jueves, 31 de marzo de 2011

Carne de cerdo a Japón, ¿certificación sanitaria en riesgo?

Dulce María Sauri Riancho

Una nota guardada entre la información sobre la tragedia sufrida por los japoneses daba cuenta de la preocupación de los exportadores de carne de cerdo producida en México hacia los mercados de ese país. Temían que, a consecuencia del terremoto, la población japonesa dejara de hacer sus compras habituales y las autoridades impusieran restricciones extraordinarias al acceso de sus productos.

El mercado japonés de alimentos es uno de los más importantes y exigentes del mundo en cuanto a calidad, presentación y desde luego, higiene de todo lo que ahí se vende. Esa exigencia es compensada sobradamente por los elevados precios que pagan los consumidores japoneses por la fruta, el pescado y la carne. La mitad de los productos alimenticios de Japón provienen de fuera. No puede participar cualquier empresa en ese rico mercado, ni es admitido por las autoridades japonesas cualquier tipo de productos. Sólo los mejores, los que reúnen todos los requisitos de calidad pueden llegar a los anaqueles y refrigeradores de las tiendas de Japón.

La carne de cerdo producida en Yucatán ha logrado introducirse en este exigente mercado. Pocas veces se destaca que nuestra entidad es la tercera productora nacional en materia porcícola. Que es un agronegocio con avanzada tecnología y una excelente organización. Que los productores pertenecen al sector privado y a grupos ejidales. Que, aunque dominado por una gran empresa privada de corte nacional, también los medianos y pequeños productores participan.

Todavía en la década de 1980, hace menos de 30 años, las carnicerías de Mérida se abastecían principalmente del cerdo que provenía del Bajío, en especial de Michoacán. Una y otra vez se decía que Yucatán nunca podría producir lo necesario para hacer el guiso tradicional del frijol con puerco o la cochinita pibil porque en el campo yucateco no se producían granos para alimentar a los cerdos y traerlos de fuera costaba mucho por los fletes que había que pagar.

Al inicio de los años 90 la terminal de granos del puerto de altura de Progreso comenzó a operar; entonces se establecieron las primeras grandes explotaciones porcícolas. Barcos de gran capacidad traían sorgo y maíz. Las granjas de cerdos producían miles de animales para la engorda. Era claro que la población peninsular no podría comer toda la producción, que habría que colocarla en el mercado nacional, compitiendo con los tradicionales "reyes del Bajío".

Fue entonces cuando comenzó en Yucatán el ambicioso programa sanitario para erradicar la fiebre porcina clásica (o cólera porcino) y otras enfermedades de los cerdos. Era la única vía para colocar el enorme excedente de producción. Se estableció un "cerco sanitario" en torno a la entidad y, por varios años, no se permitió traer de fuera jamones o cualquier clase de alimento que incluyera carne de cerdo. Finalmente se obtuvo la ansiada certificación sanitaria que colocó a Yucatán junto con Sonora como las dos únicas entidades del país en condiciones de vender carne de cerdo al extranjero, incluyendo Estados Unidos y Japón.

Como en otros asuntos, en materia sanitaria nunca se puede bajar la guardia, ni los productores ni las autoridades. Parte de la alerta permanente tiene que ver con el programa de sanidad animal que en forma coordinada realiza la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) federal con la Secretaría de Fomento Agropecuario estatal. Los dos gobiernos aportan personal y recursos para sostener la red de monitoreo y vigilancia, que permite detectar rápidamente cualquier problema y combatirlo a tiempo.

La difícil relación entre el gobierno del estado y la representación federal de la Sagarpa ya alcanzó al programa de sanidad animal. Al parecer el gobierno estatal no ha dado su participación. Es el dinero, sí. Es la indispensable colaboración entre autoridades, también. Pero sobre todo, no debe ponerse en riesgo un programa vital para una de las muy contadas actividades agropecuarias que han tenido éxito en Yucatán, que nos ponen en el mapa productivo nacional y mundial.

La carne de cerdo yucateca regresará a Japón muy pronto, si el estado conserva su certificación sanitaria. No podemos darnos el lujo de quitar el dedo del renglón: las autoridades estatales tienen que dar su aportación, sin excusas ni pretextos.- Mérida, Yucatán.

viernes, 25 de marzo de 2011

Nueva relación entre el gobierno y el ayuntamiento

Shakira y los baches

Dulce María Sauri Riancho

Shakira no sería la primera artista de relieve internacional que se presenta en Yucatán. Tampoco sería el primer concierto de acceso gratuito cuya figura central sea un artista destacado. Muchos miles de yucatecos han tenido la oportunidad de estar en conciertos de clase mundial de manera gratuita, lo que no hubiera sido posible de haber tenido que pagar su boleto, debido a la precaria situación en que se encuentra la mayor parte de las familias yucatecas.

