Dulce María Sauri Riancho

Vida sin violencia. En los zapatos de Reina Alejandra

2012-02-01T07:24:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho.

"En los zapatos de otro" es una campaña iniciada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para sensibilizar a la sociedad mexicana sobre las desapariciones de personas y víctimas en la lucha contra el crimen organizado.

Hace unos días, la prensa local dio noticias sobre el hallazgo del cuerpo torturado y quemado de una mujer en los montes cercanos a la población de Maxcanú. Nueve meses atrás fueron hallados, en esa misma zona, los restos de otra mujer que hasta la fecha permanece sin identificar y por consiguiente, libre quien la privó de la vida.

En una fotografía de la escena del crimen destacaba una sandalia blanco y negro, al parecer de la occisa. Decidí ponérmela para poder escribir sobre Reina Alejandra Polanco Uicab, de apenas 16 años, que vivía en la pequeña población de San Fernando, una de las 13 comisarías del municipio de Maxcanú. Reina salió de su casa la tarde del sábado 21 de enero para asistir a un baile en Paraíso, otra comunidad vecina, donde habría de encontrarse con un amigo, novio quizá.

Llevaba su ropa de fiesta, un pantalón de mezclilla y una blusa morada, y en una bolsa grande, su teléfono celular. Tenía permiso de sus padres para asistir pues la única mujer de sus tres hijos era tímida y obediente, por lo que no temían por ella. Además, ya tenía alguna experiencia fuera de casa, puesto que, como tantas jóvenes de la región, trabajó un tiempo en el servicio doméstico de una casa de Mérida.

Reina no volvió a su modesta vivienda la madrugada del domingo. Sus padres, desesperados, denunciaron su desaparición a las autoridades municipales. Muy probablemente les dijeron que la menor de edad habría huido con el novio por su propio gusto y voluntad, que pronto habrían de tener noticias de ella. Eso mismo le habrían expresado a la docena de madres de familia de Maxcanú, cuyas hijas también salieron de casa desde hace varios meses sin que, a la fecha, tengan noticias de ellas.

Accidentalmente, la tarde del martes, en una vereda del monte encontraron a Reina Alejandra, su cuerpo carbonizado, sus sandalias y su reloj rosa.

Me imagino la intensidad del dolor de los padres, los sentimientos de culpa por haberle permitido ir al baile. Puedo sentir la zozobra de las madres que siguen en la espera de sus hijas, alguna llamada, una señal de que están vivas. Con lo sucedido a Reina, temen lo peor y, a la vez, se alegran que no haya sido el cuerpo de su hija el que apareciera masacrado en el monte.

El elevado número de jóvenes desaparecidas en Maxcanú, ¿sólo ocurre en ese municipio o se repite en otras poblaciones y regiones del estado? Si fuera lo primero, situación grave, urgente de atender; situación aterradora, imposible de aceptar con pasividad si se trata de un delito endémico. La experiencia en otras regiones del país y del mundo nos enseñan que la desaparición o el asesinato de mujeres jóvenes, cuando es reiterativo, no debe enfrentarse con la lógica del delito aislado, debe verse como síntoma de un proceso de descomposición que tiene que ver con los tejidos y los valores de la sociedad.

Las jóvenes mujeres de Maxcanú, al igual que las de cualquier población del interior del estado, tienen marcadas desventajas para ejercer sus derechos a la educación, al trabajo, a la recreación, a una vida libre de violencia. Para empezar, en su municipio, las fuentes de empleo son muy reducidas; la actividad agropecuaria está en crisis o abandonada. Por eso es que, todas las mañanas miles de personas, jóvenes y adultas, toman los autobuses o los colectivos para trasladarse a Mérida para trabajar. Otros y otras van más lejos, hacia la Rivera Maya, a Cancún y cada semana tratan de regresar a visitar a su familia.

La Fiscalía del Estado tiene la responsabilidad de investigar hasta dar con quien haya asesinado a Reina Alejandra. Tiene también la obligación de rastrear y localizar, sin prejuicio alguno, a las jóvenes mujeres que han desaparecido en Maxcanú. Pero las autoridades del estado tienen la obligación de enfrentar el problema de los miles de jóvenes yucatecos sin alternativas reales de empleo y desarrollo en sus propias comunidades. No es excusa que "sólo" 17 de cada 100 yucatecos habiten en localidades como San Fernando, de menos de 2,500 habitantes. No lo es tampoco la sequía, como pretexto que oculta el brutal abandono en que está el campo de Yucatán.

Mientras, las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio muestran que en esta entidad, considerada como una de las más seguras del país, 43 mujeres han perdido la vida asesinadas entre 2007 y 2011. ¿Y cuántas serán las "desaparecidas"? Pongámonos en sus zapatos, en sus sandalias. Hagamos que se las pongan las autoridades responsables de investigar y detener a los culpables, y también quienes desde el gobierno tienen la obligación de impulsar programas de desarrollo para brindar a los jóvenes yucatecos oportunidades de empleo y un ambiente libre de cualquier forma de violencia.- Mérida, Yucatán.

Política peninsular: sorpresas y novedades

2012-01-28T07:12:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

Hubo novedades y sorpresas en la política el pasado fin de semana. En el ámbito nacional, el rompimiento del convenio de coalición entre el PRI y Nueva Alianza (más conocido como Panal) trajo consigo la redefinición de varias candidaturas al Senado y, desde luego, la necesidad del partido de la maestra Elba Esther Gordillo para postular candidato propio a la Presidencia de la República.

El PRI conserva como aliado electoral al Partido Verde, con el cual se dividirá las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados. Al PRI de Yucatán estos cambios no le afectan, ya que aquí no había distritos ni escaños reservados a alguno de los otros dos partidos. No así a nuestros vecinos de Quintana Roo, pues en la parte que le correspondió al PVEM se incluyó la primera posición a la cámara alta para quien fue hasta hace pocos meses su presidente, Jorge Emilio González, más conocido como el "Niño Verde". Supongo que cumple éste el requisito de acreditar residencia en los últimos cinco años en Cancún que, desde luego, va más allá de ser dueño de uno o varios departamentos vacacionales en la ciudad. Además, la segunda parte de la fórmula es el ex gobernador Félix González, oriundo de Cozumel, por lo que los priistas del sur de Quintana Roo se quedaron, una vez más, sin voz propia en la próxima contienda y, tal vez, en las dos próximas legislaturas por lo que al Senado corresponde.

La candidatura al Senado de una persona que no vive en el estado sería un precedente muy delicado para todas aquellas entidades de la república que tienen una fuerte presencia de turistas y de vecinos "de fin de semana". En tiempos pasados fue el caso de Guerrero con Acapulco; de Baja California Sur, con Los Cabos, y de Morelos, donde Cuernavaca ha sido tradicional lugar de descanso para numerosos políticos de la ciudad de México, algunos de los cuales aspiraron a gobernar la entidad. Por eso en estos estados vulnerables al "turismo político" se han intentado reformas de ley para establecer requisitos de residencia por un plazo prolongado a todo inmigrado que aspire a un cargo de elección. Algunas veces se les ha "pasado la mano" a los legisladores, que han recibido la corrección de sus excesos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otra razón para la sorpresa en el caso del PRI quintanarroense es que el Congreso del Estado, de mayoría priista, intentó no hace mucho poner un severo "candado" de años de residencia para ser candidato al gobierno local. Ahora, la política de coaliciones les receta a un candidato fuereño que bien podría ser parte de la lista nacional al Senado sin problema alguno, ni para el PRI de Quintana Roo ni para él.

La sorpresa en la política local fue el triunfo de Renán Barrera en la contienda interna del PAN por la candidatura a la alcaldía de Mérida. Parecía que la senadora Zavala se impondría con relativa facilidad; había incluso renunciado a su aspiración inicial a la candidatura al gobierno del estado para concentrarse en la alcaldía de la capital. Sin embargo, la mayoría panista decidió por un joven que -eso sí- se ha fraguado al "fuego lento" de la experiencia, primero como regidor, después como diputado local. Serán entonces dos personas menores de 37 años las que encabezarán al PRI y al PAN en la elección del próximo Ayuntamiento de Mérida. Jóvenes, sí, pero con trayectoria; ambos han sido regidores; los dos cuentan con estructura partidista que sostendrá su trabajo político. Ninguno ignora que la simple ostentación de su juventud no les traerá automáticas simpatías; quizá hasta les reste apoyos en algunos sectores, escamados ante los resultados del gobierno saliente. Por eso las propuestas tienen que ser frescas, pero sólidas; las iniciativas, con imaginación, pero con el realismo que les da su experiencia.

Nerio recogerá lo sembrado por la alcaldesa con licencia, hoy primer lugar en la fórmula del PRI al Senado. Renán encontrará la división y la desesperanza entre los cuadros panistas afectados por las sucesivas derrotas desde 2007. Ni uno ni otro tiene el camino fácil hacia el triunfo el 1 de julio. Los dos saben que la percepción ciudadana sobre su capacidad para separar el trigo limpio de la cizaña será fundamental: en las obras y programas públicos, en los colaboradores de sus campañas, en los compromisos que asuman para realizarlas.

Otras novedades y sorpresas nos depara el arcón de la política en las semanas por venir. Quien piense que todo está resuelto corre el riesgo de equivocarse y, si es candidato, de perder. Ni los errores de gobierno -federal, estatal, municipal- le dan el triunfo automático a los opositores, ni el apoyo incondicional de los funcionarios gubernamentales podrá vencer por sí mismo a sus adversarios. La ciudadanía cuenta cada vez más: su opinión, sus puntos de vista. Ojalá no lo olviden.- Mérida, Yucatán.

"Dream team" para gobernar. México y Yucatán necesitan equipos soñados.

2012-01-18T08:18:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

Pocas novedades han traído los días de precampaña. Una vez despejada la incógnita de los candidatos a la Presidencia de la República en el PRI y en la coalición de izquierda, a la curiosidad ciudadana sólo le restaría conocer el resultado de la contienda interna de Acción Nacional para completar el trío de quienes disputarán la titularidad del Poder Ejecutivo de México.

Lo mismo sucede en Yucatán. Definida la candidatura priísta, el PAN hará lo propio en unos cuantos días. Ahora nos encontramos en un tiempo político extraño en que la ley electoral prohíbe a los precandidatos únicos hacer proselitismo a su favor, pero todos ellos realizan reuniones, verdaderos mítines masivos, aunque -eso sí- no invitan todavía a votar a su favor. En los hechos, el único cambio que percibimos los ciudadanos tiene que ver con la publicidad y la propaganda en los medios de comunicación, pues todavía podemos escuchar la radio y ver la televisión sin el tiroteo de promocionales que poco o nada dicen.

Esta "abstinencia" forzosa de comerciales ha propiciado que, al menos por unas semanas, se le preste atención a los discursos y planteamientos que realizan los distintos precandidatos. Entre las propuestas me ha llamado particularmente la atención que Andrés Manuel López Obrador haya decidido dar a conocer a quienes invitaría a formar parte del gabinete presidencial si gana la elección del 1 de julio.

Sin lugar a dudas, es una transgresión del código de secrecía que ha acompañado la composición de los equipos de primer nivel en el Poder Ejecutivo, ya sea federal o de los estados. Como si se tratase de apostar a la ruleta, no es sino hasta el último momento, en las meras vísperas de recibir la investidura de presidente de la República o gobernador, que se dan a conocer los nombres de las personas que formarán parte del primer círculo de la administración pública.

Atrás de esa dilación está la complicada maraña de negociaciones que se entablan en el interior del equipo triunfador y entre éste y los oscuros grupos de interés. En buena medida, la confección del gabinete significa el primer pago de "facturas políticas" para quienes participaron en la campaña, por lo que la asignación de algunas carteras, principalmente las que disponen de abundante presupuesto, se da más por la lealtad personal, al margen de la trayectoria profesional y la experiencia administrativa del futuro funcionario. Ese mismo día comienzan las decepciones de los ciudadanos que, expectantes, esperaban el cumplimiento de las promesas y compromisos realizados por el candidato triunfante. Son primeras que quedarían sin cumplir...

Pero ¿qué se puede esperar de quien poca o ninguna experiencia tiene en el área para la cual fue nombrado? De entrada, pérdida de tiempo y, muchas veces, abandono de programas que funcionaban con eficiencia. Sexenio tras sexenio hemos presenciado cómo se elimina de un plumazo a quienes efectúan el trabajo operativo en las dependencias pero que cometieron el pecado de colaborar en la administración anterior.

López Obrador ha puesto nombre y rostro a seis de las más importantes dependencias de la administración pública federal. Para la Secretaría de Gobernación propone a Marcelo Ebrard, actual jefe de Gobierno del Distrito Federal. Para Educación, a Juan Ramón de la Fuente, exitoso ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud. En Hacienda estaría un economista con sólida formación, Rogelio Ramírez de la O. El ex director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM Javier Jiménez Espriú sería el responsable de Comunicaciones y Transportes, de la cual ya fue subsecretario. Claudia Schembaum tendría a su cargo Medio Ambiente, donde pondría en juego su experiencia laboral y sus conocimientos académicos.

La sexta propuesta de López Obrador, para la Secretaría de Economía, es el empresario Fernando Turner, ligado a la industria del acero del norte del país, quien ha expuesto con amplitud las tres líneas del programa lopezobradorista: Estado austero; Combate a los monopolios; Bajos costos de energía y de producción.

Sería una excelente aportación para la causa de la democracia si el candidato del PRI y quien surja del PAN mostraran ante la opinión pública a las personas con quienes se proponen gobernar. Parafraseando el dicho popular: "... Dime con quién andarás y te diré qué harás...". Esto mismo es aplicable para Yucatán. Que los candidatos al gobierno del estado den a conocer públicamente los nombres de las personas que serían responsables, por ejemplo, de Educación, de Fomento Agropecuario, Cultura, Desarrollo Económico, entre otros. Sería una auténtica radiografía, un ultrasonido de las intenciones de quienes aspiran a gobernarnos. Más vale que eviten de antemano falsas expectativas en algunos de sus cercanos y, a cambio, infundan alguna esperanza en el amplio sector de ciudadanos escépticos de la política y de los políticos.

La expectativa ciudadana sobre el primer gabinete de la alternancia, en el año 2000, originó que fuera calificado como el "dream team", el equipo soñado para gobernar de una manera distinta, como lo había mandado la ciudadanía con su voto. Los resultados del sexenio abollaron la corona de este grupo reclutado incluso por "cazadores de talentos" profesionales. Ahora se trata de demandarles a los candidatos que nos revelen de antemano la composición de su "equipo soñado", para ver si compartimos su visión. No vaya a ser que, para la mayoría, resulte en realidad una pesadilla.- Mérida, Yucatán.

Los Caballero y los Dzul, una decisión con "dados cargados"

2012-01-11T12:17:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

Ha llegado a su fin el famoso corredor "Guadalupe-Reyes" que nos mantuvo en espíritu festivo y con la atención compartida con las posadas, regalos navideños y cenas. En esta vorágine que año tras año nos invade, perdimos de vista varios importantes asuntos. Uno de ellos es la iniciativa de ley en materia familiar -los Códigos de Familia y Procedimientos Familiares- que el Ejecutivo del Estado envió al Congreso a finales de noviembre pasado.

Es una legislación que pretende fortalecer el ejercicio de los derechos de todos los integrantes de una familia: cónyuges, hijas e hijos, en condiciones de igualdad. En el caso de los esposos, se establecen con claridad los derechos y las obligaciones de ambos por igual, lo que significa que la manutención no tiene que descansar exclusivamente en el hombre ni las tareas domésticas en la mujer. En el caso de las niñas y los niños, así como los adolescentes, las iniciativas tutelan su derecho a convivir con ambos progenitores, así como su derecho a ser escuchados.

Cuando se dio a conocer el envío de esta importante pieza legislativa, la oficina de Comunicación Social de la gobernadora destacó como una relevante novedad el hecho de que a partir de su aprobación los padres podrán decidir el orden de los apellidos de los hijos. Esta cuestión todavía preocupa a algunos padres cuya descendencia exclusivamente es de mujeres. Aunque cada vez se le otorga menor relevancia social a esta situación, el hecho es que de vez en cuando reaparece el "gusanito aristocrático" de la estirpe, otro disfraz del machismo.

Hasta este punto, decidir la prelación del apellido del padre o de la madre aparenta ser una acción para reivindicar los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades entre los padres para darles al hijo o hija el apellido que ellos decidan. La propuesta conlleva varias lagunas y algunas contradicciones. Señalo una: ¿qué ocurriría si los padres deciden registrar a alguno de sus hijos con sus apellidos en un orden distinto a los de sus otros hijos?

Como éste, se me ocurren varias cuestiones que deben analizarse antes de legislar sobre la materia. En particular, me preocupa uno por su trascendencia: esta medida esconde una situación que impactaría los derechos de la población maya yucateca, exactamente en sentido contrario a lo que persiguen la ley y las políticas responsables de fortalecer su cultura y su relevancia social.

Me explico. La Constitución de la República, en su artículo 2o., establece la obligación de respetar y promover los derechos y la cultura de los pueblos indígenas de México, en su mayoría víctimas de la pobreza ancestral y de la discriminación en su propia tierra. Por ello, el precepto constitucional no sólo enuncia sus derechos, sino también establece los programas y los mecanismos institucionales para lograr su ejercicio efectivo.

Más de la mitad de la población de Yucatán es considerada como integrante del pueblo maya. Es la proporción más alta del país, superior incluso a la de los estados de Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, los mayas yucatecos viven también la pobreza y la discriminación. Frente a la exclusión social de que son víctimas los indígenas en Yucatán, algunas familias deciden abandonar su idioma materno y todo aquello que los identifique con su condición indígena. Esto incluye los apellidos, que han estado sujetos a una castellanización que ha llevado a algunos Ek a transformarse en Estrella; a los Dzul, que se han vuelto Caballero, y, en otros casos, se han añadido sílabas para pasar de Moo a Molina.

Es cierto que las circunstancias no son las mismas ahora que las imperantes en el siglo pasado, que la presión social ha disminuido y que ser mayahablante viene a ser un valor en algunos círculos de la administración pública, la cultura y la política. Pero el riesgo subsiste y ante la facilidad de utilizar el apellido de la madre o del padre para registrar al hijo, hay una clara desventaja hacia el patronímico de origen maya, prefiriendo, si hay la opción, el del progenitor con apellido no maya. Sería una decisión con "dados cargados".

Hay otras formas de garantizar la igualdad de derechos entre los cónyuges y los derechos de la infancia en un código familiar. Si de aportaciones novedosas se trata, sería posible que la Ley autorizara la inscripción en el Registro Civil de un niño con el apellido del padre, aunque éste se niegue a reconocer su paternidad, y que la carga de la prueba para certificar que no lo es descanse en él. Hasta ahora la iniciativa está exactamente al revés: es la madre o el hijo mayor de edad quienes tienen que realizar el procedimiento para probar que esa persona es el padre, para lo que tienen que contar con al menos 12,000 pesos, que cuesta una prueba de ADN científicamente acreditada.

Señores legisladores del Congreso del Estado: por favor, revisen con cuidado esta importante iniciativa. No todas las novedades que vienen de España son aplicables en México y muy particularmente, en Yucatán. No sea que por tapar un hoyo vayan a hacer más grande el abismo que separa a los mayas yucatecos del ejercicio real y efectivo de sus derechos.- Mérida, Yucatán.

Mérida, casi en el paraíso...

2012-01-04T06:38:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

Por alguna razón nos gustan más los aniversarios terminados en cero o en cinco para celebrar. Es el caso de Mérida, que cumplirá este 6 de enero 470 años de su fundación sobre los vestigios de la antigua T'ho de los mayas.

Frente a muchas ciudades europeas, Mérida es relativamente joven. No así en América, donde fue uno de los asentamientos establecidos en los primeros 50 años de la colonización española. En la Península, sólo San Francisco de Campeche la precede. Pero la capital de Yucatán aún se mantiene como la población más importante del sureste mexicano al iniciar la segunda década del siglo XXI. Todo indica que este año Mérida alcanzará el millón de habitantes. En 2010 éramos 835,000, en tanto que Cancún y Campeche tenían 662,000 y 260,000 pobladores.

La capital yucateca concentra la mayoría de las actividades económicas del estado, en particular los centros educativos y de salud, públicos y privados, los bancos y los hoteles, así como los centros comerciales, supermercados y centrales de abasto. La calidad de vida de la ciudad destaca en la región y en el país, por la práctica ausencia de actos violentos del crimen organizado. Esta situación la hace un destino atractivo para cientos de familias, "desplazadas internas" de otras ciudades de México, que han encontrado en Mérida refugio y tranquilidad.

Casi el paraíso. Pero... Nuestra ciudad tiene crecientes problemas asociados a la falta de empleos suficientes y de calidad, a la ausencia de oportunidades laborales dignas para los miles de jóvenes que egresan de sus centros de educación superior, para las mujeres jefas de familia y los adultos mayores, entre otros. La planta industrial de Mérida se ha visto reducida, incluyendo la actividad de la industria maquiladora de exportación.

Sobreviven empresas dedicadas a la proveeduría del norte de Quintana Roo y a la fabricación de artículos de consumo para la población local, como alimentos, bebidas y ropa. El turismo resiente la falta de opciones de vuelos y el elevado precio de los boletos. Lenta, pero inexorablemente, Cancún se ha convertido en el centro de la dinámica económica de la Península, desplazando a Mérida de ese tradicional papel.

La expansión de la mancha urbana ha permitido mantener a la vivienda unifamiliar como parte de la tradición y la costumbre de los meridanos. Nos resistimos a los edificios de departamentos, a no vivir "pegados a la tierra", y a disfrutar del patio, como nuestros ancestros. A cambio, las exigencias de ampliación de los servicios de agua, alumbrado público y pavimentación han crecido.

El transporte público es inadecuado para una ciudad del tamaño y la extensión de Mérida. Ante esta seria deficiencia, no es de extrañar que hayan proliferado los vehículos particulares, muchos de ellos verdaderas "carcachas" que circulan por milagro, pero indispensables para trasladarse por la falta de rutas de camiones que realicen el servicio. Hay la sensación de que la ciudad ha crecido mucho. Sí, lo ha hecho, pero no en personas sino en número de vehículos: casi hay un auto o motocicleta por cada dos meridanos. Los 53 kilómetros del periférico se han transformado en una "vía de la muerte", que registra su cuota cotidiana de muertos y heridos.

El paraíso meridano estuvo invadido de mosquitos portadores de dengue. El año pasado se registró el mayor número de casos de la historia sanitaria del estado, con lamentables decesos, la mayoría en esta ciudad. Fue la consecuencia de la falta de atención oportuna de las autoridades estatales y municipales a las labores de prevención, indispensables en la época de secas, para evitar la proliferación cuando se inicia la temporada de lluvias. Estuvieron más preocupadas por las cuestiones de promoción política personal, que ocupadas en la oscura pero indispensable tarea de recoger cacharros, desyerbar y fomentar la limpieza de los patios.

Otra vez es Mérida destino de un importante crédito del BID, pero a diferencia de 1965, cuando se empleó en la introducción del agua potable, ahora está dedicado a una serie de obras de embellecimiento cosmético del centro histórico de la ciudad. En cuanto al nuevo alumbrado público, se pasó de la penumbra amarilla de las calles, a la oscuridad que rodea a los nuevos focos blancos, eso sí, a un costo multimillonario.

A las actuales autoridades del Ayuntamiento de Mérida les restan ocho meses de gestión. A la presidenta municipal, quizá mucho menos, si el PRI la postula para el Senado. Si se va antes de concluir su periodo, habrá dejado atrás su compromiso de concluir su mandato, como sucedió en su cargo de diputada. Para un gobierno que ganó la elección al PAN después de casi 20 años, el incumplimiento de ese compromiso no es cosa menor, más si va acompañado de serios cuestionamientos sobre la aplicación de los recursos públicos a su cuidado.

Con el maquillaje a medio hacer, con la cuenta de los enfermos de dengue y los problemas de la economía en muchas familias, Mérida celebra su 470 cumpleaños. Que los buenos deseos por su prosperidad vayan acompañados de la voluntad real de cambiar y corregir el rumbo, por parte de las autoridades y de nosotros, sus ciudadanos.- Mérida, Yucatán.

Los retos de 2012. Amenazas y oportunidades para Yucatán

2011-12-28T15:14:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

Transcurre la última semana del año. Turbulencias económicas han afectado severamente a las regiones más desarrolladas del mundo y en México la violencia del crimen organizado deja todos los días su caudal de muertos en distintas regiones del país. La incertidumbre ante el futuro se acrecienta por los pronósticos catastrofistas que una vez más le ponen fecha al fin de la humanidad: 21 de diciembre de 2012.

Comencé semanas atrás a hacer una exposición sobre la llamada "matriz FODA" para Yucatán. Habrá quien considere poco útil la realización de un ejercicio de esta naturaleza, ante la necesidad de comentar las urgencias cotidianas y las muestras patentes de incapacidades y excesos de las autoridades gubernamentales. Sin embargo, sólo las perspectivas de carácter general pueden delinear el rumbo de la sociedad, sin las cuales seguiremos "dando tumbos" y sin resolver los problemas profundos que nos aquejan.

En el FODA yucateco repasamos las fortalezas y las debilidades. Quedaron pendientes las amenazas y las oportunidades. El próximo cambio de gobierno -federal, estatal- causa sentimientos encontrados en amplio sector de la ciudadanía; por una parte, la esperanza del relevo de las personas, que quienes lleguen sean mejores -o menos malos- que quienes se van; y por otra, el escepticismo de una sociedad defraudada en sus expectativas, que ya no cree ni en "la paz de los sepulcros" de las promesas de los políticos, porque al fin y al cabo, "todo sigue igual".

Y ésta es quizá la mayor amenaza para el desarrollo futuro de Yucatán: creer que todo puede mantenerse sin cambios, por la fuerza de la costumbre. Que la economía seguirá creciendo lentamente, aunque no ofrezca empleos dignos ni remuneración adecuada, sin base real de sustentación en las actividades productivas, sino en la especulación de tierras. Que los recursos naturales de la entidad, en particular el agua, seguirán a disposición, sin cuidarlos y preservarlos de la contaminación. Que la ausencia de operaciones visibles del crimen organizado se mantendrá; que la pobreza y la desigualdad en que viven miles de familias yucatecas no tendrán consecuencias sobre el conjunto social. Que podemos permanecer en el mismo lugar, mientras el mundo a nuestro alrededor se transforma.

