viernes, 17 de febrero de 2012

¡Se vende Kanasín! Entre la especulación y la indiferencia

Dulce María Sauri Riancho

Hace 40 años la ciudad de Mérida estaba rodeada por un cinturón de verdes henequenales. El acelerado crecimiento de la población y el paulatino abandono de las haciendas fueron estímulo para la ocupación de las tierras con nuevos asentamientos, la mayoría de condición muy precaria, esto es, sin luz, agua potable, ni otros servicios básicos. Para enfrentar el problema de la ocupación irregular en muchas ciudades del país, se creó la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (Corett), cuya misión consistía en regularizar la propiedad en terrenos ejidales. Yucatán, por su parte, creó en la década de 1980 la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo de Yucatán (Cousey), a cargo de la cual quedó una gigantesca reserva de terrenos expropiados a los ejidos vecinos de Mérida, principalmente.

La década de 1990 fue de intensa actividad de regularización de Corett, pero la tarea no concluyó. Una de las zonas pendientes está al oriente de Mérida, donde se ubican numerosas colonias que suman a su condición precaria el hecho de encontrarse en la denominada "zona de traslape" entre los municipios de Mérida y Kanasín. En buen romance significa que ninguna de las dos autoridades municipales se ha hecho cargo de proporcionar a sus pobladores los servicios públicos a los que tienen derecho.

La Corett se disponía finalmente a regularizar la situación de más de 7,000 familias de las colonias San Camilo, Flor de Mayo, Francisco Villa Oriente, Cuauhtémoc, Ampliación Santa Isabel y Melchor Ocampo. Ocupan 176 hectáreas (1.760,000 metros cuadrados), donde a lo largo de más de 20 años de intensas gestiones vecinales, se han construido siete escuelas, tres canchas de fútbol, dos iglesias, entre otras instalaciones de beneficio colectivo. Pero resulta que el ejido de Kanasín, el mismo que en el pasado les "vendió" sus lotes, en una sorpresiva decisión ahora revendió a una empresa particular la totalidad de la superficie en ¡6 millones de pesos!

Resulta incomprensible la determinación del ejido de Kanasín. Los ejidatarios sólo recibieron $3.4 por metro cuadrado, menos del precio de un boleto de camión urbano. Corett les había ofrecido más pero no quisieron sus líderes esperar. Querían, ya, su dinero.

Tampoco se entiende la actitud de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Corett ya notificó la ruptura del convenio de regularización que había suscrito meses atrás con el ejido de Kanasín y la devolución del anticipo que había recibido de cientos de familias deseosas de ser propietarias plenas de sus casas. El retiro de esta institución federal significa también que los colonos no contarán con el subsidio de $8,000 por lote, para terminar de pagar la cantidad fijada en los avalúos oficiales.

El gobierno del Estado no ha dicho "esta boca es mía". Parece que asiste impasible al espectáculo único de la venta de un asentamiento humano completo. El ayuntamiento de Kanasín ha hecho mutis y el de Mérida, con mayor razón. Tras la excusa del "traslape" se guarda el gigantesco "lavatorio de manos" de la burocracia. Tal vez incluso haya festejos porque la autoridad federal panista no puede con el problema y, por si no fuera suficiente, también el municipio tiene gobierno de Acción Nacional.

Es comprensible la zozobra de los vecinos. Es el patrimonio de toda una vida el que está en riesgo. Las mejoras obtenidas tras larga lucha actúan ahora en contra de sus intereses, pues gracias a ellos, sus terrenos y casas valen más. Se preguntarán cuál será "... el valor aceptado en la zona..." que servirá para fijar el precio y la magnitud de los pagos a la empresa privada que adquirió los terrenos. De entrada, está claro que no serán criterios sociales, sino de tipo comercial, fijados por la ley de la oferta y la demanda, y por la calidad de la infraestructura que los propios vecinos contribuyeron a crear.

Quienes compraron las 176 hectáreas del ejido de Kanasín hicieron un buen negocio. No adquirieron sólo tierra, sino una especie "cartera vencida". Clientes cautivos, dispuestos a pagar por el certificado jurídico. Si simplemente cobraran a $50 el metro, obtendrían la friolera de ¡88 millones de pesos!, y el doble si lo hicieran a $100. No tendrían que realizar gasto alguno, y en muy poco tiempo multiplicarían por 14 veces su inversión inicial.

Esta delicada situación muestra los costos de la descoordinación que hay entre los tres niveles de gobierno y entre las instituciones federales y estatales. Que sean de distintos partidos políticos, que haya campañas electorales de por medio, no justifica la indiferencia de unos y la claudicación de otros. Si la función básica del gobierno es dar seguridad a los ciudadanos, el Estado en su conjunto está incumpliendo. La desidia institucional auspicia la especulación a costa de los más pobres y vulnerables. Ésta es una dimensión de la seguridad humana de la que no podemos ser ajenos. ¡Certeza jurídica para los colonos de Kanasín, auténtica seguridad para todos los yucatecos!- Mérida, Yucatán.