Si consideramos que la actuación de Shakira tendrá un costo similar a la de Plácido Domingo, estaremos en condición de aceptar que no es el elevado monto del evento lo que polariza y divide a la opinión de los yucatecos. Es la oportunidad y las razones de tal gasto.

La actuación de Shakira no se enmarca en la promoción turística de la ciudad o del estado; tampoco es un evento de distinción cultural; ni hay un excedente en el presupuesto del Ayuntamiento que le permita financiar lo que, en más de un sentido, es una aventura económica.

La falta de razones de peso para justificar el costo del entretenimiento popular obliga a la reflexión sobre el presupuesto del Ayuntamiento de Mérida. A partir del triunfo del PRI en Mérida, ha habido un cambio significativo en el tipo de relación política y administrativa entre el gobierno del estado y el gobierno del municipio. La cercanía política entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de la ciudad de Mérida es lógica: por primera vez en veinte años son del mismo partido. La afinidad y simpatía entre la alcaldesa y la gobernadora es manifiesta.

Sin embargo, estas buenas relaciones personales, la proximidad administrativa y la excelente relación política comienzan a afectar las decisiones del ayuntamiento de Mérida y la buena marcha de sus finanzas públicas. Me atrevo a afirmar que antes del 1º de julio del año pasado, fecha de inicio de la gestión de las actuales autoridades, si hubiese habido un concierto gratuito en Mérida, los gastos íntegramente hubieran corrido a cargo del gobierno del estado.

La actual administración estatal sistemáticamente ha incurrido en erogaciones muy por encima del presupuesto autorizado por el Congreso, en particular en aquellas partidas destinadas a la publicidad y la propaganda de las actividades de la titular del Ejecutivo y a la atención y agasajo de visitantes. Las "eternas primeras piedras" abundan, tanto en las obras grandes como en las más pequeñas. La efectividad gubernamental medida por los resultados en la construcción de obras es reducida, a pesar de las declaraciones de los funcionarios responsables. Comenzar a tiempo, terminar a tiempo y respetar el presupuesto autorizado son verdaderas excepciones en el día a día de la administración estatal.

Y cuando el dinero del presupuesto escasea, se ha recurrido a los créditos por multimillonarias sumas, cuya aplicación todavía es incierta.

El ayuntamiento de Mérida está en grave riesgo de contagiarse de los males que afectan a la administración pública estatal. Por lo pronto, ya solicitó y obtuvo un crédito por cien millones de pesos. Ha realizado erogaciones que se ignora de cuál partida presupuestal autorizada habrán de tomarse, como la aportación de diez millones de pesos para la realización de la Olimpiada Juvenil del próximo mes.

Ahora, se anuncia una especie de "crédito-puente" para la contratación de Shakira de millón y medio de dólares (casi 19 millones de pesos), que habrá de recuperarse cuando los diversos patrocinadores se hagan cargo del evento. ¿Y si no? ¿Quién pagará?

Esa y otras preguntas surgen cuando se observa la nueva relación entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de Mérida. A partir de julio de 2010:

¿Quién paga el alumbrado público de los 52 kilómetros del periférico de Mérida: el gobierno estatal como antes, o el municipio de Mérida?

¿A cargo de quién corre el subsidio al precio de los boletos de camión: del estado, como antes o del ayuntamiento de Mérida?

¿Cuáles son los criterios para entregar diversas aportaciones al gobierno del estado para la realización de eventos como las Olimpiadas nacionales de abril?

¿Qué va a pasar con el presupuesto de la policía municipal, ahora a cargo del caballeroso comandante Cuesy: ampliará su radio de responsabilidad o será subsidiaria -presupuestalmente hablando- de la Secretaría de Seguridad Pública?

En materia de presupuesto vale la sana distancia: cada quien en su casa y con sus propios gastos. No se valdría cargarle al presupuesto de Mérida lo que, hasta hace muy poco tiempo, corría a cargo de las finanzas estatales. Mucho menos, transferirle las consecuencias de una política presupuestal y administrativa poco eficiente, por decir lo menos.