El reto principal es sacudirnos la inercia y abandonar la plácida condición de lamentos que no se traducen en esfuerzos para cambiar. Las oportunidades están al alcance de esta generación de yucatecos. En la era de la globalización económica, la experiencia histórica de participación en los mercados mundiales a partir del henequén puede ser capitalizada, a partir de una renovación de la cultura empresarial de los emprendedores, mujeres y hombres de diferentes trayectorias y generaciones. Somos herederos de aquellos hombres que supieron dar soluciones imaginativas al reto de producir y desfibrar millones de pencas; que construyeron un puerto -Progreso- para exportar su producto; que no se inhibieron ante el Congreso norteamericano cuando se trató de defender al henequén de una acusación de monopolio.

La imaginación y la audacia persisten. Aún tenemos la oportunidad de pensar en grande, de evitar que Yucatán se quede a la zaga de las regiones más desarrolladas del país, añorando tiempos de pasadas glorias, en vez de acometer las transformaciones profundas que necesitamos.

Dos grandes oportunidades se abren ante nosotros al inicio de la segunda década del siglo XXI. El más valioso recurso natural para el mundo de este milenio es el agua para beber, bien escaso en muchas partes del orbe y abundante en el subsuelo yucateco. El "oro azul", cuidado y explotado responsablemente, puede convertirse en fuente de riqueza.

La otra oportunidad está vinculada a la situación geográfica del estado de Yucatán, que le otorga ventajas comparativas para su participación en los flujos de mercancías entre el norte y el sur del continente americano e, incluso, con otras regiones más distantes como Europa. No se trata del puerto de altura, sino del aire, de los cielos yucatecos abiertos casi todo el año al tráfico aéreo; de los dos aeropuertos -Mérida y Kaua, en particular este último-, que tienen capacidad para el manejo de grandes volúmenes de carga. Si en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) se planteara un proyecto de este tipo, Yucatán podría quedar como un "hub" (concentrador), enchufe continental de carga aérea, lo que introduciría al estado en una nueva dinámica de prestación de servicios de "nueva generación", asociado al sistema de distribución e intercambio de mercancías a escala mundial.

2012 trae consigo la renovación de las autoridades, federales y estatales. Es también una oportunidad para reconstruir la autoridad moral de quienes nos gobiernan, seriamente menguada por los excesos de los actuales funcionarios. Ya se registran atisbos de involucramiento de la sociedad en el quehacer del gobierno, en la exigencia para la rendición de cuentas: hay que fortalecerlos. Como ciudadanos, esto nos lleva a replantear nuestro papel. Ello implica abandonar el silencio cómplice y temeroso, preservador del statu quo, y cambiarlo por una alerta permanente sobre los asuntos públicos, que motive una participación creciente de la sociedad en las cuestiones que nos involucran a todos. ¡Feliz 2012!- Mérida, Yucatán.

Mérida y sus dos alcaldesas. Ni Ana Rosa, ni Angélica

2011-12-28T14:58:00.000-08:00

El pasado domingo el Diario de Yucatán dio a conocer el primer sondeo de opinión sobre las preferencias electorales de los yucatecos, realizado por cuenta del Grupo Megamedia. Los resultados en general no arrojan sorpresas: el PRI lleva la delantera con casi cinco yucatecos de cada 10 (46.7%) dispuestos a votar por sus candidatos, y sólo dos (21%) con determinación manifiesta de sufragar por el PAN. Sin embargo, si acercamos la lupa encontraremos diferencias interesantes y significativas entre los ciudadanos de Mérida, y los del interior del estado. En todas las respuestas de los encuestados en esta capital hay una especie de "castigo" al PRI, y ¡oh, sorpresa!, también al PAN, pues en ambos casos los partidos registran una menor intención de voto que en los otros 105 municipios yucatecos (44.8%/48.6%; 20.4%/21.6%, respectivamente).

Dos mujeres, Ana Rosa Payán (AP) y Angélica Araujo (AA), aspiraban a ser candidatas a gobernadora por el PAN y el PRI. Las dos, alcaldesas de Mérida; una, AA, en funciones. Las dos excluidas por los partidos que pretendían abanderar. Una, AP, por una calificación rigurosa de los requisitos para el registro (sólo así puedo considerar que no haya podido acreditar la C.P. Payán su residencia de tantos años en el fraccionamiento La Huerta). La otra, AA, porque con su actitud de subordinación a la gobernadora desperdició la oportunidad.

El "negrito del arroz" electoral de 2012 para el PRI es Mérida. Los ciudadanos de la capital no están conformes con la gestión ni de la gobernadora ni de la presidenta municipal. Por eso, sólo cuatro de cada 10 meridanos (43%) aprueban a Angélica Araujo y un poquito más, casi 5 (48.8%), el estilo de gobierno de Ivonne Ortega.

Es en esta capital donde se combinan con más claridad las deficiencias del gobierno con ciudadanos crecientemente críticos hacia las autoridades y hacia los partidos políticos en general. En el pasado, los errores y los vicios del PRI eran capitalizados casi en automático por su opositor histórico, el PAN. Ya no más. La encuesta sólo le pone números a una sensación creciente de insatisfacción con los resultados de los gobiernos y a la percepción de que el PAN aún no logra cuajar una oferta atractiva de cambio dirigida a los ciudadanos escépticos y cansados de las promesas incumplidas.

La mesa parecía puesta para Angélica Araujo. Su meteórica carrera desde el gabinete ampliado de la flamante gobernadora en 2007 la llevó a incursionar exitosamente como diputada federal por Mérida en 2009, cuando triunfó en el III Distrito, tradicional bastión panista. Poco después fue postulada candidata a la alcaldía, para lo cual tuvo que solicitar licencia a su diputación tan duramente ganada. De nuevo obtuvo la mayoría, poniendo fin a casi 20 años de gobierno panista en esta capital. El "tejido fino" de la candidatura a gobernador parecía acompañar a AA en todas sus actividades: publicidad con amplios recursos, cargos partidistas de relevancia nacional, como la presidencia de la Federación de presidentes municipales del PRI, entre otros.

El dilema de AA está (o estuvo) entre la independencia para ejercer a cabalidad el importante cargo de presidenta municipal de Mérida o la subordinación política indispensable para mantener su lugar en los afectos de la gobernadora, sin la cual consideró que hubiera sido imposible aspirar a la candidatura para relevarla en el cargo. Hay cercanías que asfixian: así sucedió con la alcaldesa cuando procedió a someterse a la instrucción de construir un polémico "paso deprimido" en la hoy Glorieta 4 de julio y, después, a aceptar sin decir "esta boca es mía" las consecuencias políticas de la brutal represión a quienes se manifestaron contra la obra. Allá comenzó el descarrilamiento de una candidatura que, hasta entonces, parecía marchar viento en popa. AA no fue candidata al gobierno de Yucatán y difícilmente lo será al Senado de la República.

Porque si la dirigencia nacional del PRI revisa la "letra chiquita" de las encuestas de opinión -que las tiene y muy buenas- se encontrará que el rechazo a AA de una parte importante de la ciudadanía de la capital del estado es un riesgo que no debería hacerles correr a sus candidatos a gobernador y a presidente de la República. Además, existe la promesa de la alcaldesa de Mérida de cumplir su mandato, para lo cual todavía le faltan nueve meses. Al PRI no le ha ido bien con presidentes municipales con licencia que compiten para un nuevo cargo, pues los ciudadanos se quedan descontentos ante lo que perciben como abandono de una responsabilidad y los gobernantes-candidatos, vulnerables ante el cúmulo de reclamos por promesas incumplidas.

En lo inmediato, AA y AP comparten una misma frustración. De sus decisiones en las próximas semanas dependerá el retorno efectivo para una -Ana Rosa- y para otra -Angélica-, abrir su propio camino de supervivencia política.- Mérida, Yucatán.

Partidos y candidatos, en vísperas de posadas.

2011-12-14T08:03:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

Conforme a la tradición, el próximo viernes 16 comienza la temporada de posadas. Los festejos y agasajos en las oficinas, las pastorelas y los festivales prenavideños son el sello de estos días. Las prisas para comprar los regalos y preparar la cena familiar del 24 concentran interés y esfuerzo de todos sus integrantes. Difícilmente hay algo que distraiga nuestra atención en esos días de la celebración por venir. Pero los partidos lo intentan, pues en los nueve días que anteceden a la celebración de esta Navidad estarán enfrascados en postular a sus candidatos para la elección del 1 de julio de 2012.

Para la gubernatura de Yucatán, el PRI y el PAN ya han expedido sus respectivas convocatorias. Hasta el domingo pasado, cuando se venció el plazo, Acción Nacional había recibido cinco solicitudes de registro, tres de ellas de militantes activos (Sofía Castro, Joaquín Díaz Mena y Alfredo Rodríguez) y dos aspirantes externos (Ana Rosa Payán y Antonio Ongay). Una vez resuelta la pertinencia de sus solicitudes, podrán iniciar una campaña interna que se prolongará hasta el 5 de febrero, cuando los militantes y adherentes de ese partido elegirán a quien habrá de ser su candidato o candidata al gobierno del estado.

Curioso caso el del PAN. Quien aparecía como la candidata más competitiva, Beatriz Zavala, reorientó su pretensión hacia la alcaldía de Mérida. Y al grupo de aspirantes panistas se sumó quien fue su adversaria en la elección de 2007, y a la cual se atribuyó en buena medida la derrota de entonces. ¡Qué bueno es dejar atrás rencores, si es para mejorar la calidad de la contienda electoral! ¡Qué preocupación para el PAN si los cálculos políticos de sus dirigentes lo llevan a concentrar su interés en Mérida, porque la gubernatura la ven muy difícil de ganar!

El PRI también ha expedido su convocatoria, aunque la incógnita a resolver en los próximos días es si se podrá materializar una "candidatura de unidad", lo que significa que los otros cuatro aspirantes acepten retirarse de la contienda. Rumores van y vienen con los nombres de quienes podrían participar. Así, se habla de cuatro legisladores federales (Jorge Carlos Ramírez, Rolando Zapata, Felipe Cervera y Cleominio Zoreda) y una diputada con licencia, actual alcaldesa de Mérida (Angélica Araujo). La fecha de registro del PRI coincidirá con la primera "cruda" de posadas, el 17 de este mes. Si finalmente, y contra los esfuerzos de negociación política, se registrara más de un precandidato, el PRI dispondrá de un plazo para realizar proselitismo, que va del 18 de diciembre al 11 de febrero.

El PRI se juega mucho en estos días. La negociación interna por las candidaturas de "unidad" debe estar "al rojo vivo". Ya veremos muy pronto los resultados. Imponer a ultranza a una sola persona sin considerar condiciones específicas y costumbres de la localidad puede tener un alto costo. El largo trecho de cuatro meses entre la formalización de la candidatura, los registros y la campaña es "caldo de cultivo" de inconformidades, que incluso puede llevar hasta buscar cobijo en otra organización política que le proporcione el registro para competir y ganar bajo sus siglas.

Aparentemente, el "pastel" a repartir en la negociación es muy suculento. Están las dos candidaturas al Senado; cinco, a las diputaciones federales de mayoría, además de las posiciones locales en el Congreso, las candidaturas a los ayuntamientos -presidencias municipales y regidurías-, que permitirían "consolar" a los que no logren ser candidatos al gobierno del Estado. Pero en política dos más dos no suman cuatro. Los orgullos heridos, los supuestos compromisos incumplidos pueden generar en cualquier momento escenarios de ruptura y enfrentamiento.

De cualquier manera, después de su elección interna, ni los partidos ni sus candidatos podrán hacer proselitismo, es decir, campañas, sino hasta que hayan llegado las fechas de registro ante el Instituto Electoral del Estado, que van del 1 al 15 de abril. Quiere decir que no podrán aparecer en los medios de comunicación con su publicidad y propaganda; que no podrán efectuar visitas a los municipios ni realizar reuniones públicas para conseguir o ampliar el número de sus seguidores. La pena que tiene la Ley Electoral para quien transgreda esta norma es rigurosa, pues podría llevar hasta la negativa del registro de su candidatura para quien la haya violado. Pero el lapso de "abstinencia" es demasiado largo, lo que representa un doble peligro: por una parte, la realización casi clandestina de las actividades de los candidatos y de los partidos; y por otro, la falta total de supervisión del Ipepac.

Y es que el órgano responsable de las elecciones yucatecas, "... ni ve ni oye...". Ni supo contar los excesos de gastos de campaña de 2010 ni contener la propaganda extralegal. Cuestionado por sus propios integrantes, el Consejo del Ipepac está debilitado y en entredicho su imparcialidad. Nada indica que su actuación vaya a mejorar en 2012.

La "piñata" de las candidaturas está a punto. Sólo resta desear que los partidos políticos sepan cantar la ronda infantil que acompaña su ruptura:

"... Dale, dale, dale,

no pierdas el tino.

Porque si lo pierdes,

pierdes el camino...".

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Políticos-escritores: una oportunidad. Leerlos vale la pena

2011-12-08T07:58:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

Dos hechos recientes hicieron que la opinión pública yucateca prestara atención al tema de los libros y los políticos. Primero, la presentación del libro "Democracia Republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana", que realizó el ex presidente Carlos Salinas de Gortari en la Uady ante el rector y el Consejo Universitario en pleno, que dio lugar al rechazo de un grupo de universitarios por su presencia en la sede de nuestra máxima casa de estudios.

El otro acontecimiento que recibió amplia difusión en la prensa escrita y en las redes sociales fue la serie de errores que cometió Enrique Peña Nieto en la conferencia de prensa que ofreció en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la más importante de América Latina. Peña Nieto había acudido a presentar su obra: "México: la gran esperanza. Un Estado eficaz para una democracia de resultados". Varios ex presidentes de México han sido autores de obras que defienden o dan versión de su administración. Como José López Portillo con su más conocido "Mis tiempos" de 1988, aunque todavía en vísperas de su muerte (2004) dio a conocer un conjunto de ensayos, "El súper PRI" (2002).

La gran ventaja de que haya políticos que escriben libros estriba en que se puede conocer su pensamiento, sus opiniones y puntos de vista plasmados en las numerosas hojas de esos libros. La limitación está en que su producción literaria se genera, en su enorme mayoría, a posteriori, cuando han concluido sus encargos.

Resulta buena noticia constatar que la elaboración y publicación de libros está adquiriendo "carta de naturalización" entre los políticos, en particular entre los precandidatos a la Presidencia de la República para el cada vez más próximo 2012. Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota habían publicado previamente: López Obrador, un total de 10 diferentes títulos, el primero de los cuales se editó en 1986: "Los primeros pasos: Tabasco, 1810-1867"; y Vázquez Mota, con el libro de autoayuda "Dios mío, hazme viuda, por favor". En cambio, es la primera incursión en el mundo editorial para Enrique Peña Nieto. Los tres personajes han presentado recientemente sendas publicaciones vinculadas a su aspiración de gobernar a México, en las cuales plasman su visión sobre los problemas del país y sus propuestas de solución.

López Obrador publicó en 2010 "La mafia que se adueñó de México... y el 2012". En sus cuatro apartados denuncia "El saqueo", la "Corrupción y pobreza" que se han adueñado del país; señala su aportación en "La resistencia y el peregrinar por el país" y presenta su propuesta para superar la desigualdad y la marginación en que vive la mayoría de los mexicanos.

Josefina Vázquez Mota suma a su singularidad de mujer con posibilidades de ser postulada a la presidencia por un partido competitivo (en este caso, el PAN que está en el gobierno) su visión y empeño para entrevistar a 22 personajes de la vida política y económica internacional, y que son la materia prima del libro "Nuestra oportunidad. Un México para todos". A partir de los planteamientos de los entrevistados y los comentarios de la autora, pretende "... contribuir a un debate con mayor riqueza..." que genere los liderazgos políticos indispensables para darle rumbo al cambio.

El libro de Enrique Peña Nieto está dividido en ocho capítulos y una introducción, donde plantea las medidas a su juicio necesarias para que "... los derechos pasen del papel a la práctica... el país crezca conforme a su verdadero potencial económico (... y para...) Recuperar nuestro liderazgo como potencia emergente...". Ningún aspirante o candidato del PRI había arriesgado previamente a su postulación una propuesta programática. Que sea Peña Nieto, su virtual candidato a la Presidencia de la República, el primero le confiere un gran peso político a este hecho, aun con la salvedad de que "... no es una oferta de gobierno sino un conjunto de ideas para el futuro del país...". Sería, sin lugar a dudas, el hilo conductor de su gobierno si obtiene la victoria electoral en 2012.

¡Qué bueno que escriban libros, que debatan y presenten propuestas! Si es mercadotecnia para fraguar una imagen, poco importa. Si en algún caso, es su "Ghost Writer" o "escritor fantasma" quien en realidad lo haya formulado, lo que dicen y critican, lo que adelantan o plantean, es responsabilidad de cada uno de ellos.

Me uno al llamado que Freddy Espadas formuló en estas páginas para que, cuando menos, estos tres políticos-escritores presenten sus obras en la Uady ante el rector y el Consejo Universitario con las puertas abiertas a todos los ciudadanos que quieran enterarse y participar. Representan a las tres fuerzas políticas más importantes; sus trabajos son serios, publicados por destacadas editoriales (Aguilar, Random Mondadori, Grijalbo). Sería una invitación intachable y que contribuiría sin duda a sustraer a la política de la banalidad y de la mercadotecnia, aunque fuera por un rato.- Mérida, Yucatán. TW: @DulceSauri

El otro lado del espejo. Las debilidades del desarrollo yucateco.

2011-12-08T07:42:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

Quizá la mayor debilidad de Yucatán sea la situación de pobreza en que vive la mayoría de sus habitantes. Son los mayas yucatecos quienes la padecen. Están en las pequeñas localidades dispersas, pero también en la concentración urbana más importante del estado: Mérida y los 13 municipios que la conforman. Pobreza significa marginación y exclusión social, falta de oportunidades de educación y de acceso a los servicios de salud. También elevado grado de analfabetismo, en particular entre los adultos mayores; se refleja también en la desnutrición infantil. La milpa tradicional ya no proporciona alimentación básica a las familias campesinas que aún se dedican al cultivo de la tierra y menos los ingresos son suficientes para adquirir lo indispensable para la subsistencia: comida, ropa, medicinas y una vivienda.

En los sectores productivos predominan las actividades tradicionales con escaso valor agregado. En el campo, además de la declinación de la producción de maíz, hay abandono de proyectos hortícolas, de la fruticultura y la ganadería de traspatio, a consecuencia de la falta de programas gubernamentales para apoyarlas y fortalecerlas.

Numerosas fábricas yucatecas, micro y pequeñas, adolecen de la falta de crédito y tecnología moderna que les permitiese operar en condiciones de competitividad. Hay reducida participación de empresas de alta tecnología, las denominadas de la "economía del conocimiento". En consecuencia, la capacidad de la economía yucateca para generar empleos estables, con salarios dignos, está seriamente limitada.

No hay suficiente trabajo para los egresados de los centros de educación superior. Son ingenieros, abogados, arquitectos, comunicólogos o maestros, pero laboran como vendedores de medicinas, taxistas o empleados de comercio, ante la falta de oportunidades para ejercer su profesión. Muchos emigran a Quintana Roo o se van a los Estados Unidos. Así, numerosos pueblos se quedan casi deshabitados o sólo con niños y ancianos durante la semana, pues los hombres y las mujeres cada vez en mayor grado, se tienen que trasladar para encontrar una oportunidad laboral.

En contrapartida, faltan técnicos medios y personal capacitado para proporcionar numerosos servicios que demanda la economía urbana. La vinculación entre los centros educativos y los de investigación y las universidades es insuficiente. Por otra parte, la "economía informal" se expande, sin seguridad laboral para quienes participan y la evasión del pago de los impuestos que le corresponden. La dificultad para abrir negocios por los excesivos trámites permanece como un poderoso incentivo para sumarse a las filas de la "informalidad".

El "desarrollo sustentable", en relación con el medio ambiente y los recursos naturales, se mantiene en el terreno de las buenas intenciones. Carecemos de políticas públicas que se traduzcan en acciones concretas. La depredación de los escasos recursos forestales y la sobreexplotación de otros, como los pesqueros, se suman a las insuficientes medidas de preservación.

El puerto de altura de Progreso opera con baja eficiencia. Por una parte, la ausencia de una espuela de ferrocarril encarece las maniobras de carga y descarga de las embarcaciones; por otra, el inconcluso proyecto de la Plataforma Logística ha impedido la plena utilización de su capacidad. La comunicación ferroviaria con el centro y norte del país es la gran debilidad de la infraestructura de apoyo a la producción yucateca. Primero, lento; interrumpido después, el ferrocarril permitiría trasladar insumos a las fábricas y enviar productos terminados con menor costo de transportación que a través de las carreteras.

El aeropuerto de Mérida está subutilizado, tanto por el número de vuelos y de pasajeros que recibe, como por la carga que mueve. Ha disminuido significativamente la comunicación aérea internacional: sólo permanecen los vuelos a Miami y a Houston tres y cuatro veces por semana, respectivamente. El aeropuerto de Kaua está virtualmente abandonado, sin destino cierto, pese a la cuantiosa inversión realizada.

Los gobiernos del estado y de los municipios de Yucatán arrastran una gran debilidad fiscal, consecuencia de su baja capacidad para recaudar impuestos. En alto porcentaje dependen de sus participaciones en ingresos federales. Esto se suma al ineficiente y opaco ejercicio del gasto público, la falta de inversiones en infraestructura productiva, el gasto superfluo, y a la tendencia creciente a sobreendeudarse. La corrupción que parece haberse adueñado de importantes sectores de la administración pública tiene también un alto impacto económico, además de serias consecuencias en la moral colectiva. Se registra el predominio de las operaciones especulativas, como la compraventa de tierras en sitios cercanos a las zonas urbanas, en vez de la inversión productiva en fábricas y servicios, como turísticos, financieros, de salud, entre otros.

Las mujeres yucatecas aún registran una insuficiente integración al trabajo remunerado. Bien por necesidades económicas, pues son jefas de familia que mantienen su hogar, o por determinación de ejercer la profesión para la cual se prepararon, muchas mujeres -cuatro de cada 10 en edad de trabajar- son empleadas, obreras, trabajadoras o empresarias, en condiciones de desventaja con respecto a los hombres. Éstas son, desde mi particular punto de vista, las principales debilidades que encuentra Yucatán para ser un "estado moderno". A éstas habrá que sumar las amenazas, tema a revisar la próxima semana.- Mérida, Yucatán. TW: @DulceSauri

En el PRI no hubo saldo blanco

2011-11-25T09:26:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho (Diario 24 horas, noviembre de 2011 http://www.24-horas.mx)

La elección de su candidato a la Presidencia de la República ha sido complicada para el PRI desde hace mucho tiempo. Ser partido en el gobierno había dejado de garantizar tersura en el proceso y resignación para los perdedores. Se habían intentado varios caminos: desde la “pasarela” de 1987, la negociación interna a la vieja usanza de 1993, hasta la elección abierta, con voto incluido, de 1999. La derrota del año 2000 sólo acentuó los problemas en 2005, cuando el presidente del partido, árbitro y juez de la contienda, decidió ungirse él mismo. El descalabro de 2006 mostró que ni las bases del PRI ni los electores confiaban en una dirigencia que hizo del enfrentamiento y de la fractura interna sus armas de lucha.

Sin el “semillero” de precandidatos que representaba el gabinete presidencial, desde el primer sexenio de la alternancia fueron los gobernadores y los líderes de la bancada en el Senado los nuevos protagonistas. A la división interna se atribuyeron todos los descalabros. ¿Qué hacer entonces, de cara al 2012, para “blindar” al PRI? Y como para los priistas no hay aroma más seductor que el que emana de Los Pinos, la negociación interna comenzó desde años atrás, para sumar, establecer alianzas adentro y afuera, y lograr ¡finalmente! una candidatura de “unidad”.

Enrique Peña Nieto superó todas las pruebas electorales; concluyó oportunamente su gestión para participar, en medio del aplauso general. Como en 2005, desde el liderazgo del Senado, el coordinador del grupo parlamentario se anotó. Manlio Fabio Beltrones también tiene logros significativos en su haber político, más meritorios si cabe, por haberse obtenido desde una posición minoritaria, con apenas 33 integrantes del grupo parlamentario.

Parecía sólo un movimiento táctico del Consejo Nacional la elección de la consulta abierta como el método para postular al candidato a la Presidencia de la República. Así nadie podría reprocharle al PRI cerrazón o conciliábulos para tomar decisiones. Se establecía la posibilidad, aunque la intención era que sólo uno cruzase la puerta del salón de las inscripciones. Entre principios de octubre y la fecha de expedición de la convocatoria, se aceleraron las negociaciones y la construcción de acuerdos. En un momento, hubo la sensación de que sí habría competencia entre dos aspirantes. Serviría para aprovechar el tiempo y los recursos disponibles, de acuerdo al Cofipe, para las precampañas.

Algo se debe haber descarrilado. Una convocatoria “mocha”, que justo cercenó el párrafo para limitar la anticuada “cargada”. Un convenio de coalición donde uno de los tres partidos -Nueva Alianza- condiciona su participación a la no postulación de Beltrones. Un reparto de posiciones entre los partidos coaligados punto menos que inexplicable, a la luz de las encuestas que señalan una clara ventaja para el PRI hacia 2012.

Manlio Fabio Beltrones decidió no inscribirse. No participará en la elección interna del PRI. Su carta de declinación da algunos atisbos de la intensidad de las presiones al interior del partido. No hubo “saldo blanco”. La profundidad de las heridas y el tiempo para sanarlas están por verse. En esta etapa, Marcelo y Manlio se hermanan. Los dos, con su renuncia, creen contribuir a su causa y a mejorar las posibilidades de triunfo de sus respectivas fuerzas políticas.

Al menos por un momento, déjenme ilusionarme en que hay políticos en México que practican la generosidad, que no todos buscan imponerse, así sea sobre las cenizas de los sueños de millones de leales militantes.

Yucatán: fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades

2011-11-25T09:25:00.000-08:00

NECESARIO DEBATE

Dulce María Sauri Riancho

Hace unos días fui invitada a entablar un diálogo con un grupo de jóvenes estudiantes de Arquitectura de la Universidad Marista. La pregunta a responder era si Yucatán puede ser un "estado desarrollado", si tenemos condiciones para aspirar a mayores y mejores niveles de bienestar. Y sobre todo qué tendríamos que hacer para lograr los cambios indispensables para alcanzar ese objetivo.

