miércoles, 27 de junio de 2012

El poder del voto


Dulce María Sauri Riancho
De candidatos a empleados
Interesada como muchos en la jornada electoral del próximo domingo, amanecí pensando en un viejo dicho popular: “… La burra no era arisca, los chicotazos la hicieron…”. Quizá esta frase refleja mi preocupación sobre lo que acontecerá al día siguiente, el lunes 2 de julio, una vez que hayamos depositado nuestro voto. No se trata de posibles protestas o movilizaciones para denunciar resultados desfavorables a algún candidato, sino del comportamiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno, una vez que la ciudadanía haya manifestado su voluntad y elegido a alguno/a de los candidatos. Ha ocurrido en múltiples ocasiones que, apenas pasan el “trago” electoral, los funcionarios que van de salida se apuran a aplicar una serie de medidas que, de haberlas adoptado unas semanas antes, les hubiesen representado un elevado costo electoral para los candidatos de sus partidos.
Con base en esta experiencia, me puse a imaginar que en los próximos días plazas y centros comerciales localizados en Mérida iniciarán el cobro en sus estacionamientos o, que tal vez, se aprobarán nuevas tarifas para el transporte público para compensar la amplia colaboración del gremio del transporte en los traslados de simpatizantes a los eventos electorales. O que finalmente se dará a conocer el nombre de las empresas seleccionadas para construir tres hospitales en distintas poblaciones del estado, bajo el controvertido y oneroso esquema de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS). El fantasma del endeudamiento del gobierno de Coahuila, cuidadosamente ocultado a la ciudadanía hasta después de las elecciones en ese estado, aparece ante mis ojos como un precedente de lo que no debiera ocurrir en Yucatán y que debería servirnos a los yucatecos para estar alertas de los movimientos, acuerdos o subterfugios que, en este tema, se puedan dar entre la administración que sale y el equipo que la relevará.
A nivel federal mi sueño se complica cuando pienso que podríamos ser testigos impotentes de la aprobación del I.V.A. generalizado -ampliado a alimentos y medicinas- por los diputados y senadores, como parte de un acuerdo entre el gobierno saliente y el entrante. O tal vez el Congreso decida de una vez por todas, la aprobación “fast track” de las atoradas reformas en materia laboral o de seguridad pública. Todo lo anterior con el propósito claro de facilitar el acceso del nuevo Presidente de la República brindándole márgenes para su desempeño sin el desgaste que entraña la construcción de acuerdos o la imposición de medidas políticamente costosas.
Sueños y pesadillas cobran sentido y oportunidad como reflexiones ante la proximidad de la jornada electoral, ocasión por excelencia para que la ciudadanía participe en la conducción de los asuntos públicos. Contra lo que todavía ocurre en nuestro país, el voto debiera ser instrumento para que cada persona exprese su respaldo a quien nos gobernará, pero también para transmitir su juicio, una evaluación del desempeño de los funcionarios en activo, una especie de “corte de caja” en la trayectoria pública de quienes se postulan como candidatos y, en consecuencia, de los partidos que ejercen el poder y persiguen el refrendo ciudadano.
No cabe duda de que hacen falta instancias para la rendición de cuentas de las autoridades, pero no es menos cierto que los mexicanos no hemos sabido utilizar el voto como tal. Es parte de las razones por las que en nuestro país aún impera la cultura de la impunidad para el funcionario público, electo o nombrado. Pero la impunidad es un asunto de “doble vía”, es decir, no la tiene el funcionario o el representante por sí mismo, sino que es conferida por la sociedad. Arranca con un voto que no tiene memoria y que tampoco conlleva sanción. Hemos logrado ya que el voto valga para elegir a un candidato pero no hemos sabido darle a ese mismo sufragio la dimensión de juicio, de evaluación, de rendición de cuentas y de sanción ciudadana.
No sorprende entonces que tengamos como candidatos a ciudadanas y ciudadanos socialmente rechazados, políticamente “impresentables” y, que, a pesar de ello, sigan ocupando un cargo legislativo utilizando las distintas fórmulas de la ley. Mientras no aprendamos a utilizar el voto como instrumento de rendición obligada de cuentas seguiremos teniendo telebancadas, partidos familiares, candidatos “chapulines”, muñecos de marketing y buscadores de fuero para seguir medrando del erario.
El próximo domingo todos los yucatecos en edad y con credencial para votar tendremos ocasión de acudir a las casillas para suscribir un contrato por tres o seis años con quien decidamos favorecer. Ellas y ellos serán nuestros mandatarios, es decir, que habrán ganado un contrato para realizar el trabajo de gobernarnos. Seremos sus jefes. No se nos olvide. Por eso hay que revisar con cuidado los perfiles y las trayectorias de los participantes; que ponderemos la conducta de sus partidos, el cumplimiento de sus correligionarios en el gobierno. En eso consiste el ejercicio responsable del voto. Empecemos a ser los que mandan en esta compleja estructura democrática que nos hemos dado.- Mérida, Yucatán.