miércoles, 25 de mayo de 2011

Las marchas de mayo. Transparencia y verdad

Dulce María Sauri Riancho

El sentido común obliga a considerar la posición de los funcionarios gubernamentales sobre el reclamo de información y transparencia que mantiene un sector de la sociedad. Veámoslo en términos de costos y oportunidades.

¿Qué le saldría más barato -políticamente hablando- al gobierno: dar a conocer las razones por las que no ha podido concluir los hospitales de Valladolid y Tekax y terminarlos a la brevedad, o aguantar en silencio las protestas cada vez más exaltadas de los ciudadanos de esas regiones?

¿Qué sería más fácil para los encargados de la comunicación: exhibir su padrón de proveedores y así responder a los señalamientos reiterados de fraude, o "jugársela" a enfrentar investigaciones y auditorías del Sistema de Administración Tributaria (SAT), autoridad federal encargada de vigilar el correcto pago de los impuestos?

¿Qué es más sencillo: informar el número de viajes de la gobernadora fuera del estado, las fechas, los detalles (vuelo comercial o vuelo privado; "aventón" de algún gobernador vecino o alquiler de avión) y hasta los viáticos recibidos, o "poner caradura" al responder que no existen registros administrativos disponibles de estos movimientos?

¿Qué sería más conveniente para la imagen de la gobernadora cuando surge una denuncia contra el desempeño de algún funcionario: ignorar olímpicamente las acusaciones, como hasta ahora, o abrir paso a una investigación que despeje dudas de la sociedad y de su propia jefa? ¿Qué sería más positivo para el funcionamiento de la administración gubernamental: respetar a los dirigentes de organizaciones que no son incondicionales del régimen o buscar por todos los medios su destitución, como ha acontecido en la Fundación Produce y en algún sindicato?

El viernes pasado hubo dos manifestaciones ciudadanas. Una, para rememorar el triunfo electoral del PRI en 2007, refrendado en 2009 y 2010. La otra, de un conjunto de organizaciones sociales y ciudadanos decididos a exigir libre acceso a la información pública y a demandar transparencia en los actos del gobierno.

Una vez más, la polarización surge y desgasta a la sociedad yucateca. O se está con el gobierno o se está contra él; o se ama a la gobernadora cuyo "liderazgo moral" cobra perfiles de dogma político, o se le rechaza tajantemente y se cuentan los días que faltan para que concluya su gestión.

Resultaría más barato para la sociedad y menos gravoso para el gobierno y la gobernadora recapacitar, hacer a un lado aquella conseja de "quien no está conmigo, está contra mí". En una sociedad plural y con creciente ciudadanía, una actitud excluyente por parte de sus autoridades tiene un enorme costo para la gobernabilidad y la buena marcha del conjunto social. Y los políticos suelen olvidar que los gobiernos pasan, mientras el pueblo permanece.

Se entendería el afán por ocultar información que debiera ser pública si el costo de revelarla fuera muchísimo mayor que el beneficio de darla a conocer. Sería el caso si se hubiesen empleado los fondos de los hospitales en solventar deudas de campaña al inicio del gobierno; si los gastos exorbitantes en comunicación social suplantaran otro tipo de erogaciones no sólo de imagen de la gobernadora; si la red de facturas apócrifas y empresas "fantasmas" fueran un modus operandi para todas las ramas del gasto gubernamental; si el temor a la actuación independiente de los directivos de las agrupaciones sociales o empresariales estuviese asentado en el miedo a que ganasen influencia moral frente al gobierno.

La sociedad, organizada o no, tiene el derecho y la necesidad de saber. El gobierno tiene el deber de informar. Eso puede molestar, enfadar a las autoridades, es decir incomodarlas. Para el ciudadano, aquí en Yucatán o en cualquier parte de México: "Que no te incomode incomodar, que no incomode despertar la indiferencia que no permite hoy mirar... no disfraces la mentira por tu miedo a la verdad...".- Mérida, Yucatán.

viernes, 20 de mayo de 2011

Reorientar políticas. Vida en la Sejuve

Dulce María Sauri Riancho

Hace unos días se realizó un nuevo cambio de titular en la Secretaría de la Juventud (Sejuve). Creada al iniciarse el actual gobierno, la institución aspiraba a convertirse en el motor de la participación juvenil en las distintas áreas de la economía, la sociedad, la educación y la cultura, con el mandato claro de reconocer y remover cualquier obstáculo que enfrenten las mujeres y los hombres por el hecho de ser jóvenes.