El método FODA ayuda para aclarar las ideas. No es otra cosa que identificar las Fortalezas, reconocer las Debilidades, detectar las Amenazas y, sobre todo, vislumbrar las Oportunidades que se presentan. En este caso, se trataría de plantear el FODA para Yucatán, como una manera de contribuir al indispensable debate ciudadano con miras a las elecciones del próximo año.

Como el desarrollo completo de la denominada "matriz FODA" excede con mucho el generoso espacio disponible, decidí dividir la presentación en cuatro partes. La primera es la relativa a las Fortalezas que tiene nuestra entidad, mucho más allá del discurso nostálgico sobre la perdida riqueza henequenera y la herencia colonial del lamento por la pobreza del suelo o el alejamiento (físico y presupuestal) de Yucatán de los centros del poder político y económico.

En la región Sur-Sureste de México, Yucatán es el estado con mayor equilibrio entre sus sectores productivos. Aun con el descenso de la producción agropecuaria por la falta de atención al campo, la pesca, la industria de transformación, los servicios: turísticos, educativos y de salud, se proyecta una economía diversificada.

Otro elemento muy valioso es la integración peninsular, tanto en materia económica como social. El crecimiento de la actividad petrolera en Campeche y el turismo masivo en el Norte de Quintana Roo han apuntalado a la economía yucateca en los últimos años.

La ubicación geográfica de Yucatán, en la parte norte de la península, penetrando en el Golfo de México, propicia la relación económica y cultural con la región de Centroamérica y el Caribe, así como también con la costa este de los Estados Unidos.

Yucatán tiene una amplia y bien consolidada infraestructura productiva y de comunicaciones. La red carretera cubre el estado y la ausencia de ríos, barrancas y montañas ha contribuido a extender los caminos hacia todos los rincones de la entidad. Contamos con el puerto de altura de Progreso, dos aeropuertos -Mérida y Kaua- con condiciones de excelencia para la operación de pasajeros y de carga. Las telecomunicaciones están al alcance de la mayoría de la población, con la única limitante del precio de sus servicios.

El denominado "Bono Demográfico" permite tener la más numerosa generación de jóvenes yucatecos, muchos de ellos con una escolaridad más elevada que sus padres, pues han podido asistir a las escuelas de educación técnica y a las universidades, en Mérida y en varias ciudades del interior del estado. Además, con la UADY, el Cicy, el Cinvestav, el Ciesas y otros más, se ha conformado una red de universidades (89 en el estado) y centros de investigación científica y tecnológica (24 establecidos en la entidad) suficientemente amplia para atender los retos de la Sociedad del Conocimiento, por lo menos en su etapa inicial. La identidad yucateca, ese sentido de pertenencia a una cultura y a una sociedad con sus propias características, es también una fortaleza. Le da base y sustento a la cohesión social, donde el reconocimiento al valor del pluralismo cultural -maya, mestizo, mexicano- tiene un valor central.

La sociedad yucateca ya experimentó un proceso de reconversión económica, que fue el fin de la dependencia casi absoluta de la actividad henequenera, y la consiguiente diversificación productiva. El complejo proceso de adopción de nuevas actividades económicas y de una forma diferente de organización social para la producción, reflejan la capacidad de los yucatecos para la innovación y el cambio. Esta misma sociedad ha vivido dos procesos de alternancia electoral, cuando el PRI perdió la gubernatura en 2001 y el PAN en 2007, en forma tersa, sin alteración del orden institucional, y ése es otro factor positivo a considerar.

Cuando se aproxima una elección de gobernador, se despierta el interés por conocer el nombre de la persona postulada para el cargo, en particular si representa al PRI o al PAN. Todavía poco, pero cada día con mayor intensidad, comienza a abrirse paso en el debate ciudadano la necesidad de conocer qué se proponen realizar si triunfan, más allá de disfrutar de las "mieles del poder", ellos y sus allegados. Como ha quedado patente, la matriz FODA puede ayudar a realizar el análisis y a desentrañar el misterio que acompaña a cada candidato.

La próxima: Las Debilidades de Yucatán.- Mérida, Yucatán.

"Actúa por Yucatán", aire fresco

2011-11-18T09:48:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

El domingo pasado sucedió un hecho inédito en la política yucateca. Un centenar de personas, en su mayoría empresarios, decidieron unirse y expresar su voz en un desplegado suscrito por ellas y publicado en los medios de comunicación locales.

Su carácter extraordinario está en la forma de intervención: abierta, clara, nombres incluidos y planteamientos precisos en sus demandas. Este grupo se decidió a dejar atrás los conciliábulos desde los cuales se intentaba influir en los asuntos colectivos, sin dar la cara abiertamente ante la sociedad, y optó por la expresión pública de sus opiniones. El mero hecho representa el inicio de una "revolución cívica" en las actitudes tradicionales del empresariado yucateco ante los asuntos político-electorales.

El manifiesto va dirigido: A la Opinión Pública, a los Partidos Políticos, a las Organizaciones Cívicas, a todos los ciudadanos. En este llamado inicial, los únicos excluidos son los gobiernos en sus tres niveles: federal, estatal, municipal, al ser éstos los principales enjuiciados.

El cuerpo del desplegado abre con una inquietante pregunta: ¿Está la sociedad yucateca condenada? La cita que lo acompaña parece afirmar que sí al consignar que: "... cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio...", significa que el abismo social está cerca de nosotros.

Pero de inmediato exhorta: ¡Despierta, ciudadano!, para evitar la caída al precipicio de la indiferencia y el cinismo. Recuerda entonces que los ciudadanos tienen la obligación de involucrarse en la búsqueda del bienestar colectivo, que este empeño no es sólo tarea del gobierno.

Hace un crudo diagnóstico de la política en México y en Yucatán, al afirmar que la sociedad está secuestrada por la dictadura de los partidos políticos y plantear el choque que se da entre los intereses del gobierno y los de la sociedad: "... Nuestras leyes contemplan dos tipos de ciudadanos: los que estamos obligados a respetarlas y los gobernantes a quienes se les permite cometer toda clase de ilícitos sin castigo alguno...". Es decir, gobernantes a los cuales no se les reconoce el principio fundamental de legitimidad, indispensable para ostentar la representación de la sociedad, que han perdido por sus acciones como funcionarios.

Hace un recordatorio de una responsabilidad fundamental de la ciudadanía frente al gobierno que se conformó mediante su voto, al reiterar la intransferible obligación de vigilar y denunciar a los malos funcionarios. Pero urge a los ciudadanos a unirse para proteger de las represalias gubernamentales a quienes se decidieron a dar la cara, y cumplir lo que a su juicio, es un deber cívico intransferible e impostergable.

Como un inicio de solución a este conjunto de problemas, los firmantes del manifiesto proponen la participación ciudadana en la vida política mediante candidatos independientes de los partidos. No obstante, se reconoce la imposibilidad legal de postularlos directamente, al no haber concluido oportunamente la reforma electoral que los contempla, por lo que será necesario recurrir a los cuestionados partidos políticos, única vía para las candidaturas en 2012.

Este grupo define su misión a partir de la promoción, el aliento y apoyo a las candidaturas ciudadanas, interesando a los mejores hombres y mujeres a participar en la contienda electoral para ganar cargos de representación popular. Atrás subyace la revisión de la posible oferta de candidatos que harán los partidos para la contienda. A este grupo ciudadano no parece animarle aspirante alguno entre los que se mencionan para las candidaturas próximas, comenzando desde luego con la del gobierno del Estado.

Al mismo tiempo, expone una exigencia dirigida a las instituciones que por su naturaleza democrática son los contrapesos de la sociedad para evitar los excesos del poder público, como Ipepac, Inaip, Comisión de Derechos Humanos: que queden, "... tal y como fueron concebidas...", bajo el control de los ciudadanos y no sujetas a la voluntad de los partidos políticos. Otra interesante toma de posición respecto a la situación actual de estos organismos.

La invitación es abierta a toda la ciudadanía, para sumar a todos los que crean que hay que retornar el poder a los ciudadanos. Un papel destacado le otorgan a la generación de propuestas, planteamientos e ideas "... que todo aquel que aspire a ser representante popular deba cumplir...", para incorporar "... sin pretextos las propuestas ciudadanas y sea la sociedad la que vigile y exija su cumplimiento...".

No faltará quien de antemano descalifique este "manifiesto cívico", como los firmantes lo nombran, aduciendo varios argumentos que van desde su identificación con algún partido político opositor al gobierno (PAN), o que todo lo que acontece se debe a la proximidad de la contienda electoral. Quizá más lejos, alguno se atreva a afirmar que actúan por cuenta y orden de la oposición política local, en su afán de descarrilar el seguro triunfo del PRI para 2012.

El tiempo y la ciudadanía yucateca dirán cuán lejos y cuán fuerte incide esta propuesta, inédita en la vida política de nuestra entidad, tal vez del país. Por lo pronto, sienta un sano precedente: no más oscuridad, rumores y maniobras para buscar influir; no más críticas soterradas, murmuradas en las salas de las casas y en los cafés. ¡Bienvenida! Ventila el ambiente y mejora, de entrada, la calidad de la competencia próxima.- Mérida, Yucatán.

La gran diferencia entre ganar o perder

2011-11-11T07:41:00.000-08:00

Procesos internos municipales: ¡mucho ojo!

Dulce María Sauri Riancho

En menos de ocho meses, el 1 de julio del año próximo, habrá elecciones. En Yucatán por primera vez se elegirán a todos los representantes populares: Presidente de la República, diputados, senadores, gobernador o gobernadora del Estado, diputados y ayuntamientos de los 106 municipios. Esto es: baraja política completamente nueva.

Fue en las elecciones de 2007, cuando ganó la gubernatura Ivonne Ortega, la última ocasión en que el proceso estatal estuvo separado de las elecciones federales. El Congreso del Estado en 2006, anticipándose a la determinación que habría de adoptar su homólogo federal más de un año después, definió que desde 2012 los procesos electorales local y federal se celebrarían en una misma fecha, el primer domingo de julio de cada tres años.

Estamos ante un escenario inédito, sin antecedentes que permitan pronosticar el comportamiento de los ciudadanos y de las autoridades electorales que, aunque concurrirán a las urnas y organizarán los procesos, tendrán responsabilidades separadas. Por ejemplo, ese domingo 1 de julio se instalarán ¡dos mesas de votación en cada casilla!, una por cada elección; además de los funcionarios, cada una de ellas tendrá representantes de cada partido. Esto implica un gentío sólo en lo que atañe a la instancia encargada de recoger los votos de los ciudadanos.

Claro que todo esto pudo haberse evitado si el Ipepac (Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana) hubiese suscrito un convenio con el IFE (Instituto Federal Electoral) antes del 1 de septiembre, como prevé la Ley, para que este último se hiciese cargo de organizar todo el proceso simultáneamente, sin limitarse tan sólo a proveer las listas nominales de electores para la contienda local. Pero parece que las autoridades del Ipepac no se sienten cómodas con el Consejo estatal del IFE que está formado por connotadas personalidades de trayectoria independiente de los partidos políticos y, por lo tanto, difícil de controlar.

Lo cierto es que a partir del 1 de diciembre, fecha en que comienza el proceso electoral local (el federal se inició desde el 8 de octubre), los funcionarios electorales y los partidos políticos comenzarán formalmente los trabajos para tener a punto la estructura y la organización -en el caso del Ipepac-; y los partidos, a sus candidatos y su maquinaria política.

Por influencia de los medios y por conveniencia de las "cúpulas" partidistas, hasta ahora la atención ciudadana ha estado puesta en los aspirantes a las candidaturas a la Presidencia de la República y al gobierno de Yucatán. Casi nada se ha reparado en los municipios y las pugnas políticas que de tiempo atrás mantienen los interesados en las presidencias de los ayuntamientos que también se votarán.

En los 106 municipios se vive una gran efervescencia previa a las postulaciones. Los partidos políticos con mayor presencia en el estado -PRI y PAN- tienen varios meses ocupados en la "auscultación", para tratar de reconocer a la persona -hombre o mujer- que pueda garantizarle un triunfo en las urnas. Saben bien que un error de apreciación o una imposición que elimine a un posible ganador es veneno puro que puede costarles el triunfo en el municipio y quizá en el mismo distrito electoral, cuando se trata de los ayuntamientos que "pesan" por su nutrido padrón de votantes.

En tanto, los aspirantes a presidir los ayuntamientos 2012-2015 salen casi hasta debajo de las piedras. Algunos realizan sus propios cálculos políticos: hay que intentar ser candidato a la presidencia municipal para alcanzar, al menos, una regiduría. Otros más están convencidos de que si no son postulados por su partido podrán obtener registro de otra organización política, más pequeña o débil a nivel estatal, pero con la suficiente fuerza para imponerse en el municipio si lleva un candidato o candidata de arraigo, además víctima de su partido de origen. Atrás quedaron los tiempos en que un aspirante marginado se quedaba a rumiar su desgracia, en espera de que los tres años transcurrieran rápidamente para intentarlo de nuevo.

Es una incógnita lo que sucederá con la concurrencia de las elecciones locales y federales. Se dice que si la campaña presidencial es muy fuerte y su candidato muy atractivo (como fue el caso de Fox en 2000) arrastrará al triunfo a los candidatos locales de su mismo partido, sin importar demasiado su propia influencia. Pero también hay experiencias en sentido contrario. Cuando se encadenan las malas decisiones a nivel municipal con candidaturas débiles al gobierno del Estado pueden precipitar la derrota del mismo candidato a la Presidencia de la República, al menos en ese municipio y hasta en la misma entidad federativa. Y como cada voto cuenta, como lo vimos en 2006, ya podemos imaginar la importancia de un proceso interno exitoso para postular a esos aspirantes a ganar al frente de las planillas de los 106 ayuntamientos.

En conclusión, ni el PRI ni el PAN pueden menospreciar el valor político de ningún municipio, así sea de los más pequeños. Tal vez en esas urnas esté la diferencia entre ganar o perder la gubernatura del Estado y en rendirle buenas o malas cuentas al candidato o candidata a la Presidencia de la República. ¡Mucho ojo!- Mérida, Yucatán.

La lucha contra el Aedes

2011-11-03T11:29:00.000-07:00

Ciudadanos culpables, autoridades omisas: ¿quién cambió?

Dulce María Sauri Riancho

Año tras año la proliferación de mosquitos acompaña a la temporada de lluvias. Algunos sólo ocasionan molestas picaduras; otros, los menos, son transmisores de graves enfermedades que afectan a los humanos.

Huelga decir que los mosquitos anopheles (portadores del paludismo) y aedes aegypti (transmisores de la citada fiebre -los silvestres- y del terrible dengue -los urbanos-) sobrevivieron con diferente intensidad en las distintas regiones tropicales del mundo y continuaron causando estragos en la salud de sus habitantes. En México, después de acabar con el paludismo en 1963, muchos años más tarde se presentaron casos aislados. No así con su primo hermano, el aedes, portador del dengue, que retornó con particular fuerza en la década de 1980.

Las campañas de erradicación del mosco transmisor del dengue (clásico y hemorrágico) han sido en los últimos 20 años un elemento fundamental para proteger la salud de los habitantes de los estados con clima "tropical", es decir, cálido y con muchas lluvias, combinación idónea para la proliferación de estos insectos. Entre 1957 y 1963, sin la infraestructura de comunicaciones y transportes de la que ahora disponemos, con instituciones de salud mucho menos fuertes y con pocos recursos económicos, el país acometió la tarea de fumigar casa por casa, en casi la mitad del territorio nacional, con el objetivo específico de eliminar desde los huevecillos hasta los adultos del mosco anopheles. Todavía recuerdo la noche que pasamos en casa de mi abuela, pues nuestro hogar había sido fumigado y no podíamos entrar antes de un día. Las letras CNEP (Campaña Nacional de Erradicación de Paludismo) marcaron la puerta de todas las casas yucatecas por un buen número de años, señal de haberse verificado la visita de las brigadas sanitarias.

Entonces y después, lo más importante eran y son las tareas de prevención. Cada vez que el gobierno baja la guardia, un rebrote nos recuerda lo fundamental que es la descacharrización oportuna, la recolección de la basura, en especial llantas usadas, y su correcta disposición. Desde la década de 1990 las camionetas blancas con sus bombas fumigadoras se volvieron parte habitual del paisaje de la madrugada citadina y la campaña para limpiar la casa y sacar la basura antes de que comenzaran las lluvias se volvió sana costumbre que descansaba en la certidumbre de que las autoridades hacían su parte.

Si durante varios lustros se estableció una especie de práctica social para protegerse del dengue; si las autoridades diseñaban las campañas y ponían los medios de motivación y coerción para hacerlas efectivas, ¿dónde y por qué se quebró la colaboración entre ciudadanos y gobierno, con las consecuencias de un peligroso repunte del número de casos de dengue y una lista de fallecimientos que parece aumentar todos los días a pesar del confuso manejo de cifras?

Para el secretario estatal de Salud todo es causa de la desidia y falta de colaboración de los meridanos, porque no manejan adecuadamente su basura, porque almacenan agua que es criadero de moscos y, además, "... hay familias que rechazan a las brigadas...". Pensará el doctor Quijano que nos gustan los piquetes de mosquitos, que no nos importa sufrir la "fiebre rompehuesos" y acabar en un hospital rebasado, donde ni siquiera hay camas suficientes para recibir a los enfermos. Sugiere el diagnóstico del doctor Quijano que las madres no se alarman cuando a sus hijos pequeños los ronda un insecto y que los hijos no vean con zozobra a sus padres ancianos, que pueden ser víctimas fatales si llegan a contagiarse.

Además del reconocimiento del dengue y sus efectos graves en la salud pública de Yucatán, habría otra preocupación que representa igual o mayor importancia para una autoridad responsable del bienestar de sus gobernados. Es el reconocimiento explícito, de un alto funcionario de la administración estatal, del alejamiento, incluso la oposición de un amplio sector de ciudadanos, de los programas del gobierno. Lo que en términos actuales se denomina gobernanza.

En cuatro años en el estado, en año y medio en Mérida, ¿será posible que los ciudadanos hayan cambiado tanto y tan rápido, que han pasado de ser colaboradores y solidarios, a despreocupados e irresponsables sobre una cuestión que atañe a su propio bienestar? Más bien parece que la transformación la han vivido las autoridades. De seguir un programa de prevención, con pasos y acciones probadas en la experiencia de muchos años, pasaron a la improvisación y a los "recortes" presupuestales que impactaron las fumigaciones oportunas. De disponer de un conjunto de funcionarios de carrera, epidemiólogos capacitados, formados en la salud pública, ahora toman decisiones que atañen a la salud de todos los yucatecos: un especialista en medicina hiperbárica, otro en enfermedades de los camarones y para acabar de redondear, una joven médica general de 27 años, recién egresada de la escuela, nombrada responsable de la Jurisdicción Sanitaria 1, la que corresponde a esta capital. La doctora desplazada de esta posición clave es una reconocida epidemióloga. A falta de una explicación institucional quedamos en libertad de imaginar las razones de su remoción y de temer lo que viene en materia de sanidad.

Es lugar común: "... con la salud no se juega...". Ni en lo individual, mucho menos en lo colectivo. Por eso, en esta materia los errores de política pública se miden en vidas humanas, perdidas, lastimadas por falta de atención y por el sufrimiento. Es un dudoso lujo que ninguna autoridad debería darse. Reconsideren, por favor.- Mérida, Yucatán.

Juicio político y ciudadano

2011-10-27T14:35:00.000-07:00

La acusación contra la gobernadora

Dulce María Sauri Riancho

No es la primera vez que se presenta ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra un gobernador. En el caso de Yucatán, existe el antecedente de Ernesto Novelo Torres, quien gobernó entre 1942 y 1946, y más cercana en el tiempo, la demanda presentada contra Víctor Cervera Pacheco por el conflicto preelectoral de 2000. Huelga decir que ninguna procedió.

La semana pasada un grupo de siete ciudadanos acudió a esta figura que permite cuestionar el desempeño de los funcionarios de elección popular quienes de ser considerados culpables pueden ser destituidos de sus cargos e inhabilitados para desempeñar cualquier trabajo en la administración pública. Los impulsores del juicio político contra la gobernadora de Yucatán justificaron su demanda con cinco argumentos de violación a la Constitución: Gastos por encima del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado y manipulación de los estados contables para ocultarlo; irregular manejo de los créditos contratados por el gobierno, en particular el de $1,870 millones y el dudoso cumplimiento del mandato constitucional de destinar los recursos a la "inversión productiva"; obras públicas inconclusas, a pesar de tener los recursos asignados para terminarlas. En particular destacan los casos de los hospitales de Valladolid y Tekax; falta de transparencia y rendición de cuentas sobre los convenios con la Federación y el incumplimiento de las aportaciones estatales, además de la adquisición de los terrenos donde se ubica la zona arqueológica de Chichén Itzá a un precio muy por arriba del avalúo oficial; "violaciones graves a la obligación de preservar el orden público y garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos de los gobernados", por los lamentables hechos del 4 de julio en la glorieta de la colonia México.

El juicio político es una vieja institución del régimen constitucional mexicano. En su etapa reciente se han modernizado sus procedimientos para atender el carácter plural de la Cámara de Diputados y atemperar los excesos que permitían decretar la "desaparición de Poderes" en un estado casi por un "... quítame estas pajas...". Ahora, una vez ratificada la demanda -que se hizo dentro del plazo de tres días-, se deberá integrar la subcomisión de Examen Previo, con diputados de las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, quienes realizan una revisión crítica de los argumentos que sostiene la acusación. Si proceden, se turna la demanda a la Comisión Instructora, responsable de emitir el dictamen que se turna al Pleno de los 500 diputados para su análisis y votación.

Si una demanda de Juicio Político culmina con la procedencia de la acusación, entonces es turnada al Senado de la República para que éste emita la sentencia correspondiente. Tratándose del gobernante de un estado, el Congreso local actúa como juez, lo que significa que puede aceptar o desechar la acusación declarada como procedente por la Cámara de Diputados federal. Como tantas cosas en transición, nos fuimos de la utilización ligera de la figura del juicio político para dirimir problemas internos del grupo gobernante, al otro extremo: para que proceda una acusación se necesita un auténtico milagro, pues tienen que concurrir los intereses políticos de la mayoría de los diputados -en este caso del PRI- y la determinación del Congreso de la entidad federativa, que sería el de Yucatán.

Para tener una idea de la escasa posibilidad de que proceda un juicio contra un gobernante del PRI en esta legislatura, basta realizar un repaso a la integración partidista de las distintas comisiones de la Cámara de Diputados. En todas, por ser mayoría legislativa, el PRI predomina, casi el 50%. Sin embargo, la Comisión de Gobernación es presidida por un panista (Javier Corral), la de Puntos Constitucionales por uno del PRD (Alejandro Encinas) y la de Justicia por el PRI (Humberto Benítez). La Comisión Jurisdiccional está encabezada también por el PRI (César Augusto Santiago). Excepto en la subcomisión de Examen Previo, en todas las demás claramente el PRI es mayoría, como también en el Congreso de Yucatán, que sería el que emitiría la sentencia.

El Juicio Político -para destituir e inhabilitar- y el Juicio de Procedencia -para poner a disposición de los tribunales al funcionario con fuero- son figuras jurídicas hermanas, pero diferentes. El procedimiento es el mismo -decide el Pleno de los 500 diputados-, aunque su origen y sus efectos jurídicos son distintos. Aún así, entre 1983 y 2005 sólo procedieron dos juicios para levantar el fuero constitucional y permitir la actuación de los tribunales judiciales. El primero fue contra Jorge Díaz Serrano, senador entonces y ex director de Pemex. El otro fue contra Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal. Hasta la fecha, no ha culminado juicio político alguno.

No coincido con mis compañeros legisladores del PRI en la descalificación a priori de la petición de juicio político contra la gobernadora de Yucatán y de quienes la presentaron. Independientemente de que sólo en la Comisión de Puntos Constitucionales hay dos diputados yucatecos, ambos del PRI, que serían los únicos en condiciones de formar parte de la subcomisión de Examen Previo, Considero necesario que los diputados y senadores por Yucatán estudien a profundidad y detalle los argumentos presentados por los siete ciudadanos proponentes. Si son o no simpatizantes o militantes del PAN, o simples opositores al gobierno, no es relevante. Lo que importa es que reflejan el pensamiento y la percepción de un grupo de ciudadanos yucatecos sobre la actuación de sus autoridades, que decidieron acudir a la máxima instancia de representación nacional para hacer valer sus derechos.- Mérida, Yucatán.

Mujeres: igualdad, progreso, participación

2011-10-19T07:51:00.001-07:00

Más que las palabras, acciones.

Dulce María Sauri Riancho

La proximidad de dos aniversarios permite reflexionar sobre la situación y la condición de las mujeres en nuestra sociedad. El 15 estuvo dedicado a la "Mujer Rural", en tanto que el pasado lunes 17 se recordaron los 58 años de la publicación de la reforma constitucional que hizo posible el voto de las mujeres.

Mujeres rurales

Poco o nada se ha hecho para evitar el descenso de la producción agropecuaria del estado y el extravío general que padecen los funcionarios responsabilizados del sector. Y si el campo se encuentra entre el deterioro y el abandono, la situación de las mujeres rurales es aún más grave. El programa federal de Oportunidades apoya mediante transferencias monetarias la salud, la educación y la alimentación de un elevado porcentaje de las familias rurales yucatecas. Los programas de entrega de paquetes de pollitos, telas y semillas no son suficientes para atender el rezago y la marginación de las mujeres del campo. Una política pública comprometida significaría inversión en proyectos productivos, créditos, apoyo para la formación de empresas rurales y capacitación de sus socias, es decir, que ellas puedan generar sus propios ingresos, administrarlos y ganar su dinero. Así que poco había para celebrar el sábado pasado en cuanto a resultados en la lucha por la "... Igualdad y Progreso para las mujeres rurales...".

El voto de las mujeres

Hasta 1953, las mujeres mexicanas no tenían derecho de votar ni de ser electas para cargos de representación. El derecho político fundamental, el que otorga la calidad de ciudadanas, es el de votar. Desde esa fecha se inició un largo y complejo camino para que las mujeres participen en la toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo, mucho más allá del acto de emitir su voto. Es cierto que se registran avances en el terreno de la representación política: hay y han habido diputadas, senadoras, presidentas municipales y gobernadoras -en Yucatán, dos en los últimos 20 años-, pero ha sido a cuentagotas, enfrentando múltiples resistencias por una cultura compartida entre hombres y mujeres, que aún considera que la función femenina está exclusivamente en el ámbito del hogar.

