, con fondos del gobierno federal, de los estados y de los asegurados voluntarios. La mayor parte del dinero la pone el gobierno federal, pero la recibe y administran los estados de la república. Y allá se complican las cosas, pues los recursos, una vez que entran a las arcas estatales, pueden usarse para muchos menesteres distintos a las prioridades de cuidar la salud de los ciudadanos. Los casos que conoce la opinión pública, como los que he registrado líneas arriba, tienen algunos elementos comunes; el más importante, que las denuncias por lo general se han dado cuando hay alternancia política en el gobierno local (Guanajuato es la excepción). Tal vez si hubiese ganado el PRI en Tabasco, desconoceríamos el caos en que quedó sumida la administración; o si el PAN hubiese repetido en Aguascalientes, nada hubiéramos sabido del tomógrafo “fantasma”; o si el PRD no hubiese triunfado en Morelos, el asunto de los hospitales inconclusos se hubiese tomado como una falla administrativa corregible por los nuevos funcionarios.
Los vicios y la corrupción en la administración pública son siempre condenables, pero cuando se trata del sector salud, adquieren visos de crimen social, porque cuestan mucho dolor y vidas humanas.
¿Qué esperan las autoridades federales para corregir? ¿Y las estatales para perseguir? ¿Y los jueces para castigar? ¿Y nosotros, para exigir?- Mérida, Yucatán.