viernes, 13 de julio de 2012

¿Cuánto cuesta la Presidencia?


Dulce María Sauri Riancho
Elecciones, dinero y legitimidad

… Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí… -Augusto Monterroso
Una mayoría asocia esta frase-cuento con el triunfo del PRI en las pasadas elecciones. Apenas habían transcurrido 12 años de aquella jornada inaugural del siglo y del milenio, ganada por Vicente Fox, poniendo punto final al largo periodo en el poder del partido fundado en 1929 por Plutarco Elías Calles. Pero no se trata de evocar éxitos o fracasos electorales de los partidos políticos, sino de perfilar en la imaginación los trazos del verdadero dinosaurio -tiranosaurio rex-, reptil tirano que se ha instalado en el centro de las elecciones mexicanas, que las clasifica y las descalifica. No es otra cosa más que la ilegitimidad de las autoridades electas en procesos que una parte de la ciudadanía juzga como carentes de equidad entre los candidatos y sus partidos.

Para ser calificado como “legítimo”, una persona, un representante popular, un proceso tiene que reunir las cualidades de ser percibido como “cierto”, “genuino” y “verdadero”. Pero estos tres componentes no se han expresado en forma plena en las campañas, ni en la jornada electoral ni en los resultados. Por eso, tras cada elección los presidentes de la República han sido cuestionados severamente por un sector de la sociedad, por carecer de legitimidad que les permita gobernar para todos. En 1988 los resultados a favor del PRI fueron deslegitimados por el PAN y su candidato Manuel Clouthier, así como por la alianza de las fuerzas de izquierda encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. Seis años después, en 1994, el propio presidente Ernesto Zedillo, reconoció que la contienda de la que surgió triunfador había sido “inequitativa”, principalmente por la falta de iguales oportunidades para los partidos y candidatos contendientes en materia de recursos económicos y acceso a los medios masivos de comunicación. Antes de dos años, en 1996, se emprendió la reforma electoral de mayor calado desde 1977. Fue cuando se ciudadanizó el IFE, se estableció el financiamiento público a los partidos e implantaron los mecanismos para el acceso de todos los candidatos a la radio y la televisión.

Quizá Vicente Fox haya sido el candidato presidencial de los últimos 24 años que ganó con plena legitimidad. Las multas impuestas por el IFE, al PRI -por el caso Pemex- y al PAN -Amigos de Fox-, dejaron sentir la gravedad que entrañaba el abuso de financiamientos “no regulados” en campañas por la Presidencia. La sanción al PAN resultó ser un leve cosquilleo en sus finanzas, pues al fin y al cabo, ¡había ganado!

El cuestionado resultado de 2006, en que la mitad de la población de México consideró que el triunfador no fue quien asumió la Presidencia el 1 de diciembre, llevó a otra reforma electoral de gran alcance. Entonces se trató de tapar los huecos de la ley que habían permitido las campañas “negras” (como aquella de “un peligro para México”) y el gasto desbordado en la televisión y la radio. Los legisladores establecieron en 2007 una serie de cortapisas a los partidos y decidieron que fuera el IFE el único conducto para contratar tiempos en los medios electrónicos.

Ahora constatamos que no fue suficiente para asegurarnos un Presidente dotado de la legitimidad necesaria para gobernar. Si los partidos no podían o no tenían que gastar en televisión en esta campaña que acaba de concluir, “invirtieron” en la movilización y promoción del voto que, a final de cuentas, significó la compra masiva de voluntades entre los electores más pobres y vulnerables a los ofrecimientos de despensas, materiales de construcción o dinero en efectivo a cambio de su sufragio.

Estos días he escuchado muchas interpretaciones de lo acontecido los días anteriores a la jornada electoral del domingo 1 de julio. Que para muchos mexicanos sigue vigente el principio de la reciprocidad, que se traduce en que si me das y lo acepto tengo que cumplir mi promesa y votar por quien me comprometí a hacerlo, así sea en el secreto de la urna. Que el dinero que se ofreció a cambio del voto fue mucho e irresistible para la mayoría, entre otras explicaciones para intentar entender lo acontecido.

La ley y las autoridades electorales -IFE y Trife- parecen impotentes para enfrentar la nueva arremetida contra la legitimidad de la elección que proviene del fenómeno de la compra y coerción del voto en sectores y regiones de muchas partes del país. Conforme pasan los días y crecen las evidencias, la sensación de desesperanza entre los ciudadanos vuelve a presentarse con fuerza. Quizá por eso nadie ha festejado sus triunfos con el ruidoso alarde que estábamos acostumbrados. Algo de genuina vergüenza se mezcla con la sensación de que “haiga sido como haiga sido”, y la certeza de que la ley nada puede hacer para corregir y evitar que estas situaciones se repitan dentro de tres, seis años, o en la próxima elección municipal.

Desgraciadamente aprendimos la receta: gastar para ganar; ganar para gastar. Lo más que puede suceder es que la autoridad electoral imponga una severa multa a los partidos, de muchos millones de pesos. Pero no hay cantidad, por grande que sea, que compita con el premio de la Presidencia de México.

También en la política, la impunidad soporta y propicia la violación de la ley. No bastaría con realizar la enésima reforma a la legislación electoral y establecer ahora, como causal de nulidad de la elección, el rebase del tope de gastos de campaña si no cambian las actitudes. En la democracia, la única forma de gobernar es con plena legitimidad y ésta se construye con base en la verdad y la autenticidad.- Mérida, Yucatán.