¿Cuánto cuesta la Presidencia?
Dulce
María Sauri Riancho
Elecciones,
dinero y legitimidad
…
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí… -Augusto
Monterroso
Una
mayoría asocia esta frase-cuento con el triunfo del PRI en las pasadas
elecciones. Apenas habían transcurrido 12 años de aquella jornada inaugural del
siglo y del milenio, ganada por Vicente Fox, poniendo punto final al largo
periodo en el poder del partido fundado en 1929 por Plutarco Elías Calles. Pero
no se trata de evocar éxitos o fracasos electorales de los partidos políticos,
sino de perfilar en la imaginación los trazos del verdadero dinosaurio
-tiranosaurio rex-, reptil tirano que se ha instalado en el centro de las
elecciones mexicanas, que las clasifica y las descalifica. No es otra cosa más
que la ilegitimidad de las autoridades electas en procesos que una parte de la
ciudadanía juzga como carentes de equidad entre los candidatos y sus partidos.
Para
ser calificado como “legítimo”, una persona, un representante popular, un
proceso tiene que reunir las cualidades de ser percibido como “cierto”,
“genuino” y “verdadero”. Pero estos tres componentes no se han expresado en
forma plena en las campañas, ni en la jornada electoral ni en los resultados.
Por eso, tras cada elección los presidentes de la República han sido
cuestionados severamente por un sector de la sociedad, por carecer de
legitimidad que les permita gobernar para todos. En 1988 los resultados a favor
del PRI fueron deslegitimados por el PAN y su candidato Manuel Clouthier, así
como por la alianza de las fuerzas de izquierda encabezada por Cuauhtémoc
Cárdenas. Seis años después, en 1994, el propio presidente Ernesto Zedillo,
reconoció que la contienda de la que surgió triunfador había sido
“inequitativa”, principalmente por la falta de iguales oportunidades para los
partidos y candidatos contendientes en materia de recursos económicos y acceso
a los medios masivos de comunicación. Antes de dos años, en 1996, se emprendió
la reforma electoral de mayor calado desde 1977. Fue cuando se ciudadanizó el
IFE, se estableció el financiamiento público a los partidos e implantaron los
mecanismos para el acceso de todos los candidatos a la radio y la televisión.
Quizá
Vicente Fox haya sido el candidato presidencial de los últimos 24 años que ganó
con plena legitimidad. Las multas impuestas por el IFE, al PRI -por el caso
Pemex- y al PAN -Amigos de Fox-, dejaron sentir la gravedad que entrañaba el
abuso de financiamientos “no regulados” en campañas por la Presidencia. La
sanción al PAN resultó ser un leve cosquilleo en sus finanzas, pues al fin y al
cabo, ¡había ganado!
El
cuestionado resultado de 2006, en que la mitad de la población de México
consideró que el triunfador no fue quien asumió la Presidencia el 1 de
diciembre, llevó a otra reforma electoral de gran alcance. Entonces se trató de
tapar los huecos de la ley que habían permitido las campañas “negras” (como
aquella de “un peligro para México”) y el gasto desbordado en la televisión y
la radio. Los legisladores establecieron en 2007 una serie de cortapisas a los
partidos y decidieron que fuera el IFE el único conducto para contratar tiempos
en los medios electrónicos.
Ahora
constatamos que no fue suficiente para asegurarnos un Presidente dotado de la
legitimidad necesaria para gobernar. Si los partidos no podían o no tenían que
gastar en televisión en esta campaña que acaba de concluir, “invirtieron” en la
movilización y promoción del voto que, a final de cuentas, significó la compra
masiva de voluntades entre los electores más pobres y vulnerables a los
ofrecimientos de despensas, materiales de construcción o dinero en efectivo a
cambio de su sufragio.
Estos
días he escuchado muchas interpretaciones de lo acontecido los días anteriores
a la jornada electoral del domingo 1 de julio. Que para muchos mexicanos sigue
vigente el principio de la reciprocidad, que se traduce en que si me das y lo
acepto tengo que cumplir mi promesa y votar por quien me comprometí a hacerlo,
así sea en el secreto de la urna. Que el dinero que se ofreció a cambio del
voto fue mucho e irresistible para la mayoría, entre otras explicaciones para
intentar entender lo acontecido.
La
ley y las autoridades electorales -IFE y Trife- parecen impotentes para
enfrentar la nueva arremetida contra la legitimidad de la elección que proviene
del fenómeno de la compra y coerción del voto en sectores y regiones de muchas
partes del país. Conforme pasan los días y crecen las evidencias, la sensación
de desesperanza entre los ciudadanos vuelve a presentarse con fuerza. Quizá por
eso nadie ha festejado sus triunfos con el ruidoso alarde que estábamos
acostumbrados. Algo de genuina vergüenza se mezcla con la sensación de que
“haiga sido como haiga sido”, y la certeza de que la ley nada puede hacer para
corregir y evitar que estas situaciones se repitan dentro de tres, seis años, o
en la próxima elección municipal.
Desgraciadamente
aprendimos la receta: gastar para ganar; ganar para gastar. Lo más que puede
suceder es que la autoridad electoral imponga una severa multa a los partidos,
de muchos millones de pesos. Pero no hay cantidad, por grande que sea, que
compita con el premio de la Presidencia de México.
También
en la política, la impunidad soporta y propicia la violación de la ley. No
bastaría con realizar la enésima reforma a la legislación electoral y
establecer ahora, como causal de nulidad de la elección, el rebase del tope de
gastos de campaña si no cambian las actitudes. En la democracia, la única forma
de gobernar es con plena legitimidad y ésta se construye con base en la verdad
y la autenticidad.- Mérida, Yucatán.