miércoles, 27 de enero de 2010

La inquietud viaja en camión

No vaya a ser el diablo...

Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.

Nadie duda que el transporte pesa considerablemente en los gastos de una familia. Para quienes tienen vehículo propio, la gasolina y su mantenimiento representan una fuerte erogación, acrecentada por el aumento de precios de los combustibles. Sin embargo, para la mayoría de la población, es el boleto de camión o del taxi colectivo lo que vulnera más sus bolsillos.

En agosto el gobierno del Estado autorizó el alza de precio del transporte público urbano en Mérida. Los autobuses de pasajeros aumentaron su tarifa de 5 a 6 pesos. Los argumentos de los concesionarios para solicitar el incremento estuvieron basados en el crecimiento de los precios de los combustibles, del salario de sus operadores y de las piezas y refacciones, además de la adquisición de unidades nuevas. Adicionalmente, hicieron valer ante las autoridades que en casi 3 años, desde noviembre de 2006, no se había registrado aumento alguno al precio de los boletos.

Por otra parte, el 1 de enero entraron en vigor los nuevos salarios mínimos; el general —que se aplica a todos los trabajadores sin calificación— es de 1,634 pesos (54.47 por 30 días). Con estos pocos pesos, miles de familias sobreviven. Y pagan el camión.

Si consideramos que en un hogar hay en promedio tres de sus miembros (padre y/o madre y dos hijos) que diariamente han de trasladarse al trabajo o a la escuela; si éstas se encuentran suficientemente lejos para requerir transporte, al menos gastarán dos terceras partes (36 pesos diarios) del salario mínimo en sus boletos. Si su ingreso es de dos salarios mínimos, un tercio se destina al transporte.

Con estos números es fácil comprender por qué para miles de estudiantes yucatecos, las llamadas “tarifas sociales” del transporte urbano se vuelven fundamentales para poder asistir a la escuela sin colapsar la economía familiar.

Estos datos también nos permiten entender las premuras de las madres de familia para encontrar cupo para sus hijos en una escuela cercana a su domicilio. No sólo se trata de la facilidad del traslado a pie, sino del ahorro que representa. Atrás del sacrificio de las “colas” de madres de familia, de día y noche para cuidar el lugar en la fila de las inscripciones a primaria y preescolar, están la necesidad del ahorro del pasaje y la seguridad de sus hijos.

Desde hace muchos años —más de medio siglo— el transporte en Mérida tiene una tarifa preferencial para estudiantes. Cuando subieron los precios, el boleto se mantuvo en tres pesos para niños y jóvenes escolares de todas las instituciones educativas reconocidas por la SEP, la Uady y el Tecnológico de Mérida. Según el decreto 222 del 20 de agosto de 2009, los adultos mayores de 60 años, los niños (sin precisar edad), las “familias en situación económica crítica” y los jóvenes egresados “en busca de empleo”, también tienen derecho a la tarifa de 3 pesos, aunque para estos dos grupos el descuento sería válido a partir del 1 de enero de este año.

El propio decreto 222 establece la obligación de contar con la “credencial única del servicio de transporte público” para hacer efectivo el descuento. Según las autoridades, 75 por ciento de la matrícula estudiantil de Mérida ha sido registrada. Pero, mientras la Comisión de Transporte considera una matrícula de 70 mil estudiantes, las cifras de la SEP reportan más de 130 mil alumnos de secundaria a universidad, sólo para Mérida. La manera unilateral como se maneja este procedimiento y la falta de transparencia del mismo generó la inconformidad de grupos de estudiantes que se han manifestado reiteradamente.

Ya no fueron las autoridades escolares de cada plantel las responsables de expedir las credenciales de estudiantes, previa promoción activa de las sociedades de alumnos. Ahora, el procedimiento se centralizó en tres lugares y a cada solicitante se le requirió, además de la información escolar (fácil de obtener en cada plantel), información socioeconómica de su núcleo familiar y su copia de la credencial de elector si era mayor de 18 años de edad. ¿A dónde va esa información? ¿Quién la tutela y la resguarda? Cuando proporcionamos nuestros datos al Registro Federal Electoral o al Servicio de Administración Tributaria, sabemos que la ley obliga a las autoridades a cuidarla. En este caso, las bases de datos de los jóvenes estudiantes, quedan desprotegidas porque no hay regulación alguna que las resguarde.

El decreto expresamente señala que “todo estudiante regular” tiene derecho al descuento. No importa su nivel socioeconómico, o si su escuela es pública o privada. Entonces, ¿para qué se necesitan los datos de sus familias? ¿Será que más adelante se les pretende otorgar la credencial sólo a aquellos que las autoridades consideren de familias de “bajos ingresos”? ¿Quién decide a quién sí y a quién no reconocer el acceso a la tarifa preferencial de estudiantes? La modernización no está reñida con la transparencia y la protección de datos personales. Requerimos de una legislación que garantice a la ciudadanía la correcta utilización de la información personal que brinda a las autoridades. No vayamos a encontrarnos esas bases de datos entre los estrategas de algún partido político en campaña. No vaya a ser el diablo…— Mérida, Yucatán
Dulce María Sauri Riancho

jueves, 21 de enero de 2010

De las Adelitas a las Juanitas: la lucha de las invisibles














Editorial publicada por el Centro de Inteligencia Política (CEINPOL), Enero de 2010.


