miércoles, 24 de agosto de 2011

¿Dónde quedó la bolita? La deuda estatal

Dulce María Sauri Riancho

El gobierno de Yucatán debe cantidades crecientes de dinero a los bancos y a sus proveedores. En estos últimos años casi todos los estados del país han registrado la elevación de sus niveles de endeudamiento, de tal manera que preocupan a las autoridades hacendarias de la federación y, recientemente, a las agencias calificadoras de riesgos crediticios.

El antecedente más próximo es la crisis de 1994-1995, cuando las finanzas públicas estuvieron al borde del colapso y, en consecuencia, las tesorerías de las entidades federativas vivieron una situación crítica que requirió de un "rescate", parecido a los programas que se diseñaron entonces para las empresas.

La situación actual es diferente. A los estados no les ha faltado el dinero. En 2009, el Congreso de la Unión autorizó el incremento del IVA, del 15 al 16%, y el Ejecutivo federal ha aplicado un incremento continuo al precio de las gasolinas, con el propósito de compensar la disminución en la recaudación de otros impuestos.

El precio del petróleo de exportación se recuperó y los estados recibieron entre 2008 y 2010 más recursos de los que originalmente se estimaron. A su vez, en las entidades federativas se aumentaron diversos impuestos, como en Yucatán el de nóminas de las empresas, y el dinero continuó fluyendo a las arcas estatales.

Entonces ¿por qué aumentó la deuda de los estados hasta niveles que reclaman la intervención del Poder Legislativo y que preocupan a las firmas calificadoras?

El caso de Yucatán ayuda a entender la peligrosa dinámica que se ha desatado, porque los recursos del gasto público se ejercen anteponiendo los intereses políticos más que las decisiones para fomentar el desarrollo, combatir la pobreza y procurar el bienestar de la población.

El gobierno necesita financiamiento para funcionar. Entonces toma "créditos-puente" para continuar trabajando, mientras llega el dinero de las participaciones federales. En teoría estos recursos son para que los proveedores puedan cobrar a tiempo, para que las obras públicas se construyan sin sobresaltos ni pausas por falta de dinero. Pero si los recursos se utilizan para gastos no contemplados en el presupuesto, si se dedican a pagar propaganda o festejos, entonces hay que "tapar los hoyos" contratando créditos de mediano plazo para cubrir el llamado "gasto corriente", que es el día a día del gobierno.

Eso estaba prohibido hasta que calladamente, hace poco más de un año, se reformó la Constitución de Yucatán y la Ley de Deuda Pública del estado. La reforma implicó una redefinición de lo que se considera "inversión productiva", la única autorizada por la Constitución de la República para financiarse con créditos. En esa ocasión también se abrió paso a los PPS (Proyectos de Prestación de Servicios), que darán mucho de qué hablar en los próximos años. Al flexibilizar el concepto, cualquier acción gubernamental puede financiarse con créditos bancarios a largo plazo, incluyendo los préstamos para pagar deuda previamente contraída por el despilfarro o el desorden presupuestal.

El dinero de los préstamos bancarios llega con facilidad porque se garantizan con las participaciones federales. Pero éstas no son inagotables; se puede comprometer un porcentaje tal de los ingresos estatales, que el gobierno ya no pueda emprender ninguna obra o prestar algún nuevo servicio simplemente porque no tenga recursos para pagarlos. Entonces se echa mano a los PPS, que no se registran en la contabilidad gubernamental como deuda, porque son una especie de pago de alquiler o de un servicio "a futuro", al que se obliga la administración estatal por un contrato de tan largo plazo como 30 años.

A la actual administración le quedan poco más de 13 meses de gestión. Plazo insuficiente para concluir alguno de los proyectos tan anunciados y para los cuales se concertaron créditos con distintos bancos y recientemente con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Sin embargo, durante este periodo el gobierno puede comprometer aún más las finanzas públicas hasta niveles de alto riesgo. Ya están los contratos PPS tocando la puerta para construir tres hospitales y las obras que puedan ocurrirse en el acelere final de la administración.

No me parece responsable que se aplique el refrán "... El que venga atrás, que jale..." para justificar los niveles de endeudamiento actuales, sin considerar que las próximas administraciones gubernamentales encontrarán buena parte de los fondos comprometidos, sin márgenes financieros para impulsar sus propios proyectos.

La gran pregunta es dónde quedó el dinero de los créditos y de la deuda. En alguna forma me recuerda las ferias de pueblo y el "dónde quedó la bolita". El merolico atraía la atención del público y con su juego de manos creaba la ilusión de depositar el juguete en alguno de los cajones; se hacían las apuestas y al voltearlos, todos perdíamos menos el timador.

Algo así va a pasar con el final de este gobierno. En medio de la propaganda, de las luces y de los artistas, se le da vueltas a la bolita. El final de la administración será el momento de revisar la caja. Quizá nos encontremos con que no hay pelotita y que la caja también se vendió.- Mérida, Yucatán.