viernes, 28 de febrero de 2014

Sinfónica y Agricultura Orgánica. Alimentos del cuerpo y del espíritu

Dulce María Sauri Riancho

Mi fin de semana fue de aprendizaje, disfrute y reflexión. El sábado, muy temprano, nos dirigimos mi esposo y yo al rancho “San Pedro”, localizado en el municipio de Sucilá, muy cerca de Tizimín, para participar en el Taller “El ABC de la agricultura orgánica”. El domingo, en punto de las 12, asistimos a la presentación de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que para celebrar los diez años de su concierto inaugural, ejecutó la Novena Sinfonía de Beethoven, en su versión “Coral”. Aparentemente, uno y otro evento pertenecen a mundos distintos: el de la música clásica, reservada según criterios obtusos, a una selecta concurrencia, capaz de disfrutarla; y el de la producción agrícola, asunto considerado sólo de interés de los campesinos, que intentan sobrevivir en un mundo indiferente a su presencia y participación en la vida moderna y urbana. Contra lo que pudiera pensarse, música y agricultura orgánica se encuentran en la base misma de la calidad de vida presente y futura de Yucatán. Estas líneas pretenden demostrarlo.

El primer punto en común entre la Sinfónica y la Agricultura Orgánica tiene que ver con la percepción social de que son actividades de minorías muy localizadas. Quizá incluso, para algunos, representan gastos con poco efecto en la economía, que bien podrían canalizarse hacia otros sectores siempre urgidos de apoyo gubernamental. La Sinfónica, se pensaba, vendría a competir con la tradicional Orquesta Típica Yukalpetén; además, habría que enfrentar la dificultad de seleccionar a los integrantes, retenerlos mediante salarios y prestaciones dignos; contratar a un director, elaborar programas; tener al Peón Contreras en condiciones para presentar las temporadas y, sobre todo, crear un público capaz de asistir semana a semana, a los conciertos. Hace diez años, en 2004, sucedió. El viernes 27 de febrero debutó la Sinfónica de Yucatán. Desde entonces han transcurrido veinte temporadas bajo la batuta de tres directores. A la fecha, la Sinfónica cuenta con un Patronato, que organiza y atiende la participación social en el sostenimiento de la orquesta, y con un Fideicomiso (Figarosy), que garantiza año con año las aportaciones gubernamentales destinadas a su operación, independientemente del paso de las distintas administraciones, sin que medie sello o identificación partidista. La Sinfónica ha arraigado entre los yucatecos y los inviernos, entre los extranjeros que han hecho de Yucatán su segunda residencia. Los llenos son la regla, no la excepción como sucedió al principio. Viernes y domingo, los asistentes recibimos alimento para el espíritu, con la música ejecutada por nuestra Sinfónica.

La agricultura orgánica también está librando batallas para penetrar en la cultura de la producción de alimentos en el campo yucateco. La actividad agropecuaria ha sido menospreciada como fuente de riqueza a partir de la decadencia del henequén. Se considera como una actividad atrasada tecnológicamente, cuando de la milpa tradicional se trata; políticamente es cada vez menos relevante, a partir de la disminución relativa de la población rural y de la erosión de los ejidos. En consecuencia, la agricultura y la ganadería fueron prácticamente abandonadas a su suerte por los gobiernos estatales durante más de una década. A pesar de las condiciones de orfandad en lo que se refiere a los apoyos públicos, comenzó a surgir la iniciativa de fomentar una nueva forma de producción, que tuviese como eje la sustentabilidad en el campo. Se trataba de replantear la vinculación entre Modernidad y agricultura industrial, altamente dependiente de agroquímicos destinados a incrementar el rendimiento de los cultivos y combatir las plagas, para reconocer que los agentes utilizados para acelerar el crecimiento de plantas y animales, como pueden ser abonos químicos, antibióticos y hormonas, tienen la posibilidad de provocar un efecto negativo en la salud de las personas. Conscientes de esta situación, ha surgido un movimiento que se inició en los países desarrollados, hacia la agricultura y la producción ganadera sin la utilización de tan cuestionados agentes. Esto significa emplear otro tipo de nutrición para los cultivos, los llamados “abonos orgánicos”, biofertilizantes que generan la activación de micro-organismos para incrementar la resistencia a las plagas y mejorar el crecimiento de las plantas, incluyendo hortalizas y árboles frutales, así como pastura para el ganado mayor y la agroforestería. Los productos orgánicos alcanzan un mayor precio en el mercado. Esta sería una razón por sí misma suficientemente poderosa para incentivar la agricultura orgánica. Sin embargo, el cambio va mucho más allá de una mera sustitución de técnicas de cultivo; tiene que ver con replantear la relación entre los seres humanos y la Naturaleza; con el respeto a la sabiduría ancestral de los hombres y las mujeres que durante cientos de años han cultivado la tierra, buscando la manera de hacerla florecer sin destruirla ni contaminarla.