Mientras, en tres meses estaremos con Shakira y en temporada de lluvias. ¿Vale una noche de gozo el sufrimiento de transitar por las calles llenas de baches que no se pudieron tapar por falta de recursos? Creo que no. Mérida, Yucatán.

miércoles, 16 de marzo de 2011

El caballero y la gobernadora: compromiso refrendado

Dulce María Sauri Riancho

Se celebraban los 50 años de la fundación del Centro Patronal de Mérida, hoy Centro Empresarial, y la "toma de compromiso" de su directiva por un periodo más. Su presidente, Jorge Caamal, asumía en estas mismas fechas la presidencia del Centro Coordinador Empresarial yucateco por los próximos seis meses. ¿Aceptaría la invitación la gobernadora para estar presente?

Hace un año, el inicio de la gestión de los dirigentes del denominado "sindicato patronal" estuvo marcado por la inasistencia de la gobernadora. En los siguientes meses, las posiciones empresariales más comprometidas con las exigencias de cuentas claras, los cuestionamientos en materia de gasto público, proyectos de inversión y recientemente la oposición a la elevación de los impuestos provinieron del Centro Empresarial. La brecha se había abierto.

Como el año pasado, se invitó formalmente a la titular del Ejecutivo a acudir al significativo evento. Aceptó y con una insólita puntualidad dio comienzo el acto protocolario con los discursos de rigor.

Los planteamientos del presidente del Cemer habían sido críticos hacia un conjunto de acciones y omisiones del gobierno que encabeza su invitada. ¿Habría de cambiar su discurso, suavizarlo, hacerlo menos incisivo y demandante, en aras de la cortesía?

Tuve oportunidad de estar en el evento empresarial y considero que el ingeniero Caamal resolvió el dilema de la mejor manera. Cuidadoso en la forma, retomó los temas que han estado en la agenda del Cemer en su relación con el gobierno estatal. El punto de partida fue un recordatorio de que todos, comenzando por los empresarios, aportamos con nuestros impuestos al sostenimiento del aparato gubernamental. Por tanto, subrayó, tenemos derecho a exigir un manejo pulcro y escrupuloso de los presupuestos y gastos del gobierno.

La sensación de que no se tiene una estrategia articulada para el desarrollo del estado se expresó en la propuesta para establecer una agenda conjunta de trabajo, para "...revisar el rumbo económico de nuestro estado, ver con qué recursos contamos. Buscar nuevas estrategias para atraer inversiones...".

Dice el refrán: "...Más vale tarde que nunca...", pues al actual gobierno sólo le restan poco más de 18 meses de gestión. El tiempo para emprender obras de envergadura parece haber pasado definitivamente. Conforme se acerca el final de la administración aumentará la tentación de improvisar, de ejecutar obras para gastar el dinero autorizado, aunque después queden en calidad de "elefantes blancos".

Ésta es la preocupación por la aplicación de más de 1,800 millones autorizados por el Congreso. Después de afirmar que aún no se conocen los estudios y proyectos que dieron origen a ese crédito, el ingeniero Caamal planteó la creación de un grupo de trabajo para "aportar nuestra experiencia", revisar la rentabilidad social y que las obras puedan ser concluidas antes que finalice el gobierno. Baste señalar que el monto será "...compromiso de pago para las próximas generaciones...".

No fue necesario mencionar directamente la opacidad que prevalece en las cuentas del gobierno. Para contribuir a la transparencia propone Coparmex Mérida la creación de un comité ciudadano que dé seguimiento a la conformación de los presupuestos de Ingresos y de Egresos (sólo resta el correspondiente a 2012), así como del avance del ejercicio de los recursos asignados y los indicadores del grado de cumplimiento.

La posición institucional de este quincuagenario sindicato empresarial se vio reflejada en estas palabras de su presidente: "... No concebimos un Estado fuerte sin un empresario fuerte... Que no pierda dignidad ante la amenaza, que pueda resistir a la tentación de la componenda y los arreglos bajo la mesa. Que denuncie, exija y se respete, y sobre todo, se dé a respetar. Que no se vea como una fuente de recursos para las campañas políticas... y sobre todo, exigir la rendición de cuentas...". ¡Cuántos no habrán identificado al proveedor cuyas facturas quedan pendientes de liquidación por largos meses, al empresario que concursa una y otra vez sin éxito, aunque su propuesta sea la de menor costo!

La Coparmex no es una organización fácil ni sencilla interlocutora del poder público. Desde el gobierno tuve la experiencia directa en una etapa particularmente compleja de la vida del estado y del país. Es voz crítica y comprometida con el propósito de impulsar el bienestar colectivo, desde la óptica empresarial.

En su intervención la gobernadora también fue cuidadosa. Evadió con precaución los temas relativos a la transparencia y rendición de cuentas, y aceptó parcialmente la propuesta de agilizar la comunicación con las diversas instancias de la administración pública estatal que tengan incidencia en proyectos y temas "... en los que el gobierno y ciudadanos puedan cooperar y sumar esfuerzos...".