Dulce María Sauri Riancho


“Cámara, ya llegué; Cámara, ya me fui”


Casi inadvertido pasó un hecho de la mayor trascendencia política. Por primera vez, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión del 13 de enero, negó la solicitud de licencia a un legislador o legisladora. Este dudoso honor le correspondió a la diputada federal Olga Luz Espinosa Morales.


En la primera sesión ordinaria de la actual LXI Legislatura de la Cámara de Diputados el 3 de septiembre pasado, se presentó un conjunto de 10 solicitudes de licencia para separarse “indefinidamente” del cargo. El mínimo común era que ocho de ellas correspondían a mujeres legisladoras que recién habían rendido protesta y que, en todos los casos, serían sustituidas por sus suplentes hombres.


El escándalo que se suscitó en la recién estrenada legislatura fue de antología. Entre la novatez y el nerviosismo de la nueva mesa directiva, la falta de experiencia de su presidente en los procedimientos del pleno y la justificada indignación de un número importante de diputados, transcurrió el primer debate de los tres años.


Los argumentos formales señalaban que habría que “obsequiar” –conceder- las solicitudes, puesto que era la voluntad de las legisladoras retirarse de sus cargos; que bastaba simplemente conque la manifestaran.


Otro grupo, esencialmente mujeres, argumentó que el Pleno estaba en presencia de un “fraude a la ley”. Que sólo para cumplir con el requisito establecido en el artículo 219 del COFIPE se habían incluido las candidaturas de mujeres como propietarias, puesto que el 40 por ciento se había vuelto obligatorio después de la reforma electoral de 2007.


Las participantes en el debate denunciaron una red de intereses y componendas al interior de los partidos políticos para inscribir a las mujeres acompañadas de suplentes del sexo masculino. Pero no eran hombres cualesquiera. Uno era esposo, otro hijo, cuñado o jefe. Toda clase de combinaciones que ilustran el abuso de poder que se ejerce contra las mujeres, aun las que ocupan puestos de alta responsabilidad.


Nacen las “juanitas”


El ingenio popular bautizó a las diputadas renunciantes como las “juanitas”, intentando así resaltar las semejanzas con Rafael Acosta, “Juanito”, candidato ganador en Iztapalapa, comprometido a ceder su cargo. Otro calificativo menos ingenioso y más ilustrativo fue el de “vientres de alquiler”, responsabilizadas de dar a luz a un diputado varón y entregarlo a sus verdaderos padres, sus compañeros legisladores.


Ese 3 de septiembre la mayoría priísta se batió en retirada. Su vice coordinador solicitó el retorno de las solicitudes a la Junta de Coordinación Política en espera de tiempos menos turbulentos para las 8 “juanitas”, 2 del PRI, además de las 4 del PVEM, 1 del PRD y otra del PT.


Estos se dieron hasta entrado octubre, en que se concedió licencia a Katia Garza Romo, del Partido Verde (PVEM) que fue suplida por su esposo Guillermo Cueva Sada. Por auténticas razones de salud, otra diputada, ahora del PANAL, también obtuvo autorización para separarse de su cargo; de igual manera fue sucedida por un hombre.


Lo fuerte vino en diciembre, una vez que concluyó el periodo de sesiones ordinarias. El 22 la Comisión Permanente concedió licencia a 7 diputadas (cinco de las originales). En la primera sesión de 2010, a otras 3. Para esa fecha, sólo faltaba desahogar las solicitudes de 2 “juanitas” de septiembre, una del PRD y otra del PRI.


En el primer período de sesiones las “juanitas” fueron auténticas “almas en pena” que transitaban por los pasillos de San Lázaro como fantasmas que querían ser invisibles. Fueron formalmente integradas a las comisiones de trabajo –todos los legisladores tienen que pertenecer a tres-, pero con la conciencia de su parte y la sensación de sus compañeros de que sólo estaban de paso.


Algunas, las más comprometidas o presionadas por su suplentes masculinos, quisieron seguir la estrategia de no asistencia, con el afán de reunir las 10 faltas reglamentarias que obligaran al Pleno a llamar a sus suplentes. Sólo que esta medida se agotaría en un período de sesiones y al siguiente tendrían el mismo problema.


Las “juanitas desesperadas”


Dos diputadas, quizá las que tenían suplentes más afanosos o desesperados, decidieron la acción directa: solicitaron la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que, mediante juicio de protección de derechos políticos, obligara a la Cámara de Diputados a concederles la anhelada licencia.


