martes, 27 de octubre de 2009

Visión de corto plazo

Cavar para seguirnos hundiendo

Columna publicada en el Diario de Yucatán el 27 de octubre.
Dulce María.


Una gran preocupación invade muchos hogares yucatecos; tiene que ver con la determinación que tomará el Congreso de la Unión sobre el aumento de impuestos y el presidente Calderón sobre los precios de la electricidad y las gasolinas.

Se nos dice que es impostergable incrementar los menguados ingresos del gobierno, tanto del federal como de los estados y los municipios; que todos tenemos que pagar más para corregir los graves errores del gasto público de los últimos ocho años —los de la abundancia— y para sobrevivir el periodo de “vacas flacas” que viene por delante.

La disputa inicial se dio entre la propuesta del presidente Calderón de establecer una aportación del 2% para incrementar los fondos federales al combate a la pobreza y la de la mayoría de los diputados, que fue la aprobada, de aumentar “sólo” 1% el IVA, para elevarlo al 16%. La enorme diferencia estriba en que la recaudación del 2% sería sólo para el gobierno federal, en tanto que el IVA es un impuesto que se reparte entre éste y las 32 entidades federativas.

Otros aumentos se aprobaron en cascada: más impuesto sobre la renta para las personas y las empresas; un nuevo impuesto a las telecomunicaciones, que incluye los celulares, el internet y la televisión por cable y satélite. Adiós a la estrategia hacia la Sociedad de la Información y la Economía del Conocimiento, la densificación de las telecomunicaciones y el abaratamiento de su precio, además de la afectación de la economía de millones de usuarios de celular, ricos y pobres.

En contrapartida de lo que sucede en otras partes del mundo —Europa, Estados Unidos, países latinoamericanos— en México el gobierno ha decidido aumentar los impuestos. ¡Qué lejos de la estrategia anticrisis de Alemania, donde disminuyeron los gravámenes para las familias de clase media y para las que tienen hijos menores! ¡O de Francia, que redujo drásticamente el IVA a los restaurantes para contribuir así a su recuperación! ¿Cuántas familias de clase media se verán en la necesidad de dejar de pagar los créditos de la casa, del coche, o de sacar a los niños de la escuela privada por no poder afrontar los gastos? ¿En cuántos hogares yucatecos el padre o la madre —o los dos— han perdido su trabajo y el seguro social y el Infonavit que lo acompañaban? Como el desempleo es un lujo que muy pocos se pueden dar, esas personas de inmediato pasan a engrosar el comercio informal, a vender lo que sea y a ofrecer sus servicios sin prestación alguna, sólo para ganarse unos pesos.

Los motores de la economía mexicana se enfriaron: no habrá petróleo en abundancia ni altos precios para generar ingresos extraordinarios a los gobiernos; las exportaciones a los Estados Unidos están estancadas o en franco retroceso; las remesas que envían los mexicanos en la Unión americana a sus familias han disminuido drásticamente; la epidemia de influenza alejó el turismo.

Se dice como lugar común que la recuperación económica se tiene que fincar en el mercado interno, es decir en lo que las familias compran y consumen de lo que producimos en México, principalmente. Pero ¿con qué adquirirán bienes y servicios si el gobierno les está menguando sus ingresos al subir los impuestos? ¿Cómo invertirán las pequeñas empresas y de dónde sacarán su capital de trabajo? ¿Cuántas familias tendrán ingresos suficientes y estables para arriesgarse a comprar una de las miles de casas que han construido las empresas yucatecas y que todavía no han logrado colocar? Al panorama actual añádanse los aumentos de precios, en bienes y servicios, que propicia el aumento de impuestos.

Hay más y peor. El problema más severo es la visión de “corto plazo” con que se toman las decisiones en México. Si se tomaron medidas para brincar 2010 como sea, ¿qué pasará en 2011 si nada se ha hecho para superar el desempleo y la mengua de ingresos de muchas familias? ¿Qué dirán entonces el presidente Calderón, nuestros diputados y la gobernadora? No falta mucho, sólo 12 meses.

Si los ejes de las determinaciones fiscales y de gasto de los gobiernos fuesen el empleo digno, con salario suficiente para los ciudadanos y el mantenimiento del poder adquisitivo de las familias, otras serían las medidas que estarían aprobándose en el Congreso de la Unión. Las de ahora —si es que prevalecen hasta el final del proceso legislativo— sólo contribuirán a cavar más profundamente el hoyo en que estamos. Nos seguimos hundiendo.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 21 de octubre de 2009

Las juanitas y la violencia contra las mujeres

Columna publicada el 20 de octubre en el Diario de Yucatán, Dulce María.

Apenas iniciaba sus actividades la nueva Cámara de Diputados el pasado 3 de septiembre, cuando un escándalo se desató en su primera sesión: se presentaron 10 solicitudes de licencia al cargo, 8 de ellas correspondientes a mujeres (4 del Verde, 2 del PRI, una del PRD y del PT, respectivamente). Las cifras por género de la naciente legislatura, la LXI, mostraban que casi el 30% de los recién estrenados diputados eran mujeres (140 de 500), muchas más que antes, pero aún lejos del 40% estipulado en la Ley para las candidaturas registradas por los partidos políticos.