Para acelerar el proceso de participación, se han tomado medidas de "acción afirmativa" a favor de las mujeres, que no son otra cosa que mandatos de ley para otorgarles ventajas temporales que reduzca la brecha, hasta eliminarla y lograr la igualdad. Con esta base se crearon las "cuotas" de diputadas, senadoras y regidoras de los ayuntamientos, para garantizar que, cuando menos, haya un porcentaje de representación femenina en esos órganos colegiados, dominados casi totalmente por los hombres.

Las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres para incentivar la participación femenina también han buscado incidir en los cargos de la administración pública, los gabinetes presidenciales o los gobiernos estatales, para que más mujeres participen en la toma de decisiones desde posiciones de responsabilidad.

En 2007 se estableció en la Ley electoral federal (COFIPE) que los partidos políticos no podrían registrar en sus candidaturas a diputados y senadores más del 60% de un mismo género. ¿Cuál creen, amigos lectores, que sería el sexo del 40% restante? Desde luego, las mujeres, pero al menos habría una garantía de incremento real. Bajo esta obligación se efectuaron las elecciones de diputados de 2009. Por diversas causas y con burdos subterfugios legales, en la actualidad sólo se registran 140 diputadas federales, que representan el 28% del total de 500 legisladores. Aún así, esta determinación de 2007 motivó diversas reformas a las constituciones y a las leyes estatales para aplicar también las "cuotas" en ese ámbito de gobierno. Algunas entidades establecieron la paridad; otras, el 60-40.

La gobernadora anunció en ocasión del aniversario del voto femenino que enviaría una iniciativa de reforma a la ley electoral del estado para aplicar la cuota del 70-30 (siete hombres, tres mujeres) en los procesos electorales yucatecos. Además de que es un porcentaje inferior al conseguido en otros estados y del establecido en la ley federal vigente, existe el grave problema de que no podrá aplicarse en la próxima elección de 2012, ¡sino hasta 2015!, porque la Constitución prohíbe toda modificación en materia electoral desde tres meses antes del inicio del proceso. Y ese tiempo ya se cumplió.

Pero la gobernadora podría hacer cosas concretas para manifestar su compromiso con la participación femenina, así fuera a "toro pasado". Podría mandar una iniciativa para reformar el Código de la Administración Pública estatal, de manera que hubiese la obligación de que la mitad de los secretarios y responsables de las entidades paraestatales del estado fueran mujeres. Esta reforma sí podría tener inmediata vigencia. Así podría ampliar el número de colaboradoras de primer nivel en el Ejecutivo del estado, porque actualmente sólo la Secretaría de la Juventud y, por obligación, el Instituto Estatal de las Mujeres tienen titulares del sexo femenino. Además, podría aprovechar las previsibles renuncias de un buen número de sus funcionarios que aspiran a contender en las elecciones próximas para sustituirlos por mujeres.

Los hechos nos demuestran que la simple condición de género no necesariamente implica un buen gobierno o una buena administración.

La historia y la cultura han negado aún a las mujeres la posibilidad de demostrar sus capacidades y el derecho a cometer sus propios errores. Nadie juzga al género masculino por las deficiencias y los vicios de unos cuantos. No lo hagamos con las mujeres.- Mérida, Yucatán.

Mujeres: igualdad, progreso, participación

2011-10-19T07:51:00.000-07:00

Más que las palabras, acciones.

Dulce María Sauri Riancho

Entre la deuda y el presupuesto. ¿Y el informe?

2011-10-12T06:11:00.000-07:00

Dulce María Sauri Riancho

De pronto, con inusitado entusiasmo, el nuevo secretario de Planeación inició una serie de reuniones con diversos grupos protagonistas de la vida económica yucateca. Dos cosas nuevas había traído el verano: la renuncia de Armando Baqueiro -bautizado como el "Doctor No"- a esta dependencia estatal, y su sustitución por el hasta entonces neblinoso jefe de la oficina de la gobernadora. Pero los cambios también incluyeron al presidente del Consejo Coordinador Empresarial al cumplir los seis meses de turno rotatorio el dirigente del Centro Empresarial de Mérida.

Recuerdo la toma de protesta de la directiva de la Coparmex que encabezó Jorge Caamal, un evento que permitió albergar esperanzas de un diálogo respetuoso y fructífero entre empresarios y el gobierno del estado. Las actitudes de las autoridades no abonaron hacia esa nueva relación, en que la transparencia y la información de cara a la sociedad habrían tenido que jugar un papel central. Después de los roces por el endeudamiento, aconteció el grave incidente de la glorieta de la colonia México, que ahondó aún más la brecha abierta entre autoridades y las más representativas organizaciones empresariales.

Por eso resulta relevante el activismo del nuevo secretario de Planeación. No cabe duda que tiene el mandato y muy posiblemente la convicción de que es indispensable reabrir el diálogo y la comunicación con quienes toman decisiones que impactan la economía y el empleo del estado en su conjunto. Dos temas parecen ser sus puntos de referencia: uno, del pasado cercano, tiene que ver con los créditos y con la deuda contraída por la actual administración estatal. El otro, de enorme interés para el conjunto social pero particularmente para un gobierno al que le restan menos de 12 meses, es el relativo al presupuesto de egresos para el muy electoral 2012.

En 2009 el gobierno yucateco aumentó en forma sensible la deuda pública local. En ese momento se argumentó que los recursos habrían de ser aplicados en proyectos productivos de relevancia. Al paso del tiempo no se ha podido determinar qué proporción de ese cuantioso préstamo fue canalizado a la inversión o cuánto se aplicó para salvar los compromisos de gasto corriente y los hoyos presupuestales abiertos por programas asistenciales que intentaban competir con los del gobierno federal, en esa espiral de gasto clientelar que ha invadido la política del país.

Muy probablemente las explicaciones del secretario de Planeación buscan no sólo transparentar y reconocer estos problemas -al fin y al cabo él acaba de llegar al cargo- sino convencer a sus interlocutores empresariales de que el manejo financiero de esta administración ha sido prudente, que el nivel de endeudamiento es bajo comparado con el de otras entidades del país y que, por lo tanto, el gobierno del estado todavía puede contratar más créditos para los próximos doce meses sin comprometer el futuro de las finanzas públicas de Yucatán.

Ligados estrechamente a las cuestiones del endeudamiento y del pasado reciente se encuentran los criterios de política económica que habrán de regir la presentación de la iniciativa del presupuesto de egresos del estado para 2012. En principio no debería haber duda alguna: todos los recursos disponibles habrán de ser dedicados a concluir las obras en proceso y específicamente a consolidar la operación de los hospitales y centros de salud. No hay que olvidar que, para fines prácticos, este gobierno concluirá en junio de 2012, cuando el Ejecutivo rinda su último informe a unos días de las elecciones, cuando se decidirá quiénes gobernarán el país y Yucatán en los siguientes seis años.

Entre las explicaciones de la deuda de 2009 y del presupuesto de 2012, una vez más, silenciosamente, casi como pidiendo perdón por irrumpir en la fiesta con su rostro severo de las cifras y los indicadores, está el IV Informe de Gobierno. Sí, el de a de veras, el que de acuerdo con la Constitución de Yucatán debe rendir la titular del Ejecutivo el tercer domingo de octubre, en esta ocasión el 16. Lejos del jolgorio y el folclor de agosto, la cita constitucional anuncia que los mecanismos de fiscalización del Poder Legislativo se activan, los diputados preguntan, los funcionarios comparecen, la sociedad se entera y se interesa en el análisis de 12 meses de gobierno. Es la rendición de cuentas, la contraparte del ejercicio del poder público.

Poco de eso se logra. En nuestro estado, desde 2008, el informe constitucional perdió la partida con el denominado "Informe Ciudadano". No tiene el espacio en los medios de comunicación utilizados profusamente en agosto, ni transcurre ante políticos taquilleros y artistas de renombre ni cuenta con un performance que incluya la ruptura de flechas. Por el contrario, en una gris ceremonia disfrazada de sesión solemne, los 25 diputados recibirán el Informe de manos de un funcionario del Poder Ejecutivo. Después, el grado de interés ciudadano estará en función de la seriedad y profesionalismo con que los legisladores realicen su función fiscalizadora. Podemos adelantar que el interés, si lo hay, será mínimo. Pero el secretario de Planeación recién estrenado tiene la oportunidad de explicar con lenguaje llano y cifras ciertas a los legisladores y a los ciudadanos el estado que guarda la administración pública de la entidad en el último año que le corresponde al actual gobierno. Tal vez así sería menos difícil entender el asunto de los créditos y de la deuda, y las prioridades de la gobernadora para 2012.- Mérida, Yucatán.

La Cadena de las Glorietas, como el agua y el aceite

2011-09-29T12:45:00.000-07:00

Dulce María Sauri Riancho

El sábado pasado asistimos a un evento inusual. La llamada "Cadena de las Glorietas" fue algo inédito en las manifestaciones sociales. Por primera vez se planteó el reto de engarzar mediante un cordón humano el inicio y el final del Paseo de Montejo, emblemática avenida de nuestra ciudad capital. No era una tarea menor; había que hacer presencia en un poco más de 6,000 metros; había que organizarse para manifestarse en esta arteria vital de Mérida sin que significara molestia o incomodidad para los miles de ciudadanos que transitan por esta vía en sus vehículos o en el transporte público. Había también que coordinar las diversas muestras de expresión, en tiempo y en las formas, para poderse mostrar ante propios y ajenos, como una unidad de voluntades y de propósitos, ya que no hubo discursos ni declaraciones formales.

Cientos de personas acudieron al llamado de un conjunto de ciudadanos y de organizaciones sociales y se apostaron a partir de las cinco de la tarde en las aceras -las yucatecas escarpas- de la larga avenida. Un listón blanco hacía las veces de cadena; unos "voladores" sirvieron para coordinar las acciones y los globos blancos en las manos o en el aire expresaban el entusiasmo de saberse parte de un grupo. Esos fueron los elementos comunes en los trece tramos que se dividió el largo trayecto. Pero cada una de las partes le dio su toque propio de creatividad y de expresión a la Cadena: desde las consignas coreadas, hasta las "olas" o las leyendas escritas en mantas o dibujadas en carteles.

Un ambiente festivo rodeó esta heterogénea concentración. Su diversidad partía desde los grupos convocantes: organizaciones de la sociedad de distinta orientación, vecinos y personas convencidas de la necesidad de expresar su malestar, su inconformidad sobre el ejercicio de gobierno de las autoridades estatales y del municipio de Mérida. Hubo una exigencia común: justicia frente a las agresiones registradas el 4 de julio contra ciudadanos indefensos. Pero también demandas varias, como "rescatar del abandono al campo", "dejar de agredir el medio ambiente", "cumplir las promesas de campaña", "pensión universal para los jubilados", entre otras. Hubo también una clara expresión de censura hacia la opacidad en el ejercicio de los recursos públicos por parte de las autoridades y la necesidad, la urgencia de que éstas rectifiquen el camino de despilfarro que han emprendido.

En la larga fila compartieron espacio mujeres y hombres, personas mayores acompañadas de hijos y nietos, niños y jóvenes. Destacaron en especial las mujeres, tanto por su número, claramente superior al de los hombres, como en su incansable caminar entre los tramos bajo su responsabilidad. Las de más edad llevaron sus sillas y su entusiasmo; más de una fue "en representación" de la familia que, atemorizada por cualquier tipo de represalias por su participación, prefirió mantenerse atenta, pero distante.

En todo el trayecto de seis kilómetros no hubo banderolas ni logotipos de partido político alguno. Hasta las organizaciones convocantes prefirieron sumarse a la blanca cadena de listones y brazos que se entrelazaban, antes que exhibir los emblemas que las identifican. Hubo sí, activistas de partidos y organizaciones políticas que son oposición en el estado, como el PAN, PRD o MORENA (Movimiento Regeneración Nacional) que, junto con los ciudadanos, hicieron labores de organización y voceo.

Se ha intentado descalificar a la Cadena de las Glorietas bajo el trillado argumento de que fue un evento de los partidos de oposición al gobierno. Sí, participaron algunos de sus militantes y activistas y, me atrevo a afirmar, más de un o una priísta. Si era común encontrar al PRI participando en las manifestaciones sociales anteriores a 2007, ahora lo es encontrar al PAN o al PRD, en su afán y compromiso de sumar simpatías y adhesiones para los próximos procesos electorales. Pero hay una enorme distancia entre participar y convocar, entre promover y conducir, entre ayudar y mandar. Los partidos políticos no fueron los convocantes ni los conductores; además, cualquier tibio intento que hubo de identificación partidista fue firmemente atajado por los responsables. Sólo los ciudadanos organizaron, condujeron y mandaron sobre la Cadena de las Glorietas. Nadie más.

Fuimos parte de un ejercicio cívico en su más amplio significado. Se comprobó en los hechos que es posible construir acuerdos entre grupos y organizaciones a partir de las coincidencias, sin perder la identidad propia y sin ignorar las diferencias. La Secretaría de Seguridad Pública hizo honor a su lema de "Cuidar y Proteger", y mantuvo -ahora sí- una respetuosa presencia durante las dos horas que duró el evento. Se mostró que es posible encontrar formas de participación en las calles sin afectar la libertad de tránsito de los demás, porque fue un acierto dejar libres los pasos de las vías transversales. Se logró la unidad en medio de la diversidad de formas de expresión, de agendas e intenciones. Se demostró que, aunque la física lo niegue, el agua y el aceite se pudieron mezclar en la Cadena de las Glorietas. ¿Qué sigue?- Mérida, Yucatán.

Relevos generacionales y recambios partidistas. ¿Más de lo mismo?

2011-09-22T07:24:00.001-07:00

Dulce María Sauri Riancho

Existe fundada expectativa en que el PRI ganará la elección presidencial en 2012. En la mayoría de los procesos locales triunfó y todas las casas encuestadoras les dan una clara ventaja a sus precandidatos en relación con los del PAN y del PRD.

En 2000 la derrota del partido en el gobierno por más de 70 años fue acompañada de la esperanza de un cambio a fondo en el país. El candidato Fox encarnaba la creencia de un importante grupo de la sociedad de que los problemas de México se resolverían en cuanto se lograra la alternancia, que en automático se impondría una nueva forma de hacer política.

Seis años más tarde, esa energía entusiasta que embargó a la ciudadanía se había disipado. En 2006, el PAN mantuvo la Presidencia de la República "haiga sido como haiga sido". El relevo generacional en el PAN -Felipe Calderón tenía 44 años al iniciar su sexenio- resultó cuestión irrelevante ante la magnitud de los problemas vinculados a la violencia y a la inseguridad.

De llegar Enrique Peña Nieto a Los Pinos en 2012, con 46 años, se habrá consumado en el PRI el recambio generacional que se inició en 1988 y que ya arraigó en los estados. Ahora quienes toman decisiones políticas de alto nivel son menores de 50 años. Sin embargo, los saldos de ese relevo no son necesariamente positivos, ni en el PAN ni en el PRI.

En Yucatán, en 2001 triunfó Patricio Patrón (43 años). Inició su gobierno con favorables expectativas y muchas esperanzas. Su primera grave prueba fue enfrentar la secuela de destrucción del huracán "Isidoro", a escasos 13 meses de asumir el cargo. En la elección intermedia de 2004, el PAN obtuvo muy buenos resultados, mismos que refrendó en la elección federal de 2006. El horizonte parecía despejado y el relevo gubernamental de 2007, un asunto de mero trámite.

Sin embargo, las acusaciones de opacidad, de intervención de familiares y la falta de concreción de varios muy publicitados proyectos, como la Plataforma Logística o Metrópolisur, contribuyeron a desgastar la imagen de honestidad y de eficiencia que acompañaba a los panistas. No bastaron las importantes inversiones federales en vivienda y carreteras o la ampliación del periférico de Mérida con sus pasos a desnivel.

La gota que colmó el vaso fue el tortuoso proceso panista para la postulación de su candidato a suceder a Patricio Patrón. El PAN sufrió una doble fractura: entre su militancia y una más costosa con la sociedad, consecuencia de vicios que hasta entonces se pensaba que sólo aquejaban al PRI.

En tanto, este partido pudo resolver en razonable acuerdo la postulación de su candidata a la gubernatura. La edad y el género marcaron una diferencia sensible con el candidato del PAN. Otra vez surgieron las esperanzas. Que venía una generación priista de recambio, que los jóvenes aportarían una nueva visión a la política y a los asuntos públicos yucatecos, que el diálogo y la negociación serían las herramientas de esa "nueva mayoría ciudadana". Al igual que en 2004 y en 2006 para el PAN, en las elecciones de 2009 y de 2010 triunfó el PRI. Además, los amplios resultados permitieron reafirmar el control priista sobre el Congreso.

De los cinco años que corresponden a la administración de Ivonne Ortega, los primeros dos fueron casi de encantamiento en que las escasas voces críticas eran descalificadas. Ante el derroche, el culto a la personalidad y la improvisación, cobró fuerza la sensación de que el relevo generacional no respondía a nuevas formas de gestión pública, más eficientes y transparentes, que se habían prometido y que se esperaban. Los programas asistencialistas desplazaron a las acciones de fomento y a la inversión pública. La opacidad sentó sus reales y aparecieron acusaciones de corrupción; la obra pública, poca y pequeña, registró retrasos injustificables y los proyectos emblemáticos del quinquenio quedaron archivados o en sus primeras piedras.

La intención de "gobernar con la gente", de "escuchar" a todo el que "habla" y de atender sus demandas fue desplazada por la intransigencia, como la represión contra manifestantes que se oponían al llamado "paso deprimido" de la glorieta de la colonia México.

Igual que Patricio Patrón, el gobierno del Estado anunció un rosario de obras a realizar antes del 1 de octubre de 2012, cuando concluye. Se supone que el financiamiento del BID rescatará las famélicas finanzas estatales y permitirá, al igual que los PPS, publicitar un gran número de obras, preferentemente en Mérida, que arrancarán en las próximas semanas.

Quienes pensamos que los hechos de violencia en la glorieta de la colonia México harían recapacitar a las autoridades estatales y municipales sobre el costo político que representa la imposición, nos equivocamos. Si no conocemos los proyectos del BID, si nada se sabe del remozamiento de parques y mercados, del "anillo de circunvalación" o del plan de transporte, si se pretende iniciar la restauración del centro de Mérida en plena temporada navideña, con los consiguientes perjuicios a los comerciantes, ¿no será que de nuevo la comunicación, el diálogo y la negociación están ausentes en los planes de las autoridades?

Mucho ganaríamos los ciudadanos si el PRI y el PAN se vieran uno en el espejo del otro. Tal vez así dejarían de considerar que la ciudadanía sólo importa a la hora de emitir su voto y que es fácil hacerla a un lado a la hora de gobernar. Que la aciaga noche del PRI en 2000 y del PAN en 2007 sean recuerdos punzantes que motiven a sus dirigentes y gobernantes a cambiar su conducta. ¿Aspiración ingenua?-

Los desafíos de la educación en Yucatán

2011-09-14T09:48:00.000-07:00

De patitos a cisnes

Dulce María Sauri Riancho

Una interesante investigación del equipo del Diario de Yucatán puso nuevamente la atención en las denominadas "escuelas patito", en especial las que se dedican a ofrecer estudios universitarios.

La proliferación de instituciones privadas de educación superior es consecuencia directa de dos situaciones: el aumento de la demanda de los jóvenes y la oferta insuficiente de las instituciones públicas de educación superior.

Por un lado, ha crecido el número de jóvenes que tienen la expectativa de continuar su preparación universitaria al concluir su educación media, pues saben que ya no basta con ser "bachiller" para poder tener oportunidad de acceso a empleos bien remunerados; además, entre los padres todavía existe la creencia de que si los hijos son "licenciados", tendrán mayores posibilidades de éxito en la dura competencia laboral. Por eso, numerosas familias realizan toda clase de sacrificios para mandar a sus hijos a la universidad.

Pero resulta que la Uady, las universidades tecnológicas y los tecnológicos de estudios superiores del sector público tienen espacios insuficientes para atender las solicitudes de ingreso a sus planteles.

En ellos la educación es gratuita, pues se financian con los subsidios de los gobiernos federal y estatal; tienen un cuerpo de maestros de tiempo completo, cuentan con instalaciones y laboratorios especializados, entre otras facilidades para el mejor aprendizaje. Al no alcanzar cupo, muchos jóvenes se fijan en instituciones particulares, de paga, para tratar de cumplir el sueño de ser universitarios.

Entonces, el monto de la colegiatura se vuelve el factor fundamental para inscribirse en una u otra escuela. Muchas veces la decisión se toma porque "esa" escuela es más barata, se pueden realizar los estudios en menos tiempo, porque ofrece algún tipo de becas o bien el horario de clases permite combinar el estudio y el trabajo.

Las autoridades tienen una gran responsabilidad sobre el conjunto del sistema de educación superior del estado. En el caso de las instituciones privadas, cuentan con el denominado RVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios), que es el certificado oficial de que cualquier particular que pone una escuela y ofrece un programa de estudios de educación superior (licenciatura, maestría, doctorado), ha cumplido con los requisitos que establece la Ley de Educación en cuanto a profesorado, instalaciones, planes y programas de estudio.

Lo anterior garantiza que cuando el o la joven concluyan sus estudios, tengan un título con validez oficial y la cédula profesional indispensable para poder, por ejemplo, litigar como abogado, ejercer como contador público o médico.

En Yucatán, 73 instituciones particulares cuentan con RVOE, al menos en uno de sus programas de estudios superiores: 60, en la licenciatura; 35 en la maestría y sólo 4 a nivel de doctorado. La mayoría está localizada en Mérida, pero también en Valladolid, Ticul, Motul, Dzizantún, Umán y Tizimín funcionan escuelas particulares que, al menos, tienen una licenciatura con RVOE.

Las autoridades de la SEP federal alertan sobre la necesidad de fijarse en la publicidad de los centros privados de educación superior que ofrecen las distintas carreras, si ésta incluye la clave del reconocimiento oficial del RVOE. Si no lo tiene, es posible que esos estudios carezcan de validez oficial, lo que significa que al final de los tres o cuatro años, el título obtenido no tendrá la cédula profesional que lo ampare como válido.

Pero el RVOE no es boleto mágico al mundo de la excelencia. El día a día de la institución, la capacitación continua de los maestros, las instalaciones con los indispensables equipos de cómputo, la biblioteca y los laboratorios especializados funcionando correctamente, cuentan mucho en la calidad del aprendizaje de los jóvenes y en su mejor preparación para participar en un mercado laboral cada vez más exigente.

Aquí es donde notamos las grandes diferencias que separan a las universidades públicas de muchos de los centros de enseñanza superior privados. Habrá quien piense que es mejor cerrar a las escuelas "patito". Que sólo son negocios que pretenden lucrar de la necesidad de los jóvenes de estudiar.

No estoy de acuerdo. Una postura así ignora, por una parte, el enorme esfuerzo económico y moral que realizan justamente las familias de menor ingreso para enviar a sus hijos a la universidad, aunque no sea a la Uady o al Tec y, por otra, la inversión de dinero y de talento que han puesto los particulares propietarios de estos centros.

Las autoridades tienen la obligación de vigilar que se cumpla la Ley de Educación en cuanto a las escuelas particulares de enseñanza superior. Pero también la tienen sobre las instituciones de educación pública, para que continúen siendo el eje de la preparación universitaria en México.

La rebelión de los estudiantes en Chile, que ha adquirido niveles de violencia desconocidos en ese país, tiene como origen la privatización de la enseñanza superior , que ha ocasionado que las universidades se vuelvan casi inaccesibles para los hijos de familias trabajadoras.

Eso no debe pasar en México ni en Yucatán. Respaldemos el enorme esfuerzo y la energía que representan las instituciones privadas de educación superior de nuestro estado con políticas públicas encaminadas a aprovechar sus virtudes y a combatir sus vicios. Llevaría a realizar un imaginativo programa de formación y actualización de su profesorado, de mejoramiento de sus instalaciones y equipos, de incorporación a un sistema estatal de bibliotecas virtual, que abra las puertas de estas instituciones al mundo.

Es posible a través de la conformación de un fondo de financiamiento con créditos blandos para que los propietarios de estas universidades privadas puedan tener acceso a los recursos necesarios para elevar la calidad de la educación impartida.

De esa manera, las denominadas despectivamente "escuelas patito" podrían darnos la sorpresa de convertirse en atractivos cisnes.- Mérida, Yucatán.

Gobernar con la "C"

2011-09-09T06:18:00.000-07:00

Conservar, Cambiar, Continuar, Crear

Dulce María Sauri Riancho

En poco más de un año, el 1 de octubre de 2012, comenzará una nueva administración estatal. Estamos pues en tiempo de iniciar un ejercicio de reflexión y análisis sobre las características del próximo gobierno. Para apuntar en esta dirección, les propongo que utilicemos los caminos que marca la "C". Tercera del alfabeto, es una letra que sabe sonar fuerte pero también es amigable con otras vocales a las que se une para suavizar su rudeza. Con "C" comienzan los verbos: conservar, cambiar, continuar y crear, hilos conductores de esta reflexión crítica. Es manifiesto que los políticos y la ciudadanía no piensan ni entienden lo mismo. Distingamos.

Para los políticos: Conservar significa que todo se quede igual, si es candidato del mismo partido en el gobierno. Al menos en la campaña, ni con el pétalo de una flor de mayo se puede tocar la obra gubernamental y mucho menos avanzar una mirada crítica sobre lo realizado. Los candidatos del PRI -al gobierno estatal, a las alcaldías y diputaciones- serán una incógnita en 2012. En su afán de no provocar la ira de quien aún tendrá el poder, mejor ocultarán sus reales intenciones, si las tuvieran, de modificar el rumbo.

Cambiar es un verbo reservado a los políticos y candidatos en la oposición. Para ellos todo está mal por el solo hecho de provenir de sus adversarios. Son quienes pretenden tirar el agua sucia de la bañadera, aunque tenga adentro al niño. Son los amigos del proverbio: "... antes de mí, el caos; después de mí, el diluvio...". Parte por ignorancia, parte por soberbia o conveniencia, prefieren negar la totalidad de un esfuerzo que proviene, así sea parcialmente, de un segmento de la misma sociedad a la que aspiran servir.