La Sala Superior del TEPJF resolvió requiriendo a los diputados para resolver la solicitud de las dos “juanitas desesperadas”. En un caso, fue concedida la demanda en el paquete del 22 de diciembre.


En el otro, el de Olga Luz Espinosa, diputada de la III Circunscripción del PRD, la Comisión Permanente resolvió negar la solicitud de licencia por la vía de la abstención de la mayoría de sus 37 integrantes. Su suplente, ex presidente del CDE del PRD en Chiapas, se quedará esperando la llamada para rendir protesta como propietario. Espero que se resigne; que encuentre nuevos rumbos para su participación; que lo haga de frente, sin manipular ni abusar de nadie.


Conozco al suplente de Yulma Rocha. Trabajé con él en la campaña electoral de 2000. Guillermo Ruiz de Teresa es una persona valiosa. No necesitaría de subterfugios ni trampuchetas para ingresar a la Cámara de Diputados y desempeñar un buen trabajo. Mejor que espere el cada vez más cercano 2012 y que llegue por la puerta grande, no por la entrada de emergencia, desplazando a una mujer.


Me pregunto cómo se desenvolverán los suplentes –ahora en funciones de propietarios- en las actividades de la LXI Legislatura. ¿Participarán en los trabajos de comisiones y en los debates del Pleno? ¿Cómo se presentarán ante sus conciudadanos que saben que tuvieron que sudar la gota gorda –y no precisamente en la campaña- para llegar al cargo? Quizá a la mayoría de los hombres suplentes les parece natural que las mujeres propietarias presten su nombre, se sacrifiquen y luego declinen a los cargos para los que fueron electas. Dirán que, al fin y al cabo, ese es el papel que les corresponde a las mujeres.


Si no hay la firme convicción y el compromiso de cumplirla, ¿por qué cambiaron la ley electoral los legisladores y establecieron la obligación de las cuotas del 40 por ciento para candidaturas de mujeres? ¿Porque era políticamente correcto y no querían pagar el costo de negarse? ¿Sale más barato retorcer la norma, aunque se tenga que pisotear la dignidad de las mujeres?


Las Adelitas no merecen a las “juanitas”


En este año del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, la evocación de las mujeres revolucionarias nos remite de inmediato a las Adelitas. Bravas y valientes, acompañaban a los ejércitos revolucionarios en sus desplazamientos y muchas veces empuñaron las armas. La historia las consigna con ese apelativo genérico, que no las distingue con nombre y apellido, al cual asociamos con los valores de entrega, generosidad y valentía.


Las “juanitas” de la primera década del siglo XXI tienen rostro, nombre y un importante cargo público. También esta denominación –que más bien es un adjetivo- contiene juicios de valor. Por una parte, la subordinación y la aceptación de ser utilizadas y desplazadas cuando hayan cumplido su función. Por la otra, la de los hombres, que todavía ejercen violencia contra las mujeres, entendida como un abuso de poder, del hijo, esposo, cuñado, hermano o del jefe.


Pasar sobre los derechos humanos de las personas con tal de lograr un objetivo, descalifica a los partidos políticos que engañaron a la ciudadanía al presentar a unas candidatas para luego pretender sustituirlas. Habla muy mal de las mujeres que aceptaron; peor, de los hombres que comprometieron el simulacro de las fórmulas con la certeza del control de la mujer propietaria (madre, esposa, cuñada, empleada).


Un grave tropiezo de una larga lucha


Como sistema político, a todos nos debería de avergonzar y preocupar la historia de las “juanitas”. A las y los ciudadanos nos corresponde demandar su corrección y la sanción al fraude moral que cometieron los partidos políticos con tal de arreglar sus problemas internos.

Por lo pronto, la Cámara de Diputados perdió a 12 de sus legisladoras, todas sustituidas por hombres. Es casi el 10 por ciento de las mujeres de la actual legislatura.


Entre las hazañas de las Adelitas y las actitudes de las “juanitas” transcurrieron muchos años y una intensa lucha de las mujeres para adquirir visibilidad, para tener nombre y apellido, para ejercer los derechos a participar y tomar decisiones en condiciones de igualdad.


Lo vivido, sí, es un retroceso que nos recuerda –a las mujeres y a todos- que la lucha por los derechos no se gana de una vez y para siempre; que el núcleo duro de la resistencia a los cambios está en la cultura de subordinación compartida por ambos sexos. Eso es lo que hay que cambiar, encuéntrese donde se encuentre, así sea en la Cámara de Diputados.


Dulce María Sauri Riancho

martes, 19 de enero de 2010

Un fruto envenenado

Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.

Los "chiquilotes"

El 22 de diciembre, en el sigilo que permiten las fiestas navideñas, la Gaceta Municipal publicó el Programa de Desarrollo Urbano de Mérida (PDUM).

En sus cuatro volúmenes, el PDUM aborda importantes cuestiones que nos atañen a todos. Pero una en particular parece ser un fruto envenenado: la reducción del tamaño mínimo de los terrenos para edificar vivienda popular, los llamados “chiquilotes”.