De inmediato se desató un intenso debate. Argumentaban unos que si ese era el deseo de las ocho mujeres, que se les concediera de inmediato. Otros, por el contrario, señalaban que era un fraude a la ley y al electorado cometido por las legisladoras, por sus suplentes y por los partidos que planearon las candidaturas “nodrizas”. Se decía que había otras diputadas en espera de pedir licencias, que se habrían detenido para no levantar tantas olas. El ingenio popular de inmediato las bautizó como “las Juanitas”, por la semejanza de su conducta con la del electo delegado de Ixtapalapa, quien habría de renunciar para ceder su lugar a una mujer.

Hasta la fecha, después de 12 sesiones ordinarias, no se han vuelto a presentar las solicitudes de licencia al Pleno de la Cámara. Pero las legisladoras no se han integrado al trabajo parlamentario, tal vez con el propósito de que se aplique la norma de las 10 faltas consecutivas y que se llame a sus suplentes para ocupar su cargo.

La violencia contra las mujeres es un abuso de poder. Es la capacidad de imponer la voluntad a otra persona mediante el uso de la fuerza física, la presión sicológica, la coacción económica o la amenaza. ¿Por qué no pensar que las mujeres diputadas se sienten obligadas por la fuerza del afecto, la amenaza del desempleo —no quiero pensar que del daño físico—, a dejar su lugar a sus suplentes masculinos? Vistas como víctimas de una relación desigual de poder, ellas posiblemente sientan que no son dignas de sentarse en una curul de San Lázaro, por eso sólo prestaron su nombre al esposo, al hijo, al jefe, al partido, sin el ánimo ni la convicción de ejercer el cargo.

Hace unos días se registró la agresión por parte de un alto funcionario del gobierno del Estado contra su esposa. La mujer tuvo que ser hospitalizada. Dos o tres días después, la víctima desechó la posibilidad de denunciar a su agresor, presionada tal vez por la incertidumbre económica, de ella y de los hijos. Este hecho nos recuerda que la violencia contra las mujeres cruza todas las clases sociales, los niveles de educación y de ingreso.

¿Por qué perdonan las víctimas de la violencia doméstica a sus victimarios? ¿Por qué resisten los golpes, los malos tratos, las vejaciones a su persona y a su dignidad? Recuerdo cuando siendo gobernadora recibía los lunes a las mujeres que el sábado anterior habían requerido el auxilio de la policía ante la agresión de su pareja; ellas entonces pedían que dejaran salir de la reclusión a su esposo, a su compañero, porque si continuaban presos, ¿quién llevaría el gasto a la casa para darles de comer a sus hijos? Procurar conservar para los hijos el bienestar que proporciona el ingreso del padre, aunque éste sea abusador, lleva a las mujeres al límite de la tolerancia que puede acarrear incluso su muerte.

Al igual que las “Juanitas”, las mujeres víctimas de la violencia doméstica se preguntan si son dignas del “privilegio” de vivir en paz. Algunas hasta pueden considerar justo el “castigo” infligido por el esposo, como las diputadas juanitas asumen que lo es ceder sus lugares a sus suplentes masculinos.

El cambio en la cultura y en los valores socialmente reconocidos, es el que abrirá el paso hacia una vida libre de violencia hacia las mujeres. Como todo proceso, es lento y registra retrocesos. Callarse es uno de ellos.

Si se burlan de la Ley, de los electores y del voto presionando a las mujeres para que se inscriban y renuncien, digámoslo y no olvidemos: es síntoma de que algo profundo está podrido en el sistema de partidos y en la democracia electoral.

Si las leyes contra la violencia hacia las mujeres resultan insuficientes para prevenirla, para atender a sus víctimas y para sancionar a los transgresores por alta que sea su jerarquía —partidos políticos, funcionarios—, revisemos las políticas públicas responsables de ponerlas en práctica, para corregirlas y reformularlas, si es necesario.— Mérida, Yucatán.

sábado, 17 de octubre de 2009

¿Qué tanto es tantito?

Columna publicada en el Diario de Yucatán el día 14 de octubre, Dulce María.

¿Cuál es el límite entre la tolerancia y la permisividad? ¿Entre los acuerdos y la placidez del “dejar hacer, dejar pasar”? ¿Entre la flexibilidad y el acomodo? La sabiduría del pueblo ha forjado dichos que nos acercan de manera sencilla a estos dilemas: “No hagas cosas buenas que parezcan malas” y otro, quizá menos conocido pero que refleja la evasiva ante la necesidad de tomar decisiones, aquellas de “blanco o negro”: “¿Qué tanto es tantito”? Dos acontecimientos recientes vienen a mi memoria para ejemplificar el conjunto de percepciones y sentimientos de sectores de la sociedad respecto a sus autoridades y a las decisiones que han tomado: uno, la grabación del capítulo final de “Sortilegio” en la Catedral; y, dos, la campaña contra el cáncer de mama en las mujeres bajo el imperativo de “Tócate”.

