miércoles, 30 de diciembre de 2009

2010: entre augurios y premoniciones

Consejo para comenzar

Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.

Estamos a punto de iniciar un nuevo año. Cargado de simbolismos, 2010 nos espera con sus conmemoraciones del bicentenario y centenario del inicio de la Independencia y la Revolución. Las fiestas de Navidad y fin de Año hacen olvidar por breves días el difícil panorama que pintan los próximos 12 meses. ¡Qué daríamos porque el paso de un año a otro permitiese borrón y cuenta nueva en nuestros problemas! Pero no es así. El 2 de enero volveremos a percibir los efectos de la economía estancada, del desempleo y la inseguridad. El presidente de la República tiene la facultad de fijar los precios de las gasolinas y de la energía eléctrica; ahora ha utilizado este instrumento, ante la amenaza real del deterioro de las finanzas públicas, consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo. Por eso la gasolina ha aumentado tres veces en los últimos días; por eso pende la amenaza de nuevos incrementos a lo largo del año, si la administración federal recibe menos recursos de los esperados.

Los gobiernos en sus tres niveles —federal, estatal y municipal— resienten la disminución de los ingresos disponibles. Unos, los menos, han decidido aplicar programas de austeridad responsable que, sin mengua de la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía, buscan reducir el gasto, hacerlo más productivo. Otros eligieron el camino del endeudamiento vía créditos con la banca comercial o mediante la concesión de proyectos de inversión a particulares.

En 12 estados habrá elección de gobernador el próximo mes de julio y en otros tres más, incluido Yucatán en mayo, de presidentes municipales y diputados. La tentación de la utilización de los recursos públicos para apuntalar directa o indirectamente las campañas de los candidatos de sus partidos es mucha. La regulación para impedir o al menos amortiguar el gasto dispendioso es muy débil: ni pillándolos con las manos en la masa, como al ex director de la Lotería, se les castiga. Si casi la mitad de los estados del país estará en esa condición, ¿cuál será el resultado a esperar? ¿Reiterados incumplimientos de pago a proveedores como los que aquí se registran para canalizar el dinero hacia las urgencias electorales? ¿Anulación de obras a cambio de repartos masivos de obsequios guardados tras el disfraz de ayudas y apoyos? ¿Continuar pervirtiendo la política social, confundiéndola interesadamente con el asistencialismo? Las conmemoraciones de 2010 estarán envueltas en las urgencias del presente. No ha faltado quien anuncie la fatalidad de los 100 años —1810, 1910, ¿2010?— para augurar un futuro estallido social. Las condiciones objetivas en cuanto a la inseguridad, la pobreza, las desiguales oportunidades y la pérdida del dinamismo de la economía parecen dar aliento a esas premoniciones.

Las élites gobernantes no se pueden dar el lujo de ignorar la insatisfacción social, mucho menos de menospreciar a la ciudadanía pensando que todo resiste, tolera y perdona. Dudo mucho que en los albores de la lucha por la independencia alguno de los responsables de la Corona española haya justipreciado la ebullición soterrada de los criollos y mestizos. Cien años después, sólo dos meses mediaron entre las suntuosas fiestas porfiristas y el martirio de los hermanos Serdán en Puebla.

Estamos inmersos en una crisis política que pasa por la descomposición de las élites —gobernantes, empresarios, jerarquías religiosas— que han antepuesto sus intereses a los del conjunto social.

El debilitamiento del Estado como consecuencia del cambio político iniciado desde mediados de los años 80 no se tradujo en un fortalecimiento de la sociedad y en mayor participación ciudadana. El espacio que abandonaron las instituciones fue llenado por los grupos de interés, los llamados “poderes fácticos”, que actúan a sus anchas, sin que haya quien tenga la capacidad para obligarlos a sujetarse a la ley.

La medicina para atender esta peligrosa enfermedad que invade el cuerpo social en su conjunto sólo puede provenir de una mayor y más intensa participación ciudadana. Ocupar y ensanchar los espacios que ya se han abierto, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular; recuperar la iniciativa en la agenda de transformaciones que el país necesita; dejar de ser referencia o “fauna de acompañamiento” cuando las autoridades necesitan legitimidad, ése es el mayor reto de 2010.