Una, la gobernadora, y otro, el caballero, reconocieron que ha habido y habrá desencuentros, incluso enfrentamientos, pero refrendaron el compromiso mutuo para que los canales de diálogo continúen abiertos.

Sin claudicaciones ni sumisión, la Coparmex Mérida celebró su aniversario. Que su voz siga contribuyendo a ensanchar los espacios de participación social en Yucatán. Enhorabuena.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 9 de marzo de 2011

Baúl de sueños rotos. Cambios en las cumbres partidistas

Dulce María Sauri Riancho

Falta poco más de 15 meses para la elección del 1 de julio de 2012. Los partidos nacionales han comenzado a ejecutar la parte más visible de su preparación: los cambios de sus dirigencias. El PAN lo hizo hace unas semanas; el PRI, el pasado viernes 4.

El PRD una vez más se encuentra envuelto en una serie de turbulencias internas que tendrán consecuencias más allá del propio partido. Las alianzas electorales con el PAN prácticamente lo han dividido entre aquellos que las impulsan y defienden como una alternativa real para vencer al PRI y quienes las consideran una abdicación a sus principios. En medio de esta compleja situación tendrán que resolver sobre su presidencia nacional en fecha próxima.

En cuanto al PAN, las recientes palabras del presidente de la República en su Consejo Nacional parecen abrir la posibilidad de postular a un candidato (o candidata) del propio partido o "de la sociedad", es decir un ciudadano sin militancia previa. Pero el PAN no es el PRI en que las palabras presidenciales eran línea a seguir. En varias y significativas ocasiones ha decidido lo contrario de la voluntad presidencial. La muestra más visible es la candidatura del propio Felipe Calderón, el "hijo desobediente" de Vicente Fox.

En el PRI nacional, por primera vez desde 1964 (¡sí, hace 47 años!) una dirigencia electa para un periodo estatutario lo concluye. No es cosa menor para un partido que en su nombre lleva lo "institucional". El relevo se realizó en forma tersa, con una intensa negociación interna que llevó a una candidatura única. La expectativa de triunfo que se avizora en 2012 es el más poderoso bálsamo de las heridas y es fuerte argamasa de la unidad.

En el lenguaje clásico-popular, el PRI es "la retadora" del PAN a 15 meses de la elección presidencial. La tarea de su nueva dirigencia será complicada. Por una parte tendrá que mantener y consolidar los equilibrios internos, no dejarse avasallar por los intereses de los gobernadores al designar candidatos, que tan caro le costó en varios procesos recientes, y al manejar las estructuras partidistas como si fueran su propiedad exclusiva, escriturada a perpetuidad. Por la otra, habrá de mantener el diálogo y la negociación con los mismos gobernadores, hoy por hoy, depositarios de la fuerza real del PRI. Su primera prueba será la selección de los candidatos a gobernador de Nayarit y Estado de México, que tendrán elecciones el primer domingo de julio próximo.

Pero el desafío más importante del PRI estriba en presentar una verdadera alternativa de transformación del país. Tendría que haber una respuesta clara, indubitable a la pregunta: "¿para qué quiere ganar el PRI la presidencia de la república?". ¿Dónde están las diferencias en relación con los asuntos que importan verdaderamente a la sociedad: encontrar un empleo digno, decente; tener acceso a educación y servicios de salud de calidad; combatir con efectividad la pobreza y marginación; recuperar la seguridad; castigar la corrupción? En un ambiente en que las palabras cada vez valen menos, los hechos toman la voz, tanto en lo realizado por las autoridades como en aquellas promesas incumplidas que sólo sirvieron para ganar votos el día de la elección.

En Yucatán, PAN y PRI también se aprestan a renovar a sus líderes. El PAN aún no señala con precisión las fechas del próximo relevo de su actual presidenta. En el caso del PRI, desde 2008 ha tenido cuatro presidentes y se prepara a elegir al ex oficial mayor de Gobierno para completar el periodo de cuatro años.

Al revés que a nivel nacional, aquí el PRI es gobierno y el PAN, "la retadora". Los aprestos priistas van enfocados a garantizar un nuevo triunfo electoral. El primer paso será el cambio de directiva estatal, pues no sería suficiente con ser acompañante frecuente de la titular del Ejecutivo para la etapa que se aproxima, de una intensa operación política en los municipios donde los aspirantes a alcaldes abundan. De los otros aspirantes a diputados federales y senadores, y principalmente al gobierno del Estado, se encargará en forma exclusiva la gobernadora.