Iglesia o “set”. Hace algunos años, el Arzobispado definió que la ceremonia del Sacramento del Matrimonio y la misa correspondiente sólo podía celebrarse en iglesias y parroquias. Fue entendible este acto de autoridad para evitar la desviación que se había vuelto costumbre de buscar locaciones con criterios escenográficos o llevados por el propósito de “ser distintos”.

Por eso me llamó sobremanera la atención que los responsables de la iglesia Catedral hayan concedido el permiso para simular una boda entre los protagonistas de una telenovela. Ya ha habido reportajes que consignan las secuelas de volver a la Catedral un gigantesco set de televisión. No abundaré en los detalles. Se degradó un espacio simbólico, de gran importancia para la grey católica, y se banalizó un rito al abrir las Puertas del Perdón por las llamadas del rating.

Recurrí a la memoria de algunas octogenarias preguntándoles sobre las bodas celebradas con la apertura de las puertas simbólicas en el edificio más importante para los católicos: alguna recordó la boda Patrón-Juanes, hace más de 60 años. Y nada más.

La Catedral es importante para todos los yucatecos, católicos o no católicos. Me pregunto: ante la capacidad profesional de los productores y técnicos de Televisa, ¿no habría sido posible recrear los elementos del Altar Mayor en un estudio? Entiendo y acepto que en la ilusión de las imágenes, el Palacio de Gobierno se haya convertido en la procuraduría o la cárcel donde estuvo recluida María José; pero, ¿la Catedral como escenario real de una boda irreal y por razones estrictamente comerciales? No sólo se trata de recoger las colillas y la basura acumulada o de reparar las verjas caídas, eso fue fácil. Lo más delicado es restañar los sentimientos de afrenta a los valores, de agresión a un símbolo con la autorización de la autoridad eclesial.

¿Publicidad?, “en ningún caso”. La campaña “Tócate” contra el cáncer de mama que asuela a las mujeres forma parte de una intensa movilización social para crear conciencia de esta grave amenaza a la salud y a la vida de millones; las formas de procurar un diagnóstico temprano que permita mejores condiciones para combatirlo, de la creación de una amplia red para realizar en forma fácil y barata (o gratis) las mamografías, la disposición de hospitales para realizar oportunamente las intervenciones y brindar tratamiento.

En Yucatán la publicidad en torno a este fundamental propósito —salvar la vida de miles de yucatecas— se ha centrado en un conjunto de mujeres con distintas actividades, por las que son reconocidas, sean estas empresariales o altruistas. También aparecen mujeres conocidas por campañas electorales y por su participación en el Poder Legislativo. Asimismo, aparece la imagen de la gobernadora.

Entiendo la idea que llevó a los publicistas a utilizar la imagen de estas relevantes mujeres a fin de motivar a muchas otras a practicarse los análisis para prevenir y detectar el cáncer de mama. Pero las mujeres que atienden un cargo de representación ciudadana están impedidas de realizar campañas publicitarias, así sea por razones altruistas.

En 2007 fue reformada la Constitución Federal en su artículo 134 para introducir la prohibición expresa que a la letra dice: “... En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público...”. La Constitución no hace excepciones ante posibles razones altruistas. Es clara, contundente: “En ningún caso”.

¡Claro que podríamos cerrar los ojos ante esta violación constitucional por parte de las servidoras públicas! Argumentar que la nobleza de la causa se antepone al respeto a la ley.

Los dos ejemplos —Catedral y “Tócate”— están soportados por buenos propósitos. ¿Debiéramos transigir, dejar pasar con las buenas razones y por las buenas intenciones? No debemos olvidar que de tantito en tantito también se desmantelan las instituciones y las bases que tenemos para creer y confiar en ellas. Por eso, preguntémonos: ¿qué tanto es tantito? Rectificación. En el artículo pasado afirmé que estaba pendiente la legislación sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Me equivoqué. Desde marzo de 2008 está vigente la Ley y desde junio de ese año, su reglamento.— Mérida, Yucatán.

lunes, 12 de octubre de 2009

"¿Democracia?, Procesos Electorales y Participación Ciudadana..."

Participación de Dulce María Sauri en la presentación del libro "¿Democracia? Procesos electorales y Participación ciudadana. Yucatán 2001-2007", de Othón Baños y Arcadio Sabido, en el teatro Felipe Carrillo Puerto de la Universidad Autónoma de Yucatán el día 6 de octubre del presente.


Agradezco la invitación para participar en la presentación del libro “¿Democracia? Procesos electorales y Participación ciudadana. Yucatán 2001-2007”. Además, reconozco la oportunidad de compartir esta mesa con Alberto Aziz Nassif, autor junto con Jorge Alonso del libro “México: una Democracia Vulnerada”, al que también haré alusión en varios puntos de este comentario.

Compilado por Othón Baños y Arcadio Sabido –quienes también son autores-, este conjunto de 7 ensayos constituye un detallado escrutinio de los procesos electorales yucatecos; de las instituciones responsables, de los partidos políticos participantes; de la organización electoral. Aborda la participación ciudadana a partir del análisis del comportamiento de un importante segmento de electores: los jóvenes, que constituyen más del 40 % del listado nominal (18-34 años). Explora las causas del voto diferenciado, establece correlaciones estadísticas y disecciona la “americanización” de las campañas electorales, poniendo énfasis especial en el proceso local 2007.

