miércoles, 20 de julio de 2011

El 1 de agosto en Dzibilchaltún: No es informe, no es ciudadano

Dulce María Sauri Riancho

La gobernadora se apresta el lunes 1 de agosto a rendir su "4º Informe Ciudadano". Esta fecha conmemora que cuatro años atrás, el miércoles 1 de agosto de 2007, rindió la protesta ("compromiso constitucional" se denomina ahora) para gobernar Yucatán por los siguientes 5 años, 2 meses.

Dada la reiteración del acto y la gravedad de sus implicaciones considero necesario insistir en el tema. De acuerdo con la ley, el Informe de gobierno se deberá presentar hasta el tercer domingo de octubre, el 16 de este año, ante el Congreso. A partir de ese momento, se activarán las normas que permiten o deberían facilitar la función fiscalizadora de los diputados sobre la actividad del Ejecutivo en el periodo que informa. Los mismos legisladores de la mayoría del PRI y, desde luego, la minoría opositora del PAN y del PRD, tienen la facultad de citar y cuestionar a los distintos funcionarios del Ejecutivo para normar su criterio acerca del cumplimiento o no del programa de gobierno, de la aplicación del presupuesto público, de los resultados obtenidos para, esta manera, realizar un balance de la gestión de la gobernadora.

Habrá quien, escéptico, piense que todo esto es un ejercicio inútil. Que finalmente el gobierno y sus funcionarios informan lo que quieren, contestan como quieren y responden muy poco a los requerimientos de los legisladores y mucho menos, a los de las oposiciones. Pero, finalmente, algo se avanza. Sobre todo, en el ejercicio de una de las dos atribuciones constitucionales que tiene el Poder Legislativo: la fiscalización que acompaña a la facultad de aprobar las leyes.

Hace tres años, se realizó una reforma a la Constitución de la República que prohibió tajantemente la propaganda gubernamental que incluyera ".nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.". Resulta que hay una excepción a la estricta prohibición de la Constitución para que los gobernadores realicen difusión con su voz, su imagen y su nombre, es decir, que hagan propaganda siendo ellos los protagonistas.

Esta "tolerancia" constitucional tiene que ver con su Informe de gobierno. Dice la ley: ".el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe...".

Si sacamos las cuentas de 2011, este precepto legal significaría que del 9 al 21 de octubre, la dirección de Comunicación Social del gobierno del Estado podría inundar los medios electrónicos e impresos de propaganda sobre la gestión de gobierno durante el año anterior. Pero, una vez más, se pasan olímpicamente sobre la ley y sobre el calendario: el informe se hace a ritmo de jarana y se le llama "ciudadano" y el mes de octubre se convierte en agosto. Por eso, no nos extrañemos que a partir del 24 de julio y hasta el 5 de agosto, veamos y escuchemos miles de mensajes publicitarios sobre los logros gubernamentales.

Como ya se ha vuelto costumbre en Yucatán, el "4º Informe Ciudadano" se hará y tendrá el mismo matiz de celebración de un evento significativo para la gobernadora. Ya no será la Plaza Grande y la calle 60 su escenario. Lo substituirá Dzibilchaltún. A la avalancha publicitaria de los próximos días habría que sumarle la inmovilización de aquellos legisladores que quisieran realizar alguna fiscalización sobre el trabajo de la gobernadora. Simple y llanamente: no tienen facultades. Y si teniéndolas poco caso se les hace a sus reclamaciones, menos todavía en estas condiciones.

Pero el ambiente social no es ni remotamente el mismo que hace un año. Apenas unos días atrás, al reclamo de disculpas exigidas por un grupo de organizaciones y dirigentes empresariales por los lamentables hechos de la glorieta de la colonia México, la gobernadora Ortega Pacheco respondió que sólo quien tiene culpa ofrece disculpas. Otra vez la confusión: el juicio sobre el desempeño de sus gobernantes le corresponde a los ciudadanos, no a los gobernantes.

El lema elegido para este Informe Ciudadano, "Un destino de Luz", parece que no alcanza para iluminar las acciones gubernamentales y darles la transparencia que demandan sectores crecientes de la sociedad yucateca. Mientras, quienes vayan a asistir, que apresten su "vestimenta tradicional maya". ¡Tan sencillo que hubiera sido decir: de guayabera y de terno!- Mérida, Yucatán.

Era la Glorieta de la Paz

Dulce María Sauri Riancho

Para David, Flori y Marcelo.Vendrán otros tiempos de respeto, otras voces. Porque ustedes lo harán posible


La sangre llegó a la Glorieta de la Paz. Contra viento y marea, la cerrazón de las autoridades se impuso a los argumentos de los colegios de profesionales, los organismos empresariales y los grupos de ciudadanos de Mérida. Este punto geográfico concentra hoy una forma de entender y ejercer la autoridad, una manera de practicar la política y de responder a la demanda ciudadana de participación real en las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad.