Miles de personas en Yucatán afrontan desventajas e incluso discriminación. Las mujeres, la población maya, los niños y los ancianos, así como los jóvenes tienen problemas específicos por razón de su edad, su género o su condición étnica. El gobierno ha creado diversas instituciones, como el Instituto Estatal de las Mujeres, el Indemaya, el DIF, el Insen y la propia Sejuve, que pretenden combatir la desigualdad y ofrecer oportunidades para todos.

Se trata de esfuerzos poco articulados que se duplican, atropellan y confunden, lo que propicia el desperdicio y el dispendio de los escasos recursos presupuestales asignados.

El problema es la visión. El gobierno ha confundido la formación de las instituciones con una estrategia integral de atención, que sume verdaderamente las capacidades y los recursos de la administración pública y los articule a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad. Por eso pretende haber cumplido sus compromisos cuando asigna plazas y algunos recursos para la operación de las dependencias formalmente responsabilizadas de los programas.

Dice el refrán que "... la juventud es el único defecto que se quita con el tiempo...". Sin embargo, no basta esperar pasivamente el paso de los días. Los jóvenes demandan salud, educación, empleo, vivienda, transporte, recreación y deporte. Tras cada una de las acciones hay una o varias dependencias de gobierno involucradas, como las Secretarías de Salud, de Educación, Fomento Agropecuario o Económico, Turismo, etcétera. Es decir, todo el gabinete estatal. Pero si se "enjaulan" las políticas para los jóvenes dentro de los estrechos límites de una secretaría, la burocratización y el fracaso están prácticamente asegurados.

La Sejuve no ha logrado implantar una visión globalizadora y una estrategia integral en las políticas públicas del gobierno. Si de financiamiento de proyectos se trata, sólo hay para unos cuantos y por cantidades insuficientes para poderlos realizar. Y en la parte social se confunde la participación juvenil con la promoción de fiestas y agasajos, con barra libre incluida, cuando se aproxima alguna elección.

A la Secretaría de la Juventud se le ha ido el tiempo en batallas por el presupuesto, perdidas de antemano frente a los gigantes de la administración, como las Secretarías de Educación, Salud, Fomento Agropecuario, Seguridad Pública y Política Comunitaria. Y si le sumamos los numerosos cambios en sus mandos superiores, con tres titulares y varios interinatos, se entienden las razones de los magros resultados obtenidos. Este tercer cambio trae a una joven mujer, animosa y preparada académicamente, con experiencia previa a pesar de sus pocos años, cuando al gobierno le restan 16 meses para concluir.

El remedio no consiste en incrementar el presupuesto de la Secretaría de la Juventud para 2012. Sin un cambio de estrategia sólo aumentaría la burocracia y propiciaría mayor despilfarro. Modificar el rumbo significaría lograr una efectiva incidencia en el diseño de políticas para la juventud y en la asignación de recursos de todas las dependencias para cumplirlas.

Un pequeño equipo con calidad profesional y propósitos de servicio bastaría para reconducir la política de esta administración hacia la juventud. Sería posible si contara con el apoyo decidido de la gobernadora. En estos menesteres no bastan las fotos: se requiere el trabajo y la atención cotidiana a estos asuntos, que hagan sentir en forma palpable a todos los funcionarios que la gobernadora apoya decididamente a Vida para darle a la Sejuve la orientación que reclama. Más vale tarde que nunca.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 11 de mayo de 2011

Marchas y manifestaciones. Entre la frustración y la esperanza

Dulce María Sauri Riancho

Las marchas y concentraciones del domingo pasado en la ciudad de México y otras 17 entidades del país y el mitin matutino en la plaza de San Juan, en Mérida, muestran con claridad que nos encontramos en una situación de emergencia social.