Quiero subrayar tres cuestiones que, a mi juicio, aportan los autores de esta obra al conocimiento y diagnóstico de la Democracia mexicana: Primera, el análisis puntual de una situación regional concreta que, de acuerdo a la analogía de Akira Watanabe, a semejanza de los biólogos que analizan el cuerpo a través del conocimiento de sus partes (órganos, neuronas, células, etc.), el análisis micro regional podría construir una imagen más amplia y compleja de la política general de México (p. 193).

La segunda aportación la ubico en el esfuerzo desarrollado para proporcionar un marco teórico-conceptual que oriente el análisis de la información y sustente su interpretación. Los conceptos de “Democracia Defectuosa”, “Deficitaria” por las prácticas autoritarias de sus élites políticas, enlaza con el de “Democracia Vulnerada”, de Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso. Cito: “…Una democracia vulnerada es una democracia en problemas que se ha calificado como tutelada, restringida, cascarón vacío. El sistema de partidos se ha transformado en una férrea partidocracia que se aleja de la ciudadanía, se alimenta del dinero público y reproduce intereses de grupo. Se ha perdido la visión de Estado…” (“México: una Democracia Vulnerada, p.6).

En la Introducción, Othón Baños se pregunta si la participación política se reduce solamente a votar; remarca que la participación ciudadana es la que hace la diferencia entre un régimen democrático y uno autoritario. De allá la importancia que otorga a las actitudes de desconfianza, apatía y escepticismo ciudadano. Plantea las líneas generales del debate acerca de la naturaleza de la transición. Es entonces cuando introduce los signos de interrogación que acompañan a la palabra Democracia en el título de la obra, mismos que repite al calificar la transición política como “¿democrática?”. Al caracterizar inicialmente al “avance democrático yucateco”, plantea la duda: “…circunscribe sus alcances a la lucha electoral, pero no hay evidencias que se hayan mejorado los mecanismos de representación y menos todavía, del avance en la participación ciudadana…”.

Otra importante contribución conceptual se encuentra en el ensayo de Irving Berlín “Americanización de campañas electorales: México 2006 y Yucatán 2007”, que incluye un apartado titulado “Las elecciones mexicanas: lecturas teóricas” que acerca a los lectores a los enfoques, tipologías y conceptos que acompañan la discusión sobre la naturaleza de las campañas electorales modernas.

La tercera aportación de la obra tiene que ver con la oportunidad de su elaboración y su publicación. Tratándose de procesos electorales, siempre parece haber uno próximo, al que es necesario observar a fin de extraer de él conclusiones de validez general. Eso sucede en el mundo de la academia, no del periodismo editorial. Por eso, cuando salen las obras, mayormente de interés nacional, lo hacen a destiempo, casi en un afán forense, de autopsia de un cadáver en descomposición. En el caso de los análisis estatales o regionales, la suerte es todavía más incierta: escasamente interesa al periodismo editorial o los académicos que los elaboran carecen de acceso a la publicación de su obra.

Afortunadamente, eso no sucedió con “¿Democracia?” que pudo vencer exitosamente los avatares de la burocracia universitaria.

En tiempo y forma incluye dos importantes procesos electorales locales, 2001 y 2007 y uno de relieve nacional, 2006. Sin embargo, no todos los ensayos tocan los tres momentos. Por ejemplo, Arcadio Sabido, en “Hilos del fraude electoral: elección presidencial 2006 en Yucatán”, realiza una pormenorizada y escalofriante descripción de la compra-coacción del voto a través de la compraventa de credenciales de elector en las zonas rurales y urbanas marginadas. Resalta que ese mecanismo está vigente por la existencia de grandes grupos de ciudadanos marginados; por la operación de los partidos y candidatos con “ingentes cantidades de dinero”; y por la impunidad o la débil disposición al castigo de las autoridades electorales. Esboza asimismo la operación política de los partidos con los funcionarios de casilla; las diferentes formas de presión y coacción sobre los mismos; describe detalladamente el “carrusel del siglo XXI” o la nueva “operación hormiga” con las boletas electorales. Sin embargo, el análisis no incluye las formas de captación de los representantes de partido, cuya firma valida las actas de escrutinio y cómputo e impide disponer de un recurso fundado para abrir y contar de nuevo las boletas. También pormenorizada es la descripción del proceso de impugnación de los resultados de la elección presidencial de 2006 por parte de la Coalición Por el Bien de Todos (PBT) en Yucatán.

Desde luego, hubiese sido de enorme interés la aplicación de la metodología de análisis de Compra y Coacción del Voto a la elección local 2007 y, más allá, a la elección federal de julio pasado.