Podemos comenzar por exigir cuentas a los diversos representantes de la sociedad que forman parte de comités, comisiones y grupos de trabajo en representación de sus organizaciones y de nosotros, los ciudadanos. Un buen principio acorde con el año que se inicia sería indagar qué sucedió con la Comisión del Bicentenario, con su Consejo Consultivo, instalado solemnemente en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno hace más de año y medio, y después sumido en el silencio.— Mérida, Yucatán

jueves, 24 de diciembre de 2009

Reforma política: Necesidad indispensable

El presidente Calderón eligió el inicio de la temporada de fiestas navideñas para presentar una importante iniciativa de reforma política que él mismo calificó como “una primera parte de un paquete integral”. Consiste en diez propuestas de reformas constitucionales, de las que exigen la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores y de los congresos de los estados. Le atribuye ser una inicial respuesta a los ciudadanos insatisfechos con sus representantes políticos. Su motivación central, según expresa Calderón, es darle mayor poder al ciudadano, mayor capacidad para determinar el rumbo y destino de la vida pública y fortalecer así la vida democrática del país.

La elección consecutiva (reelección) de alcaldes, diputados y senadores, con un límite de 12 años; la reducción del número de senadores (de 132 a 96) y de diputados federales (de 500 a 400, 240 de mayoría, 160 de representación proporcional); la elevación del porcentaje exigido a un partido político para registrarse y participar (del 2 al 4 por ciento); la incorporación de la figura de la Iniciativa Ciudadana; las candidaturas independientes de los partidos políticos; segunda vuelta en la elección presidencial cuando ninguno de los candidatos alcance la mitad más uno de la votación y hacerla al mismo tiempo que la elección legislativa; la atribución de la Suprema Corte de Justicia para presentar iniciativas del ámbito de su competencia; la presentación del Presidente de la República de dos iniciativas preferentes, que el Congreso tendría que discutir y votar en el mismo período de sesiones, y, finalmente, normar la facultad presidencial para vetar una ley aprobada por el Congreso.

Varios de los planteamientos no son novedad. Durante un año, de abril de 2007 a 2008, el Congreso de la Unión condujo un extenso debate sobre la reforma del Estado. Agotado el plazo señalado en la ley, fue la reforma electoral de finales de 2007 su principal avance. Quedó atrás la oportunidad de emprender una profunda reforma política, indispensable para sustituir al modelo que se agotó desde 2000 con la alternancia en la Presidencia de la República. Entonces, Felipe Calderón se mantuvo al margen, a pesar de que su partido, el PAN, tenía mayoría en ambas cámaras.

Sin embargo, fue después de que su partido perdió ampliamente las elecciones federales de julio que finalmente Calderón se decidió a plantear este conjunto de propuestas. Algo deben haber pesado, también, más de dos millones de votos en blanco que dejaron sentir el grado de descontento de la ciudadanía. Pese a lo anterior, la viabilidad política de la iniciativa presidencial es incierta; dependerá con mucho de la visión y los cálculos electorales que la mayoría priista realice. El análisis que debe preceder al debate público de la propuesta de reforma política tendría que ser integral. Las propuestas aisladas poco o nada contribuirían a resolver los problemas de la democracia y del funcionamiento de las instituciones; en algunos casos, hasta agravarían la situación actual. Por ejemplo, la reelección consecutiva sin empoderar a los ciudadanos y garantizar equidad en la competencia electoral sólo consolidaría los feudos de poder. La segunda vuelta electoral sin mecanismos efectivos para construir mayorías en el Congreso condenaría a los poderes a repetir los desencuentros de ahora. La disminución del número de legisladores sin asegurar la representación plural en las cámaras ahorraría dinero, pero aumentaría riesgos de cerrazón y exclusión de las minorías, incompatibles con una sana vida democrática.

