jueves, 17 de junio de 2010

Para ejercer el presupuesto, Justicia y un poco de gracia.

Dulce María Sauri Riancho

Desde que se inició el actual gobierno del Estado era evidente que uno de sus mayores retos estaba configurado por su futura relación con el Ejecutivo federal. Se trataba de la administración central, de las secretarías y delegaciones en el Estado, y de la misma comunicación con el presidente de la República.

Lo que hacía especial y única la experiencia del gobierno 2007-2012 era que por vez primera, el Ejecutivo de Yucatán y el federal tenían procedencias partidistas distintas (PRI y PAN). Víctor Cervera sólo convivió unos meses, los últimos de su gobierno, con la nueva administración de Vicente Fox; después, Estado y Federación fueron gobernados por el PAN. Pero Ivonne Ortega tendría que compartir responsabilidades de gobierno con Felipe Calderón durante todo su mandato, poco más de cinco años.

Aunque ayudan, no son sólo las cualidades individuales de un gobernante las que determinan su capacidad de gestión ante la Federación. Estamos en presencia de un cambio en las formas políticas de relación entre el Presidente y los gobernadores, parte esencial de un sistema que entró a su fase terminal con la alternancia en 2000.

Durante muchos años, la comunicación del Presidente con los gobernadores era directa. El único intermediario reconocido era el secretario de Gobernación, en cumplimiento de órdenes específicas de su jefe, el Presidente. El margen de maniobra de que disponían los gobernadores en sus estados era amplio; a cambio, aseguraban a la Federación el mantenimiento de la paz y la armonía en sus entidades. Cuando por alguna razón esta situación era alterada, por desórdenes sociales, por incompetencia, corrupción o abuso de los gobernantes, un mecanismo político de corrección era activado; a las llamadas de advertencia les sucedía la remoción, si éstas eran desatendidas.

Esta situación comenzó a cambiar a raíz de la descentralización administrativa que llevó a transferir a los estados parte creciente del presupuesto de los programas de obras y servicios de interés local. A la descentralización de los servicios de salud, siguió la muy importante “federalización” de los servicios educativos en 1992. Antes, en 1989, había llegado al gobierno de Baja California un panista, primer mandatario estatal de un partido distinto al PRI.

Pero la “piedra de toque” de los cambios en la naturaleza de la relación Federación-estados, se dio en 1997, cuando por vez primera el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en la que se discute y aprueba cada año el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), por lo que la presión de la oposición unida permitió arrebatarle al PRI la negociación presupuestal, iniciar un nuevo ramo, el 33, dedicado a transferir recursos federales a estados y municipios para la realización de obras de infraestructura, apoyos y ayudas a la población.

El cambio definitivo de las formas de relación entre el Presidente y los gobernadores aconteció en 2000. El gobierno de Vicente Fox se inició con 20 gobernadores priistas y 12 de otros partidos, incluyendo el Distrito Federal. Era claro que los viejos contrapesos y mecanismos políticos de corrección de abusos habían quedado sepultados. Pero estaba pendiente —y aún lo está— su sustitución por otros nuevos, de naturaleza distinta.

Lo cierto es que desde hace 13 años, en las comisiones de la Cámara de Diputados se realiza la negociación presupuestal, cada vez con participación más clara y directa de los gobernadores. En esa etapa, la otrora poderosa Secretaría de Hacienda se ha vuelto “chiquita”, pues ha sido sustituida por los cabilderos de grupos de interés, de los gobernadores y de algunos presidentes municipales de las grandes ciudades. El problema está en que el presupuesto anual es aprobado por los diputados con un número creciente de programas que responden a necesidades y presiones políticas. Se incluyen obras que no cuentan con un estudio de factibilidad, menos aún con un expediente técnico. Autorizados, los proyectos no logran salvar en la Secretaría de Hacienda la primera etapa de aprobación que les permita iniciar su ejecución; muchas veces el dinero se pierde, pues no logran los estados concluir con los requisitos para arrancar la obra antes que se acabe el año.

Con el “Ramo 33”, que es de transferencia directa a los estados y municipios, hay otro problema, el de las participaciones. La mayoría de sus programas se realiza con lo que se llama “mezcla de recursos”; es decir, el gobierno federal pone una parte, otra el estado o el municipio y, dependiendo del programa, los presuntos beneficiados. Pero, ¿qué sucede cuando el estado no pone su parte porque no dispone de los fondos necesarios? De nuevo, no se hacen las obras ni se cumple con los servicios comprometidos. Aparentemente eso ha estado sucediendo en Yucatán.

Dos diputados federales yucatecos (del PRI y el PAN) han estado refiriéndose a este tema. Ambos tienen razones y argumentos. Sí, hay importantes autorizaciones para Yucatán (PRI), pero también se registran subejercicios (PAN), es decir, que no se ha podido aprovechar plenamente el dinero federal transferido al estado.

Se le atribuye a don Benito Juárez la frase de “…a los amigos, justicia y gracia; a los demás, simplemente justicia…”. La “justicia” estribaría en aplicar la ley de Coordinación Fiscal y sus reglamentos para entregar los recursos; la “gracia”, estaría en ayudar a solucionar los errores y las omisiones de los funcionarios estatales. Las estridencias y las descalificaciones mutuas a nada conducen. Mientras, en el pantano de la ineficiencia naufraga la obra pública, siempre importante, más ahora ante la situación económica que enfrentamos. Y los ciudadanos seguimos esperando.— Mérida, Yucatán