Sinfónica y Agricultura Orgánica fueron iniciativas que pudieron materializarse porque contaron con personas que creyeron en ellas, que han luchado -muchas veces contra viento y marea- por arraigarlas en los valores que sustentan la cultura que compartimos. Adolfo Patrón Luján recurrió a sus dotes de empresario exitoso para organizar una orquesta sinfónica a la altura de las mejores de México. Raúl Monforte Peniche hace lo propio para abrirle camino a una nueva forma de relacionarse con la agricultura en esta tierra “.que no es tierra.”. Su empuje y su convicción han removido obstáculos. Los dos ayudan a producir alimentos, para el cuerpo y para el espíritu, de esta generación de yucatecos. Esperemos que de muchas más.- Mérida, Yucatán.

viernes, 21 de febrero de 2014

Espejos para mirar

Dulce María Sauri Riancho

Tal parece que un vendaval ha irrumpido en el Congreso de la Unión. En este mes de febrero comenzó el periodo ordinario de sesiones y con él, la necesidad -urgencia diría- de dotar a las reformas constitucionales de diciembre de sus leyes reglamentarias y de las disposiciones normativas que permitan su aplicación en el mundo real.

Son muchas y muy variadas las iniciativas de ley que deberían ahora estarse discutiendo en las comisiones de ambas cámaras para ser dictaminadas a la brevedad. Las nuevas normas electorales, incluyendo el nombramiento de 11 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituye al IFE; la compleja legislación en materia de telecomunicaciones, donde se enfrentan los poderosos intereses de Telmex-Telcel con Televisa-Azteca. Y desde luego, la reglamentación que concentra los reflectores internacionales y las iras de una parte de los nacionales: la reforma energética y su gran cantidad de leyes secundarias. Conste que sólo menciono las más controvertidas. Y para que el Congreso pueda concluir su trabajo en el actual periodo de sesiones, sólo cuenta con escasas nueve semanas, algo más de 18 sesiones, descontadas las vacaciones de Semana Santa.

En medio de tal aluvión de temas y disposiciones, vale recordar algunas experiencias recientes que podrían evitar caer en graves y costosos errores para el país. Los dos ejemplos que voy a citar tienen un común denominador: el Estado mexicano, en este caso el gobierno, se quedó con muy pocas facultades para ejercer una efectiva regulación sobre los agentes económicos privados, los que al verse libres y autónomos, no han encontrado contrapeso a sus intereses particulares. Veamos cómo y por qué sucedió.

En 1995 se estableció una nueva legislación bancaria después de que la mayoría de las instituciones privatizadas entre 1992 y 1994 habían quebrado. El rescate de las instituciones financieras implicó enormes cantidades de recursos públicos que todavía se pagan año con año por medio de los pagarés IPAB. El gobierno no quería ni podía quedarse de nuevo con los bancos, por lo que decidió desarrollar una estrategia de ventas: los adecentaba (les quitaba la cartera incobrable) y salía a proponerlos a un reducido precio a cambio de que los nuevos dueños se comprometieran a operar conforme a criterios de buena administración. El Congreso decidió poner una especie de “candado” para la venta de las instituciones saneadas: estableció un límite, que consistió en que no más del 30% del sistema bancario mexicano en su conjunto pudiese ser adquirido por extranjeros. Pero, ¡qué necesidad!, cuando se trató de autorizar la adquisición de uno de los cuatro grandes, que rebasaba con creces el tope del 30%, el Ejecutivo propuso y el Congreso autorizó, el levantamiento de la restricción en 1998. Una vez que fue eliminado el valladar, como alud imparable, en menos de tres años, el sistema financiero mexicano pasó a ser propiedad de bancos extranjeros. Los efectos de esta condición se palpan todos los días: una muestra, las decisiones sobre políticas crediticias no se toman en México, en función de las necesidades nacionales, sino de cara a los compromisos e intereses relacionados con el país donde se ubica la casa matriz. Eliminar el “candado” fue sin duda un serio error. El gobierno quería dar por concluida la privatización bancaria. Y lo hizo…