Continuar es un verbo difícil de aplicar para los políticos. Es criar al niño sin haber sido su padre o su madre, corregir los vicios y las insuficiencias de su carácter, aunque los hayan causado otros. Esta actitud se manifiesta, por ejemplo, en la resistencia a concluir los proyectos y las obras de la administración anterior, como los hospitales de Tekax y Valladolid, del Centro CITI, la cárcel de mujeres, el edificio de la policía y muchas otras obras dispersas por la geografía del estado.

Crear en la política exige una visión de largo plazo, la capacidad para imaginar los cambios y construir las condiciones para lograrlos. Este verbo demanda espíritu de sacrificio, generosidad y una mezcla precisa de audacia y experiencia. Quizá por eso es el menos utilizado y el más rechazado por quienes consideran que sólo el presente rinde réditos, al que hay que sacarle el máximo provecho personal y familiar.

¿Y la ciudadanía? Tendríamos que decirles a los políticos con toda energía y claridad cómo entendemos las cuatro "C" y cómo las queremos combinar para un gobierno futuro. Van algunas propuestas.

Conservar la organización social y el trabajo eficaz de las fuerzas del orden, que han permitido mantener a Yucatán en la periferia de las violentas acciones del crimen organizado. Esto no quiere decir que estemos en Jauja en materia de "seguridad", en la medida que proliferan los feminicidios y la agresión contra las mujeres y que abundan los robos a casas habitación, "cristalazos" a los vehículos, pandillerismo, entre otros delitos que privan de la tranquilidad y su patrimonio a las familias.

No hay duda. Es indispensable Cambiar el profundo desorden de la administración pública estatal. No sólo es la deuda excesiva que provoca señalamientos cada vez más graves sobre la aplicación del presupuesto. Es, sobre todo, la ineficacia en la ejecución de las obras públicas, la opacidad en el gasto, la falta de mecanismos reales para la rendición de cuentas a la sociedad y la aparentemente fácil estrategia de aumentar los subsidios y las ayudas con cargo al erario, en vez de poner las bases para corregir los problemas de fondo.

Quien sea la o el próximo gobernante yucateco, tendrá el compromiso de Continuar acompañando el desarrollo de la profunda reforma al sistema de Justicia que ha emprendido el estado. Otro proyecto que demanda continuidad es el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, todavía en "pañales", que necesita mantener y reforzar la coordinación interinstitucional para que sea una realidad la investigación que albergarán los edificios por construir.

Como Diógenes, propongo mantener la búsqueda del político con la visión para Crear. No lo podría hacer solo, pero él o ella insuflaría el indispensable ánimo en la sociedad para movilizarla hacia las grandes transformaciones que demanda un mundo globalizado, en el cual Yucatán todavía no encuentra su lugar. Que tenga visión de futuro, dispuesto a iniciar la siembra, aunque a otros les toque la cosecha; que sepa resistir la seducción del poder y las exigencias de las inmediateces electorales; que tenga la experiencia y al mismo tiempo el arrojo para cambiar; que esté dispuesto a abandonar la placidez del ejercicio del cargo. Tal vez así comenzarían a materializarse los servicios de transportación y logística, los proyectos vinculados a la economía del conocimiento, todos ellos de largo plazo. Tal vez así se reactive la producción de nuestro campo, producción intensiva que mezcle tradición campesina con innovación tecnológica.

Sólo son algunas propuestas para iniciar el indispensable debate de cara a 2012. Pero no hay que olvidar que a las cuatro "C" de los verbos tiene que añadirse otra "C" o una "S" de los sustantivos Ciudadanía o Sociedad, cuya presencia y participación real son indispensables para construir el futuro que queremos.- Mérida, Yucatán.

Yucatán: ¿en la economía del conocimiento?

2011-08-31T06:41:00.000-07:00

Las goteras y los cubos

Dulce María Sauri Riancho

En plena temporada de lluvias, hace 29 años, se inauguró el Polifórum Zamná. La solemne ceremonia servía de marco para la presentación de los programas de desarrollo para Yucatán. De pronto, un movimiento recorrió la mesa de honor encabezada por el presidente Miguel de la Madrid y el gobernador, el general Graciliano Alpuche Pinzón: una gota había caído cerca del Presidente que, al ritmo violento de la lluvia, pronto se volvió casi una catarata. Huelga decir que esta situación dio al traste con el evento central de la gira presidencial. Meses más tarde, el gobernador solicitó licencia y fue sustituido por Víctor Cervera Pacheco.

Esta anécdota me vino a la memoria al contemplar la fotografía con los cubos recogiendo el agua de numerosas goteras en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Aunque no es el tema de este artículo, vale la pena considerar que el inmueble acaba de ser remozado, a un costo superior a $40 millones, suma muy, pero muy alta para un "chen" arreglo, ¿no lo cree así?

Volvamos al razonamiento que generó la imagen: el contraste entre la solución rudimentaria a un problema de falta de mantenimiento y el despliegue de la más moderna tecnología fue brutal. El pasado fin de semana se llevó a cabo un evento de cultura digital de primera categoría, el Telmex-Hub, que por dos días abrió a los yucatecos una ventana a las enormes posibilidades que las tecnologías de la información y comunicación ofrecen a la sociedad actual. Los participantes tuvieron una probadita de la conectividad de alta velocidad vía cable que, aunque es de uso común en los países avanzados, en México y en Mérida es aún una novedad. Además, las conferencias y demostraciones a cargo de reconocidos expertos de la materia deben haber motivado a los participantes, jóvenes en su mayoría, a adentrarse más en las tecnologías que dominan la llamada "economía del conocimiento", que no es otra cosa que producir ideas, programas y tecnología para que funcione la sociedad a través de las computadoras, los celulares y otros aparatos que son parte de nuestro entorno.

Pero no sólo fueron los cubos y las goteras la razón del contraste entre la realidad cotidiana y el aire de modernidad que trajo el Telmex-Hub. A unos metros del lugar otro testigo mudo apuntaba la enorme diferencia entre un agasajo de fin de semana y una política pública para propiciar la participación de Yucatán en la Sociedad de la Información y la Economía del Conocimiento. Me refiero al edificio que ocupó hasta hace unos meses el Consejo de la Industria de la Tecnología de la Información (CITI) de Yucatán, A. C. Esta organización de las empresas dedicadas a lo que se denomina "tecnologías de la información" tenía una especie de "incubadora de negocios" para que pudieran crecer, madurar y una vez consolidados salir del cobijo del CITI para competir con otras empresas del mundo. Su comité ejecutivo está formado (o estuvo) por el gobierno del Estado, las instituciones de educación e investigación y los empresarios del sector de Tecnologías de la Información (TI). A través de este comité se seleccionaba a las empresas que entraban a formar parte del CITI, donde no tenían que pagar renta ni por el acceso a los servicios de información y comunicaciones, indispensables para su función.

El CITI funcionó por casi nueve años e "incubó" a decenas de micro y pequeñas empresas que, en cuanto alcanzaban su "maduración", salían al mundo exterior en condiciones mejores para sobrevivir.

Un sector industrial vinculado a la producción de conocimiento es indispensable para la participación de Yucatán en la economía globalizada. Hasta hace algunos años los países más poderosos eran los que producían bienes manufacturados, maquinarias y herramientas. Ahora los más fuertes son aquellos que producen ideas que, aplicadas a la vida diaria, han transformado al mundo, como internet, telefonía celular, biotecnología, robótica. Íbamos por buen camino. El CITI, aunque modesto en su tamaño, ya había acreditado su calidad. Diversos reconocimientos lo confirman. Pero la mala costumbre burocrática de vestir a un santo desvistiendo a otro interrumpió el comodato del edificio que albergó las oficinas de la paraestatal Cordemex, bajo la razón o el pretexto de la construcción del Museo de la Cultura Maya.

No faltará algún burócrata trasnochado que opine que era tan sólo un puñado de diletantes, que no había resultados tangibles, de corto plazo. O tal vez haya sido calificado como un proyecto de la administración anterior, susceptible de ser abandonado sin consecuencias. Lo cierto es que este intento por poner a Yucatán en el mapa de la economía del conocimiento se perdió o está a punto de hacerlo.

Telmex-Hub vino y se fue. Que uno de sus efectos benéficos sea recordarnos la importancia del CITI, del apoyo real, indispensable para el desarrollo de los negocios de la información y las comunicaciones en condiciones de desigualdad. Como no queremos ser una sociedad de goteras y cubos, más nos vale rescatar al CITI del desprecio burocrático.- Mérida, Yucatán.

¿Dónde quedó la bolita? La deuda estatal

2011-08-24T11:41:00.000-07:00

Dulce María Sauri Riancho

El gobierno de Yucatán debe cantidades crecientes de dinero a los bancos y a sus proveedores. En estos últimos años casi todos los estados del país han registrado la elevación de sus niveles de endeudamiento, de tal manera que preocupan a las autoridades hacendarias de la federación y, recientemente, a las agencias calificadoras de riesgos crediticios.

El antecedente más próximo es la crisis de 1994-1995, cuando las finanzas públicas estuvieron al borde del colapso y, en consecuencia, las tesorerías de las entidades federativas vivieron una situación crítica que requirió de un "rescate", parecido a los programas que se diseñaron entonces para las empresas.

La situación actual es diferente. A los estados no les ha faltado el dinero. En 2009, el Congreso de la Unión autorizó el incremento del IVA, del 15 al 16%, y el Ejecutivo federal ha aplicado un incremento continuo al precio de las gasolinas, con el propósito de compensar la disminución en la recaudación de otros impuestos.

El precio del petróleo de exportación se recuperó y los estados recibieron entre 2008 y 2010 más recursos de los que originalmente se estimaron. A su vez, en las entidades federativas se aumentaron diversos impuestos, como en Yucatán el de nóminas de las empresas, y el dinero continuó fluyendo a las arcas estatales.

Entonces ¿por qué aumentó la deuda de los estados hasta niveles que reclaman la intervención del Poder Legislativo y que preocupan a las firmas calificadoras?

El caso de Yucatán ayuda a entender la peligrosa dinámica que se ha desatado, porque los recursos del gasto público se ejercen anteponiendo los intereses políticos más que las decisiones para fomentar el desarrollo, combatir la pobreza y procurar el bienestar de la población.

El gobierno necesita financiamiento para funcionar. Entonces toma "créditos-puente" para continuar trabajando, mientras llega el dinero de las participaciones federales. En teoría estos recursos son para que los proveedores puedan cobrar a tiempo, para que las obras públicas se construyan sin sobresaltos ni pausas por falta de dinero. Pero si los recursos se utilizan para gastos no contemplados en el presupuesto, si se dedican a pagar propaganda o festejos, entonces hay que "tapar los hoyos" contratando créditos de mediano plazo para cubrir el llamado "gasto corriente", que es el día a día del gobierno.

Eso estaba prohibido hasta que calladamente, hace poco más de un año, se reformó la Constitución de Yucatán y la Ley de Deuda Pública del estado. La reforma implicó una redefinición de lo que se considera "inversión productiva", la única autorizada por la Constitución de la República para financiarse con créditos. En esa ocasión también se abrió paso a los PPS (Proyectos de Prestación de Servicios), que darán mucho de qué hablar en los próximos años. Al flexibilizar el concepto, cualquier acción gubernamental puede financiarse con créditos bancarios a largo plazo, incluyendo los préstamos para pagar deuda previamente contraída por el despilfarro o el desorden presupuestal.

El dinero de los préstamos bancarios llega con facilidad porque se garantizan con las participaciones federales. Pero éstas no son inagotables; se puede comprometer un porcentaje tal de los ingresos estatales, que el gobierno ya no pueda emprender ninguna obra o prestar algún nuevo servicio simplemente porque no tenga recursos para pagarlos. Entonces se echa mano a los PPS, que no se registran en la contabilidad gubernamental como deuda, porque son una especie de pago de alquiler o de un servicio "a futuro", al que se obliga la administración estatal por un contrato de tan largo plazo como 30 años.

A la actual administración le quedan poco más de 13 meses de gestión. Plazo insuficiente para concluir alguno de los proyectos tan anunciados y para los cuales se concertaron créditos con distintos bancos y recientemente con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Sin embargo, durante este periodo el gobierno puede comprometer aún más las finanzas públicas hasta niveles de alto riesgo. Ya están los contratos PPS tocando la puerta para construir tres hospitales y las obras que puedan ocurrirse en el acelere final de la administración.

No me parece responsable que se aplique el refrán "... El que venga atrás, que jale..." para justificar los niveles de endeudamiento actuales, sin considerar que las próximas administraciones gubernamentales encontrarán buena parte de los fondos comprometidos, sin márgenes financieros para impulsar sus propios proyectos.

La gran pregunta es dónde quedó el dinero de los créditos y de la deuda. En alguna forma me recuerda las ferias de pueblo y el "dónde quedó la bolita". El merolico atraía la atención del público y con su juego de manos creaba la ilusión de depositar el juguete en alguno de los cajones; se hacían las apuestas y al voltearlos, todos perdíamos menos el timador.

Algo así va a pasar con el final de este gobierno. En medio de la propaganda, de las luces y de los artistas, se le da vueltas a la bolita. El final de la administración será el momento de revisar la caja. Quizá nos encontremos con que no hay pelotita y que la caja también se vendió.- Mérida, Yucatán.

La renuncia de Armando Baqueiro, lo personal de los motivos.

2011-08-17T07:49:00.000-07:00

Dulce María Sauri Riancho

La semana comenzó con la renuncia de Armando Baqueiro Cárdenas a la Secretaría de Planeación y Presupuesto del gobierno del Estado.

El hasta ayer secretario del gabinete de Ivonne Ortega era uno de los tres "ases" del equipo original, junto con los titulares de Educación, Raúl Godoy, y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Batllori Sampedro. Los tres, doctores.

Baqueiro destacaba por la experiencia adquirida en una de las instituciones emblemáticas de la administración pública nacional: el Banco de México. El mundo profesional del doctor Baqueiro era la macroeconomía, las grandes cuentas nacionales, el conocimiento y la interpretación de los fenómenos económicos del mundo.

Pensionado del Banco de México, parecía que el doctor Baqueiro había decidido regresar a su tierra para contribuir a conformar un aparato administrativo estatal con visión y alcance nacionales, que pudiese conjugar la energía de la joven titular del Ejecutivo con el indispensable orden para hacer realidad los proyectos de cambio, sin poner en riesgo la disciplina presupuestal.

En ese lejano 2007, Baqueiro fue la garantía de madurez para entablar relaciones fluidas entre el novel gobierno y los altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal panista, así como con los responsables de las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la decisión del doctor Baqueiro muy posiblemente pesó el atractivo de "entrarle" a la economía real, a los complejos procesos de toma de decisión sobre políticas públicas, programas y obras en la administración de una entidad federativa, en este caso, su natal Yucatán.

No es difícil imaginar la senda de desgaste personal y profesional que recorrió el doctor Baqueiro en sus cuatro años al frente de Planeación. Su formación de economista del Banco de México debe haber chocado con la improvisación y el desorden que desde un principio acompañaron el desempeño de los funcionarios estatales. Acciones de gobierno anunciadas de improviso, gastos muy por encima del presupuesto autorizado por el Congreso local, presiones internas para ampliar los recursos asignados a Comunicación Social en detrimento de otros programas y dependencias más necesitadas, pero políticamente menos relevantes para el proyecto de la gobernadora.

Me imagino a Baqueiro lidiando con el secretario de Fomento Agropecuario, con el de Comunicación Social o con el de Obras Públicas o de Turismo. O intentando encontrar argumentos para explicarle al de Política Comunitaria y Social que no había fondos para sus programas, o a las titulares de la Secretaría de la Juventud y del Instituto Estatal de las Mujeres que, aunque poco demandaban, nada habría para ellas. Además, el "Doctor No" se volvió el pretexto para justificar el incumplimiento de los compromisos de pago con los proveedores, al aducir que "... la Secretaría de Planeación aún no había autorizado el recurso...".

Después del percance del pasado diciembre, el "Doctor No" había abandonado los reflectores públicos. Cuando se discutía el "paquete fiscal" 2011, el doctor Baqueiro defendió enjundiosamente la necesidad de incrementar la recaudación vía el establecimiento de nuevos impuestos y del aumento de otros, como el de nóminas. De improviso, la gobernadora decidió eliminar el pago de la tenencia para los vehículos con valor menor a $300,000, lo que implicaba $280 millones menos de recaudación y un rotundo mentís a los argumentos de su secretario de Planeación.

Pensé entonces que el doctor Baqueiro iba a renunciar. Para qué seguir dañando un prestigio largamente labrado de seriedad e integridad profesional, si el gobierno al que pretendía servir hacía caso omiso de su persona y de sus funciones. Pero no conté con el compromiso que el propio doctor Baqueiro había asumido cuando inició las complicadas negociaciones para obtener un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $2,600 millones, y que seguramente quería concretar.

Hace unas cuantas semanas, el 26 de julio, se dio a conocer la firma del crédito del BID a favor del gobierno de Yucatán. El Centro Histórico de Mérida, el Malecón de Progreso, las acciones de reforestación y de gestión de excretas de las granjas porcinas de pequeños productores, la Red Integrada de Transporte Público, la Red Electrónica de Servicios, la Modernización de la Gestión Tributaria y Fiscal, todos ellos son proyectos que se financiarán con el préstamo del BID.

De pronto, nos enteramos que el doctor Baqueiro renunció "por motivos personales". ¿De cuál persona? ¿De él o de los funcionarios comprometidos con los PPS (Proyectos de Prestación de Servicios) que chocaron con su negativa a firmar los onerosos compromisos que éstos entrañan? ¿De la persona de la gobernadora, a quien le preocupa el último año de su gestión y la necesidad de ordenar "como sea" una administración que hace agua por muchos lados? ¿De quién requiere "manga ancha y cartera abierta" para hacer de las suyas en los proyectos del BID?

El nuevo titular de Planeación, Ulises Carrillo, ya estableció su prioridad: los PPS para tres hospitales. No hay duda: llegó el tiempo de los "Sí", aunque sólo sea para los contratos de Prestación de Servicios.

Janie Rosaura y la violencia contra las mujeres

2011-08-14T15:11:00.000-07:00

Dulce María Sauri Riancho

Janie Rosaura Salazar Pérez, madre de cinco hijos, falleció junto con tres de ellos. Fueron ultimados por su esposo y padre, de quien se encontraban separados por su comportamiento violento. Janie había acudido a las instituciones en busca de ayuda para enfrentar la situación con su marido y lograr la protección para su familia. Unos días después, en menos de una semana, otras dos mujeres fueron asesinadas por familiares en la zona conurbada de Mérida.

No sólo en el ámbito familiar se ejerce violencia contra las mujeres -sexual, física, económica, sicológica-, sino también suele suceder en el trabajo o en la comunidad. Sin embargo, es en el seno del hogar donde se presenta con mayor frecuencia el abuso de poder que significa imponer la voluntad mediante el uso de la fuerza, bien sea de las palabras o de los puños, del regateo del dinero o en las relaciones sexuales. Durante mucho tiempo, para las mujeres un marido violento era "la cruz que me tocó cargar" y sus agresiones, que incluían ojos morados y hasta brazos rotos se sufrían en el silencio y la intimidad de la familia.

Desde 2008 Yucatán tiene la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, con 76 artículos y su Reglamento respectivo, que permitiría aplicarla a plenitud. Son 11 instituciones del gobierno, de los poderes Ejecutivo y Judicial las que forman el "Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres". El Sistema es presidido por el Ejecutivo y cada una de las dependencias gubernamentales tiene su responsabilidad específica, enunciada en la propia Ley, como la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía del Estado, el Consejo Estatal para prevenir y atender la violencia intrafamiliar, el DIF, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y otras seis más, siendo el Instituto de Equidad de Género de Yucatán (IEGY) la instancia encargada de vigilar que las instituciones cumplan los compromisos contenidos en el programa estatal para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Esta red institucional tiene un solo propósito: que todas las mujeres yucatecas ejerzan su derecho a una vida libre de violencia. La ley mandata a las instituciones a coordinarse entre ellas y establece que cada tres meses el Sistema debe informar "... de los logros y avances del Programa Estatal...". Todas las dependencias públicas responsables tienen el deber de "canalizar" a las víctimas de la violencia a las instituciones que les presten asistencia y protección, como el DIF, de acuerdo con el Art. 49 de la citada ley. Para que el Sistema y cada una de las instituciones que lo integran funcionen, el Presupuesto de Egresos debe considerar la correspondiente partida, es decir el gobierno tiene que proporcionar los recursos necesarios y suficientes.

La "piedra de toque" de todo este entramado legislativo es la responsabilidad gubernamental de "... Promover la cultura de la denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad e integridad..." (Artículo 34, f. X). Convencer a una mujer de que tiene derecho a denunciar la violencia en su contra entraña un gran compromiso para las instituciones del gobierno: de protección, de ayuda, de acompañamiento en el complicado proceso que implica interponer una demanda de divorcio, o una denuncia por agresión o maltrato. Por eso la Ley tiene un capítulo especial destinado a normar las "órdenes de protección", que implican mandamientos judiciales para que el agresor permanezca alejado de la o las víctimas de la violencia, su posible traslado a los albergues creados ex profeso para recibirlas, junto con sus hijos, además de una atención expedita en las instancias judiciales.

De todo este recuento de normas muy poco alcanzó para Janie Rosaura y sus hijos. Al igual que muchas personas con problemas familiares, ellos acudieron al DIF, que es la institución pública más conocida para atender a la familia, pero no fueron "canalizados" ni a la Fiscalía, ni al IEGY ni el Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres actuó oportunamente. No hay constancia de que se le haya ofrecido a Janie su traslado a algún albergue, ni hubo orden que mantuviera al esposo agresor lejos de su familia. Quizá hubo una estimación ligera sobre el caso, que minimizó el potencial de violencia del cónyuge y que habría de explotar con sangrientos resultados.

Algunos pensarán que los funcionarios públicos tienen poca responsabilidad en los arrebatos de celos que acompañan generalmente a crímenes como éstos. Que ellos y ellas no pueden preverlos, que las víctimas de violencia doméstica tienden a desdecirse de sus acusaciones y que, por lo tanto, no vale la pena poner empeño en investigar. No es así.

Janie Rosaura y sus hijos son una muestra dolorosa de la enorme distancia que separa a la ley de la realidad, a los buenos propósitos de las prácticas institucionales descoordinadas y superficiales. Una vez más, encontramos Consejos y Sistemas que existen sólo en el papel, con programas que duermen en los escritorios y con mecanismos de evaluación que no se aplican. La ley, no lo olvidemos, es condición necesaria, pero nunca suficiente para combatir en forma efectiva la violencia contra las mujeres. Sólo será eficaz si demandamos como sociedad su cabal aplicación.- Mérida, Yucatán.

Pobreza en Yucatán: Las cifras sin maquillaje

2011-08-03T11:16:00.000-07:00

Dulce María Sauri Riancho

Hace unos días, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer los resultados de la medición de pobreza 2010 para cada entidad federativa y para el país en su conjunto.

Este ejercicio es quizá el más importante compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas que tiene la administración pública federal. No lo realiza por graciosa concesión a la ciudadanía, sino por mandato de la Ley General de Desarrollo Social y no lo elaboran los propios funcionarios interesados en defender a ultranza su trabajoy minimizar u ocultar sus posibles errores, sino una institución especializada, compuesta por investigadores de reconocido prestigio académico.

Además, para evitar malas interpretaciones de tipo político, con toda antelación Coneval fija las fechas de presentación de sus informes , en el caso del relativo a la pobreza, cada dos años. Ahora correspondió al Informe 2010, con datos al mes de agosto de ese año.

Establecer la magnitud de la población en situación de pobreza es indispensable para poder efectuar una auténtica evaluación de resultados de las políticas públicas que procuran el bienestar de la sociedad. No se trata sólo de informar del número de acciones de vivienda realizadas, del total de desayunos escolares entregados o de las despensas repartidas, sino de medir los efectos reales que tienen en la vida de la población más vulnerable, si disponen de suficientes ingresos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de vestido, para mandar a sus hijos a la escuela o poder curarse cuando se enferman.

¿Cómo distingue el Coneval a la población en situación de pobreza? A través de las denominadas "Líneas de Bienestar". Esta línea, debajo de la cual se encuentran la "pobreza oficial", se fija de acuerdo con el costo de la llamada "canasta alimentaria" y de otros servicios básicos. En agosto de 2010 se calculó su monto para cada persona, en 1,329 pesos mensuales en las áreas rurales y en 2,114 pesos en las zonas urbanas.

De acuerdo con el informe, entre 2008 y 2010, 50,000 yucatecos cayeron en la pobreza, y se sumaron a casi la mitad de la población del estado que se encuentra en esa misma situación (47.9% del total). Pero de éstos "nuevos pobres", 35,000 entraron a formar parte del grupo en pobreza extrema, los "pobres de los pobres", donde ya se encontraban otras 156,000. Esto significa que en 2010 uno de cada diez yucatecos estaba en condición de no contar con lo indispensable para vivir con dignidad.

No es difícil concluir que fue en el medio rural donde más se resintieron los efectos de la crisis económica y de la desatención gubernamental. Cada año son menos los yucatecos que viven en el campo, pero cada vez en condiciones más precarias. Los programas integrales de atención al campo han sido sustituidos por acciones asistenciales, que más que resolver los problemas de producción y sustentabilidad del desarrollo rural, procuran suplirlos con dádivas, para intentar resolver lo más urgente y adicionalmente, crear clientela política para las campañas electorales. Por eso, el Informe de Coneval muestra con crudeza que los pobres de los pobres yucatecos están principalmente en las pequeñas localidades olvidadas, que no pesan electoralmente y que, en consecuencia, reciben escasa atención de las autoridades. A diferencia de las cifras nacionales del Informe de Coneval, que hablan de una reducción de la pobreza extrema en el país (de 10.6% en 2008 a 10.4 en 2010), en Yucatán hubo un incremento significativo de personas en esta condición al pasar del 8.2 al 9.8% de la población.