Las Zonas Habitacionales de Alta Densidad (HAD) elevan la densidad máxima permitida por hectárea hasta 70 lotes; se disminuyen las áreas verdes del conjunto habitacional (de 25 a 20%) y aumenta el tamaño de la construcción autorizada en el interior de los terrenos, es decir, reciben “luz verde” para poner placas de cemento en toda pequeña superficie disponible.

Por si no fuera suficiente, los fraccionamientos “sociales” y “populares” tienen que cumplir —al menos en el papel— las medidas de alineación y restricción de construcción en áreas que van de 5 metros a 2 metros (en las calles de andadores, como los de la Fidel Velázquez). Esto quiere decir que los pequeños lotes se volverían minúsculos para edificar viviendas en las que el patio trasero será cosa del pasado.

No faltará quien diga que sólo de esta forma se puede enfrentar el rezago en materia de vivienda y hacerla accesible a las familias de más bajos ingresos. Otra vez el “mal menor” envuelto en los ropajes de una planeación realizada a la medida de los constructores y no de quienes requieren vivienda digna.

Para la mayoría de las familias, tener casa propia es la prioridad esencial. Adquirirla o construirla es quizá la inversión más grande de la vida que supone efectuar pagos mensuales por muchos años, ahorro “para los malos tiempos” y seguridad de un techo mientras pasan.

Las casas de los yucatecos —ricos y pobres— siempre están en construcción; apenas cae un “extra” se compra el cemento, la bovedilla o los muebles de baño. Las pilas de grava en las puertas de las casas forman parte del paisaje urbano de muchas poblaciones y de algunas colonias de Mérida.

Los “chiquilotes” cercenarán la esperanza de construir “un cuarto más”, apenas se pueda. Adiós al árbol de limón o de naranja agria. A lavar en el minipatio y a tender en la puerta de adelante.

¿O habrá lavadora y secadora de ropa como parte del equipamiento? La temperatura calurosa que impera la mayor parte del año se resiente en las casas pequeñas, con techos bajos y escasa ventilación, pues no hay espacio para ventanas y aire cruzado. ¿Y las hamacas? ¿Los minicuartitos tendrán el tamaño para dormir en ellas sin hacerlo casi sentados? Recordemos la batalla ganada en Pacabtún, al naciente y poderoso Infonavit de los 70, que tuvo que cambiar en Yucatán su normativa nacional respecto al tamaño de las recámaras, para que los trabajadores yucatecos y sus familias no sufrieran afecciones de la columna vertebral por dormir plegados.

Precisemos. Las reglas HAD son para los fraccionamientos que se construyen con créditos de Infonavit y Fovissste principalmente, como Juan Pablo II, Francisco de Montejo y Ciudad Caucel. También lo son para las colonias populares que crecieron a partir de la actividad de la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo (Cousey). Junto con Corett, que regularizaba los asentamientos en terrenos ejidales, Cousey dotó a miles de familias yucatecas de un pedazo de terreno, nunca inferior a 160 metros cuadrados, para construir su vivienda.

Mérida no tiene montañas ni barrancas, no tiene ríos ni ciénaga que limite su crecimiento. La tierra es cara por la especulación inmobiliaria —no porque sea escasa— y el gobierno del Estado renunció a impedir ésta al desaparecer la comisión que controlaba la reserva de tierra, erigiendo en su lugar un instituto de vivienda.

La convivencia en las grandes unidades habitacionales es difícil, en particular si se carece de espacios de recreación colectiva. Las actividades se realizan principalmente en la calle: reuniones, fiestas o simplemente para aliviar el intenso calor del interior de las casas. La dimensión sociológica de estos proyectos y su impacto en el mediano plazo sobre la calidad de vida de la ciudad han sido ignorados por el PDUM y por las autoridades.

Por lo pronto, el PDUM y la Ley de Fraccionamientos de 1985 están enfrentados. Espero que los intereses de los fraccionadores ineficientes —porque los eficientes construyen espacios dignos, como Francisco de Montejo— no se impongan a las autoridades estatales y municipales.

Preguntémosles a los candidatos su opinión sobre la calidad de vida de los meridanos, los retos del desarrollo urbano y los “chiquilotes”. Reclamemos su compromiso con la ciudad.

Comentario.— Que no habrá competencia entre autoridades estatales y federales en la elección de mayo, sino entre candidatos. Por lo pronto, nos enteramos que habrá 6,000 familias con Oportunidades en Mérida y que Reconocer Urbano tiene alrededor de 2,000 personas mayores que reciben 550 pesos mensuales. La política social ya ha producido un diputado federal —Liborio Vidal, ex secretario de Política Comunitaria del Estado— y una precandidata a la alcaldía de Mérida —la senadora Beatriz Zavala, ex secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal.— Mérida, Yucatán.

