miércoles, 20 de julio de 2011

El 1 de agosto en Dzibilchaltún: No es informe, no es ciudadano

Dulce María Sauri Riancho

La gobernadora se apresta el lunes 1 de agosto a rendir su "4º Informe Ciudadano". Esta fecha conmemora que cuatro años atrás, el miércoles 1 de agosto de 2007, rindió la protesta ("compromiso constitucional" se denomina ahora) para gobernar Yucatán por los siguientes 5 años, 2 meses.

Dada la reiteración del acto y la gravedad de sus implicaciones considero necesario insistir en el tema. De acuerdo con la ley, el Informe de gobierno se deberá presentar hasta el tercer domingo de octubre, el 16 de este año, ante el Congreso. A partir de ese momento, se activarán las normas que permiten o deberían facilitar la función fiscalizadora de los diputados sobre la actividad del Ejecutivo en el periodo que informa. Los mismos legisladores de la mayoría del PRI y, desde luego, la minoría opositora del PAN y del PRD, tienen la facultad de citar y cuestionar a los distintos funcionarios del Ejecutivo para normar su criterio acerca del cumplimiento o no del programa de gobierno, de la aplicación del presupuesto público, de los resultados obtenidos para, esta manera, realizar un balance de la gestión de la gobernadora.

Habrá quien, escéptico, piense que todo esto es un ejercicio inútil. Que finalmente el gobierno y sus funcionarios informan lo que quieren, contestan como quieren y responden muy poco a los requerimientos de los legisladores y mucho menos, a los de las oposiciones. Pero, finalmente, algo se avanza. Sobre todo, en el ejercicio de una de las dos atribuciones constitucionales que tiene el Poder Legislativo: la fiscalización que acompaña a la facultad de aprobar las leyes.

Hace tres años, se realizó una reforma a la Constitución de la República que prohibió tajantemente la propaganda gubernamental que incluyera ".nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.". Resulta que hay una excepción a la estricta prohibición de la Constitución para que los gobernadores realicen difusión con su voz, su imagen y su nombre, es decir, que hagan propaganda siendo ellos los protagonistas.

Esta "tolerancia" constitucional tiene que ver con su Informe de gobierno. Dice la ley: ".el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe...".

Si sacamos las cuentas de 2011, este precepto legal significaría que del 9 al 21 de octubre, la dirección de Comunicación Social del gobierno del Estado podría inundar los medios electrónicos e impresos de propaganda sobre la gestión de gobierno durante el año anterior. Pero, una vez más, se pasan olímpicamente sobre la ley y sobre el calendario: el informe se hace a ritmo de jarana y se le llama "ciudadano" y el mes de octubre se convierte en agosto. Por eso, no nos extrañemos que a partir del 24 de julio y hasta el 5 de agosto, veamos y escuchemos miles de mensajes publicitarios sobre los logros gubernamentales.

Como ya se ha vuelto costumbre en Yucatán, el "4º Informe Ciudadano" se hará y tendrá el mismo matiz de celebración de un evento significativo para la gobernadora. Ya no será la Plaza Grande y la calle 60 su escenario. Lo substituirá Dzibilchaltún. A la avalancha publicitaria de los próximos días habría que sumarle la inmovilización de aquellos legisladores que quisieran realizar alguna fiscalización sobre el trabajo de la gobernadora. Simple y llanamente: no tienen facultades. Y si teniéndolas poco caso se les hace a sus reclamaciones, menos todavía en estas condiciones.

Pero el ambiente social no es ni remotamente el mismo que hace un año. Apenas unos días atrás, al reclamo de disculpas exigidas por un grupo de organizaciones y dirigentes empresariales por los lamentables hechos de la glorieta de la colonia México, la gobernadora Ortega Pacheco respondió que sólo quien tiene culpa ofrece disculpas. Otra vez la confusión: el juicio sobre el desempeño de sus gobernantes le corresponde a los ciudadanos, no a los gobernantes.

El lema elegido para este Informe Ciudadano, "Un destino de Luz", parece que no alcanza para iluminar las acciones gubernamentales y darles la transparencia que demandan sectores crecientes de la sociedad yucateca. Mientras, quienes vayan a asistir, que apresten su "vestimenta tradicional maya". ¡Tan sencillo que hubiera sido decir: de guayabera y de terno!- Mérida, Yucatán.