Anteanoche se llevó a cabo el "Informe Ciudadano" para conmemorar el 4º aniversario del inicio de la gestión de Ivonne Ortega. Hace un año, en el mismo agosto, pero de 2010, en la fecha de su tercer aniversario, 35,000 yucatecos con nombre, rostro y esperanzas, se habían sumado a los pobres de los pobres y otros 15,000 habían caído en pobreza "moderada". Nada indica que en 2011 esta tendencia negativa haya cambiado. Más allá de la propaganda en la televisión y en la radio, los anuncios espectaculares y el evento en Dzibilchaltún, el Informe de Coneval es el espejo más fiel para reflejar los logros de un gobierno.- Mérida

El 1 de agosto en Dzibilchaltún: No es informe, no es ciudadano

2011-07-20T09:27:00.000-07:00

Dulce María Sauri Riancho

La gobernadora se apresta el lunes 1 de agosto a rendir su "4º Informe Ciudadano". Esta fecha conmemora que cuatro años atrás, el miércoles 1 de agosto de 2007, rindió la protesta ("compromiso constitucional" se denomina ahora) para gobernar Yucatán por los siguientes 5 años, 2 meses.

Dada la reiteración del acto y la gravedad de sus implicaciones considero necesario insistir en el tema. De acuerdo con la ley, el Informe de gobierno se deberá presentar hasta el tercer domingo de octubre, el 16 de este año, ante el Congreso. A partir de ese momento, se activarán las normas que permiten o deberían facilitar la función fiscalizadora de los diputados sobre la actividad del Ejecutivo en el periodo que informa. Los mismos legisladores de la mayoría del PRI y, desde luego, la minoría opositora del PAN y del PRD, tienen la facultad de citar y cuestionar a los distintos funcionarios del Ejecutivo para normar su criterio acerca del cumplimiento o no del programa de gobierno, de la aplicación del presupuesto público, de los resultados obtenidos para, esta manera, realizar un balance de la gestión de la gobernadora.

Habrá quien, escéptico, piense que todo esto es un ejercicio inútil. Que finalmente el gobierno y sus funcionarios informan lo que quieren, contestan como quieren y responden muy poco a los requerimientos de los legisladores y mucho menos, a los de las oposiciones. Pero, finalmente, algo se avanza. Sobre todo, en el ejercicio de una de las dos atribuciones constitucionales que tiene el Poder Legislativo: la fiscalización que acompaña a la facultad de aprobar las leyes.

Hace tres años, se realizó una reforma a la Constitución de la República que prohibió tajantemente la propaganda gubernamental que incluyera ".nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.". Resulta que hay una excepción a la estricta prohibición de la Constitución para que los gobernadores realicen difusión con su voz, su imagen y su nombre, es decir, que hagan propaganda siendo ellos los protagonistas.

Esta "tolerancia" constitucional tiene que ver con su Informe de gobierno. Dice la ley: ".el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe...".

Si sacamos las cuentas de 2011, este precepto legal significaría que del 9 al 21 de octubre, la dirección de Comunicación Social del gobierno del Estado podría inundar los medios electrónicos e impresos de propaganda sobre la gestión de gobierno durante el año anterior. Pero, una vez más, se pasan olímpicamente sobre la ley y sobre el calendario: el informe se hace a ritmo de jarana y se le llama "ciudadano" y el mes de octubre se convierte en agosto. Por eso, no nos extrañemos que a partir del 24 de julio y hasta el 5 de agosto, veamos y escuchemos miles de mensajes publicitarios sobre los logros gubernamentales.

Como ya se ha vuelto costumbre en Yucatán, el "4º Informe Ciudadano" se hará y tendrá el mismo matiz de celebración de un evento significativo para la gobernadora. Ya no será la Plaza Grande y la calle 60 su escenario. Lo substituirá Dzibilchaltún. A la avalancha publicitaria de los próximos días habría que sumarle la inmovilización de aquellos legisladores que quisieran realizar alguna fiscalización sobre el trabajo de la gobernadora. Simple y llanamente: no tienen facultades. Y si teniéndolas poco caso se les hace a sus reclamaciones, menos todavía en estas condiciones.

Pero el ambiente social no es ni remotamente el mismo que hace un año. Apenas unos días atrás, al reclamo de disculpas exigidas por un grupo de organizaciones y dirigentes empresariales por los lamentables hechos de la glorieta de la colonia México, la gobernadora Ortega Pacheco respondió que sólo quien tiene culpa ofrece disculpas. Otra vez la confusión: el juicio sobre el desempeño de sus gobernantes le corresponde a los ciudadanos, no a los gobernantes.

El lema elegido para este Informe Ciudadano, "Un destino de Luz", parece que no alcanza para iluminar las acciones gubernamentales y darles la transparencia que demandan sectores crecientes de la sociedad yucateca. Mientras, quienes vayan a asistir, que apresten su "vestimenta tradicional maya". ¡Tan sencillo que hubiera sido decir: de guayabera y de terno!- Mérida, Yucatán.

Era la Glorieta de la Paz

2011-07-20T09:20:00.000-07:00

Dulce María Sauri Riancho

Para David, Flori y Marcelo.Vendrán otros tiempos de respeto, otras voces. Porque ustedes lo harán posible

La sangre llegó a la Glorieta de la Paz. Contra viento y marea, la cerrazón de las autoridades se impuso a los argumentos de los colegios de profesionales, los organismos empresariales y los grupos de ciudadanos de Mérida. Este punto geográfico concentra hoy una forma de entender y ejercer la autoridad, una manera de practicar la política y de responder a la demanda ciudadana de participación real en las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad.

Las obras del "paso deprimido" no fueron objeto de consulta popular, cuando pudieron ser parte del listado que el Ayuntamiento de Mérida envió al IPEPAC a fines del año pasado. Inesperadamente aparecieron como la acción más trascendente del actual cabildo. Tal vez sea la urgencia de hacer "algo" que luzca y se vea, una construcción que trascienda el paso fugaz de un gobierno ya de por sí breve. Los conciertos de Shakira y Juanes no son suficientes para la memoria de la posteridad, así sean gratuitos, aunque tal vez ayuden a competir por la postulación del PRI al gobierno de Yucatán.

La actitud de las autoridades parece reflejar un menosprecio hacia la sociedad yucateca. Los cálculos políticos suponen que en pocos días las voces disidentes se callarán y los manifestantes, impotentes y desalentados, se cansarán. Se asume que son puros "dzules" del norte los que nutren la protesta, que no están acostumbrados a la lucha ni a expresarse públicamente; que son fáciles de amedrentar por la amenaza de violencia, que el lunes se hizo efectiva. Además, calculan, en unas cuantas semanas, cuando el "paso deprimido" esté terminado e inaugurado, las turbulencias del inicio de su construcción habrán quedado en el olvido.

Es posible que el PRI minimice las consecuencias electorales de los sucesos de la Glorieta de la Paz. Al fin y al cabo, en todas las casillas de esa zona de la ciudad casi siempre se ha impuesto Acción Nacional. Y como no se puede perder lo que no se tiene, no habrá efectos mayores para el cada vez más próximo 2012. A lo anterior se suma una estrategia eficaz de comunicación gubernamental que transformó la agresión a los manifestantes del lunes pasado en un episodio más de la lucha entre panistas y priístas. Así se reflejó en los noticieros de radio y televisión. Y si muchos ciudadanos rechazan la política y a los políticos, al ponerle el sello de una lucha entre partidos las autoridades intentan restarle simpatía y solidaridad al movimiento de la glorieta de la Paz, integrado por mujeres y hombres, la mayoría de ellos sin militancia partidista.

Hacia afuera, las autoridades municipales consideran que su intransigencia da una imagen de fortaleza al negarse a cualquier tipo de reconsideración sobre la obra. Que al gobierno no se le presiona ni se le doblega; que el problema no trasciende la esfera local porque en la parte nacional, el interés se concentra en las elecciones del pasado 3 de julio, con el amplio triunfo del PRI sobre sus dos adversarios, PAN y PRD, y no en prestarle atención a un suceso provinciano.

El sentido común proclama la necesidad de cuidar las frágiles redes de la convivencia en esta ciudad. ¿Qué desearía que pasara? Que la alcaldesa de Mérida detuviera la obra, que abriera el diálogo, como dicen el dueño de la empresa ganadora de la licitación y el presidente del Centro Empresarial de Mérida. Pero, ¿qué es lo más probable que suceda? Si no cristalizan los intentos legales por detener la construcción, el "paso deprimido" de Montejo se hará. Tal vez será la primera (¿la única?) obra de esta administración gubernamental -estatal y del actual cabildo- que se concluya en el plazo comprometido, en este caso, de 84 días. Hay demasiados ojos mirando para que no se liquiden los anticipos de obra (del finiquito, mejor no hablamos) para que la empresa pueda ejecutarla. El 16 de septiembre se inaugurará, los autos transitarán y habrá plantas de vivero en lugar de los añejos flamboyanes y piches. Aquí no ha pasado nada.

Pero sí, mucho ha sucedido. La violencia le ganó la partida al diálogo, se impuso una forma autoritaria de ejercer el mandato popular; se rechazó la participación de las organizaciones de profesionales y de los mecanismos especializados en el análisis de los problemas de la ciudad. Se ignoró a la sociedad y se agredió a una parte de ella.

La prepotencia es el mal que aflige al actual gobierno. Y es muy contagioso. Sus síntomas más agudos son el menosprecio de la opinión popular y el uso de la fuerza del poder para imponerse y avasallar. Hoy lo padece la alcaldesa de Mérida. Pero sí tiene consecuencias. Sus contendientes por la candidatura del PRI a la gubernatura deben estar frotándose las manos, aunque de dientes para afuera la feliciten por su firmeza.

Por lo pronto, le quito el nombre a la glorieta. Prefiero llamarla "de la Colonia México", o como una conocida cadena de hamburguesas, o tal vez el "paso deprimido" de Montejo. Nunca más "de la Paz". Es desde el lunes pasado, una flagrante contradicción.- Mérida, Yucatán.

La glorieta de la Paz, en una encrucijada

2011-06-30T10:07:00.000-07:00

El sábado pasado una manta cubrió la glorieta de la Paz en la prolongación del Paseo de Montejo. Decía: "Todos somos vecinos". Se trataba de subrayar el carácter ciudadano de la manifestación de cientos de personas que desafiaron la copiosa lluvia que caía a esa hora. Pero también significaba algo más allá de la colonia México, del Circuito Colonias y sus grandes árboles; era la expresión de que todos los habitantes de Mérida compartimos un espacio y un tiempo únicos, que hace que lo bueno que sucede sea para todos y que las malas decisiones de hoy afecten la convivencia y la calidad de vida de todos.

El "movimiento de la glorieta de la Paz", como lo podemos bautizar, es asimismo una expresión que involucra al conjunto social yucateco. Creo que este rechazo a la pretensión de las autoridades de construir la obra del "paso deprimido" se hubiera manifestado cualquiera que fuese el origen partidista del Ayuntamiento. Si es el PAN o si es el PRI, para los ciudadanos que se han expresado resulta poco significativo. Lo que se observa y vive con preocupación es la actitud de la administración municipal de llevar adelante una obra cuestionada. Distintas organizaciones sociales han planteado su punto de vista: la minoría que incluye a la Cámara de la Industria de la Construcción, a favor; la mayoría, que suma al Plan Estratégico de Mérida y al Colegio de Arquitectos, lo ha hecho en contra.

Sólo hay un precedente cercano de movilización de empresarios, profesionales y ciudadanos sobre un plan que afecta a la ciudad de Mérida. Me refiero a Metropolisur, el megaproyecto urbano elaborado por la administración estatal pasada. El gobernador Patrón Laviada se empleó "a fondo", acudió a las cámaras empresariales a exponer un conjunto de siete proyectos que incluía el museo de la cultura maya y la reubicación del aeropuerto de Mérida hacia Tetiz. El Congreso del Estado, con una precaria mayoría del PAN, convocó a una serie de reuniones de análisis sobre la propuesta del Ejecutivo, que incluía la solicitud de autorización para contratar una línea de crédito por mil millones de pesos. La discusión fue amplia, intensa, en algunos momentos, apasionada. Nadie objetó seis proyectos, pero el séptimo, que era el eje del conjunto, la reubicación del aeropuerto y la utilización de sus terrenos para construir viviendas y de sus pistas cruzadas como avenidas, fue severamente cuestionado. El Congreso local rechazó la solicitud de crédito-puente del Ejecutivo, que requería de esos recursos para comenzar las obras en tanto se vendían las instalaciones y los terrenos del aeropuerto. En consecuencia, Metropolisur no se llevó adelante.

Este episodio mostró la intensa vitalidad de las organizaciones sociales y los colegios de profesionales en los temas que involucran el desarrollo del estado. Sin embargo, la participación de la ciudadanía, la que no pertenece a una agrupación o a algún partido político ha sido mucho más intensa en el caso de la glorieta de la Paz.

La presidenta municipal de Mérida, Angélica Araujo, rinde hoy su primer informe de los dos que le corresponden al actual Ayuntamiento. Es la primera arquitecta que funge como alcaldesa de Mérida. De entrada, su formación profesional propicia imaginar una ciudad armoniosa, que conserve y consolide la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, los resultados de la primera mitad de su gobierno no han sido precisamente afortunados; las principales propuestas de campaña para la modernización sustentable del municipio no se han concretado o han caído en la improvisación y el inmediatismo, como parece haber sucedido en el caso de la glorieta de la Paz.

La disyuntiva que se presenta ante Angélica Araujo está entre continuar con los trámites para realizar el cuestionado "paso deprimido" del Paseo de Montejo o cancelar la licitación y replantear el proyecto, asumiéndolo como parte de un amplio programa de vialidad y transporte del municipio de Mérida, sumando así la enorme energía social que se ha manifestado.

A la vez, la alcaldesa está en una encrucijada, un punto en que se cruzan los caminos de un estilo autoritario, que confunde el ejercicio de la autoridad con la imposición de ideas, de soluciones, de personas, y otro: el estilo de quien ejerce el mando porque tiene el consenso social, que lo mantiene e incrementa con su apertura a la participación de la sociedad a la cual representa y sirve. ¿Qué camino tomará Angélica Araujo: el del autoritarismo, con sus aplaudidores que cesarán de batir las manos cuando se acabe el presupuesto, o la difícil senda de construir soluciones con todos, porque a todos compete decidir el futuro de Mérida?

No puedo pronosticar qué decidirá la alcaldesa de Mérida, pero sí transmitirle una vivencia: lo más valioso de una autoridad que ha ejercido un cargo público cuando termina su mandato es convivir con quienes una vez gobernó, ir al cine o al supermercado, al restaurante o a la escuela de los hijos, al parque o a la iglesia, y ser aceptado como uno más, alguien que fue funcionario por un tiempo, pero que siempre es respetado por haberle cumplido a sus conciudadanos.- Mérida, Yucatán.

La combi blanca. Comunicación y Liderazgo

2011-06-22T09:52:00.000-07:00

Dulce María Sauri Riancho

¿En qué se parecen las maestras inconformes con los cambios geográficos de sus plazas y los locatarios del mercado de Chuburná? ¿Cuál es la semejanza entre los consejeros de la Fundación Produce y quienes se oponen al "paso deprimido" que se pretende construir en la Prolongación de Montejo? Su denominador común es que todos ellos se han manifestado contra la forma como ejercen las autoridades sus funciones: las maestras, por las decisiones poco claras y las "sorpresas" de quienes lograron acercarse a Mérida; los locatarios, por los inspectores de Mercados que no han frenado el ambulantaje que mengua su clientela y favorece la informalidad. La Fundación Produce no puede retomar sus actividades de fomento a la investigación y apoyo tecnológico a los productores del campo por el afán enfermizo de los funcionarios estatales de intervenir en su vida interna. Y el túnel de la glorieta de Montejo parece que será excavado por el bulldozer de la cerrazón a cualquier razonamiento que llevara a las autoridades municipales a reconsiderar su atropellada determinación de construirlo.

Son algunos ejemplos que ilustran que algo está fallando seriamente en la comunicación entre el gobierno y la sociedad yucateca, que estamos urgidos de analizar lo que está aconteciendo entre las autoridades y grupos cada vez más numerosos de ciudadanos que no están de acuerdo con la forma de ejercer el mandato popular de sus representantes. Decir que quienes expresan su malestar por alguna decisión de autoridad lo hacen por motivos "malsanos" -léase, porque sirven a algún partido de oposición- sólo muestra el error mayúsculo que están cometiendo nuestros políticos, con consecuencias graves para el ejercicio del poder público y para la convivencia social.

Llevamos desde 1997 en una condición inédita, en que el sistema presidencial como lo conocimos ya no funciona para dar cohesión política al conjunto social. Los efectos se viven en todos los niveles de distinta manera. Por ejemplo, la ausencia de mecanismos de control efectivo sobre las autoridades ha favorecido la corrupción de manera nunca antes imaginada, sin que haya elemento que pueda contenerla. Habrá quien suspire por los tiempos en que el secretario de Gobernación llamaba al gobernador desidioso o ineficiente, que despilfarraba el presupuesto y negaba atención a las necesidades de su pueblo, y lo ponía en la situación de optar por una "licencia" para salvar figura y separarse de su cargo.

Eso quedó en el pasado. No hay marcha atrás. Tenemos que construir hacia adelante, hacia el futuro. Un nuevo tejido para el que no tenemos patrones que nos indiquen a ciencia cierta el rumbo de las agujas. Sabemos qué es lo que no queremos; intuimos lo que necesitamos.

No queremos autoridades distantes que se escudan en un falso respeto a las opiniones para impedir el verdadero diálogo; que pretenden anular a quien no coincide con su visión de las cosas o con su manera de ejercer su responsabilidad. No queremos la simulación de las consultas y los comités ciudadanos de participación, que como hongos después de la lluvia se han creado y no han resistido más allá de la toma de protesta de sus integrantes. No queremos la descalificación de los órganos colegiados de planeación o de investigación cuando sus opiniones confrontan y cuestionan los actos de gobierno.

No queremos la utilización del presupuesto gubernamental para dilapidarlo en imagen del gobierno y de sus funcionarios. Menos aún, que refuerce el clientelismo electoral, satisfaciendo momentáneamente una necesidad de los más pobres, en vez de aplicar programas que den resultados más allá del día de las elecciones.

No queremos funcionarios rodeados de un séquito de protección en un estado cuyas autoridades se precian que es el más seguro del país. No queremos opacidad en los actos de gobierno, subterfugios para no informar, evasivas para no rendir cuentas.

Sí necesitamos representantes que se ganen el liderazgo social y el respeto de sus conciudadanos por su conducta y sus actitudes. Es una cuestión de autoridad moral que sólo se puede dar con el ejemplo cotidiano de modestia y sobriedad, de dedicación y entrega más allá del discurso.

Hace años era familiar para los noctámbulos del centro de Mérida ver a una combi blanca cruzar las calles. Su conductor era el gobernador, acompañado de quien fue su chofer antes y después de dejar el cargo. Solos. Seguro, por el respeto y el reconocimiento de sus conciudadanos. Así pudo lograr el puerto de altura de Progreso, así pudo gobernar. En verdad hay cosas que nunca debieron cambiar...- Mérida, Yucatán.

Los costos de la incapacidad política

2011-06-15T14:42:00.000-07:00

Certificación sanitaria en riesgo

Dulce María Sauri Riancho

Desde su inicio, el actual gobierno del Estado vivió una situación política inédita, nunca antes experimentada por administración alguna: el gobierno federal en poder de Acción Nacional y el de la entidad, recuperado por el PRI. Es cierto que los últimos meses de la gestión de Víctor Cervera coincidieron con los primeros seis de Vicente Fox, pero la administración de Ivonne Ortega comenzó (el 1 de agosto de 2007) cuando ya gobernaba el presidente y concluirá (el 1 de octubre de 2012) antes de que Felipe Calderón concluya su mandato, el 1 de diciembre de ese año.

Las relaciones entre los gobiernos estatales y el Ejecutivo federal experimentaron un cambio profundo a partir de 1997, cuando se creó el "Ramo 33" en el Presupuesto de Egresos de la federación, por el cual las administraciones estatales reciben por ley un importante flujo de recursos económicos. Además, desde 2001 los gobernadores de todos los partidos políticos se agruparon en la CONAGO, eficaz mecanismo de interlocución con el Ejecutivo federal. Aún más: desde 2009 el PRI tiene mayoría en la Cámara de Diputados, que es la que autoriza las asignaciones presupuestales a los estados, a lo que se sumó la presidencia del Congreso de la Unión en manos de un legislador yucateco.

Adentrarse en este territorio político desconocido demandaba mucha prudencia de ambas partes y una excelente organización del lado del gobierno del Estado. Muy pronto las áreas técnicas del Ejecutivo yucateco mostraron sus cualidades en Educación, en Medio Ambiente, pero en otras como Salud, Política Comunitaria y Fomento Agropecuario menudearon las quejas y denuncias: que las Secretarías estatales no ponían su parte del dinero comprometido, que las delegaciones federales hacían lentos y difíciles los trámites, entre las más frecuentes.

La ola de acusaciones y réplicas entre autoridades ha aumentado en los últimos meses y comienza a afectar áreas sensibles de la vida productiva de la entidad. Ya no se trata sólo de obras que no se materializan o de servicios que no se cubren. Ahora están en riesgo programas institucionales de muchos años, como el que ha permitido que Yucatán ostente la certificación sanitaria para sus productos pecuarios.

Siendo gobernadora en 1991 comenzaron a instalarse dos grandes empresas porcícolas que juntas habrían de centuplicar la oferta de carne de cerdo que hasta entonces atendían los porcicultores locales -ejidales y particulares- y se completaba con la introducción de animales del Bajío. Era evidente que ni comiendo todos los yucatecos diariamente cochinita y chicharrón se podría consumir el producto de la porcicultura, que el único camino a seguir era su venta en otras partes del país y su exportación a otras regiones del mundo. Pero para incursionar en esos mercados era indispensable certificar que los animales y la carne estuvieran libres de enfermedades, como el llamado "cólera porcino" o el "mal de Aujeszki". También la ganadería bovina, en particular la de registro, al igual que la avicultura productora de carne de pollo y de huevo demandaban la erradicación de diversas enfermedades para mejorar su productividad y extender sus mercados. Desde luego, la tradicional apicultura necesitaba cumplir los crecientes requisitos sanitarios del principal destino de sus exportaciones que era y aún es la Unión Europea, en especial Alemania.

El reto era mayúsculo. Junto con las autoridades de Agricultura trazamos un ambicioso programa que habría de concretarse después de cinco años con la ansiada certificación. Como el buen juez por su casa empieza, decidí sacrificar al hato lechero propiedad de Cordemex que, infectado de brucelosis, constituía un foco de contagio para otros bovinos. Así, con el ejemplo, el gobierno estatal pudo acordar con los productores y con los comerciantes las medidas necesarias para tender un "cerco sanitario" sobre Yucatán.

Un equipo competente de veterinarios y técnicos agropecuarios hizo la planeación y comenzó a vigilar la aplicación de las normas, que incluyeron la prohibición de introducir carne de cerdo o de res, pollo y huevo de otras regiones, incluyendo Campeche. Los incidentes no se hicieron esperar, en particular en las casetas limítrofes con el vecino estado, donde fueron confiscados sándwiches y hojaldras y en una ocasión, hasta las tortas de un militar de alto rango.

El sacrificio colectivo valió la pena. Yucatán logró su estatus sanitario, la carne de cerdo se vende a Japón; el ganado de registro yucateco tiene demanda en Centroamérica; la miel puede llegar a cualquier mercado europeo; el pollo circula por todo el país. Libramos las crisis económicas de 1994-1995 y la amenaza a la certificación que representó el huracán Isidoro en 2002. Este ejemplo de continuidad institucional que ha sido el programa de sanidad animal, de coordinación entre niveles de gobierno, entre productores, comerciantes y autoridades, tiene que superar la incomprensión y las mezquindades políticas que ahora lo ponen en riesgo.

Si no pueden construir, al menos que no destruyan lo duramente logrado gracias a un esfuerzo que comenzó hace 20 años.- Mérida, Yucatán.

Con visión de futuro. Empresarios y gobierno

2011-06-14T08:24:00.001-07:00

Dulce María Sauri Riancho

Invitada por un grupo de empresarios, hace unos días participé en un interesante ejercicio de reflexión colectiva sobre la relación entre gobernantes y las organizaciones empresariales. A partir de las experiencias vividas por gobernadores en su trato con los dirigentes, esta organización empresarial busca alentar una relación con las autoridades que le dé buenos resultados a sus agremiados y contribuya a una eficaz acción de gobierno.

Me puse entonces a hurgar en el cajón de mis recuerdos. Se trataba de comunicar mis sentimientos y percepciones sobre actos que ocurrieron hace casi 20 años, en una sociedad y con una organización política diferente a la que actualmente nos rige. Decidí elegir algunos sucesos para ilustrar de manera concreta el punto que a mi juicio es fundamental: mantener el diálogo, aunque haya diferencias, incluso intereses encontrados. Éste es uno de los casos que elegí.

En diciembre de 1991 envié una iniciativa al Congreso del Estado para establecer el impuesto del 2% sobre las nóminas. La recaudación de los impuestos locales era raquítica; dependíamos casi totalmente de las participaciones en ingresos federales, en tanto que los municipios recién comenzaban a desarrollar sus propias bases fiscales a partir del predial. En esos años, otros cinco o seis estados de la república habían tomado esta determinación, que se mostraba imperiosa para Yucatán.

La reacción empresarial no se hizo esperar. No estaban de acuerdo con el nuevo gravamen, parte por una posición entendible contra cualquier nuevo impuesto que incidiera sobre sus costos y parte por la desconfianza respecto al destino de los recursos que se recaudarían. Los funcionarios gubernamentales acudieron a largas sesiones de trabajo convocadas ex profeso para abundar en los detalles y despejar dudas. Sin embargo, una y otra vez los dirigentes empresariales señalaban su reticencia a otorgar más recursos al gobierno porque, decían, una vez que ingresaran a las arcas públicas sólo servirían para aumentar el gasto corriente, los sueldos y salarios de la burocracia, las adquisiciones de vehículos, el pago de las gasolinas, etcétera. Querían garantías de que el destino de esos fondos sería exclusivamente la obra pública, la inversión en infraestructura, tan necesaria para el desarrollo del estado.

Les ofrecí a los dirigentes empresariales la constitución de un fideicomiso con los recursos provenientes del impuesto del 2%, en cuyo comité técnico o de administración estuvieran integrados los empresarios. Que el gobierno se obligaría a través de un decreto del Congreso a depositar la recaudación equivalente, que estaría destinada sólo a la construcción de infraestructura.