Reducción del Congreso. Otra afrenta a las mujeres

Publicado en Suplemento Enfoque. Periódico Reforma. Domingo 17 de enero 2010. P. 10-11

Por: Dulce María Sauri Riancho


El año que finalizó recientemente dejó dos situaciones que cuestionan los avances en la lucha de las mujeres por el pleno ejercicio de sus derechos. Por una parte, las reformas realizadas en 18 constituciones estatales para reconocer el derecho a la vida desde la concepción, hizo retroceder el debate sobre las políticas de salud sexual y reproductiva a etapas anteriores a los años 60; polarizó a importantes segmentos de la sociedad y ha estigmatizado a quien ha osado argumentar sobre el derecho de las mujeres a decidir.


Menos visible, pero no por ello menos costosa, es la reducción a la participación de las mujeres que se ha deslizado, de manera implícita, en el debate sobre la reforma política en la parte relativa al número de integrantes de las cámaras de Diputados y de Senadores y la vía de acceso: mayoría relativa (MR) o representación proporcional (RP).


Sostengo que una reducción del número de legisladores por la vía plurinominal afectará principalmente a las mujeres, en uno de los derechos políticos por lo que más intensamente hemos luchado durante largos años: participar en los procesos de toma de decisiones en la vida pública en condiciones de igualdad.


El debate


El Presidente Felipe Calderón, en su “paquete integral de reforma política”, presentado el pasado 15 de diciembre, propone reducir el número de integrantes de ambas cámaras del Congreso, “…con el propósito de dar mayor eficiencia al trabajo legislativo y reconocer la exigencia ciudadana de evitar un uso dispendioso de sus recursos…”. De prosperar su iniciativa, la Cámara de Diputados quedaría integrada por 260 legisladores de MR y 140 de RP, en vez de los 300 y 200 respectivamente. Por el Senado, la reducción se daría por la eliminación de la Lista Nacional correspondiente a 32 legisladores; pasaría de 128 a 96.


Existen desde luego, otras propuestas e iniciativas presentadas en el Congreso relativas al tamaño de las cámaras. Está previsto el inicio del debate en fecha próxima, con una posible solución legislativa dentro del próximo periodo de sesiones del Congreso.

La reducción del tamaño de las cámaras afecta a las mujeres.


Desde la elección de Aurora Jiménez de Palacios, en 1955, como primera diputada federal, la lucha de las mujeres por el acceso a la representación popular ha sido intensa e incesante.


A pesar de los compromisos internacionales contraídos por México, no fue sino hasta noviembre de 1996 cuando quedó establecido, por vez primera en un transitorio, el tenue mandato a los partidos políticos de introducir en sus estatutos un porcentaje mínimo de participación femenina.


Fue hasta el 30 de abril de 2002 cuando fue reformado el artículo 175, en sus fracciones A, B y C, para establecer la obligación de los partidos políticos de registrar candidaturas de manera proporcional, sin que ningún género representase más del 70 por ciento. Efectivo el mandato para la elección federal de 2003, representó un incremento importante de diputadas en la LIX Legislatura, aunque todavía lejos del 30 por ciento.


La reforma a la legislación electoral de 2007 modificó los procedimientos del COFIPE para el registro de candidaturas. El artículo 219 elevó a 40 el porcentaje mínimo del mismo género (léase mujeres) y garantizó la integración por segmentos de cinco candidatos, en los que al menos dos deberán ser de género distinto.


Pero la propia disposición del COFIPE contiene una salvedad que en la práctica la anuló parcialmente: “…Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido…”.


Conformada antes de las reformas mencionadas, el Senado tenía solamente 19.5 por ciento de mujeres (25 senadoras)[1], de las cuales 11 (44 por ciento) ingresaron vía Lista Nacional (R.P.). Destaca que únicamente el 14.5 por ciento (14 de 96) entraron por mayoría relativa (MR o Primera Minoría).


La actual legislatura en la Cámara de Diputados fue integrada con las nuevas disposiciones respecto al género. Sin embargo, el 27. 6 por ciento (138 mujeres)[2] que representa, todavía está lejos de la meta del 40 por ciento, “…procurando llegar a la paridad…”[3].


¿Por qué afecta la reducción principalmente a las mujeres?


Las diputadas que llegaron vía la RP representan el 63 por ciento del total de mujeres. De los 200 legisladores por esta vía, 43.5 por ciento son del sexo femenino (87), poco más del 40 por ciento que establece la ley. En cambio, de los 300 diputados de mayoría relativa, sólo el 17 por ciento (51) son mujeres. Estas cifras ilustran el efecto de la salvedad de cumplir con el porcentaje en el caso de las candidaturas de MR.


Por partido político, el contraste entre legisladoras MR y RP es aún más marcado. El PRI, que tiene el mayor número de diputados MR (184), es el que tiene el menor porcentaje de legisladoras (21.5 por ciento). Esto se debe a que sólo 29 de los 184 diputados por el principio de Mayoría Relativa (16 por ciento) son mujeres; en tanto que por RP la representación femenina priísta asciende al 43 por ciento (22) de su total de diputados.