Las cuentas de los hechos no son las mejores. La economía de un porcentaje creciente de familias yucatecas depende de las transferencias monetarias vía subsidios que les otorga el gobierno a través de programas como Oportunidades, que atiende a tres de cada 10 hogares. El empleo informal -sin salario digno, sin seguridad social- se ha multiplicado. En el campo, el asistencialismo ha suplido a las políticas institucionales de fomento a la producción. Falta una estrategia articulada entre acciones e inversiones públicas. La opacidad en el manejo de los recursos parece haber sentado sus reales en la administración estatal y en parte de la federal.

Cada tres, seis años tímidamente se despierta la esperanza de que -ahora sí- lleguen los anhelados cambios. Se suceden los partidos, las personas y la situación sigue igual, si no peor. El baúl de los sueños rotos sí tiene fondo y se puede llenar. Entonces, ¿qué pasará?

viernes, 4 de marzo de 2011

Las presiones, ¿efectivas? Paro de camiones

Dulce María Sauri Riancho

El sábado pasado se efectuó el segundo paro del transporte público concesionado de Yucatán. Se calcula que el 70% de los camiones y taxis que circulan en Mérida permanecieron inactivos esa mañana, y una cifra menor del transporte a los pueblos y ciudades del interior del estado.

El incremento escalonado del precio de los combustibles es parte de la política recaudatoria del gobierno. Le corresponde al Ejecutivo federal, de acuerdo con sus facultades, fijar los precios y tarifas del sector público, como la gasolina y la energía eléctrica.

Es la manera de compensar en parte la ausencia de una reforma fiscal integral que le proporcione a las administraciones gubernamentales de los tres niveles -federal, estatal, municipal- los recursos suficientes para realizar sus actividades.

En la negociación del Presupuesto de Egresos 2011 los diputados y el Ejecutivo federal acordaron gastar casi 3.5 ¡billones! de pesos. A la administración federal le corresponde juntar el dinero. Y si los impuestos no rinden lo suficiente, allá están los precios de las gasolinas para aportar lo que falte, pues los estados y los municipios convinieron en recibir una cantidad determinada de recursos, que no pueden ser disminuida o limitada, salvo que el presidente Calderón quiera generarse un problema mayúsculo.

Esta política gubernamental podría ser modificada con el fin de disminuir o eliminar las alzas de precios. Puede hacerse porque, en estos momentos, el barril de petróleo se cotiza muy por encima de los 65 dólares calculados en el Presupuesto. La apreciación del peso frente al dólar (12 pesos 10 centavos) disminuye lo que se tiene que pagar por las gasolinas importadas.

Al convocar a un paro como medida de presión política los concesionarios del transporte de Yucatán recogen el malestar por los aumentos de los precios y, en particular, de las gasolinas y energéticos, como el gas para cocinar y la propia electricidad.

Las manifestaciones de los transportistas afectan a los usuarios de manera directa y severa, no cabe duda.

Los concesionarios han tomado la iniciativa y han dado muestra de su fuerza y capacidad de movilización: hoy, contra el incremento de las gasolinas, mañana, si se ofreciese, por la subida de precio de los boletos de camión. Pero si consideramos su objetivo explícito, que es ejercer presión sobre el Presidente de la república para que cancele las alzas, quizá no sea el mejor camino para lograr sus propósitos.

Se podría aprovechar el ascendiente social de las organizaciones y la cercanía personal con la gobernadora para solicitarle que convoque a sus pares de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, con el fin de presentar al gobierno federal la demanda de modificar esta política que agravia a la mayoría de la población. En adelanto al posible señalamiento del Presidente del monto y la reducción de sus participaciones, los gobernadores debieran mostrarse dispuestos a sacrificar gastos superfluos e innecesarios que lamentablemente abundan, a favor del pueblo que representan.

Además, están los diputados federales. Ellos aprobaron el Presupuesto 2011. No tienen la atribución de fijar el precio de la gasolina, que es del Ejecutivo, pero sí poseen importantes instrumentos de negociación y de control de las políticas fiscales del Ejecutivo federal. Adicionalmente, la mayoría de los legisladores pertenece al PRI, mismo partido de cuatro de los cinco gobernadores del sureste.

Gobernadores más diputados, con una buena estrategia, lograrían un cambio de rumbo. Y no habría mal pensados que consideraran las movilizaciones de transportistas como una anticipación al aumento de los pasajes, preparando el terreno para transferir al gobierno federal el "costo político" de una decisión que corresponde al gobierno del Estado. Y cuando llegue el momento de revisar las tarifas del transporte público que no se olvide la gobernadora: los salarios mínimos sólo aumentaron ¡dos pesos diarios para este año!- Mérida, Yucatán.