Las turbulencias de la discusión política de esos días impidieron que la propuesta del fideicomiso prosperara. No obstante, como gobernadora tomé la decisión de emplear toda la recaudación para la obra pública. Desde luego, de informar periódicamente de las cantidades obtenidas y del destino de los recursos. Así se pudo completar la mitad que faltaba a los 52 km del periférico de Mérida, obra iniciada por don Carlos Loret de Mola en 1976, y ampliarlo a dos cuerpos, dejando en el centro un camellón suficientemente ancho para la instalación de un ferrocarril o un metrobús. Lo que se hizo ese año fue importante pero, si en vez de las pugnas hubiese campeado -en ambas partes- la visión a futuro, en la actualidad se dispondría de más de 450 millones de pesos para negociar, cada año, esquemas de cofinanciamiento de infraestructura.

He asumido que la representación popular obliga al gobernante a velar por el bienestar general, por encima de los legítimos intereses de las partes. Los empresarios y sus organizaciones son una de ellas, fundamental para el crecimiento económico y para el empleo de los yucatecos. Ambos, el gobierno que encabezaba y los dirigentes de la época, nos esforzamos por mantener la comunicación a pesar de las diferencias; buscamos aprovechar la presencia de dos destacados yucatecos en la cúpula nacional de las organizaciones empresariales para facilitar los trámites y la interlocución con el gobierno federal. A pesar de nuestras discrepancias, en varias ocasiones acudimos juntos a realizar gestiones a favor de las empresas locales ante las autoridades federales.

Cada quien -gobierno, empresarios- tiene su propia responsabilidad, pero para cumplirla a plenitud nos necesitamos ambos. Un gobierno debe comunicarse permanentemente con la sociedad, con todas las partes y grupos que la integran. Se trata de hablar, sí, para llegar a acuerdos, para transmitir inquietudes, para formular exigencias. Es el único camino que ni la más costosa campaña publicitaria podrá sustituir.- Mérida, Yucatán.

Ocurrencias y modernidad. Túneles y glorietas

2011-06-02T08:46:00.000-07:00

Dulce María Sauri Riancho

Como muchos meridanos, todos los días rodeo la fuente del cruce del Circuito Colonias con la Prolongación de Paseo de Montejo. Disfruto los cambios estacionales de su decorado, las flores de su jardinería y —hasta hace algunos años— los baños accidentales del vigoroso chorro de agua cuando el aire lo esparcía contra los vidrios o por las ventanas abiertas del coche.

En enero de este año, la glorieta se vistió de blanco para celebrar la declaratoria que hizo de Mérida la “Ciudad de la Paz”. Terminaron las fiestas y comenzó su reconstrucción con un costo que, según leí, ascendía a dos millones de pesos.

De pronto se hizo el anuncio de que en ese mismo punto se construiría el primer “paso deprimido” o túnel para agilizar el tránsito vehicular. ¿Qué pasó entre febrero y los últimos días de abril que llevó a la presidenta municipal a proponer una obra “de importancia estratégica”, destruyendo lo que todavía no se inauguraba?

El tránsito de autos no puede estar desvinculado de la red y del servicio de transporte público. Vialidad y transporte forman una misma unidad.

Tan es así que una de las “promesas” de campaña era realizar una profunda “reingeniería de tránsito”, que incluía modernizar el transporte y reducir a $2.50 las tarifas de los estudiantes.

Una y otra vez el actual gobierno del Estado se ha comprometido a presentar el nuevo programa de transporte público; una y otra vez ha incumplido.

Tal parece que en el ánimo de la alcaldesa pesaron más las conveniencias personales que las necesidades de la ciudad. Es más fácil hacer una obra “novedosa” que regular y mejorar la red de transporte de la ciudad. Es menos conflictivo construir un túnel que ordenar el tránsito; es más redituable económica y políticamente realizar una obra que se concluya antes de las postulaciones a las candidaturas de 2012 que elaborar y evaluar un programa de reingeniería vial.

Tres cuestiones relacionadas con la obra y con la decisión de las autoridades me preocupan profundamente.

Primero, la falta de memoria histórica de nuestras autoridades. Hace más de 50 años, en aras de la modernidad, se destruyeron antiguas casas coloniales del centro de la ciudad, que fueron sustituidas por edificios que respondían a los gustos de entonces. ¡Qué arrepentidos estamos ahora y qué feas nos resultan las expresiones de aquella modernidad! En esta ocasión estamos llegando tarde a la moda de los pasos “deprimidos”, como lo hacen saber voces informadas, con conocimiento y visión urbanística.

Segunda preocupación, el costo social de las “ocurrencias”.

En materia de obra pública se requiere un “mapa de ruta” que confiera coherencia a las acciones, más aún cuando una administración sólo puede realizar “partes” de ese proyecto integral. No parece que haya “mapa” en este particular caso: la obra no aparecía registrada en los planes oficiales; se pagará con dinero de un crédito solicitado originalmente para el Anillo de Circunvalación —esa sí, obra visionaria y necesaria— y si lo anterior no bastase para demostrar improvisación, el mismo Ayuntamiento remozó la glorieta que ahora tiene que desbaratar para excavar el túnel.

La tercera y enorme preocupación tiene que ver con la calidad de vida de la ciudad. Se trata de la preservación del medio ambiente, que implica árboles y su sombra; que significa la menor cantidad posible de superficies asfaltadas o de concreto. Pero también tiene que ver con las personas, vecinos próximos o no de esta obra, que verán transformado su entorno de una manera definitiva.

Gobernar es difícil por el conjunto de intereses aparentemente contrapuestos que es necesario conciliar. La sostenibilidad del desarrollo se basa en la participación ciudadana en la toma de decisiones. No sólo hay que escuchar: es necesario convencer o tener la disposición para rectificar, si los ciudadanos tienen razones y argumentos. Ignoro qué vaya a pasar con la obra del túnel de la fuente, si contra viento y marea se realice o si habrá una reconsideración. Podemos suponer que la obra se hará y que será inaugurada a tiempo para las postulaciones de candidatos, en marzo de 2012.

Imaginemos qué ocurriría entonces, si los cruces de Itzimná y de la avenida del Rogers se vieran congestionados y el crucero del Enlace colapsado por la sobrecarga vehicular. Todo esto en la cercanía de las elecciones del 1 de julio de 2012.

Mayor desasosiego produce imaginarse lo que ocurriría en 30 ó en 50 años, pero debiéramos hacerlo. No se vaya a lamentar entonces que no hubiéramos detenido el deterioro urbano y ambiental cuando aún se le podían dar nuevos horizontes a esta ciudad, a la que hemos visto crecer con un sello que la distingue, de la que nos sentimos tan orgullosos todos los yucatecos.— Mérida, Yucatán.

Las marchas de mayo. Transparencia y verdad

2011-05-25T07:23:00.000-07:00

Dulce María Sauri Riancho

El sentido común obliga a considerar la posición de los funcionarios gubernamentales sobre el reclamo de información y transparencia que mantiene un sector de la sociedad. Veámoslo en términos de costos y oportunidades.

¿Qué le saldría más barato -políticamente hablando- al gobierno: dar a conocer las razones por las que no ha podido concluir los hospitales de Valladolid y Tekax y terminarlos a la brevedad, o aguantar en silencio las protestas cada vez más exaltadas de los ciudadanos de esas regiones?

¿Qué sería más fácil para los encargados de la comunicación: exhibir su padrón de proveedores y así responder a los señalamientos reiterados de fraude, o "jugársela" a enfrentar investigaciones y auditorías del Sistema de Administración Tributaria (SAT), autoridad federal encargada de vigilar el correcto pago de los impuestos?

¿Qué es más sencillo: informar el número de viajes de la gobernadora fuera del estado, las fechas, los detalles (vuelo comercial o vuelo privado; "aventón" de algún gobernador vecino o alquiler de avión) y hasta los viáticos recibidos, o "poner caradura" al responder que no existen registros administrativos disponibles de estos movimientos?

¿Qué sería más conveniente para la imagen de la gobernadora cuando surge una denuncia contra el desempeño de algún funcionario: ignorar olímpicamente las acusaciones, como hasta ahora, o abrir paso a una investigación que despeje dudas de la sociedad y de su propia jefa? ¿Qué sería más positivo para el funcionamiento de la administración gubernamental: respetar a los dirigentes de organizaciones que no son incondicionales del régimen o buscar por todos los medios su destitución, como ha acontecido en la Fundación Produce y en algún sindicato?

El viernes pasado hubo dos manifestaciones ciudadanas. Una, para rememorar el triunfo electoral del PRI en 2007, refrendado en 2009 y 2010. La otra, de un conjunto de organizaciones sociales y ciudadanos decididos a exigir libre acceso a la información pública y a demandar transparencia en los actos del gobierno.

Una vez más, la polarización surge y desgasta a la sociedad yucateca. O se está con el gobierno o se está contra él; o se ama a la gobernadora cuyo "liderazgo moral" cobra perfiles de dogma político, o se le rechaza tajantemente y se cuentan los días que faltan para que concluya su gestión.

Resultaría más barato para la sociedad y menos gravoso para el gobierno y la gobernadora recapacitar, hacer a un lado aquella conseja de "quien no está conmigo, está contra mí". En una sociedad plural y con creciente ciudadanía, una actitud excluyente por parte de sus autoridades tiene un enorme costo para la gobernabilidad y la buena marcha del conjunto social. Y los políticos suelen olvidar que los gobiernos pasan, mientras el pueblo permanece.

Se entendería el afán por ocultar información que debiera ser pública si el costo de revelarla fuera muchísimo mayor que el beneficio de darla a conocer. Sería el caso si se hubiesen empleado los fondos de los hospitales en solventar deudas de campaña al inicio del gobierno; si los gastos exorbitantes en comunicación social suplantaran otro tipo de erogaciones no sólo de imagen de la gobernadora; si la red de facturas apócrifas y empresas "fantasmas" fueran un modus operandi para todas las ramas del gasto gubernamental; si el temor a la actuación independiente de los directivos de las agrupaciones sociales o empresariales estuviese asentado en el miedo a que ganasen influencia moral frente al gobierno.

La sociedad, organizada o no, tiene el derecho y la necesidad de saber. El gobierno tiene el deber de informar. Eso puede molestar, enfadar a las autoridades, es decir incomodarlas. Para el ciudadano, aquí en Yucatán o en cualquier parte de México: "Que no te incomode incomodar, que no incomode despertar la indiferencia que no permite hoy mirar... no disfraces la mentira por tu miedo a la verdad...".- Mérida, Yucatán.

Reorientar políticas. Vida en la Sejuve

2011-05-20T15:41:00.000-07:00

Dulce María Sauri Riancho

Hace unos días se realizó un nuevo cambio de titular en la Secretaría de la Juventud (Sejuve). Creada al iniciarse el actual gobierno, la institución aspiraba a convertirse en el motor de la participación juvenil en las distintas áreas de la economía, la sociedad, la educación y la cultura, con el mandato claro de reconocer y remover cualquier obstáculo que enfrenten las mujeres y los hombres por el hecho de ser jóvenes.

Miles de personas en Yucatán afrontan desventajas e incluso discriminación. Las mujeres, la población maya, los niños y los ancianos, así como los jóvenes tienen problemas específicos por razón de su edad, su género o su condición étnica. El gobierno ha creado diversas instituciones, como el Instituto Estatal de las Mujeres, el Indemaya, el DIF, el Insen y la propia Sejuve, que pretenden combatir la desigualdad y ofrecer oportunidades para todos.

Se trata de esfuerzos poco articulados que se duplican, atropellan y confunden, lo que propicia el desperdicio y el dispendio de los escasos recursos presupuestales asignados.

El problema es la visión. El gobierno ha confundido la formación de las instituciones con una estrategia integral de atención, que sume verdaderamente las capacidades y los recursos de la administración pública y los articule a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad. Por eso pretende haber cumplido sus compromisos cuando asigna plazas y algunos recursos para la operación de las dependencias formalmente responsabilizadas de los programas.

Dice el refrán que "... la juventud es el único defecto que se quita con el tiempo...". Sin embargo, no basta esperar pasivamente el paso de los días. Los jóvenes demandan salud, educación, empleo, vivienda, transporte, recreación y deporte. Tras cada una de las acciones hay una o varias dependencias de gobierno involucradas, como las Secretarías de Salud, de Educación, Fomento Agropecuario o Económico, Turismo, etcétera. Es decir, todo el gabinete estatal. Pero si se "enjaulan" las políticas para los jóvenes dentro de los estrechos límites de una secretaría, la burocratización y el fracaso están prácticamente asegurados.

La Sejuve no ha logrado implantar una visión globalizadora y una estrategia integral en las políticas públicas del gobierno. Si de financiamiento de proyectos se trata, sólo hay para unos cuantos y por cantidades insuficientes para poderlos realizar. Y en la parte social se confunde la participación juvenil con la promoción de fiestas y agasajos, con barra libre incluida, cuando se aproxima alguna elección.

A la Secretaría de la Juventud se le ha ido el tiempo en batallas por el presupuesto, perdidas de antemano frente a los gigantes de la administración, como las Secretarías de Educación, Salud, Fomento Agropecuario, Seguridad Pública y Política Comunitaria. Y si le sumamos los numerosos cambios en sus mandos superiores, con tres titulares y varios interinatos, se entienden las razones de los magros resultados obtenidos. Este tercer cambio trae a una joven mujer, animosa y preparada académicamente, con experiencia previa a pesar de sus pocos años, cuando al gobierno le restan 16 meses para concluir.

El remedio no consiste en incrementar el presupuesto de la Secretaría de la Juventud para 2012. Sin un cambio de estrategia sólo aumentaría la burocracia y propiciaría mayor despilfarro. Modificar el rumbo significaría lograr una efectiva incidencia en el diseño de políticas para la juventud y en la asignación de recursos de todas las dependencias para cumplirlas.

Un pequeño equipo con calidad profesional y propósitos de servicio bastaría para reconducir la política de esta administración hacia la juventud. Sería posible si contara con el apoyo decidido de la gobernadora. En estos menesteres no bastan las fotos: se requiere el trabajo y la atención cotidiana a estos asuntos, que hagan sentir en forma palpable a todos los funcionarios que la gobernadora apoya decididamente a Vida para darle a la Sejuve la orientación que reclama. Más vale tarde que nunca.- Mérida, Yucatán.

Marchas y manifestaciones. Entre la frustración y la esperanza

2011-05-11T06:47:00.000-07:00

Dulce María Sauri Riancho

Las marchas y concentraciones del domingo pasado en la ciudad de México y otras 17 entidades del país y el mitin matutino en la plaza de San Juan, en Mérida, muestran con claridad que nos encontramos en una situación de emergencia social.

El combate frontal al narcotráfico y al crimen organizado está derivando en la instauración de un Estado policiaco, en que las prioridades parecen haberse trastocado. Lo más importante para el gobierno se ha vuelto el número de jefes de cárteles que han salido de la circulación (aprehendidos o muertos), ya ni siquiera la cantidad de droga decomisada. Las ejecuciones y las balaceras forman parte de la vida cotidiana de varias ciudades y regiones de México, sin que ocupen más que unos cuantos renglones de los medios impresos y unos breves segundos en los noticieros televisivos.

La propaganda oficial intenta convencernos de que "vamos ganando" la guerra; que todos los esfuerzos son ".para que la droga no llegue a tus hijos.". Sin embargo, la sensación general es de frustración. Peor aún, no se vislumbra la luz al final del túnel de violencia e inseguridad. Por eso es muy importante registrar lo sucedido en las marchas y el mitin dominical meridano.

Lo trascendente no es el número de personas que se manifestaron y sus motivos para asistir y expresar la indignación por la violencia que azota a la sociedad mexicana. Lo que importa no es cuántos seguidores tiene López Obrador y el movimiento de regeneración nacional (MORENA) que encabeza. Lo que conviene rescatar es la mezcla de sentimientos de frustración y de esperanza que se proyectaron ese día: la indignación por lo sucedido y la esperanza de que las cosas pueden cambiar, que todavía es posible construir, en paz, espacios de convivencia social distintos al ambiente de inseguridad e incertidumbre en que vive la mayoría de la población.

En el corto plazo es necesario combatir frontalmente toda forma de delincuencia. Pero no podemos permitir que el gobierno agote su compromiso en una guerra perdida de antemano si no se atacan las raíces del mal. Las causas de fondo de la situación que nos aflige están en la profunda desigualdad y en la falta de oportunidades para la mayoría.

Se dice con razón que las bandas de narcotraficantes están integradas principalmente por jóvenes que no encontraron opción para satisfacer sus expectativas de mejoramiento material en una actividad lícita, es decir, no hallaron trabajo y si lo hicieron, el sueldo era tan reducido que difícilmente les permitía vivir el día, mucho menos construir su futuro.

Hasta hace algún tiempo, con una economía boyante en los Estados Unidos, la emigración era el destino de numerosos contingentes juveniles de muchas partes del país. Esa etapa terminó con la crisis económica de 2008. Ahora la oportunidad aparece en el reclutamiento para la delincuencia organizada, sea para el narcotráfico o para actividades menos perseguidas, como el tráfico de personas, la venta de mercancía pirata y otras formas irregulares de ganarse la vida.

Si sabemos cuál es el origen del mal, como sociedad tenemos derecho a exigir al gobierno la aplicación de remedios eficaces. Requerimos de un verdadero Programa de Emergencia del Empleo Juvenil. Hay antecedentes: en 1983 se estableció un programa para dar trabajo a miles de personas en el campo que habían quedado sin ingresos como consecuencia de la crisis de entonces. En otras partes del mundo, como en Estados Unidos cuando la Gran Depresión y en Taiwán cuando el bloqueo de China, se crearon mecanismos institucionales para asegurar un ingreso mínimo a su población mientras se generaban las condiciones de superación de la emergencia.

En esta emergencia social, el compromiso debe ser con los jóvenes. No se trata de hacerlos policías ni de darles entrenamiento militar que propicie después su "salto" al crimen organizado. El compromiso estaría en proporcionar efectivamente medios para la creación de empresas juveniles, para estimular la contratación y permanencia en los negocios establecidos, para ampliar sus oportunidades de becas de estudio de postgrado y de inserción en los sistemas de investigación y enseñanza superior del país.

Así habría esperanza. Y si la hay, también habrá futuro para todos.- Mérida, Yucatán.

Resignarse u organizarse, los dos caminos

2011-05-06T11:04:00.000-07:00

Dulce María Sauri Riancho

Que México no es el país más violento. Que varios lo anteceden; en América Latina, El Salvador y Brasil van por delante en la cuenta de asesinatos y asaltos.

Que la economía mexicana se ha recuperado. Que ya exportamos más que antes de la crisis; que las cifras de nuevos asegurados en el IMSS lo confirman. Que la descentralización administrativa y presupuestal es una realidad; que los estados y los municipios manejan cantidades crecientes de recursos, como nunca antes.

Que el sistema electoral mexicano es ejemplo internacional. Que la alternancia política ha incrementado la calidad de la democracia.

Que el acceso a la información pública gubernamental es un derecho ciudadano.

Que Yucatán y Mérida destacan como lugares para vivir. Que no hay secuestros ni muertes masivas, como en otras partes. Que los yucatecos seguimos siendo cordiales con los de fuera. Que el gobierno estatal es ejemplo de la alternancia y que el municipio de Mérida demuestra que el PRI puede recuperar la confianza ciudadana.

Entonces ¿por qué muchos nos sentimos preocupados e inconformes con la situación actual del país y del estado? ¿Cómo podemos calificar a México de "menos violento" ante sucesos como los de Tamaulipas y Chihuahua? ¿Cómo olvidar a los muertos de Cuernavaca, de San Fernando y de Durango y tantos más en una docena de entidades federativas? ¿Y los desplazados internos, los miles de familias que abandonan su ciudad, sus empleos y negocios para trasladarse a otras partes del territorio nacional que perciben como más seguras? ¿Y los miles de personas que se han ido a radicar a los Estados Unidos? Son testigos mudos las muchas casas cerradas y en venta de Ciudad Juárez y otras poblaciones grandes y pequeñas cuyos habitantes prefirieron dejar todo antes que perder la vida.

¿Cómo aceptar las cifras del crecimiento del empleo cuando la precariedad de los trabajos, los bajos sueldos y las nulas prestaciones son la constante en el mercado laboral y los jóvenes egresados de las escuelas de educación superior se pasan meses y hasta años sin poder lograr una oportunidad para desempeñarse en la carrera que estudiaron? Si es cierto que los estados y los municipios reciben recursos crecientes del sistema federal, ¿por qué entonces la mayoría de los estados registra un alto nivel de endeudamiento que los coloca en posición de alta vulnerabilidad? Es evidente que mucho de ese dinero se aplica en obras suntuarias, poco útiles para la población pero muy convenientes para incrementar el patrimonio de los funcionarios que las asignan.

La credibilidad en los órganos electorales se ha erosionado. Dejaron de ser percibidos por la ciudadanía como propios para pasar a ser considerados como instrumentos dóciles de otros poderes, formales o "fácticos", pero no ciudadanos. La información pública gubernamental se regatea, se administra con cuenta gotas o se oculta. Y cuando se devela su contenido para ilustrar componendas y corrupción, la autoridad la ignora con plena impunidad, al menos hasta ahora.

Yucatán y Mérida son tranquilos, como lo fueron hasta hace muy poco Monterrey, Tampico y Durango. Aún así, la economía yucateca sigue sin desplegar su potencialidad y la precariedad en el empleo es aún más acentuada que en los otros dos estados peninsulares. La administración del erario público se halla convertida en el "gabinete de las maravillas", de donde salen proyectos de ensueño y deudas de pesadilla para los gobiernos futuros.

Ante este panorama nos queda escoger uno de dos caminos: resignarnos u organizarnos. El primero parece ser el más fácil: asumir que nada se puede cambiar, protegerse individualmente. Es el "sálvese el que pueda" elevado a norma de conducta social. El otro, el de la organización, es el más largo y más difícil. Exige imaginación y entrega; paciencia y tolerancia. Su divisa habría de ser la suma de todos aquellos que no se resignan, que se niegan a aceptar el dogal de la impotencia, sin importar su edad, su género o su filiación partidista. Así, para después multiplicar.- Mérida, Yucatán.

Gobierno con visión para 2012. De candidaturas y candidatos

2011-04-20T06:37:00.000-07:00

Dulce María Sauri Riancho

Ha dado inicio la especulación popular sobre las candidaturas al gobierno del estado, pero la cuestión fundamental no debiera ser el sexo o el nombre, sino para qué quieren gobernar Yucatán, cuáles son sus cartas de desempeño que avalan sus capacidades y, sobre todo, qué visión tienen del futuro de Yucatán y la forma como pretenden conducir el gobierno para hacerla realidad.

Los ciudadanos esperan tres cosas de las autoridades: que el gobierno que surge de las elecciones sea eficiente, que sea eficaz en la conducción de los asuntos públicos y que las autoridades actúen con transparencia y den cuenta de sus actos con verdad.

Un gobierno eficiente es aquel que está bien organizado en su administración; que elige a los mejor calificados para servir en las dependencias y secretarías, independientemente de los lazos de afecto y los compromisos políticos. Es el gobierno donde sus altos funcionarios están en disposición de escuchar la crítica externa y de señalar errores y deficiencias internamente, sin temor de disgustar a su jefe. Son los que saben plantear problemas en las reuniones de gabinete, discutirlos y organizarse para resolverlos de acuerdo con sus atribuciones. Es una administración cuya tesorería paga oportunamente los compromisos contraídos, sin intentar renegociar facturas ni regatear las cantidades adeudadas.

La eficacia no significa otra cosa que dar resultados. Obtiene esta calificación un gobierno de "últimas piedras", es decir que concluye las obras a tiempo, que gasta lo presupuestado, no más. Que cuando promete un hospital, una escuela o cualquier obra material, se organiza y cumple.

Una administración eficaz sabe escuchar a los ciudadanos, pero también resolver los problemas que le plantean, sin necesidad de hacerlos dar vueltas hasta el infinito y después esperar a que se aburran de demandar respuestas y se olviden o se resignen a dejar de buscarlas.

La eficacia en el gobierno significa gobernantes cercanos a la gente, pero esto no sustituye sus funciones de autoridad. Éstas no confunden la popularidad con la auténtica capacidad de generar respuestas de las instituciones públicas a las demandas ciudadanas.

La tercera característica es la transparencia, entendida como una actitud permanente que norma la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Es el gobierno que facilita el acceso a la información pública gubernamental, que la pone en internet y la actualiza periódicamente, que no se molesta y lanza dardos envenenados cuando algún ciudadano hace uso de su derecho y requiere información de alguna dependencia estatal o de las actividades de algún funcionario.

Ningún gobierno es perfecto, pero algunas administraciones tienen mucho más defectos que otras. La ineficiencia y la ineficacia de su organización causan sospechas sobre la honestidad en el manejo de los recursos cuando se tiene muy baja capacidad de ejecución de obras y muchas "primeras piedras perpetuas". Y cuando emplea los PPS, porque el gasto corriente devoró los fondos de inversión, endeudando al estado sin considerar la herencia que dejará a quien habrá de sucederlo.

Lo más grave que debiera ser el eje de la campaña de 2012 es la falta de visión sobre el futuro de Yucatán de los últimos dos gobiernos. Los políticos yucatecos tienen pendiente responder a la pregunta sobre cuál es el lugar de nuestro estado en la nueva economía mundial y en el mapa económico de México.

¿Será una plataforma de servicios para aprovechar la ventaja de la ubicación geográfica de la entidad, de puente entre Norteamérica y la región latinoamericana? ¿Serán la aviación civil, las empresas de logística o la agencia aeroespacial mexicana que busca ubicación, tendremos lugar como destino industrial o agrotecnológico?

No podemos permitir más gobiernos que sólo buscan sobrevivir como administración un sexenio o un quinquenio, o su titular de vivir muy bien como gobernante con los recursos del erario y las prebendas políticas del cargo.

Que los aspirantes de los partidos expresen sin cortapisas sus opiniones sobre el futuro. No los queremos embozados ni ocultos. Que lo hagan sin miedo a perder en la carrera por la candidatura, si alguna de sus ideas incomoda o molesta al poderoso en turno.

Mientras, luchemos verdaderamente por la agencia aeroespacial ya aprobada. ¡Qué importa si la iniciativa es de una senadora del PAN en un gobierno estatal del PRI! Allá está el aeropuerto de Kaua esperándola. Sería un primer signo alentador desde el gobierno de que puede surgir una visión renovada.- Mérida, Yucatán.

