lunes, 11 de marzo de 2013

Sinfonía “Mover a México”


Dulce María Sauri Riancho
Reconstrucción del poder presidencial
Varios acontecimientos de los últimos días me obligan a postergar mis comentarios sobre el desarrollo urbano de Mérida, tal como comprometí la semana pasada. Las causas han sido la detención de la maestra Elba Esther Gordillo y los resultados de la XXI Asamblea del PRI. Son eventos acreedores de análisis por separado, pero si los unimos encontraremos la partitura de la reconstrucción orquestada del poder presidencial.
Durante 12 años pocos avances tuvimos en materia de reformas políticas. Lo que sí aconteció fue el deterioro de la figura presidencial y el abierto crecimiento de los llamados “poderes fácticos” que, sin mayor contrapeso, pudieron actuar de acuerdo con sus particulares intereses. Se estableció una correlación perversa: mientras más débil está el presidente, ellos, los poderes fácticos, están más fuertes y capaces de imponerse al conjunto de la sociedad. Esta situación no podía continuar. Así fue percibido por una mayoría de electores que votó por el PRI y por Enrique Peña Nieto, quien conocía la magnitud del reto. Así, desde el 1 de diciembre del año pasado hemos asistido a una lenta reconstrucción del poder presidencial, de ese conjunto de atributos que permitieron que funcionara el sistema en su conjunto. Con esta perspectiva en mente podemos interpretar los recientes acontecimientos.
La XXI Asamblea del PRI fue, en el fondo, un reencuentro con su condición del partido en el gobierno que había perdido desde 2000. Hay dos maneras de leer los cambios en los documentos básicos priístas del pasado fin de semana. Una, que una vez disueltos los “candados” que impedían establecer el IVA en alimentos y medicinas, en la inversión privada en Pemex, de inmediato éstos se materializarán en cambios legales. La otra, que estas decisiones representaron el rompimiento de una “camisa de fuerza” para sus legisladores, ante la posibilidad de una reforma fiscal o energética sin limitaciones previas. No es difícil adivinar que la primera interpretación es la de los partidos opositores al PRI que anuncian la inminencia de las reformas para cobrar 16% generalizado en todos los bienes o servicios que adquiramos, así como la instalación de los intereses extranjeros en la explotación petrolera. La segunda, la más benigna y que solicita el “beneficio de la duda”, es la de los dirigentes priístas, quienes señalan que -ahora sí- el partido está listo para acompañar al Presidente, sin cortapisa ni límite alguno.
No obstante lo anterior, considero que la verdadera fuente de reconstrucción del poder presidencial se dio en las reformas a los Estatutos del PRI. Destaco dos: una, la que elimina el requisito de haber ocupado un cargo de representación popular para poder ser postulado candidato o candidata a la Presidencia de la República o a la gubernatura de un estado; y, dos, la que establece que la Comisión Permanente (CP) del Consejo Político Nacional (CPN), órgano colegiado de toma de decisiones partidistas, esté encabezada por el propio presidente Peña Nieto. Así, la Asamblea reforzó al presidencialismo por partida doble: por una parte, le devolvió a la figura presidencial una facultad que le había sido sustraída en 1996: la de seleccionar sin ningún tipo de restricción a aquel o aquella que habría de sucederlo. Por lo pronto, para 2018, Peña Nieto podrá decidir sobre el candidato del PRI, sin tener que tomar en consideración su trayectoria de formación en la vida política del país. Lo mismo podrá acontecer en las postulaciones de gobernadores o de jefe de gobierno del Distrito Federal, excepto Baja California que ya tiene candidato bajo las reglas actuales.
Por si lo anterior no bastase, se tomó la decisión de cortar de tajo la “sana distancia” que, desde el gobierno de Ernesto Zedillo, marcó las relaciones entre el Presidente y su partido. Mejor -deben haber pensado quienes promovieron y aprobaron este cambio- que con claridad se manifieste la autoridad presidencial en el interior del partido, sin subterfugio alguno. En la práctica, eso anula cualquier intento de debate o deliberación colectiva, porque, ¿quién será el o la valiente de confrontar una decisión presidencial -real o asumida- o de contradecirla abiertamente? Sus sesiones se volverán eventos formales, eso sí, con un reducido número de invitados “de piedra” -gobernadores, coordinadores parlamentarios, líderes de sectores- para sancionar determinaciones tomadas previamente muy lejos de los auditorios y de las oficinas partidistas.
Éstas son las decisiones del PRI. Pero falta una parte, la principal, que es la sanción que dicte la sociedad, sus reacciones y opiniones frente a los cambios. En los próximos debates en las Cámaras de Diputados y de Senadores, ¿estarán de acuerdo con el incremento de las tasas impositivas? Es más, ¿las propondrá el gobierno, tal como dicen sus detractores? Y si así fuera, ¿alcanzarán el número de votos necesarios para volverse ley? El PRI solo no puede sacarlas adelante. Creo que todavía hay un largo camino por recorrer, pero lo que sí puedo garantizar es que la partitura de la sinfonía “Mover a México” está siendo ejecutada en su primer movimiento, sin pausas, para reconstruir el poder presidencial, legitimarse y gobernar con eficacia. ¿Para quién? La respuesta está por escucharse en las siguientes partes. Por lo pronto, en lo que le compete al PRI, cada concertista tocará su instrumento de acuerdo con la partitura.- Mérida, Yucatán.