Irving Berlín asevera que “no hay técnica americana que no se esté usando en México (y)…no hay técnica tradicional que esté totalmente en desuso”. Desde este punto de partida, analiza el papel de los expertos en comunicación e imagen; la dinámica de los medios de comunicación (impresos, electrónicos, digitales) y la supervivencia de prácticas tradicionales de convencimiento electoral. A nivel nacional, plantea que el 58% de los ciudadanos siguen las campañas a través de la TV; 32%, por periódicos y radio; 7%, por Internet o mítines políticos; 24%, en conversaciones familiares o con amigos. Concentra IB su atención en Yucatán 2007, con una pregunta cuya respuesta incidió en el propio diseño de las campañas: “¿Elección de Estado o de estados?”, al referirse a la intervención de los gobiernos panistas federal y estatal y a la abierta participación de varios gobernadores priístas. Asevera que fue una elección “primera” en muchos sentidos: de Felipe Calderón como Presidente de la República; de la nueva legislación electoral local (Ley de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana), con precampañas reguladas por la ley y los órganos electorales; con evidencias del peso del dinero en las campañas; con “técnicas americanas” a lo largo de todo el proceso y en un contexto informativo de pluralismo político menos polarizado, lo cual creo que significa que podía encontrarse información de las actividades del candidato del PAN en el Diario Por Esto! y de la candidata del PRI en el Diario de Yucatán.

En la parte relativa al Comportamiento Electoral, IB destaca el porcentaje de votantes jóvenes (entre 18 y 34 años) que representan el 44.03% del padrón electoral, así como el voto por primera vez de 19 504 jóvenes de 18 años. Señala la movilidad en el número de alcaldías ganadas por los partidos políticos, particularmente el PRI y el PAN entre 2001-2004 y 2007; destaca las características de Voto Regionalizado, Flexible y Diferenciado en 2007 y plantea la necesidad de “un estudio más fino” de los resultados electorales, así como del fenómeno del Transfuguismo. Acuña el concepto “Campañas mediático-clientelares” y destaca la incapacidad de las élites políticas para reformular sus relaciones comunicativas con los grupos de interés, por lo que acaban entregando cuerpos normativos completos a cambio de que estos garanticen su presencia y permanencia en medios, como sucedió con la llamada “Ley Televisa”.

Ya en 2006 en la elección federal y en 2007 en la local, se había dejado sentir la debilidad institucional del IFE y del IPEPAC respectivamente, para regular los gastos de campaña, hacer respetar los topes, sancionar los excesos, muy particularmente ocasionados por el gasto excesivo en medios electrónicos de comunicación. Desde luego, está pendiente un estudio comparativo 2007-2009-2010, puesto que a partir de finales de 2007 existe una nueva regulación en materia de medios de comunicación, lo que ha implicado un redireccionamiento de las estrategias electorales hacia el territorio y una menor utilización directa de la publicidad y propaganda en radio y televisión (abierta o restringida).

Esta es la más grave e inminente amenaza a la Democracia: el uso ilimitado del dinero para las campañas. Una nota a pie de página ilustra la magnitud de lo sucedido en la elección de 2007: de acuerdo al monitoreo realizado por la empresa Orbit, contratada por el IPEPAC, el PRI y el PAN rebasaron con mucho los topes de gastos impuestos, sólo considerando los medios masivos de comunicación. (P.146) ¿Y qué pasó? Absolutamente nada más de unas tibias multas a los partidos. Las recientes resoluciones del Tribunal Electoral (Sala Regional) respecto a la elección de las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa del Distrito Federal, que habían sido anuladas por el Tribunal local por rebasar los topes de gastos, revocando la determinación y ordenando la toma de protesta de ambos delegados del PAN, sólo estimula la impunidad y alienta la violación sistemática de la ley pues finalmente, lo importante es ganar, “haiga sido como haiga sido”, como dijo el clásico.

La colaboración de Akira Watanabe se concentra en analizar las diferencias y las semejanzas de los procesos 2001- 2007, considerando la importancia de la consolidación de la democracia y la comprensión del espacio local. Asume la tarea novedosa en los análisis políticos regionales, de medir estadísticamente la correlación entre las conductas de los actores políticos (Ana Rosa Payán, su salida del PAN y su candidatura por TSY; y la imagen joven y energética de Ivonne Ortega frente a su adversario del PAN) y la presencia del voto diferenciado.

Ciertamente no es la primera ocasión en que se presenta lo que ahora se conoce por “voto diferenciado” y antes como “voto cruzado”. Localmente, lo encontramos en Mérida en la elección de 2001 (Jorge Esma tuvo más de 20 mil votos sobre Orlando Paredes) y más lejos, otra vez en Mérida, en 1995, donde Víctor Cervera tuvo casi esa misma cantidad sobre la del candidato a Presidente Municipal, Ricardo Dájer. Sin embargo, por primera vez se intenta medir con técnicas estadísticas. Este enfoque abre una nueva perspectiva de análisis del electorado, especialmente el de Mérida y de otros núcleos urbanos del estado, como Tizimín, Valladolid, Progreso, Kanasin, Umán, Ticul, donde el peso de la amplia “clase media” es considerable.