El combate frontal al narcotráfico y al crimen organizado está derivando en la instauración de un Estado policiaco, en que las prioridades parecen haberse trastocado. Lo más importante para el gobierno se ha vuelto el número de jefes de cárteles que han salido de la circulación (aprehendidos o muertos), ya ni siquiera la cantidad de droga decomisada. Las ejecuciones y las balaceras forman parte de la vida cotidiana de varias ciudades y regiones de México, sin que ocupen más que unos cuantos renglones de los medios impresos y unos breves segundos en los noticieros televisivos.

La propaganda oficial intenta convencernos de que "vamos ganando" la guerra; que todos los esfuerzos son ".para que la droga no llegue a tus hijos.". Sin embargo, la sensación general es de frustración. Peor aún, no se vislumbra la luz al final del túnel de violencia e inseguridad. Por eso es muy importante registrar lo sucedido en las marchas y el mitin dominical meridano.

Lo trascendente no es el número de personas que se manifestaron y sus motivos para asistir y expresar la indignación por la violencia que azota a la sociedad mexicana. Lo que importa no es cuántos seguidores tiene López Obrador y el movimiento de regeneración nacional (MORENA) que encabeza. Lo que conviene rescatar es la mezcla de sentimientos de frustración y de esperanza que se proyectaron ese día: la indignación por lo sucedido y la esperanza de que las cosas pueden cambiar, que todavía es posible construir, en paz, espacios de convivencia social distintos al ambiente de inseguridad e incertidumbre en que vive la mayoría de la población.

En el corto plazo es necesario combatir frontalmente toda forma de delincuencia. Pero no podemos permitir que el gobierno agote su compromiso en una guerra perdida de antemano si no se atacan las raíces del mal. Las causas de fondo de la situación que nos aflige están en la profunda desigualdad y en la falta de oportunidades para la mayoría.

Se dice con razón que las bandas de narcotraficantes están integradas principalmente por jóvenes que no encontraron opción para satisfacer sus expectativas de mejoramiento material en una actividad lícita, es decir, no hallaron trabajo y si lo hicieron, el sueldo era tan reducido que difícilmente les permitía vivir el día, mucho menos construir su futuro.

Hasta hace algún tiempo, con una economía boyante en los Estados Unidos, la emigración era el destino de numerosos contingentes juveniles de muchas partes del país. Esa etapa terminó con la crisis económica de 2008. Ahora la oportunidad aparece en el reclutamiento para la delincuencia organizada, sea para el narcotráfico o para actividades menos perseguidas, como el tráfico de personas, la venta de mercancía pirata y otras formas irregulares de ganarse la vida.

Si sabemos cuál es el origen del mal, como sociedad tenemos derecho a exigir al gobierno la aplicación de remedios eficaces. Requerimos de un verdadero Programa de Emergencia del Empleo Juvenil. Hay antecedentes: en 1983 se estableció un programa para dar trabajo a miles de personas en el campo que habían quedado sin ingresos como consecuencia de la crisis de entonces. En otras partes del mundo, como en Estados Unidos cuando la Gran Depresión y en Taiwán cuando el bloqueo de China, se crearon mecanismos institucionales para asegurar un ingreso mínimo a su población mientras se generaban las condiciones de superación de la emergencia.

En esta emergencia social, el compromiso debe ser con los jóvenes. No se trata de hacerlos policías ni de darles entrenamiento militar que propicie después su "salto" al crimen organizado. El compromiso estaría en proporcionar efectivamente medios para la creación de empresas juveniles, para estimular la contratación y permanencia en los negocios establecidos, para ampliar sus oportunidades de becas de estudio de postgrado y de inserción en los sistemas de investigación y enseñanza superior del país.