Las obras del "paso deprimido" no fueron objeto de consulta popular, cuando pudieron ser parte del listado que el Ayuntamiento de Mérida envió al IPEPAC a fines del año pasado. Inesperadamente aparecieron como la acción más trascendente del actual cabildo. Tal vez sea la urgencia de hacer "algo" que luzca y se vea, una construcción que trascienda el paso fugaz de un gobierno ya de por sí breve. Los conciertos de Shakira y Juanes no son suficientes para la memoria de la posteridad, así sean gratuitos, aunque tal vez ayuden a competir por la postulación del PRI al gobierno de Yucatán.

La actitud de las autoridades parece reflejar un menosprecio hacia la sociedad yucateca. Los cálculos políticos suponen que en pocos días las voces disidentes se callarán y los manifestantes, impotentes y desalentados, se cansarán. Se asume que son puros "dzules" del norte los que nutren la protesta, que no están acostumbrados a la lucha ni a expresarse públicamente; que son fáciles de amedrentar por la amenaza de violencia, que el lunes se hizo efectiva. Además, calculan, en unas cuantas semanas, cuando el "paso deprimido" esté terminado e inaugurado, las turbulencias del inicio de su construcción habrán quedado en el olvido.

Es posible que el PRI minimice las consecuencias electorales de los sucesos de la Glorieta de la Paz. Al fin y al cabo, en todas las casillas de esa zona de la ciudad casi siempre se ha impuesto Acción Nacional. Y como no se puede perder lo que no se tiene, no habrá efectos mayores para el cada vez más próximo 2012. A lo anterior se suma una estrategia eficaz de comunicación gubernamental que transformó la agresión a los manifestantes del lunes pasado en un episodio más de la lucha entre panistas y priístas. Así se reflejó en los noticieros de radio y televisión. Y si muchos ciudadanos rechazan la política y a los políticos, al ponerle el sello de una lucha entre partidos las autoridades intentan restarle simpatía y solidaridad al movimiento de la glorieta de la Paz, integrado por mujeres y hombres, la mayoría de ellos sin militancia partidista.

Hacia afuera, las autoridades municipales consideran que su intransigencia da una imagen de fortaleza al negarse a cualquier tipo de reconsideración sobre la obra. Que al gobierno no se le presiona ni se le doblega; que el problema no trasciende la esfera local porque en la parte nacional, el interés se concentra en las elecciones del pasado 3 de julio, con el amplio triunfo del PRI sobre sus dos adversarios, PAN y PRD, y no en prestarle atención a un suceso provinciano.

El sentido común proclama la necesidad de cuidar las frágiles redes de la convivencia en esta ciudad. ¿Qué desearía que pasara? Que la alcaldesa de Mérida detuviera la obra, que abriera el diálogo, como dicen el dueño de la empresa ganadora de la licitación y el presidente del Centro Empresarial de Mérida. Pero, ¿qué es lo más probable que suceda? Si no cristalizan los intentos legales por detener la construcción, el "paso deprimido" de Montejo se hará. Tal vez será la primera (¿la única?) obra de esta administración gubernamental -estatal y del actual cabildo- que se concluya en el plazo comprometido, en este caso, de 84 días. Hay demasiados ojos mirando para que no se liquiden los anticipos de obra (del finiquito, mejor no hablamos) para que la empresa pueda ejecutarla. El 16 de septiembre se inaugurará, los autos transitarán y habrá plantas de vivero en lugar de los añejos flamboyanes y piches. Aquí no ha pasado nada.

Pero sí, mucho ha sucedido. La violencia le ganó la partida al diálogo, se impuso una forma autoritaria de ejercer el mandato popular; se rechazó la participación de las organizaciones de profesionales y de los mecanismos especializados en el análisis de los problemas de la ciudad. Se ignoró a la sociedad y se agredió a una parte de ella.

La prepotencia es el mal que aflige al actual gobierno. Y es muy contagioso. Sus síntomas más agudos son el menosprecio de la opinión popular y el uso de la fuerza del poder para imponerse y avasallar. Hoy lo padece la alcaldesa de Mérida. Pero sí tiene consecuencias. Sus contendientes por la candidatura del PRI a la gubernatura deben estar frotándose las manos, aunque de dientes para afuera la feliciten por su firmeza.

Por lo pronto, le quito el nombre a la glorieta. Prefiero llamarla "de la Colonia México", o como una conocida cadena de hamburguesas, o tal vez el "paso deprimido" de Montejo. Nunca más "de la Paz". Es desde el lunes pasado, una flagrante contradicción.- Mérida, Yucatán.