El otro ejemplo de fracaso regulatorio es el relativo a los ferrocarriles. También en 1995 fue reformada la Constitución para que el sistema ferroviario dejara de ser estratégico (sólo administrado por el gobierno) y pasara a ser prioritario, lo que hacía posible establecer un sistema de concesiones a particulares. Así se licitaron, por regiones, entre distintas compañías los miles de kilómetros de vías férreas del país. El compromiso de las empresas fue realizar las inversiones necesarias para dotar a México de ferrocarriles modernos, capaces de contribuir a la competitividad del país. Muy poco se materializó. Por el contrario, lo que menudeó fueron los conflictos por la interconexión, las altas tarifas para la carga, el abandono de regiones completas, como fue el caso del sistema Chiapas-Mayab e, incluso, obstaculizar la construcción de nuevas rutas, como la Monterrey-Colombia, alternativa ante la cara y saturada ruta a Laredo. Las autoridades responsables no han podido encauzar los intereses encontrados porque carecen de facultades para mediar o, en caso de ser necesario, imponer soluciones en aras del interés colectivo. En estos días, recién aprobadas las reformas a la Ley Ferroviaria para corregir serias deficiencias, hemos podido presenciar la intensa reacción de los concesionarios, que pretenden presionar a los senadores para que cancelen los cambios que los afectan.

En los bancos y en los ferrocarriles podemos observar los riesgos de una legislación que no contemple dotar al Estado de herramientas regulatorias capaces de ordenar los poderosos intereses que se mueven en estos sectores. Va de por medio el petróleo, la electricidad, los sistemas nacionales de transporte y distribución de energía, el espectro radioeléctrico. Malas decisiones en las leyes secundarias harían posible que en un abrir y cerrar de ojos las compañías extranjeras se apoderen de las partes suculentas del filete petrolero. Malas decisiones pueden causar la desintegración del sistema eléctrico nacional, ante la inanición de la CFE. Por estas razones es indispensable estar muy pendientes de la forma como se elabore esa legislación secundaria. No sea que el “diablo de los detalles” nos deje sin nada.- Mérida, Yucatán.


miércoles, 12 de febrero de 2014

Tercia de Temas: Tren, vialidad y saqueo

Dulce María Sauri
Afortunadamente, tres temas de interés general se han vuelto materia de discusión y análisis en las pasadas semanas. Me refiero, desde luego, al proyecto y posible construcción de un tren rápido (TRT) que pretende unir y dividirá a la Península. El segundo tópico versa sobre la rehabilitación de un eje toral para la vialidad del norte de Mérida, utilizando tal vez demasiado concreto y una cuestionada visión de futuro. Y el tercero es la sorprendente decisión de la Fiscalía General que niega a los Ayuntamientos la potestad de proceder judicialmente contra funcionarios que presuntamente hayan incurrido en desviación o en saqueo de recursos públicos.

Los tres asuntos son de naturaleza distinta y alcances diferentes. Sin embargo, el trío de temas rebasa el estricto ámbito de su interés, porque alcanzan fibras muy sensibles de lo que somos y de los que aspiramos a ser como sociedad.

La realización física del Tren Transpeninsular ha puesto a debate, además de los posibles puntos de origen y destino, los costos de la obra, el impacto ambiental y social de su construcción y de su operación, así como los objetivos para el desarrollo a los que responde el proyecto original y los que, a juicio de los distintos sectores y analistas, debiera perseguir.

La posible habilitación de Punta Venado como puerto peninsular, que incluiría una terminal de combustibles y otra de cruceros, lleva a considerar el presente y el futuro de Progreso para competir. ¿Cómo hacerlo si carece de vía de ferrocarril hasta la terminal remota; si no se ha concluido el dragado del canal de navegación; si no tiene “puerto seco”, base logística indispensable para la operación portuaria?

La discusiones en torno al TRT han puesto sobre la mesa si los terrenos de “La Plancha” son la mejor opción para la llegada y salida de trenes rápidos. Si así fuera, habrá que construir una intrincada red de “pasos a desnivel” -para peatones y vehículos- que complemente la “jaula” con la que habrá de protegerse el paso del tren en la traza urbana meridana.