A mi juicio, faltan varios importantes temas para cumplir con el propósito explícito de la propuesta presidencial. Por ejemplo, la figura de Revocación de Mandato de las autoridades, el referéndum para reformas constitucionales y la introducción del plebiscito para asegurar la participación ciudadana en asuntos de interés colectivo.

Como sociedad tendremos que responder a una pregunta básica: pluralismo y respeto a la diversidad política o cerrazón de los cauces institucionales bajo la razón o el pretexto de los excesos: de partidos, de candidatos, de financiamiento público. Si se disminuyen o eliminan los diputados de representación proporcional se reduciría la pluralidad, se afectaría la participación de las mujeres y de las minorías. Si se incrementa el porcentaje exigido a los partidos políticos para existir, iríamos hacia un bipartidismo estilo norteamericano.

Es cierto que hay problemas acuciantes en las familias y en la sociedad que aparentemente poco tienen que ver con estos temas. Pero hay que cobrar conciencia de que el gasto que no alcanza, el desempleo, el aumento de los precios y otras cuestiones sensibles para la vida cotidiana de las familias podrían tener real y más rápida solución si hay cambios en la política, si las autoridades se entienden entre sí, si están obligadas por la ley y la circunstancia a servir a la ciudadanía.

Prestemos atención y participemos en el debate.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 16 de diciembre de 2009

Tenencia y mosquitos

Por actos de autoridad

Al inicio de la temporada navideña, dos cuestiones acompañan las charlas entre amigos o en el seno familiar: una, el tema del pago de la tenencia de vehículos y el otro, los mosquitos que rondan las piernas y los brazos de los contertulios o sabotean con sus feroces zumbidos el intento de dormir en este cálido invierno yucateco.

El impuesto sobre tenencia y uso de vehículos (ISTUV) desde hace un buen número de años es un impuesto 100% participable al Estado, lo que significa que la totalidad de los pagos queda a disposición del gobierno yucateco. Por tal razón, el cobro del ISTUV forma parte de la Ley de Ingresos estatal, que el Congreso debe aprobar antes del 15 de diciembre. Cabe recordar que el 20% de lo recaudado corresponde a los municipios.

Pocos gravámenes causan tal indisposición entre la clase media, que el pago de la tenencia. Cuando adquiere un vehículo nuevo, el propietario paga el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN), además de la parte proporcional de la tenencia. Pero a partir de entonces, año tras año, hasta que el vehículo cumpla 10, su dueño se ve obligado a erogar una cantidad calculada a partir del valor original del vehículo, disminuida por la depreciación.

Muchos ciudadanos hacen caso omiso de esta obligación. Pero cuando llega el momento de cambiar placas del auto o realizar su venta, entonces la tenencia los alcanza, con las multas y rezagos correspondientes.

Dos cuestiones le echaron más leña al fuego de la discusión sobre la tenencia. Una, el ejemplo de Querétaro y de Coahuila cuyos congresos definieron la eliminación parcial de este impuesto, y dos los tiempos electorales yucatecos, que ha hecho que Acción Nacional se aferre al clavo ardiente de la cancelación de la tenencia para reposicionarse, especialmente entre amplios sectores de la clase media.

Desde luego que es posible derogar para 2010, al menos parcialmente el ISTUV, aunque represente casi el 10% de los ingresos de “libre disposición” para el gobierno del Estado. Sólo que esta medida demandaría un esfuerzo de concertación entre el gobierno del estado y los gobiernos municipales, principalmente de Mérida. Me explico.

Se trata de alrededor de 400 millones de pesos que dejaría de percibir el Estado. Calculo que aproximadamente la mitad —200 millones— provienen del pago de los particulares (las llamadas “personas físicas”) y el resto, de las empresas propietarias de los vehículos.

Propongo que se derogue el pago que hacen los particulares, como en Querétaro, y que las empresas continúen pagando hasta enero de 2012. Así sólo tendría que cerrarse la brecha de 200 millones de ingresos que se dejarían de percibir. Esta pérdida tendría que distribuirse entre el Estado (80%) y los municipios (20%), con cantidades que, aunque importantes, son sensiblemente menores y por tanto absorbibles para sus presupuestos.