En el caso del PAN, segundo en número de legisladores, su representación se divide casi por mitad entre MR y RP (70 y 73 diputados respectivamente). Sin embargo, el 33 por ciento de su total son mujeres (47), de las cuales 31 llegaron por RP (42 por ciento) y sólo 16 por MR.


El Grupo Parlamentario del PRD está conformado por 71 legisladores, 31 por ciento (22) mujeres. Más de la mitad de quienes llegaron por la vía de la RP (53 por ciento, 17 diputadas) son del género femenino.


En los otros partidos políticos representados en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados el impacto de la disposición del COFIPE es mucho mayor, puesto que casi todos sus legisladores accedieron por la RP, como Convergencia que cuenta con representación paritaria de hombres y mujeres; el PVEM, PT y PANAL, entre 38 y 30 por ciento de mujeres.


Conclusiones


A mayor peso de la vía de Mayoría Relativa (MR), menor representación femenina. El valladar –algunas veces frágil- que pone la ley a los prejuicios y resistencias a la participación de las mujeres como candidatas, es fácilmente eludible a través de los métodos estatutarios “de elección democrática” que los partidos establecen, que anulan la obligatoriedad de la disposición.


Por si no fuera suficiente, la violencia contra las mujeres –entendida como un abuso de poder- encuentra una nueva manifestación en las candidaturas registradas para cumplir con la “cuota de género”, en que la propietaria es acompañada en la fórmula por un suplente hombre que tiene garantizada la licencia de la titular al iniciar la legislatura porque es su esposo, pariente o jefe.


Las propuestas


Pasar del “60-40” (300-200) al “65-35” (260/140) como pretende la propuesta del Presidente Calderón significaría retroceder hasta el 26 por ciento de representación femenina, si se conservara la misma proporción en la integración de las listas de RP.


Si la reforma fuera más allá, hasta la eliminación del principio de RP para el acceso a la Cámara de Diputados, las mujeres quedarían reducidas a un modesto 17 por ciento, casi 11 puntos menos que el porcentaje actual.


Las medidas de acción afirmativa que han representado las “cuotas de género” para avanzar hacia el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, todavía no cumplen con su cometido de garantizarles iguales oportunidades que a los hombres. Las prácticas culturales y las tradiciones se han transformado lentamente, no sin resistencias y retrocesos, como lo revela el caso de las “Juanitas”.


Las mujeres, al igual que otros grupos marginados por muchos años de la representación política, como los indígenas, requieren políticas de largo alcance. Realizar la reforma de las instituciones del Estado demanda pensar y decidir con perspectiva de género, con la clara visión de ampliar los espacios de participación de las minorías. Más todavía en el caso de quienes conformamos más de la mitad de la población de México.



[1] Dos senadoras del PVEM solicitaron licencia por tiempo indefinido al iniciar el 1er período de la LX Legislatura. Fueron sustituidas por sus suplentes hombres.

[2] Al 15 de diciembre de 2009. En las sesiones de la Comisión Permanente del 22 de diciembre y del 5 de enero de 2010 se les concedió licencia a diez diputadas, más otras tres del grupo original de las popularmente bautizadas como “Juanitas” que las habían solicitado previamente , casi el 10 por ciento de quienes fueron electas.

[3] Artículo 219, Numeral 1 del COFIPE.

El futuro de Calderón y los dilemas del PRI

Publicado en la Revista Examen. Número 179/Año XX/Enero 2010 Páginas 64-68. Enero de 2010.

Hace 9 años que Acción Nacional gobierna México. El saldo general nos confirma la pérdida del impulso modernizador que movió al país por muchos años. Además, la oportunidad histórica de los precios extraordinarios del petróleo de exportación, su empleo para relanzar el desarrollo económico, se perdió en medio de la alegre dilapidación de los recursos.


El modelo político que tuvo vigencia por poco más de 7 décadas, se agotó con la alternancia en la Presidencia de la República. La consecuencia inmediata debió ser el inicio de la construcción de uno nuevo, acorde a las demandas y las necesidades de una sociedad que había cambiado profundamente. Eso no sucedió. Vicente Fox se limitó a administrar las formas y relaciones del vilipendiado pasado priísta, sin percatarse que el andamiaje que les daba sustento y sentido había desaparecido.


Felipe Calderón llegó con un déficit de legitimidad después del controvertido resultado de las elecciones del 2006. Su mandato ha estado marcado por la crisis económica, la inseguridad galopante, el aumento de la pobreza y la caída del nivel de vida de la mayoría y, lo más grave, por los sentimientos de desánimo e incertidumbre que embargan a amplios sectores de la sociedad.


La institución presidencial, otrora eje del entramado de relaciones políticas del país, se encuentra debilitada y en proceso de desmantelamiento; el Presidente está a la defensiva; sus propuestas no acaban de cuajar ni siquiera en el ámbito del Ejecutivo Federal. Su partido retrocedió considerablemente en las elecciones de julio de 2009.