Efraín Poot Capetillo analiza la dinámica partidista en Yucatán en las elecciones 2006 y 2007. Da cuenta de las estrategias de los partidos políticos para ganar votos en estos procesos y parte de la hipótesis de que “…los resultados electorales obtenidos por cada partido dependieron del mayor o menor grado de organización interna con la que enfrentaron los comicios de 2006 y 2007…”. Establece el impacto de la alternancia en el gobierno federal sobre el PRI derrotado y el PAN triunfador y la forma como esta condición se proyectó sobre las estructuras partidistas yucatecas. Consigna la elevada votación obtenida por el candidato de la Coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de la reducida estructura político-electoral del PRD yucateco. En el proceso local 2007, explora las consecuencias del “…desgastante ejercicio de gobierno…” que repercutió en el gobernador panista y su partido. En el apartado de la tensión gobierno-partido, aborda la situación interna de los principales partidos y coaliciones, sus procesos internos, su relación con los órganos electorales, su desempeño en las campañas, los apoyos gubernamentales locales y externos que recibieron sus candidatos.

Quiero subrayar especialmente el apartado de la Observación Electoral, donde consigna el reflujo en la participación de las organizaciones locales que hasta 2001 habían sido las protagonistas. Una de las más importantes, el Frente Cívico Familiar, fue fundada en 1988 precisamente al calor de la entonces naciente estrategia de observación ciudadana de los procesos electorales. La explicación de esta situación la ubica en “…lo que algunos autores han llamado la institucionalización de la lucha ciudadana que ocurre cuando los principales reclamos de la movilización son atendidos por los gobernantes mediante la formulación de políticas públicas ad hoc y también incorporando cuadros activistas al desempeño de cargos en instituciones gubernamentales relacionadas con la problemática objeto del reclamo…”. Es posible que esta haya sido la situación de las muy activas organizaciones hasta 2001. No sólo intervenían en los procesos electorales, sino también participaban en el análisis crítico sobre las acciones de gobierno. Seis años después, tras el triunfo del PRI, lentamente comenzaron a intentar retornar al espacio político abandonado. Pero habían perdido credibilidad al relacionarse abiertamente con el gobierno del PAN y no entender los cambios profundos en las relaciones sociales yucatecas acontecidos en ese intenso período.

Dos de los ensayos, ambos de Othón Baños y uno de ellos en coautoría con Ceydi Patricia Alonso Farfán, se concentran en la actuación y las percepciones de los jóvenes yucatecos y la manera en que participan políticamente. El titulado “Percepción y Participación Política de los Jóvenes”, intenta diferenciar la desconfianza de estos hacia la política y sus instituciones, de la llamada “apatía política”. Basado en una investigación de campo realizada después de la elección de 2006, una muestra de jóvenes de diferentes estratos sociales y escolaridad, hombres y mujeres, respondieron a diversas preguntas acerca de su percepción de la democracia mexicana, sobre la confianza en las instituciones del Estado, su participación en los procesos electorales y respecto a su práctica política. Afirman los autores que “…los jóvenes padecen de cierta conciencia de exclusión social y política”.

En el otro ensayo, “A contracorriente: Los jóvenes y las elecciones municipales en Yucatán 2004” se basa en la experiencia de Chocholá y la determinación de un grupo de jóvenes de desafiar al sistema establecido y apoyar a uno de ellos que les garantizaría espacios deportivos y ayuda para realizar sus actividades recreativas: “propuestas concretas, relacionadas con inquietudes concretas”. Los jóvenes convirtieron en “ágoras” las canchas. Ganaron por 8 votos. ¿Cómo fue la gestión del joven arquitecto presidente municipal? ¿Participaron los jóvenes en su administración? ¿Por qué ganó nuevamente el PRI en 2007? Esas y otras preguntas abre el sugerente ensayo en cuanto a Chocholá. Pero OB va más allá al afirmar que hay que superar la idea de que la democracia participativa se agota en los procesos electorales. El concepto de “Práctica Ciudadana” –señala- engloba dos tipos: uno, la que se realiza en el contexto de las instituciones políticas (electorales, gobierno, partidos) y dos, la que se efectúa en el contexto de la sociedad civil, en su entorno de vida. Se pregunta Othón Baños, “qué hacen los jóvenes para cambiar el panorama (desempleo, falta de oportunidades DMS)? Poco o casi nada en la esfera política…”.

Por eso considero de la mayor relevancia el estudio de la campaña electoral y del inicio de gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, incluyendo el reciente proceso electoral federal. Sin contar con las encuestas de salida de casilla que arrojarían luz sobre el perfil de los votantes, sólo puedo plantear como hipótesis que fueron los jóvenes y las mujeres las que le dieron el triunfo a la candidata del PRI. ¿Por qué votaron los jóvenes, principalmente urbanos, de la ciudad de Mérida, por el PRI? ¿Por afinidad generacional? ¿Por las propuestas concretas de la campaña? ¿Por el relevo generacional manifiesto en la élite dirigente del PRI local? ¿Por los valores que representa? ¿Por la desconfianza hacia el PAN y los resultados tangibles de su gestión?

Casi la mitad del electorado yucateco es de menores de 40 años; la mayoría de ellos no había nacido cuando el PAN ganó la alcaldía meridana en 1990; poco les dice el discurso descalificador del pasado priísta; los menores de 27 años ni siquiera votaron en el año 2000. ¿Están satisfechos con el gobierno del PRI? ¿Se sienten representados? Las respuestas a estas y otras preguntas acerca de los jóvenes yucatecos permitirían entender mejor los riesgos de los procesos políticos y sociales que enfrentamos y detectar las oportunidades de superarlos.

