miércoles, 1 de agosto de 2012

La primera prueba


Dulce María Sauri Riancho

Las prisas del Congreso

Ha quedado atrás lo más intenso del proceso electoral 2012. Los ganadores han recibido sus constancias de mayoría que los acredita como triunfadores en el recuento de los votos, en tanto que los partidos han iniciado el camino para impugnar en los tribunales los resultados desfavorables o para defender sus triunfos frente al alegato de sus opositores.

En Yucatán, el 1 de septiembre habrán de tomar posesión los nuevos ayuntamientos de los 106 municipios y habrá de integrarse la nueva legislatura local. Un mes después, el 1 de octubre, se iniciará la gestión del gobernador. Les restan entonces menos de 45 días a las actuales autoridades municipales y a los diputados antes de concluir sus funciones, y 30 días más a la gobernadora. La proximidad del final de un gobierno se caracteriza por las inauguraciones de obras, algunas de ellas aún inconclusas, para demostrar ante la sociedad el cumplimiento de los compromisos y la eficiencia de la administración que se va. Hacia adentro, los equipos que se verán sustituidos en breve, se apuran a poner en orden las cuentas y desahogar los pendientes que dejaron sin resolver por los presuntos riesgos de perder votos o simpatías antes de la elección.

Las prisas gubernamentales, sin embargo, tienen urgencias distintas. No será lo mismo la transición administrativa entre autoridades del mismo partido, como la que sucederá en el gobierno del Estado, que la que podrá darse en los ayuntamientos que cambiarán de signo partidario, como es el caso de Mérida. En el Congreso también habrá alguna diferencia entre la mayoría calificada que actualmente tiene el PRI al contar con 17 legisladores (dos terceras partes), con la nueva integración a partir del 1 de septiembre, en que el PRI requerirá de un votoal menos, que provenga del PAN o del PRD, lo que implicará necesidad de negociar y construir acuerdos políticos para reformar la Constitución o nombrar magistrados y consejeros electorales.

Tal vez sea ésta la explicación de la premura por convocar a la renovación de tres de los cinco consejeros del Ipepac, en pleno proceso electoral, cuando todavía falta la parte importantísima de la resolución de las controversias que presentaron los partidos ante el Tribunal. Las palabras mágicas que cobijan a los actuales diputados son: a más tardar. Así justifican decidir ahora, aun cuando el periodo de los actuales consejeros se vence hasta el 30 de noviembre. Claro que para ese día ya no se podría contar automáticamente con la mayoría calificada para aprobar los nombramientos, lo cual obligaría al PRI a negociar, de entrada, con los nuevos diputados del PAN y del PRD.

La actual legislatura estatal pretende realizar el proceso completo en relación con los actuales tres consejeros, que podrán ser reelectos, al igual que sus suplentes. Antes del 10 de agosto, los diputados deberán aprobar el dictamen. Sólo si los consejeros no son ratificados, se abriría el proceso en la forma que marca la ley electoral, esto es, se recabarían las propuestas de las organizaciones sociales. Los actuales diputados no tienen tiempo, ni del calendario ni de la política. Si en alguna parte es indispensable el consenso para aprobar un nombramiento, es en los órganos electorales. Imponer la mayoría numérica y dejar la sensación de que se buscó favorecer los intereses de un partido político haciendo a un lado a los demás es sembrar la mala semilla de la desconfianza en el seno mismo de la institución responsable de garantizar la legalidad y la certidumbre de los procesos electorales. Después, en el siguiente proceso, dará sus amargos frutos en la cuestionada legitimidad de las autoridades.

¿Para qué las prisas del Congreso? ¿Para amedrentar a los actuales consejeros sobre su conducta en el órgano colegiado? ¿Para deshacerse de algún “incómodo”, por sus posiciones críticas? ¿Para “comerle el mandado” político al próximo coordinador de la mayoría priísta? ¿Para ponerle “candado” al Consejo General del Ipepac, cuya llave se irá con la mudanza del Palacio de Gobierno el 1 de octubre?

Es cierto que el Ejecutivo del estado, es decir, el o la gobernadora, se encuentra al margen de los mecanismos para elegir a los consejeros electorales, así lo señala la misma Constitución de Yucatán.

Son las organizaciones sociales las responsables de proponer a las personas que consideren idóneas para ocupar estos cargos por seis años. Sin embargo, las prisas del Congreso llegarían hasta la misma oficina del próximo gobernador para no decir que salpicarían su gestión, desde su inicio. A quien ya se va, poco le afecta, pero flaco favor le hace la mayoría priísta a Rolando Zapata cuando apresura plazos. A la primera de cambios, los mismos priístas dejan en entredicho a su candidato ganador, quien empeñó su palabra de dialogar de manera franca con la sociedad y las organizaciones ciudadanas.

“Sin querer, queriendo”, como decía Chespirito, Rolando Zapata tiene enfrente su primera prueba, puesta por sus propios compañeros de partido. Por su futura gestión exitosa, espero que la resuelva de la mejor manera, que no es otra que respetar la ley y los tiempos políticos que soplan a favor de los que vienen, no de los que se van.- Mérida, Yucatán.