Eso sí. La decisión tendría que tomarse a la brevedad, antes de que concluya el año, para tener efecto en los primeros tres meses de 2010. No descarto incluso una rebeldía ciudadana que ante la falta de respuesta del Congreso del Estado llevaría a muchos a dejar de pagar por la vía de los hechos. La actitud dubitativa de las autoridades podría afectar la recaudación de otros impuestos, como el predial que, ante la proximidad de los comicios que se avizoran como muy reñidos, se podría reducir con tal de conseguir simpatías y adhesiones entre el electorado.

Mientras, los mosquitos proliferan en las casas y en los patios yucatecos. El “Aedes aegypti” o “albopictus” ha afectado a miles de personas de todas las edades. A principios de octubre se habían reportado 2,605 casos probables de dengue en Yucatán, con 205 casos confirmados de la modalidad hemorrágica.

¿Y las campañas de descacharrización y fumigación? ¿Dónde están aquellas pequeñas camionetas blancas que veíamos o escuchábamos trabajar en las madrugadas esparciendo sus nubes de “temephos”, insecticida que elimina al mosquito transmisor del dengue? Propongo que en las muy próximas campañas electorales, en que la estrategia de voto focalizado llevará a visitar miles de hogares yucatecos, los promotores realicen acciones específicas de eliminación de cacharros, llantas viejas y otros recipientes criadores de larvas. Que si algún partido político pensaba gastar en volanteo, mejor se ponga de acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno federal para rociar de insecticida en alguna de las ciudades del estado. Que si las autoridades quieren significarse ante la ciudadanía para apoyar a los candidatos de su partido, rehabiliten las camionetitas, fumiguen y eviten que miles de yucatecos se enfermen y que alguno muera.

Los dos, mosquitos y tenencia, pueden ser eliminados por un acto de autoridad, que anteponga la calidad de vida de los yucatecos a los cálculos presupuestales, a los gastos en imagen y “comunicación social”. Es posible. Es necesario.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 9 de diciembre de 2009

Nuevo botín electoral

Los programas de atención a los adultos mayores

Dulce María Sauri Riancho (Diario de Yucatán, 9 de diciembre de 2009)

La ciudad de Mérida ha sido recientemente centro de atención de dos importantes programas de desarrollo social. Por una parte, la ampliación de “Reconocer Urbano” hasta la capital del estado, y por otra, el anuncio del inicio de operaciones del programa estrella del gobierno federal, Oportunidades, que hasta ahora sólo incluía las comisarías del municipio.

Se aproximan las elecciones y no sólo son los partidos los que velan sus armas, sino también los gobiernos que de ellos surgieron para tratar mediante sus acciones, de reforzar las posibilidades electorales de sus candidatos. En otra ocasión abordaré el tema de Oportunidades, que ahora llega a más de 135,000 familias y que con la ampliación anunciada, atenderá a 166,000, con alrededor de 600,000 personas, un tercio de la población del estado.

Ahora quisiera resaltar las acciones comprometidas para atender a un grupo social que muchas veces es ignorado en las políticas públicas, pero que en fechas relativamente recientes ha sido revalorado por los partidos políticos como de “alta prioridad electoral”: los adultos mayores.

En 2001, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, comenzó la entrega de 700 pesos mensuales a todos los habitantes de la capital del país de más de 70 años, sin otro requisito más que la comprobación de su residencia. Condenado por populista en una primera etapa, pronto fue imitado por otros gobiernos, incluido el federal. En Yucatán operan desde hace varios años dos programas federales que brindan apoyo económico a los adultos mayores. Uno, “70 y más”, tiene más de 40,000 beneficiarios que reciben 500 pesos mensuales. El otro, forma parte de Oportunidades, destinado a mejorar la calidad de vida de casi 5,000 ancianos a quienes se les entregan 295 pesos mensuales.