El ensayo sobre “Las Indígenas como intelectuales orgánicas: Araceli Cab Cumí, de la propia protagonista y Kathleen Martin, trae a la memoria colectiva tres condiciones que profundizan la pobreza y marginación que aflige a una parte importante de la población yucateca: mujeres, campesinas de comunidades rurales, mayas de condición étnica. La larga lucha de Araceli contra las desventajas y discriminación, la forma como ha logrado trascenderla sin apartarse o negar su origen, recuerda en el libro ¿Democracia?, que sólo luchando contra la desigualdad y la falta de oportunidades podríamos quitarle sus signos de interrogación.

Conclusiones

Este libro me ha despertado una enorme sed de saber y conocer el comportamiento político de la sociedad yucateca en los últimos 20 años. No es gratuita la fecha: a partir de 1988, cuando por segunda ocasión el PAN gana la diputación federal de Mérida. Como bien señala Othón Baños, el eje de la economía yucateca en torno al henequén fue desplazado definitivamente en los inicios de los años 90 y con ello, los mecanismos de control político y participación social que operaron durante más de 50 años.

Yucatán, al igual que el resto del país, se urbanizó. Las ciudades del estado están conformadas por una amplia clase media, no por su nivel de ingresos, sino por sus aspiraciones y conductas. En la identificación de los valores del PAN con los de la mayoría de este grupo estuvo la larga preferencia electoral por ese partido. Desveladas las contradicciones en su interior por su proceso interno para elegir candidato a la Gubernatura, las consecuencias en las percepciones de estos grupos no se hicieron esperar, al considerar que a fin de cuentas, “PRI y PAN son la misma cosa”.

Como sociedad, México requiere recuperar los adjetivos para calificar a la Democracia que vivimos y para definir a la que aspiramos. Vulnerada, Defectuosa, Deficitaria. Con un Estado fracturado, ¿fallido? Y una Ciudadanía limitada en el ejercicio de sus derechos por la pobreza y la marginación.

La Democracia a la que aspiramos tiene también calificativos, como el de “Participativa” que Alberto Aziz y Jorge Alonso relacionan con la calidad de la Democracia: Refrendos vinculatorios; Presupuesto Participativo; facilidades para iniciativas populares; capacidad de revocación de los cargos: facilidad de acceso a los medios públicos de comunicación. Cito: “…habrá una nueva confianza en las instituciones democráticas cuando haya participación y control por parte de los ciudadanos en la decisiones de los asuntos públicos y mejores condiciones para las mayorías…” (Op. cit. p42) Se trata de que los ciudadanos puedan controlar y evaluar si el gobierno trabaja de acuerdo a las normas vigentes y en respuesta a las demandas de la sociedad. Que haya rendición de cuentas, medios de comunicación independientes, redes desarrolladas de organizaciones activas e informadas. Los autores citan una advertencia que no podemos olvidar: “…Si de veras se quisiera abordar la calidad de la democracia…lo primero que habría que considerar es el ingreso del dinero en la política…”.

Si coincidimos en la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de la democracia en el espacio yucateco, entonces tendríamos que comenzar por el análisis del conjunto de instituciones y organismos que dicen representar a la sociedad en la conducción del gobierno. No es mi intención plantear la discusión sobre la representatividad de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, sino concentrar la atención en las organizaciones intermedias, los grupos y segmentos sociales y la forma como interactúan con las instituciones gubernamentales; las formas de expresión y participación.

Un rápido repaso a la historia reciente de Yucatán, demuestra que es un estado con una trayectoria de movilizaciones reivindicadotas de derechos en la Zona Henequenera. Desde 1937 hasta inicios de los años 80, los ejidatarios henequeneros protagonizaron manifestaciones de protesta contra las autoridades que les limitaban o negaban el acceso al crédito o a las despensas y en la más importante de ellas, obtuvieron el régimen modificado del Seguro Social para garantizar la pensión de los mayores y la atención a la salud de sus familias.

El movimiento estudiantil-sindical de inicios de los 70 culminó con el asesinato de su líder, Efraín Calderón Lara. Desde entonces operó la estrategia de cooptación de los líderes y del movimiento estudiantil por parte del gobierno. Esto, combinado con el inicio de la construcción de Cancún que atrajo un número creciente de campesinos yucatecos, hizo que prácticamente desaparecieran de las calles de Mérida estas formas de presión, la última de las cuales fue en mayo-junio de 1992, en ocasión de la entrega de indemnizaciones a los henequeneros desplazados al romperse la relación económica entre ellos y el Gobierno.

Hubo algunos “chispazos” en la década de los 80, vinculados a la disputa por la dirigencia de la Liga de Comunidades Agrarias (1984) y por cuestiones electorales, principalmente en Mérida (1981) y Chemax.

Las organizaciones empresariales de entonces eran proclives a entenderse con el gobierno en turno, excepto el Centro Empresarial de Mérida, aun cuando con discreción apoyaban las actividades del opositor PAN.

1991-1994 fue un periodo de intensas movilizaciones. Por una parte, el fin del modelo de relación henequenera entre el Estado y los campesinos y por otra, los cambios al calendario electoral y el abrupto final de la gestión de la Gobernadora por la imposición de resultados electorales desde el gobierno federal.