Así habría esperanza. Y si la hay, también habrá futuro para todos.- Mérida, Yucatán.

viernes, 6 de mayo de 2011

Resignarse u organizarse, los dos caminos

Dulce María Sauri Riancho

Que México no es el país más violento. Que varios lo anteceden; en América Latina, El Salvador y Brasil van por delante en la cuenta de asesinatos y asaltos.

Que la economía mexicana se ha recuperado. Que ya exportamos más que antes de la crisis; que las cifras de nuevos asegurados en el IMSS lo confirman. Que la descentralización administrativa y presupuestal es una realidad; que los estados y los municipios manejan cantidades crecientes de recursos, como nunca antes.

Que el sistema electoral mexicano es ejemplo internacional. Que la alternancia política ha incrementado la calidad de la democracia.

Que el acceso a la información pública gubernamental es un derecho ciudadano.

Que Yucatán y Mérida destacan como lugares para vivir. Que no hay secuestros ni muertes masivas, como en otras partes. Que los yucatecos seguimos siendo cordiales con los de fuera. Que el gobierno estatal es ejemplo de la alternancia y que el municipio de Mérida demuestra que el PRI puede recuperar la confianza ciudadana.

Entonces ¿por qué muchos nos sentimos preocupados e inconformes con la situación actual del país y del estado? ¿Cómo podemos calificar a México de "menos violento" ante sucesos como los de Tamaulipas y Chihuahua? ¿Cómo olvidar a los muertos de Cuernavaca, de San Fernando y de Durango y tantos más en una docena de entidades federativas? ¿Y los desplazados internos, los miles de familias que abandonan su ciudad, sus empleos y negocios para trasladarse a otras partes del territorio nacional que perciben como más seguras? ¿Y los miles de personas que se han ido a radicar a los Estados Unidos? Son testigos mudos las muchas casas cerradas y en venta de Ciudad Juárez y otras poblaciones grandes y pequeñas cuyos habitantes prefirieron dejar todo antes que perder la vida.

¿Cómo aceptar las cifras del crecimiento del empleo cuando la precariedad de los trabajos, los bajos sueldos y las nulas prestaciones son la constante en el mercado laboral y los jóvenes egresados de las escuelas de educación superior se pasan meses y hasta años sin poder lograr una oportunidad para desempeñarse en la carrera que estudiaron? Si es cierto que los estados y los municipios reciben recursos crecientes del sistema federal, ¿por qué entonces la mayoría de los estados registra un alto nivel de endeudamiento que los coloca en posición de alta vulnerabilidad? Es evidente que mucho de ese dinero se aplica en obras suntuarias, poco útiles para la población pero muy convenientes para incrementar el patrimonio de los funcionarios que las asignan.

La credibilidad en los órganos electorales se ha erosionado. Dejaron de ser percibidos por la ciudadanía como propios para pasar a ser considerados como instrumentos dóciles de otros poderes, formales o "fácticos", pero no ciudadanos. La información pública gubernamental se regatea, se administra con cuenta gotas o se oculta. Y cuando se devela su contenido para ilustrar componendas y corrupción, la autoridad la ignora con plena impunidad, al menos hasta ahora.

Yucatán y Mérida son tranquilos, como lo fueron hasta hace muy poco Monterrey, Tampico y Durango. Aún así, la economía yucateca sigue sin desplegar su potencialidad y la precariedad en el empleo es aún más acentuada que en los otros dos estados peninsulares. La administración del erario público se halla convertida en el "gabinete de las maravillas", de donde salen proyectos de ensueño y deudas de pesadilla para los gobiernos futuros.

Ante este panorama nos queda escoger uno de dos caminos: resignarnos u organizarnos. El primero parece ser el más fácil: asumir que nada se puede cambiar, protegerse individualmente. Es el "sálvese el que pueda" elevado a norma de conducta social. El otro, el de la organización, es el más largo y más difícil. Exige imaginación y entrega; paciencia y tolerancia. Su divisa habría de ser la suma de todos aquellos que no se resignan, que se niegan a aceptar el dogal de la impotencia, sin importar su edad, su género o su filiación partidista. Así, para después multiplicar.- Mérida, Yucatán.