Casi 80,000 yucatecos tienen más de 70 años. En Mérida son más de 33,000, de los cuales seis de cada diez son mujeres. La mayoría carece de pensión o jubilación; nunca cotizaron ni en el IMSS o en el ISSSTE, por lo que al llegar a la ancianidad tienen que vivir de los casi inexistentes ahorros; continuar trabajando, si se puede, o sujetarse a lo que los hijos quieran o puedan proporcionarles.

Esta situación es aún más aguda en el caso de las mujeres. La actual generación de ancianas escasamente participó en el mercado laboral, excepto algunas maestras y enfermeras; sus maridos no les dejaron pensiones de viudez; su trabajo estuvo concentrado en el hogar y la atención a la familia; por tanto, carecen de ingresos propios. En promedio viven más que los hombres y, por tanto, necesitan ir más seguido al doctor, comprar medicamentos cada vez más caros y rogar por la ayuda de sus hijos, que muchas veces se les regatea.

Creo que lo más grave en las personas mayores es la percepción de exclusión, de ser una carga económica y afectiva para la familia; sentirse y saberse vulnerables; depender de la buena voluntad de los suyos para vivir con dignidad. Por eso son tan importantes las políticas públicas y los programas dirigidos hacia los ancianos. No sólo por ser una obligación del gobierno y de la sociedad para que ellas y ellos puedan ejercer su derecho a una vida digna, sino también por la dinámica demográfica del país, que marca claramente la tendencia hacia el envejecimiento de la población.

Recibir 295, 550 ó 1,000 pesos mensuales, para gastarlos en lo que más necesiten, es alentar la recuperación del ánimo y del sentido de pertenencia a una comunidad. Quizá a algún lector le parecerá una cantidad irrisoria, sobre todo si la compara con los precios de los alimentos y las medicinas; pero la certeza de disponer de ella en los plazos acordados, completa y fácilmente, le pone una luz a la vida de muchos ancianos (y ayuda a pagar el recibo de la CFE).

El compromiso del gobierno, sea federal, estatal o municipal, es hacer sustentables los programas. Que no sólo se anuncien y se realice la primera entrega y después de las elecciones, pasen al olvido. Esa responsabilidad obliga a sacar cuentas.

A la fecha, ya están atendidos seis de cada diez adultos mayores yucatecos por los programas federales (45,221). En Mérida, donde viven más de 33,000, el programa 70 y más reporta 1,804 beneficiarios (Secretaría de Desarrollo Social. Tercer Informe Trimestral. www.sedesol.gob.mx) en sus comisarías. Quedan, por tanto, más de 30,000 meridanos que podrían tener acceso al apoyo de Reconocer o de Oportunidades.

El gobierno del estado anunció que habrá 13.4 millones de pesos para Reconocer Urbano en Mérida. Si es una cifra anual, significa que habrá 2,000 personas que recibirán cada mes 550 pesos. Si es mensual, quiere decir que serán 25,000 los beneficiados y que el gobierno gastará 165 millones cuando menos en 2010, más de la mitad de lo que espera recaudar por tenencia vehicular. Para evitar malos entendidos, propongo que el gobierno del estado realice el mismo ejercicio de transparencia que el gobierno federal. En el sitio Web de Sedesol se puede encontrar el padrón de beneficiarios, los presupuestos aprobados y ejercidos, además de la aplicación de las reglas de operación y los resultados de las evaluaciones externas. Así podríamos conocer quiénes fueron los que resultaron favorecidos por el sorteo, en qué colonias viven. Se podría realizar una saludable contraloría social que fortalezca esta importante iniciativa. En esta era de la informática, la transparencia está al alcance de un clic.— Mérida, Yucatán dulcesauri@gmail.com

jueves, 3 de diciembre de 2009

Síndrome de la abeja reina

Les comparto mi participación en un panel organizado por INMUJERES hace unos meses. Ojalá les parezca interesante. El tema, vivo.
Dulce María

miércoles, 2 de diciembre de 2009

El Poder Ejecutivo Federal, a la mitad del camino

Columna editorial publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán
Dulce María Sauri Riancho

Anticipado por su partida hacia Estoril, Portugal, donde se celebra la XIX Cumbre Iberoamericana, se realizó el evento conmemorativo de los primeros tres años en la Presidencia de Felipe Calderón.