El inicio de los 90 marca también el florecimiento de las primeras organizaciones cívicas conformadas en torno a la naciente observación electoral como el Frente Cívico y el Grupo Indignación, dedicado a la defensa de los derechos humanos. Surgen también las primeras organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, en particular a la salud, -derechos sexuales y reproductivos- a la participación política y en contra de la violencia hacia ellas. Se conforman organizaciones defensoras del medio ambiente, como Pronatura y de la Caja Popular Crescencio A. Cruz constituida al amparo de la organización religiosa, surge una unión de crédito que ha tenido alcance regional.

La movilización social que representó el Programa Nacional de Solidaridad en Yucatán (1989-1994), principalmente en Mérida, ha sido escasamente estudiada como un fenómeno político. Un conjunto de prejuicios y la descalificación a priori ha impedido entender la profunda repercusión de este ejercicio de democracia participativa en las colonias y barrios marginados de Mérida y de muchas poblaciones del interior del estado, en que los integrantes de los comités de Solidaridad priorizaban y definían las obras, se organizaban para recaudar y administrar su aportación, deban seguimiento a la construcción y fiscalizaban la correcta aplicación de los recursos. De allá surgieron importantes liderazgos comunitarios.

En 2001, al iniciar el gobierno panista, una “anemia social” pareció invadir a las más activas y contestatarias organizaciones sociales. Hasta el Centro Empresarial amortiguó sus críticas a la administración estatal; los representantes del Frente Cívico se volvieron funcionarios o proveedores del gobierno. Sólo las más activas organizaciones de mujeres y ambientalistas continuaron presentes opinando y participando.

Sin embargo, en el gobierno 2001-2007 se conformaron y consolidaron los órganos constitucionales autónomos: para garantizar el acceso y transparencia de la información pública (INAIP, 2004); nueva integración y nuevas funciones en los órganos electorales (IPEPAC) ciudadanizados y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos adquirió plena de autonomía frente al gobierno (2002).

El ímpetu innovador alcanzó para promover las candidaturas independientes en la Constitución y en la legislación electoral, lo que otorgó a Yucatán un estatus de avanzada. Esto, sumado a la Ley de Participación Ciudadana (enero 2007), que incorpora las figuras de Plebiscito, Referéndum e Iniciativa Popular, parecían configurar condiciones óptimas para avanzar hacia la democracia participativa.

Eso no ha sucedido. El IPEPAC, la CODHEY, el INAIP enfrentan cuestionamientos de diversos grupos en cuanto a su autonomía frente al gobierno del estado y sobre la actuación de sus integrantes. Escasamente se han utilizado las figuras participativas; después de casi 3 años, sólo una iniciativa popular ha sido presentada (aunque de alto impacto) y el plebiscito a realizar en Dzemul fue suspendido de último momento.

El Frente Cívico Familiar y la activa FECUY de fines de los años 90 parecen intentar despertar, pero su estrecha relación con el gobierno del PAN aun resta credibilidad a sus posiciones. Sociedad en Movimiento, constituida al calor de la contienda electoral de 2006 y auspiciada por las organizaciones nacionales empresariales, es la organización que registra más presencia, como lo muestra su seguimiento del “megacrédito” autorizado al Ejecutivo estatal en un “fast track” legislativo en días pasados.


A modo de Propuesta

Muchos son los temas de investigación que se derivan de la lectura de ¿Democracia? Procesos Políticos y Participación Ciudadana. Enlisto los que a mi juicio, contribuirían a una mejor comprensión del momento yucateco, en particular lo que parece ser una acelerada descomposición de las instituciones de avanzada, en razón de los cuestionamientos ciudadanos a su legitimidad.


1 Análisis de las organizaciones intermedias: organismos empresariales (CANACINTRA, CANACO, Centro Empresarial, principalmente). Las Iglesias, en especial la Católica y las Cristianas.

2 Las clases medias yucatecas. La repercusión política del proceso de urbanización del estado requiere un estudio más detallado.

3 Las ONG y organizaciones sociales.

4 Los órganos constitucionales autónomos: CODHEY, INAIP, IPEPAC.

5 Los instrumentos de la democracia participativa: Plebiscito, Referéndum, Iniciativa Popular.

6 Los medios públicos: TV 13 y Radio IMER, además de la radio comunitaria y Radio Universidad.

7 Las nuevas formas de comunicación, participación y construcción de redes a partir de Internet. La proliferación de sitios noticiosos, de análisis y crítica política, así como la digitalización de los principales medios impresos del estado, nos indican que “algo importante está pasando ahí”

El enfoque de género que permita distinguir las diferencias entre mujeres y hombres y las desventajas e incluso discriminación, contribuiría a una mejor comprensión de los obstáculos que enfrentamos para ejercer a plenitud nuestros derechos.

Estos temas, sumados a los puntos sugeridos líneas arriba en torno a la juventud y su percepción del gobierno de “jóvenes” actualmente en el poder, ampliarían el conocimiento colectivo para construir en medio de estas difíciles condiciones, un mejor espacio de convivencia para todos. Dulce María Sauri Riancho, dulcesauri@gmail.com