Este tema nos conecta con el presente y el futuro de las vialidades en Mérida. Los meridanos de mediados del siglo XX, autoridades y sociedad, no supieron responder a los retos de la modernización y el crecimiento urbano. Las calles diseñadas para carretas y caballos en la Colonia se mantuvieron cuando la invasión de automotores se hizo imparable. Obras como el Circuito Interior estaban rebasadas antes de su conclusión. En contraste, las ciudades que son ejemplo en el mundo (Vancouver, Canberra, Curitiva, entre otras) demuestran los beneficios del transporte público sustentable y nos enseñan alternativas para la movilidad no motorizada. Hasta la fecha, Mérida se mantiene en el esquema de rutas de camiones de los años 40 del siglo pasado, pero que hoy, además de socialmente oneroso, resulta caro, incómodo, contaminante e inseguro. Mientras las grandes urbes del mundo “van de regreso” en el uso y abuso del automóvil particular como medio de transporte, en nuestra ciudad se siguen convirtiendo “corazones de manzana” en estacionamientos y se amenaza con repetir la frustrante experiencia del “paso deprimido” para hacer del subsuelo del Paseo Montejo un inmenso estacionamiento.

La reconstrucción de la “nueva calle 60 Norte” parece confirmar el propósito municipal de que “nada cambie en los próximos 30 años”, tiempo de vida útil de una obra en la que se ha empleado cemento y varilla en cantidades industriales. ¿Por qué no se consideró un carril para ciclistas, sin afectar el flujo automotor? ¿Y un andador arbolado, como alternativa de traslado para los miles de niños y jóvenes que estudian en escuelas del rumbo? ¿Por qué esa aversión a las banquetas, a los espacios verdes, a los árboles y las jardineras?

La tercia concluye con una reflexión sobre las enormes dificultades que tiene una sociedad como la nuestra para lograr que quienes ejercen el poder público, en cualquiera de sus instancias, se conduzcan con honestidad. No hay ley que pueda sustituir a la voluntad política de cumplir y hacer cumplir el mandato de rendir cuentas. Escudarse en vericuetos jurídicos para evitar investigar una denuncia, como la interpuesta por funcionarios del Ayuntamiento de Mérida contra sus antecesores, sólo aumenta la desconfianza ciudadana y la sensación de impunidad frente a toda clase de ilícitos, no sólo los presuntamente cometidos por funcionarios públicos. La razón me dice que existe la figura de la “suplencia de la queja”, que faculta a la autoridad para acompañar a las organizaciones ciudadanas o, como en este caso, a otras autoridades en la investigación de los ilícitos denunciados. Si no es así, ¿de qué instrumentos o recursos se puede valer la ciudadanía para incidir en la calidad del gobierno? No debe crearse la sensación de que sólo se investiga a los adversarios políticos y que a los correligionarios se les protege de cualquier indagación molesta. La frustración social es “caldo de cultivo” de justificaciones de conductas contrarias al interés colectivo, como dejar de pagar oportunamente los impuestos. En la dinámica de las sociedades no existen “compartimientos estanco”. La participación en las decisiones de interés común sobre el futuro, como el TRT y la vialidad en Mérida, demanda autoridades capaces y dispuestas a rendir cuentas y a sancionar a quienes se hayan apartado del recto camino de las leyes. Veremos.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 5 de febrero de 2014

Constitución y memoria. A 97 años del Pacto

Dulce María Sauri Riancho

Hace algunos años, en busca de fomentar el turismo, se decidió que las efemérides que implicaran días de asueto se celebraran en lunes. Si la memoria es la bitácora del espíritu, la institucionalización de los “puentes” vacacionales ha llevado a que el recuerdo del sentido histórico de esas fechas se vaya diluyendo aceleradamente. Pero no sería justo atribuirle a esta decisión burocrático-legislativa el menosprecio ciudadano hacia lo que representa la Constitución aprobada en Querétaro el 5 de febrero de 1917. La mayoría de las personas la perciben como algo de interés para abogados y políticos, de nadie más. Sienten muy lejos de su vida diaria los efectos de sus reformas. Quizá por eso las recientes y numerosas modificaciones a la Carta Magna fueron recibidas con gran indiferencia por numerosos ciudadanos.