Se presentó un balance de lo realizado, desde la perspectiva del Ejecutivo Federal; la forma en que ha enfrentado la crisis, el crecimiento de la inseguridad, los resultados en el combate a la pobreza, entre otros temas. También se recuperaron los compromisos enunciados el 2 de septiembre, que habían quedado rezagados por el debate del paquete económico 2010. Las reuniones de evaluación de la primera mitad de gobierno durante años marcaron el cenit del poder presidencial. Realizada la elección intermedia, el presidente iniciaba el complejo proceso de preparar su propia sucesión.

Nada ni nadie parecía perturbar el rumbo del país.

Esos tiempos pasaron y no volverán. La pluralidad política y las condiciones sociales marcan un nuevo e incierto rumbo. Ahora, la Presidencia está limitada en su actuación por los otros poderes.

No obstante los profundos cambios que ha vivido nuestro sistema político, la figura presidencial sigue siendo de la mayor relevancia, y su fortaleza, condición indispensable para detonar las transformaciones que el país necesita. Por eso, la confianza ciudadana en el presidente y en su capacidad son, hoy, claves para la gobernabilidad.

Felipe Calderón llegó con un déficit de legitimidad. Los cuestionamientos sobre el resultado electoral aún prevalecen entre grupos ciudadanos. Eso ha hecho todavía más difícil el ejercicio del cargo en medio de una situación económica inédita. Por eso es importante reconocer los sentimientos ciudadanos sobre la política, los políticos y particularmente, la institución presidencial.

Pero ¿cómo perciben las personas “comunes y corrientes”, quienes no están involucrados en la política partidista ni en el gobierno la actuación del presidente? ¿Qué esperan para su futuro? No creo equivocarme si respondo que la incertidumbre y la preocupación se ciernen sobre muchos hogares donde el gasto alcanza cada vez menos, el jefe o la jefa de familia ha perdido el empleo o el hijo que está a punto de concluir la universidad no tiene perspectiva de trabajo.

Encuestas de opinión pública arrojan alguna luz sobre los sentimientos de los mexicanos. Casi la mitad piensa que el país está peor que hace tres años, cuando inició Felipe Calderón su gobierno. La mayoría está insatisfecha con el manejo de la economía y de las consecuencias de la crisis. Más significativa es la respuesta acerca de la conducción del país: 2 de cada 3 personas opinaron que al presidente se le está saliendo de control, que no tiene bien sujetas las riendas.

2010 no será un año fácil en lo económico, tampoco en lo político. A pesar de los augurios optimistas sobre el final de la crisis, el desempleo y el incremento de los precios dominarán por varios meses; los lentos avances pueden verse perdidos por incidentes internacionales como la moratoria de pagos del otrora multimillonario Dubai. Sin embargo, la esperanza no la perdemos: las mismas encuestas señalan que cuatro de cada diez personas sienten que Felipe Calderón va a gobernar mejor en los siguientes tres años, frente a tres de esas mismas diez que creen que lo hará peor.

Al menos por unas semanas, concedo el beneficio de la espera de resultados al presidente respecto a sus compromisos de reforma económica, regulatoria y en materia de telecomunicaciones. Pero muy particularmente, sobre los mecanismos de participación ciudadana, como el referéndum y la posibilidad de candidaturas independientes. Me reservo mi confianza en la reforma fiscal integral y en la reelección consecutiva de legisladores y presidentes municipales. En el primer caso —reforma de ingresos, gasto y deuda pública— porque podemos organizar grandes convenciones hacendarias, como la del 2003, presentar conclusiones y después, archivarlas todas. En el segundo —la reelección—, porque si es una medida aislada, desvinculada de una reforma política integral que le otorgue mayor poder a la sociedad, solamente entronizará a los personeros de los poderes fácticos, esos que ahora se esfuerzan cada tres años para llevarlos al Congreso y que si prospera la reforma, ya ni siquiera tendrían que hacer eso: habría “pase automático”.— Mérida, Yucatán