miércoles, 25 de mayo de 2011

Las marchas de mayo. Transparencia y verdad

Dulce María Sauri Riancho

El sentido común obliga a considerar la posición de los funcionarios gubernamentales sobre el reclamo de información y transparencia que mantiene un sector de la sociedad. Veámoslo en términos de costos y oportunidades.

¿Qué le saldría más barato -políticamente hablando- al gobierno: dar a conocer las razones por las que no ha podido concluir los hospitales de Valladolid y Tekax y terminarlos a la brevedad, o aguantar en silencio las protestas cada vez más exaltadas de los ciudadanos de esas regiones?

¿Qué sería más fácil para los encargados de la comunicación: exhibir su padrón de proveedores y así responder a los señalamientos reiterados de fraude, o "jugársela" a enfrentar investigaciones y auditorías del Sistema de Administración Tributaria (SAT), autoridad federal encargada de vigilar el correcto pago de los impuestos?

¿Qué es más sencillo: informar el número de viajes de la gobernadora fuera del estado, las fechas, los detalles (vuelo comercial o vuelo privado; "aventón" de algún gobernador vecino o alquiler de avión) y hasta los viáticos recibidos, o "poner caradura" al responder que no existen registros administrativos disponibles de estos movimientos?

¿Qué sería más conveniente para la imagen de la gobernadora cuando surge una denuncia contra el desempeño de algún funcionario: ignorar olímpicamente las acusaciones, como hasta ahora, o abrir paso a una investigación que despeje dudas de la sociedad y de su propia jefa? ¿Qué sería más positivo para el funcionamiento de la administración gubernamental: respetar a los dirigentes de organizaciones que no son incondicionales del régimen o buscar por todos los medios su destitución, como ha acontecido en la Fundación Produce y en algún sindicato?

El viernes pasado hubo dos manifestaciones ciudadanas. Una, para rememorar el triunfo electoral del PRI en 2007, refrendado en 2009 y 2010. La otra, de un conjunto de organizaciones sociales y ciudadanos decididos a exigir libre acceso a la información pública y a demandar transparencia en los actos del gobierno.

Una vez más, la polarización surge y desgasta a la sociedad yucateca. O se está con el gobierno o se está contra él; o se ama a la gobernadora cuyo "liderazgo moral" cobra perfiles de dogma político, o se le rechaza tajantemente y se cuentan los días que faltan para que concluya su gestión.

Resultaría más barato para la sociedad y menos gravoso para el gobierno y la gobernadora recapacitar, hacer a un lado aquella conseja de "quien no está conmigo, está contra mí". En una sociedad plural y con creciente ciudadanía, una actitud excluyente por parte de sus autoridades tiene un enorme costo para la gobernabilidad y la buena marcha del conjunto social. Y los políticos suelen olvidar que los gobiernos pasan, mientras el pueblo permanece.

Se entendería el afán por ocultar información que debiera ser pública si el costo de revelarla fuera muchísimo mayor que el beneficio de darla a conocer. Sería el caso si se hubiesen empleado los fondos de los hospitales en solventar deudas de campaña al inicio del gobierno; si los gastos exorbitantes en comunicación social suplantaran otro tipo de erogaciones no sólo de imagen de la gobernadora; si la red de facturas apócrifas y empresas "fantasmas" fueran un modus operandi para todas las ramas del gasto gubernamental; si el temor a la actuación independiente de los directivos de las agrupaciones sociales o empresariales estuviese asentado en el miedo a que ganasen influencia moral frente al gobierno.

La sociedad, organizada o no, tiene el derecho y la necesidad de saber. El gobierno tiene el deber de informar. Eso puede molestar, enfadar a las autoridades, es decir incomodarlas. Para el ciudadano, aquí en Yucatán o en cualquier parte de México: "Que no te incomode incomodar, que no incomode despertar la indiferencia que no permite hoy mirar... no disfraces la mentira por tu miedo a la verdad...".- Mérida, Yucatán.