miércoles, 23 de septiembre de 2009

El megacrédito y el futuro

(Columna publicada el 22 de septiembre en el Diario de Yucatán)
Dulce María

El pasado 18 de septiembre el Congreso del Estado autorizó a la gobernadora a contratar créditos hasta por $1,870 millones, a liquidar en los próximos 25 años. Es muy difícil dar una opinión informada sobre esta importante medida cuyo pago gravitará sobre los próximos cuatro gobiernos estatales y toda una generación de yucatecos. La razón está en la falta de información accesible a la sociedad que vaya más allá de las declaraciones a favor por parte de los funcionarios del gobierno del Estado o de los diputados priistas y, en contra, de los legisladores panistas, incluidos los federales.

Ni en el sitio web del Congreso de Yucatán ni en el portal del gobierno del Estado se pueden conocer la iniciativa de decreto, menos aún la transcripción del debate en las Comisiones que antecedió a su aprobación por mayoría. No comparecieron los secretarios de Planeación y Finanzas para explicar a los legisladores el alcance de la propuesta; no se conocen las obras o proyectos que serían financiados con el crédito y, a pesar del énfasis en que no se utilizarán esos recursos para solventar gasto corriente, nos enteramos por la prensa que servirá, en primera instancia, ¡para pagar 500 millones de pesos que el gobierno estatal adeuda a proveedores! Con un mínimo costo y esfuerzo se pudo introducir la información a internet para ponerla a disposición de la ciudadanía. Así ocurre, en el ámbito federal, con el debate sobre el controvertido “paquete fiscal” 2010, que se puede consultar con amplitud y detalle tanto en la página web de la Cámara de Diputados (www.diputados.gob.mx), como en el sitio de la Secretaría de Hacienda (www.shcp.gob.mx), que incluye la versión de toda la comparecencia del secretario Carstens ante el Pleno de la Cámara.

La falta de información del megacrédito yucateco proyecta una confusión de origen: una cosa es la austeridad para sobrevivir un año con problemas en las finanzas públicas y otra, muy distinta, es la superación del estancamiento que nos aprisiona desde hace años y que agravó la crisis económica.

Si la motivación central del gobierno fue “brincar” 2009 como fuera, asegurar que en lo que resta de la administración (tres años) se contará con un periodo de gracia para pagar sólo intereses ($200 millones al año aproximadamente) y contar con que el nuevo gobierno en 2012 será el que comience a pagar el capital, mal estamos y peor estaremos en el futuro.

A oscuras del destino de este cuantioso préstamo —o cuando menos en la penumbra—, parece que su efecto inmediato ha sido el abandono de nuevas medidas de austeridad, como la reducción inmediata de salarios de los altos funcionarios decidida en Quintana Roo, o los ajustes al aparato administrativo que pretende realizar el gobierno federal con la desaparición de tres secretarías en 2010.

Por eso es tan relevante conocer la selección de las obras en que se invertirán los recursos de este enorme crédito, que ya se han visto reducidos a $1,370 millones. Las obras de relumbrón, candidatas a “elefantes blancos”, no ayudarían a salir del estancamiento producto de la crisis; sólo serían útiles para proporcionar empleo durante su construcción a un número limitado de trabajadores y para generar ganancias a algunas empresas, quizá ni siquiera yucatecas.

Contamos con una pista sobre los proyectos que dispondrían de parte del dinero del megacrédito; asumo que son los que fueron mencionados en el II informe ciudadano por la gobernadora: tren rápido; museos de la cultura maya en Mérida y Valladolid; plataforma logística en Mérida; centro logístico en Valladolid; carretera costera; teatro Mayapán; nuevo centro de convenciones, así como el parque científico y tecnológico de Sierra Papacal y el malecón internacional de Progreso, estos dos últimos porque se quedaron sin los recursos que previamente se les habían autorizado.

La pregunta central es si estas obras responden a la necesidad de abrir a Yucatán a la globalización y la sociedad de la información; si las inversiones representan nuevas alternativas productivas para nuestro estado y si son generadoras de empleo más allá de la etapa de su construcción.

No creo que sea mucho pedir que el gobierno del Estado informe con detalle a la ciudadanía del destino del megacrédito. Si se están comprometiendo las finanzas públicas yucatecas por los próximos 25 años, tenemos el derecho y la obligación de conocer y calificar los proyectos; de analizarlos cuidadosamente, de evaluarlos en sus méritos, más allá del acto inaugural. Al fin y al cabo, todos habremos de pagarlos.— Mérida, Yucatán.