Se avizora el triunfo electoral del PRI en el 2012. Asumo que el objetivo de ganar la Presidencia es asegurar la gobernabilidad del país e impulsar los cambios que permitan hacerlo competitivo y justo para la mayoría.


Por eso, el futuro del presidente Felipe Calderón y el futuro del PRI, están entrelazados.


EL FUTURO DE FELIPE CALDERÓN


Algunas pinceladas de las nuevas intenciones de FC después de la derrota de julio, las dio el 2 de septiembre, en la reunión posterior a la entrega del III Informe. Planteó una agenda de cambios profundos en materia de política económica, social, desregulación, telecomunicaciones, educación y salud, seguridad pública y una “reforma política a fondo”.


Fue necesario esperar hasta la conmemoración del 3er año de gobierno para escuchar el anuncio del próximo envío de diversas iniciativas en materia política, como la reelección continua de legisladores y autoridades municipales y la introducción en la Constitución de las figuras de referéndum y plebiscito.


Tal parece que FC prepara “una fuga hacia delante”, que le permita presentar ante la ciudadanía una amplia agenda de transformación modernizadora, sin que necesariamente cuente con la capacidad para negociar con las diversas fuerzas políticas y conducir los procesos. Sin embargo, la institución presidencial, aunque debilitada, aun tiene un papel central para detonar los cambios.


Muy pronto Calderón tendrá que plantearse la disyuntiva entre ser Jefe del Estado Mexicano o serlo de su partido. Similar situación vivió Ernesto Zedillo durante su mandato: usó la fuerza de su partido, el PRI, para darle viabilidad al país para salir de la crisis. El resultado es conocido: el PRI perdió la Presidencia.


LOS DILEMAS DEL PRI


El PRI es gobierno en 18 estados de la República; es mayoría en la Cámara de Diputados y en los ayuntamientos de las capitales. Indiscutible ganador de los procesos electorales locales, refrendará esa condición en los procesos que habrán de realizarse a lo largo del 2010.


El PRI tiene que actuar para el “ahora” que representan los 3 últimos años de FC. Pero simultáneamente tiene que preparar las bases para el futuro, que se quiere distinto.


LOS DILEMAS DEL CORTO PLAZO: LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS.


  1. ¿Debilitar la institución presidencial o fortalecer sus funciones? Existen propuestas encontradas; por una parte, la del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, que establece la ratificación de varios miembros del gabinete presidencial, así como la figura de “Jefe de Gabinete”, con funciones de mediación hacia el Congreso. Por la otra, la del Ejecutivo Federal: FC ha anunciado el envío de la reforma para el establecimiento de la “iniciativa preferente”, que lo fortalecería en sus relaciones con el Congreso.

  1. ¿Compartir y acotar facultades de los Poderes o mantener las tensiones existentes?

Se trata de definir si se pretende avanzar en el acotamiento de las facultades presidenciales, tales como la reglamentaria de las leyes, además de las ya mencionadas. Si se le otorgará al Poder Judicial el derecho de iniciar leyes; si se normará el ejercicio del veto presidencial. La propuesta de reelección consecutiva de legisladores tendría que considerar el cambio en las condiciones de la relación Ejecutivo-Legislativo: uno, con mandato limitado a 6 años; los otros, fortalecidos por la posibilidad de reelección.

  1. Las relaciones entre la Federación y los estados: ¿pleito o un nuevo pacto?

La mayor fuente de tensiones se ubica en el reparto de los ingresos públicos, menguados seriamente por la crisis económica y la caída de los ingresos petroleros. La escasez obliga a plantear una reforma a la coordinación hacendaria. A nivel federal existe una Ley de Responsabilidad Hacendaria, no así en los estados. No se puede apretar de un solo lado; para que haya austeridad, reducción del gasto corriente y aumento de la inversión, las mismas medidas legislativas deberán ser aplicadas en las entidades federativas.

Los programas como Oportunidades y Procampo, ¿deberían conservar su carácter federal o ser descentralizados a los estados?

  1. La reforma fiscal: más de lo mismo o nuevas reglas del juego.

Una y otra vez se ha intentado realizar una reforma que aumente la recaudación y la base gravable del país y en todos los casos, los resultados han sido escasos. Se conoce el diagnóstico a detalle; se sabe qué hacer: regímenes especiales, consolidación fiscal, simplificación. Ya no contará la hacienda pública con los recursos petroleros en abundancia; la despetrolización de las finanzas públicas es una exigencia inmediata.

  1. La relación sociedad y gobierno: ¿nuevas formas de participación o coptación clientelar?

FC ha comprometido el envío de la iniciativa de reforma para la introducción en la Constitución de la figura del referéndum. Están también el plebiscito y la iniciativa popular, como formas de participación ciudadana en las decisiones de la vida colectiva. Correlativamente, se requiere una legislación que motive a la ciudadanía a opinar en asuntos de interés general y obligue a las instituciones públicas a integrar a los ciudadanos plenamente.