Hace 97 años las decisiones de los constituyentes permitieron construir un sistema político y social muy novedoso en su tiempo. Muchos de los diputados constituyentes aún olían a pólvora cuando comenzaron a discutir el proyecto presentado por Venustiano Carranza. Como buen liberal, el entonces presidente de México tenía una visión de mucho respeto al individuo y de poca intervención del gobierno en la promoción del desarrollo. Sin embargo, los constituyentes definieron la propiedad originaria como de la Nación -es decir, de todos- y dotaron al Estado de atribuciones para cumplir su obligación fundamental, que es la de preservar la seguridad de las personas y de sus bienes. La actual Constitución nació en pañales de legitimidad, dotada para representar el nuevo pacto social entre los mexicanos.

Al paso de los años el articulado de la Constitución ha sufrido muchos cambios. En general, fueron respuesta a las transformaciones de un país que pasó de ser rural y poco educado, a urbano y con cierto nivel de escolaridad. No obstante, los llamados “principios pétreos” por Jorge Carpizo se mantuvieron firmes, en tanto que se vivía la centralización del gobierno y la subordinación en la práctica de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo representado por el Presidente de la República. Este ciclo ascendente alcanzó su cúspide en la década de 1980, para iniciar un lento proceso de desarticulación, cuyo final fue reclamación de sectores crecientes de la sociedad y la economía.

De la omnipresencia y obesidad, derivamos hacia el Estado débil y ausente de muchas de sus obligaciones para proveer a sus ciudadanos de bienestar y tranquilidad. Un Estado que “reparte el juego” entre los actores económicos tiene que ser suficientemente fuerte para garantizar que el interés colectivo impere sobre la utilidad individual, por legítima que ésta sea. Un Estado débil y un gobierno ausente poco pueden hacer para salvaguardar la Ley sobre competidores que se dan con todo en sus disputas por los mercados y clientes. En los procesos electorales, hubo un corto veranillo de esperanza, cuando pensamos que los cambios habían llegado de una vez y para siempre. Pero la terca realidad de las nuevas formas de compra y coacción del voto, el cuestionamiento de la misma legalidad de las elecciones de un amplio sector de la sociedad, han arrojado densas sombras sobre la capacidad de las instituciones para corregir deficiencias y vicios en esta materia.

El Estado tampoco ha podido garantizar plenamente la seguridad y la vida de muchos mexicanos, en particular los que habitan en las regiones asoladas por la violencia del crimen organizado. Incluso, en una especie de vuelta al pasado, el gobierno federal ha aceptado reconocer a los grupos de autodefensa ciudadana e integrarlos a las instituciones de seguridad pública, como hizo don Porfirio hace más de 130 años con las bandas armadas que menudeaban en el país después de las guerras de Intervención.

En los últimos 16 meses la Constitución ha sufrido el mayor número de modificaciones de su larga historia. Muchos de estos cambios todavía no han sido reglamentados, es decir, traducidos en normas que se reflejen en la vida cotidiana de los ciudadanos. Habrá reelección consecutiva de legisladores y alcaldes, tal como hubo hasta 1932. Habrá inversión y negocios privados en petróleo, gasolinas y gas, como antes de la nacionalización de 1938. Habrá la posibilidad de gobiernos de coalición, para responder a una nueva pluralidad política. Habrá más órganos constitucionales autónomos, que no dependan ni del Congreso, ni del Poder Judicial, mucho menos del Presidente, tal como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y el IFAI, para la transparencia y el acceso a la información. La Comisión de Competencia Económica tendrá más atribuciones. Habrá también una Comisión Nacional Anticorrupción y una Fiscalía General de la República, autónoma del Ejecutivo, entre otras muchas y profundas reformas.


Creo que no nos hemos percatado de la magnitud de estas transformaciones. El eje del pacto social de la Constitución casi centenaria se ha desplazado. Aquellos principios, duros e inamovibles como una piedra, se han erosionado, o simplemente han sido sustituidos por otros. El Estado, ese ente que abarca a los tres Poderes, a los órganos constitucionales autónomos; el responsable de nuestra seguridad; el que otorga legalidad y representación al gobierno en su conjunto, está modificando sus bases fundacionales. Es una sociedad distinta a la de 1917, cierto, pero que demanda un Estado fuerte que le brinde a los ciudadanos la oportunidad de prosperar en paz y justicia. Sólo así adquirirían sentido pleno las reformas a la Carta que contiene el todavía pacto fundamental entre los mexicanos.- Mérida, Yucatán.