Los desafíos de la educación en Yucatán
De patitos a cisnes
Dulce María Sauri Riancho
La proliferación de instituciones privadas de educación superior es consecuencia directa de dos situaciones: el aumento de la demanda de los jóvenes y la oferta insuficiente de las instituciones públicas de educación superior.
Por un lado, ha crecido el número de jóvenes que tienen la expectativa de continuar su preparación universitaria al concluir su educación media, pues saben que ya no basta con ser "bachiller" para poder tener oportunidad de acceso a empleos bien remunerados; además, entre los padres todavía existe la creencia de que si los hijos son "licenciados", tendrán mayores posibilidades de éxito en la dura competencia laboral. Por eso, numerosas familias realizan toda clase de sacrificios para mandar a sus hijos a la universidad.
Pero resulta que la Uady, las universidades tecnológicas y los tecnológicos de estudios superiores del sector público tienen espacios insuficientes para atender las solicitudes de ingreso a sus planteles.
En ellos la educación es gratuita, pues se financian con los subsidios de los gobiernos federal y estatal; tienen un cuerpo de maestros de tiempo completo, cuentan con instalaciones y laboratorios especializados, entre otras facilidades para el mejor aprendizaje. Al no alcanzar cupo, muchos jóvenes se fijan en instituciones particulares, de paga, para tratar de cumplir el sueño de ser universitarios.
Entonces, el monto de la colegiatura se vuelve el factor fundamental para inscribirse en una u otra escuela. Muchas veces la decisión se toma porque "esa" escuela es más barata, se pueden realizar los estudios en menos tiempo, porque ofrece algún tipo de becas o bien el horario de clases permite combinar el estudio y el trabajo.
Las autoridades tienen una gran responsabilidad sobre el conjunto del sistema de educación superior del estado. En el caso de las instituciones privadas, cuentan con el denominado RVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios), que es el certificado oficial de que cualquier particular que pone una escuela y ofrece un programa de estudios de educación superior (licenciatura, maestría, doctorado), ha cumplido con los requisitos que establece la Ley de Educación en cuanto a profesorado, instalaciones, planes y programas de estudio.
Lo anterior garantiza que cuando el o la joven concluyan sus estudios, tengan un título con validez oficial y la cédula profesional indispensable para poder, por ejemplo, litigar como abogado, ejercer como contador público o médico.
En Yucatán, 73 instituciones particulares cuentan con RVOE, al menos en uno de sus programas de estudios superiores: 60, en la licenciatura; 35 en la maestría y sólo 4 a nivel de doctorado. La mayoría está localizada en Mérida, pero también en Valladolid, Ticul, Motul, Dzizantún, Umán y Tizimín funcionan escuelas particulares que, al menos, tienen una licenciatura con RVOE.
Las autoridades de la SEP federal alertan sobre la necesidad de fijarse en la publicidad de los centros privados de educación superior que ofrecen las distintas carreras, si ésta incluye la clave del reconocimiento oficial del RVOE. Si no lo tiene, es posible que esos estudios carezcan de validez oficial, lo que significa que al final de los tres o cuatro años, el título obtenido no tendrá la cédula profesional que lo ampare como válido.
Pero el RVOE no es boleto mágico al mundo de la excelencia. El día a día de la institución, la capacitación continua de los maestros, las instalaciones con los indispensables equipos de cómputo, la biblioteca y los laboratorios especializados funcionando correctamente, cuentan mucho en la calidad del aprendizaje de los jóvenes y en su mejor preparación para participar en un mercado laboral cada vez más exigente.
Aquí es donde notamos las grandes diferencias que separan a las universidades públicas de muchos de los centros de enseñanza superior privados. Habrá quien piense que es mejor cerrar a las escuelas "patito". Que sólo son negocios que pretenden lucrar de la necesidad de los jóvenes de estudiar.
No estoy de acuerdo. Una postura así ignora, por una parte, el enorme esfuerzo económico y moral que realizan justamente las familias de menor ingreso para enviar a sus hijos a la universidad, aunque no sea a la Uady o al Tec y, por otra, la inversión de dinero y de talento que han puesto los particulares propietarios de estos centros.
Las autoridades tienen la obligación de vigilar que se cumpla la Ley de Educación en cuanto a las escuelas particulares de enseñanza superior. Pero también la tienen sobre las instituciones de educación pública, para que continúen siendo el eje de la preparación universitaria en México.
La rebelión de los estudiantes en Chile, que ha adquirido niveles de violencia desconocidos en ese país, tiene como origen la privatización de la enseñanza superior , que ha ocasionado que las universidades se vuelvan casi inaccesibles para los hijos de familias trabajadoras.
Eso no debe pasar en México ni en Yucatán. Respaldemos el enorme esfuerzo y la energía que representan las instituciones privadas de educación superior de nuestro estado con políticas públicas encaminadas a aprovechar sus virtudes y a combatir sus vicios. Llevaría a realizar un imaginativo programa de formación y actualización de su profesorado, de mejoramiento de sus instalaciones y equipos, de incorporación a un sistema estatal de bibliotecas virtual, que abra las puertas de estas instituciones al mundo.
Es posible a través de la conformación de un fondo de financiamiento con créditos blandos para que los propietarios de estas universidades privadas puedan tener acceso a los recursos necesarios para elevar la calidad de la educación impartida.
De esa manera, las denominadas despectivamente "escuelas patito" podrían darnos la sorpresa de convertirse en atractivos cisnes.- Mérida, Yucatán.