Las candidaturas independientes de los partidos políticos son un punto medular en la agenda ciudadana. El PRI no tendría por qué oponerse; no afecta sus intereses partidistas; sí beneficia al avance de la Democracia.


LOS DILEMAS DEL LARGO PLAZO: MÁS ALLÁ DEL 2012


Ganar la Presidencia de la República representará para el PRI el mayor de los retos. El cómo hacerlo está en construcción; el para qué hacerlo está pendiente de un gran debate al interior del partido.


Llegar para restaurar el pasado sería inadmisible; serían los vicios y las desviaciones los que prevalecerían, no los aciertos de entonces.


Tener el mismo desempeño que Acción Nacional significaría la vana pretensión de continuar gobernando sin afrontar las exigencias de la transición. Lo que la sociedad de alguna manera le ha perdonado o tolerado al PAN, no se lo permitiría al PRI.


Las decisiones sobre lo inmediato, las demandas de la coyuntura, no pueden nublar la necesidad de definiciones de fondo sobre un conjunto de temas que pueden representar la base de la diferencia en un gobierno del PRI.


Estos son algunos dilemas del largo plazo:


  1. Reconstruir al Estado, fortalecer su capacidad de conducción del desarrollo y recuperar su carácter laico o continuar su desmantelamiento.

  1. Persistir exclusivamente en la estrategia de combate a la pobreza o emprender la lucha por la igualdad de oportunidades.

  1. Combatir los monopolios y los tratos de privilegio de algunos sectores económicos o aceptar el predominio de sus intereses sobre los del conjunto social.

  1. Luchar contra la inseguridad y el crimen organizado mediante una guerra frontal a sus efectos (narcotráfico, secuestros, lavado de dinero) o desarrollar una estrategia que ataque integralmente el fenómeno desde la perspectiva de la educación, oferta de empleo productivo, crecimiento económico.

  1. Plantear una nueva relación con los grupos organizados de la sociedad o continuar una política clientelar que privilegie el control social sobre la auténtica participación.


CONCLUSIONES


El gran dilema del PRI en lo inmediato se encuentra entre esperar a ganar la Presidencia para desarrollar una agenda de cambio o gobernar desde el Congreso, con las fuerzas surgidas de la elección de julio pasado.


La tentación de la espera es grande: abonaría al desgaste del Ejecutivo Federal panista que vería cristalizadas pocas de sus propuestas; no confrontaría a grupos o personas del PRI con los grandes intereses o los poderes fácticos que se oponen a los cambios; permitiría mantener al Partido en la indefinición sobre temas de interés toral que provocarían roces con algunos sectores.


Sin embargo, las urgencias sociales no consienten la espera. Ni el avance del crimen organizado y la pobreza; ni el desempleo y la pérdida de competitividad de la economía podrían detenerse o siquiera amortiguarse sin la decidida participación del PRI.


Actuar para el futuro como si fuera el presente. La duda estriba en la posible utilización política por parte del Ejecutivo de los logros y avances construidos gracias a las fuerzas del PRI.


Vale la pena el riesgo. Camino que se ande hoy, no podrá ser desandado mañana. Es válido el principio de no hacerle al Presidente panista lo que no querríamos que nos hicieran después del 2012. Cuando se plantee una reforma, vale preguntarse cómo operaría con un gobierno del PRI, si la sostendría o buscaría su inmediata anulación.


Construir el escenario de gobernabilidad futura pasa por la toma de complejas decisiones en los próximos meses. Se trata de iniciar la construcción de un nuevo sistema de relaciones políticas entre la sociedad y el gobierno; de recuperar la transición que quedó pendiente desde el año 2000, ante el agotamiento del modelo que nos rigió por muchos años.


El mayor peligro en lo inmediato para el PRI es perderse en la inercia de los triunfos electorales, creer que aseguran la llegada a Los Pinos. Esta actitud correspondería al adagio popular de “no hacer olas”.


El riesgo para el largo plazo son los compromisos con los grandes intereses económicos y políticos del país que impidan o mediaticen los intentos futuros de cambio desde el gobierno. Entonces, la o el Presidente priísta llegaría capturado por los poderes fácticos, con alianzas que hipotecarían el futuro del país.


No existe una visión única sobre el futuro dentro del PRI; por eso, la construcción de posiciones compartidas requiere diálogo y negociación interna. Pero también demanda la recuperación de valores en la práctica política, la comprensión de que no se puede pasar sobre los principios con tal de ganar; que el engaño y la simulación son enemigos de la Democracia. Que cuando se avasalla a un grupo o a una sociedad para lograr un objetivo, los frutos son amargos y la gestión gubernamental, un fracaso ante la sociedad a la que se pretende servir.


El PRI puede recuperar su vocación reformadora que orientó la creación de las grandes instituciones de México. No puede ni debe hacerlo solo, sino mediante la construcción de un gran acuerdo con la sociedad.

Dulce María Sauri Riancho