Los PPS: rescate a la vista

2011-04-14T07:50:00.000-07:00

Las finanzas del gobierno del Estado

Dulce María Sauri Riancho

Los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) tienen un inocente nombre y un loable propósito: asociar a inversionistas privados y al gobierno para construir obras de interés colectivo. Se tuvieron que realizar reformas a la Constitución del estado, una ley especial (1) y recientemente, la creación de un fideicomiso maestro que pueda garantizar a los particulares que los contratos a 30 años de verdad serán cumplidos.

Con los PPS se puede hacer de todo, desde el Museo de la Cultura Maya hasta nuevas prisiones para que los reos cumplan sus sentencias. Parques, carreteras, hospitales pueden ser concesionados a empresas privadas que realicen el servicio por cuenta del gobierno. No se necesita que sean obras nuevas, también las viejitas pueden ser entregadas vía PPS a algunos audaces que decidan participar.

El gobierno pone a licitación un contrato. La empresa que lo gane tiene asegurado el pago de la renta. Con esa garantía, puede acudir a cualquier institución bancaria para solicitar un préstamo a largo plazo, realizar la construcción y prepararse para operar el museo, arreglar los parques o cuidar a los reclusos. Además, como en el caso del Museo de la Cultura Maya, el gobierno se puede comprometer a entregar una cantidad anualmente para "mantenimiento", adicional a la renta.

No cabe duda que es un buen negocio. Para el gobierno del estado, porque finalmente comenzará algunas de las obras que comprometió desde su inicio. Adicionalmente, esta administración no verá afectado su presupuesto, pues los primeros pagos de renta se darían una vez que estén las obras funcionando, después de 2012. Claro que tendrían que pagarlas las siguientes cinco administraciones estatales, hasta 2042.

Las empresas privadas que logren alguno de estos contratos, casi por este hecho podrán obtener los créditos que necesitan para su ejecución. Posiblemente sólo con la renta de diez años podrán pagarlos; les quedarían los otros veinte de ganancia.

Además, el gobierno no puede postergar, renegociar o dejar de cubrir la renta, ya que un fideicomiso formado con las participaciones de Yucatán en los ingresos federales será el responsable de pagar religiosamente a tiempo. Si las finanzas estatales están en problemas, serán los proveedores pequeños, los constructores medianos, los que una vez más harán cola para cobrar. Los PPS pasarán primero.

Este camino ya lo hemos transitado, pero tenemos flaca memoria colectiva. En 1995 se crearon los Pidiregas (2) para que Pemex y la CFE pudieran tener recursos para extraer petróleo y generar electricidad en medio de la grave crisis económica de esos años. Hoy, los Pidiregas son un grave problema para las dos principales empresas de México y para las finanzas públicas de todo el país.

Al inicio de la década de 1990 se construyeron numerosas autopistas de cuota en todo el territorio nacional, entre ellas, la Mérida-Cancún. Hubo errores de planeación que, sumados a la enorme crisis de 1995, precipitó la insolvencia de la mayoría de las empresas concesionarias. El gobierno federal tuvo que rescatarlas mediante el FARAC , que ha erogado multimillonarios recursos del presupuesto público.

La quiebra de casi todos los bancos del país obligó a la intervención del FOBAPROA . Los miles de millones de pesos que se han erogado y los muchos miles que faltan por pagar provienen de los impuestos que pagamos los mexicanos.

En este 2011 las finanzas de los estados de la federación registran crecientes niveles de endeudamiento, que han llevado a las calificadoras de deuda a degradar la calidad de sus bonos en el mercado de valores, lo que en otras palabras significa que están sobre endeudadas, que no se puede confiar en que cumplan sus compromisos de pago a tiempo.

En este escenario, los PPS parecen casi el paraíso, la tabla de salvación para los gobiernos que han estado gastando muy por encima de sus posibilidades. Dicen los funcionarios estatales que los PPS no cuentan, que no serán deuda gubernamental, sino de los empresarios que tomen los créditos; que sólo será gasto corriente, como pagar el alquiler de una casa donde se instala una oficina pública.

Tenemos razones para temer un cuantioso rescate de PPS en todo el país y en Yucatán en los próximos años. Es la experiencia cercana. Nada indica que en esta ocasión será diferente. Claro que, por lo pronto, la administración estatal podrá seguir adelante con sus programas asistencialistas y sus funcionarios, con sus gastos en imagen y en artistas. Al tiempo.- Mérida, Yucatán.

Políticos, artistas y estilo. Entre lo público y lo privado.

2011-04-13T12:36:00.000-07:00

Dulce María Sauri

Artistas y políticos tienen mucho en común: su actividad principal es representar. Los artistas, mediante la actuación, recrean situaciones y conductas que son de otros, sus personajes. Por eso unas veces pueden presentarse en el papel de la madre sufrida y después aparecer como la impía asesina, siendo que en la vida real no son ni lo uno ni lo otro. Su forma de expresarse es a través de su cuerpo, que transmite los gestos y los sonidos que provocan las emociones del público.

Las y los políticos actúan por cuenta de un electorado que les dio su confianza para conducir la vida colectiva y coordinar las acciones de la sociedad. Por tres, por cinco o seis años, ése es -o debiera ser- su único y exclusivo papel. No son las formas corporales su vehículo privilegiado de expresión; debieran ser sus ideas, sus propuestas y, sobre todo, sus actos.

Unos y otros tienen la atención constante de la sociedad. Los admiradores de los artistas y cantantes conocen sus canciones, comentan la telenovela de moda en la que participan, les gusta conocer los detalles de cómo son y qué hacen cuando no están trabajando, las marcas de cosméticos que utilizan, sus lugares de reunión o su situación sentimental.Los ciudadanos conocemos y juzgamos la actuación de los políticos por sus resultados, si los problemas colectivos son atendidos y las demandas sociales resueltas. A la mayoría de las personas no les interesa saber cuáles son los gustos y preferencias de comida o de ropa de sus gobernantes, en dónde viven, los deportes que practican o sus habilidades para el baile.

Para los medios de comunicación, la frontera entre artistas y políticos es cada vez más delgada. La prensa especializada en espectáculos se ocupa crecientemente en reseñar actos de la vida privada de los políticos, como lo hace cuando se trata de los artistas de moda. Los programas de entretenimiento de la televisión y la radio comienzan a contar entre sus invitados frecuentes a algunos políticos, no para hablar de sus acciones como gobernantes, sino para participar en calidad de invitados, de sus actividades y concursos.

En estos tiempos mediáticos, políticos y artistas enfrentan el dilema de hacer o no de su vida privada un asunto público. Muchos artistas defienden celosamente su privacidad, en particular en lo que tiene relación con sus hijos, pareja y la familia. Es fácil cuando establecen ámbitos completamente separados entre familia y profesión; es difícil cuando hacen de sus asuntos privados parte de su exposición pública. Con este criterio en mente, veríamos dos maneras de afrontar un divorcio: una, cuando el divorcio se conoce una vez consumado y sin mayor comentario de las partes (como Lucero y Mijares); otra, cuando el divorcio se vuelve escándalo (como Lupita D-Alessio y Jorge Vargas).

Algunos políticos utilizan aspectos de su vida privada como elementos de una estrategia de comunicación y de marketing electoral. Ya no se limitan al uso de imágenes retocadas con Photoshop para borrar arrugas y disimular defectos en los carteles de propaganda. Ni siquiera se considera suficiente aprender a sonreír y actuar ante las cámaras de televisión para convencer a los votantes. Se ha perfilado un estilo de gobierno en que lo más importante a comunicar tiene que ver con asuntos del ámbito estrictamente personal, como son los gustos y las aficiones, la figura corporal y la ropa de diseño, las fiestas, los encuentros y los desencuentros.

Los políticos pueden volver pública su vida privada. Lo pueden hacer sin que sea su primera intención como, por ejemplo, cuando ponen a parientes y familiares en cargos administrativos. Lo provocan cuando se toman una romántica foto en pareja teniendo como fondo San Pedro del Vaticano o deciden desarrollar una imagen pública basada en atributos personales como el peso y la figura corporal, sus habilidades para el baile y el canto.

Los políticos se acercan a los artistas cuando hacen de su popularidad el criterio rector de su desempeño. Se vale. Pero un político no es un cantante de rock ni sus formas de comunicación con el público pueden ser las mismas, o no debieran serlo. Las consecuencias de la confusión pueden ser altas: hacer el ridículo, caer en la banalidad, hacer de asuntos personales y privados materia de escrutinio público y de confrontación política (por ejemplo, Berlusconi y sus fiestas).

Para las mujeres políticas el riesgo es aún más elevado. Quienes participamos en la vida pública seguimos siendo transgresoras de un orden patriarcal todavía sólidamente enraizado en los valores y la cultura discriminatoria, machista, de la sociedad. Que baile el gobernador de Coahuila, hoy presidente del PRI, no significa lo mismo que lo haga la gobernadora de Yucatán. A los hombres gobernadores no los invitan (o no acuden) a los programas de cotilleo o espectáculos, a la gobernadora sí. La responsabilidad de las mujeres en cargos de representación es todavía mayor que la de sus colegas masculinos, pues tienen que evadir las trampas que buscan encontrar en su desempeño los elementos para reforzar los estereotipos de género, como la supuesta fragilidad femenina, su llanto fácil, su veleidad y su frivolidad. Al mismo tiempo, las mujeres políticas tenemos el derecho a construir nuestras propias formas de participación sin imitar las de los hombres. Ésta es la frágil red que vamos tejiendo. Que ningún zangoloteo la rompa.- Mérida, Yucatán.

Carne de cerdo a Japón, ¿certificación sanitaria en riesgo?

2011-03-31T08:10:00.001-07:00

Dulce María Sauri Riancho

Una nota guardada entre la información sobre la tragedia sufrida por los japoneses daba cuenta de la preocupación de los exportadores de carne de cerdo producida en México hacia los mercados de ese país. Temían que, a consecuencia del terremoto, la población japonesa dejara de hacer sus compras habituales y las autoridades impusieran restricciones extraordinarias al acceso de sus productos.

El mercado japonés de alimentos es uno de los más importantes y exigentes del mundo en cuanto a calidad, presentación y desde luego, higiene de todo lo que ahí se vende. Esa exigencia es compensada sobradamente por los elevados precios que pagan los consumidores japoneses por la fruta, el pescado y la carne. La mitad de los productos alimenticios de Japón provienen de fuera. No puede participar cualquier empresa en ese rico mercado, ni es admitido por las autoridades japonesas cualquier tipo de productos. Sólo los mejores, los que reúnen todos los requisitos de calidad pueden llegar a los anaqueles y refrigeradores de las tiendas de Japón.

La carne de cerdo producida en Yucatán ha logrado introducirse en este exigente mercado. Pocas veces se destaca que nuestra entidad es la tercera productora nacional en materia porcícola. Que es un agronegocio con avanzada tecnología y una excelente organización. Que los productores pertenecen al sector privado y a grupos ejidales. Que, aunque dominado por una gran empresa privada de corte nacional, también los medianos y pequeños productores participan.

Todavía en la década de 1980, hace menos de 30 años, las carnicerías de Mérida se abastecían principalmente del cerdo que provenía del Bajío, en especial de Michoacán. Una y otra vez se decía que Yucatán nunca podría producir lo necesario para hacer el guiso tradicional del frijol con puerco o la cochinita pibil porque en el campo yucateco no se producían granos para alimentar a los cerdos y traerlos de fuera costaba mucho por los fletes que había que pagar.

Al inicio de los años 90 la terminal de granos del puerto de altura de Progreso comenzó a operar; entonces se establecieron las primeras grandes explotaciones porcícolas. Barcos de gran capacidad traían sorgo y maíz. Las granjas de cerdos producían miles de animales para la engorda. Era claro que la población peninsular no podría comer toda la producción, que habría que colocarla en el mercado nacional, compitiendo con los tradicionales "reyes del Bajío".

Fue entonces cuando comenzó en Yucatán el ambicioso programa sanitario para erradicar la fiebre porcina clásica (o cólera porcino) y otras enfermedades de los cerdos. Era la única vía para colocar el enorme excedente de producción. Se estableció un "cerco sanitario" en torno a la entidad y, por varios años, no se permitió traer de fuera jamones o cualquier clase de alimento que incluyera carne de cerdo. Finalmente se obtuvo la ansiada certificación sanitaria que colocó a Yucatán junto con Sonora como las dos únicas entidades del país en condiciones de vender carne de cerdo al extranjero, incluyendo Estados Unidos y Japón.

Como en otros asuntos, en materia sanitaria nunca se puede bajar la guardia, ni los productores ni las autoridades. Parte de la alerta permanente tiene que ver con el programa de sanidad animal que en forma coordinada realiza la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) federal con la Secretaría de Fomento Agropecuario estatal. Los dos gobiernos aportan personal y recursos para sostener la red de monitoreo y vigilancia, que permite detectar rápidamente cualquier problema y combatirlo a tiempo.

La difícil relación entre el gobierno del estado y la representación federal de la Sagarpa ya alcanzó al programa de sanidad animal. Al parecer el gobierno estatal no ha dado su participación. Es el dinero, sí. Es la indispensable colaboración entre autoridades, también. Pero sobre todo, no debe ponerse en riesgo un programa vital para una de las muy contadas actividades agropecuarias que han tenido éxito en Yucatán, que nos ponen en el mapa productivo nacional y mundial.

La carne de cerdo yucateca regresará a Japón muy pronto, si el estado conserva su certificación sanitaria. No podemos darnos el lujo de quitar el dedo del renglón: las autoridades estatales tienen que dar su aportación, sin excusas ni pretextos.- Mérida, Yucatán.

Nueva relación entre el gobierno y el ayuntamiento

2011-03-25T08:03:00.000-07:00

Shakira y los baches

Dulce María Sauri Riancho

Shakira no sería la primera artista de relieve internacional que se presenta en Yucatán. Tampoco sería el primer concierto de acceso gratuito cuya figura central sea un artista destacado. Muchos miles de yucatecos han tenido la oportunidad de estar en conciertos de clase mundial de manera gratuita, lo que no hubiera sido posible de haber tenido que pagar su boleto, debido a la precaria situación en que se encuentra la mayor parte de las familias yucatecas.

Si consideramos que la actuación de Shakira tendrá un costo similar a la de Plácido Domingo, estaremos en condición de aceptar que no es el elevado monto del evento lo que polariza y divide a la opinión de los yucatecos. Es la oportunidad y las razones de tal gasto.

La actuación de Shakira no se enmarca en la promoción turística de la ciudad o del estado; tampoco es un evento de distinción cultural; ni hay un excedente en el presupuesto del Ayuntamiento que le permita financiar lo que, en más de un sentido, es una aventura económica.

La falta de razones de peso para justificar el costo del entretenimiento popular obliga a la reflexión sobre el presupuesto del Ayuntamiento de Mérida. A partir del triunfo del PRI en Mérida, ha habido un cambio significativo en el tipo de relación política y administrativa entre el gobierno del estado y el gobierno del municipio. La cercanía política entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de la ciudad de Mérida es lógica: por primera vez en veinte años son del mismo partido. La afinidad y simpatía entre la alcaldesa y la gobernadora es manifiesta.

Sin embargo, estas buenas relaciones personales, la proximidad administrativa y la excelente relación política comienzan a afectar las decisiones del ayuntamiento de Mérida y la buena marcha de sus finanzas públicas. Me atrevo a afirmar que antes del 1º de julio del año pasado, fecha de inicio de la gestión de las actuales autoridades, si hubiese habido un concierto gratuito en Mérida, los gastos íntegramente hubieran corrido a cargo del gobierno del estado.

La actual administración estatal sistemáticamente ha incurrido en erogaciones muy por encima del presupuesto autorizado por el Congreso, en particular en aquellas partidas destinadas a la publicidad y la propaganda de las actividades de la titular del Ejecutivo y a la atención y agasajo de visitantes. Las "eternas primeras piedras" abundan, tanto en las obras grandes como en las más pequeñas. La efectividad gubernamental medida por los resultados en la construcción de obras es reducida, a pesar de las declaraciones de los funcionarios responsables. Comenzar a tiempo, terminar a tiempo y respetar el presupuesto autorizado son verdaderas excepciones en el día a día de la administración estatal.

Y cuando el dinero del presupuesto escasea, se ha recurrido a los créditos por multimillonarias sumas, cuya aplicación todavía es incierta.

El ayuntamiento de Mérida está en grave riesgo de contagiarse de los males que afectan a la administración pública estatal. Por lo pronto, ya solicitó y obtuvo un crédito por cien millones de pesos. Ha realizado erogaciones que se ignora de cuál partida presupuestal autorizada habrán de tomarse, como la aportación de diez millones de pesos para la realización de la Olimpiada Juvenil del próximo mes.

Ahora, se anuncia una especie de "crédito-puente" para la contratación de Shakira de millón y medio de dólares (casi 19 millones de pesos), que habrá de recuperarse cuando los diversos patrocinadores se hagan cargo del evento. ¿Y si no? ¿Quién pagará?

Esa y otras preguntas surgen cuando se observa la nueva relación entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de Mérida. A partir de julio de 2010:

¿Quién paga el alumbrado público de los 52 kilómetros del periférico de Mérida: el gobierno estatal como antes, o el municipio de Mérida?

¿A cargo de quién corre el subsidio al precio de los boletos de camión: del estado, como antes o del ayuntamiento de Mérida?

¿Cuáles son los criterios para entregar diversas aportaciones al gobierno del estado para la realización de eventos como las Olimpiadas nacionales de abril?

¿Qué va a pasar con el presupuesto de la policía municipal, ahora a cargo del caballeroso comandante Cuesy: ampliará su radio de responsabilidad o será subsidiaria -presupuestalmente hablando- de la Secretaría de Seguridad Pública?

En materia de presupuesto vale la sana distancia: cada quien en su casa y con sus propios gastos. No se valdría cargarle al presupuesto de Mérida lo que, hasta hace muy poco tiempo, corría a cargo de las finanzas estatales. Mucho menos, transferirle las consecuencias de una política presupuestal y administrativa poco eficiente, por decir lo menos.

Mientras, en tres meses estaremos con Shakira y en temporada de lluvias. ¿Vale una noche de gozo el sufrimiento de transitar por las calles llenas de baches que no se pudieron tapar por falta de recursos? Creo que no. Mérida, Yucatán.

El caballero y la gobernadora: compromiso refrendado

2011-03-16T08:03:00.000-07:00

Dulce María Sauri Riancho

Se celebraban los 50 años de la fundación del Centro Patronal de Mérida, hoy Centro Empresarial, y la "toma de compromiso" de su directiva por un periodo más. Su presidente, Jorge Caamal, asumía en estas mismas fechas la presidencia del Centro Coordinador Empresarial yucateco por los próximos seis meses. ¿Aceptaría la invitación la gobernadora para estar presente?

Hace un año, el inicio de la gestión de los dirigentes del denominado "sindicato patronal" estuvo marcado por la inasistencia de la gobernadora. En los siguientes meses, las posiciones empresariales más comprometidas con las exigencias de cuentas claras, los cuestionamientos en materia de gasto público, proyectos de inversión y recientemente la oposición a la elevación de los impuestos provinieron del Centro Empresarial. La brecha se había abierto.

Como el año pasado, se invitó formalmente a la titular del Ejecutivo a acudir al significativo evento. Aceptó y con una insólita puntualidad dio comienzo el acto protocolario con los discursos de rigor.

Los planteamientos del presidente del Cemer habían sido críticos hacia un conjunto de acciones y omisiones del gobierno que encabeza su invitada. ¿Habría de cambiar su discurso, suavizarlo, hacerlo menos incisivo y demandante, en aras de la cortesía?

Tuve oportunidad de estar en el evento empresarial y considero que el ingeniero Caamal resolvió el dilema de la mejor manera. Cuidadoso en la forma, retomó los temas que han estado en la agenda del Cemer en su relación con el gobierno estatal. El punto de partida fue un recordatorio de que todos, comenzando por los empresarios, aportamos con nuestros impuestos al sostenimiento del aparato gubernamental. Por tanto, subrayó, tenemos derecho a exigir un manejo pulcro y escrupuloso de los presupuestos y gastos del gobierno.

La sensación de que no se tiene una estrategia articulada para el desarrollo del estado se expresó en la propuesta para establecer una agenda conjunta de trabajo, para "...revisar el rumbo económico de nuestro estado, ver con qué recursos contamos. Buscar nuevas estrategias para atraer inversiones...".

Dice el refrán: "...Más vale tarde que nunca...", pues al actual gobierno sólo le restan poco más de 18 meses de gestión. El tiempo para emprender obras de envergadura parece haber pasado definitivamente. Conforme se acerca el final de la administración aumentará la tentación de improvisar, de ejecutar obras para gastar el dinero autorizado, aunque después queden en calidad de "elefantes blancos".

Ésta es la preocupación por la aplicación de más de 1,800 millones autorizados por el Congreso. Después de afirmar que aún no se conocen los estudios y proyectos que dieron origen a ese crédito, el ingeniero Caamal planteó la creación de un grupo de trabajo para "aportar nuestra experiencia", revisar la rentabilidad social y que las obras puedan ser concluidas antes que finalice el gobierno. Baste señalar que el monto será "...compromiso de pago para las próximas generaciones...".

No fue necesario mencionar directamente la opacidad que prevalece en las cuentas del gobierno. Para contribuir a la transparencia propone Coparmex Mérida la creación de un comité ciudadano que dé seguimiento a la conformación de los presupuestos de Ingresos y de Egresos (sólo resta el correspondiente a 2012), así como del avance del ejercicio de los recursos asignados y los indicadores del grado de cumplimiento.

La posición institucional de este quincuagenario sindicato empresarial se vio reflejada en estas palabras de su presidente: "... No concebimos un Estado fuerte sin un empresario fuerte... Que no pierda dignidad ante la amenaza, que pueda resistir a la tentación de la componenda y los arreglos bajo la mesa. Que denuncie, exija y se respete, y sobre todo, se dé a respetar. Que no se vea como una fuente de recursos para las campañas políticas... y sobre todo, exigir la rendición de cuentas...". ¡Cuántos no habrán identificado al proveedor cuyas facturas quedan pendientes de liquidación por largos meses, al empresario que concursa una y otra vez sin éxito, aunque su propuesta sea la de menor costo!

La Coparmex no es una organización fácil ni sencilla interlocutora del poder público. Desde el gobierno tuve la experiencia directa en una etapa particularmente compleja de la vida del estado y del país. Es voz crítica y comprometida con el propósito de impulsar el bienestar colectivo, desde la óptica empresarial.

En su intervención la gobernadora también fue cuidadosa. Evadió con precaución los temas relativos a la transparencia y rendición de cuentas, y aceptó parcialmente la propuesta de agilizar la comunicación con las diversas instancias de la administración pública estatal que tengan incidencia en proyectos y temas "... en los que el gobierno y ciudadanos puedan cooperar y sumar esfuerzos...".

Una, la gobernadora, y otro, el caballero, reconocieron que ha habido y habrá desencuentros, incluso enfrentamientos, pero refrendaron el compromiso mutuo para que los canales de diálogo continúen abiertos.

Sin claudicaciones ni sumisión, la Coparmex Mérida celebró su aniversario. Que su voz siga contribuyendo a ensanchar los espacios de participación social en Yucatán. Enhorabuena.- Mérida, Yucatán.

Baúl de sueños rotos. Cambios en las cumbres partidistas

2011-03-09T07:38:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

Falta poco más de 15 meses para la elección del 1 de julio de 2012. Los partidos nacionales han comenzado a ejecutar la parte más visible de su preparación: los cambios de sus dirigencias. El PAN lo hizo hace unas semanas; el PRI, el pasado viernes 4.

El PRD una vez más se encuentra envuelto en una serie de turbulencias internas que tendrán consecuencias más allá del propio partido. Las alianzas electorales con el PAN prácticamente lo han dividido entre aquellos que las impulsan y defienden como una alternativa real para vencer al PRI y quienes las consideran una abdicación a sus principios. En medio de esta compleja situación tendrán que resolver sobre su presidencia nacional en fecha próxima.

En cuanto al PAN, las recientes palabras del presidente de la República en su Consejo Nacional parecen abrir la posibilidad de postular a un candidato (o candidata) del propio partido o "de la sociedad", es decir un ciudadano sin militancia previa. Pero el PAN no es el PRI en que las palabras presidenciales eran línea a seguir. En varias y significativas ocasiones ha decidido lo contrario de la voluntad presidencial. La muestra más visible es la candidatura del propio Felipe Calderón, el "hijo desobediente" de Vicente Fox.

En el PRI nacional, por primera vez desde 1964 (¡sí, hace 47 años!) una dirigencia electa para un periodo estatutario lo concluye. No es cosa menor para un partido que en su nombre lleva lo "institucional". El relevo se realizó en forma tersa, con una intensa negociación interna que llevó a una candidatura única. La expectativa de triunfo que se avizora en 2012 es el más poderoso bálsamo de las heridas y es fuerte argamasa de la unidad.

En el lenguaje clásico-popular, el PRI es "la retadora" del PAN a 15 meses de la elección presidencial. La tarea de su nueva dirigencia será complicada. Por una parte tendrá que mantener y consolidar los equilibrios internos, no dejarse avasallar por los intereses de los gobernadores al designar candidatos, que tan caro le costó en varios procesos recientes, y al manejar las estructuras partidistas como si fueran su propiedad exclusiva, escriturada a perpetuidad. Por la otra, habrá de mantener el diálogo y la negociación con los mismos gobernadores, hoy por hoy, depositarios de la fuerza real del PRI. Su primera prueba será la selección de los candidatos a gobernador de Nayarit y Estado de México, que tendrán elecciones el primer domingo de julio próximo.

Pero el desafío más importante del PRI estriba en presentar una verdadera alternativa de transformación del país. Tendría que haber una respuesta clara, indubitable a la pregunta: "¿para qué quiere ganar el PRI la presidencia de la república?". ¿Dónde están las diferencias en relación con los asuntos que importan verdaderamente a la sociedad: encontrar un empleo digno, decente; tener acceso a educación y servicios de salud de calidad; combatir con efectividad la pobreza y marginación; recuperar la seguridad; castigar la corrupción? En un ambiente en que las palabras cada vez valen menos, los hechos toman la voz, tanto en lo realizado por las autoridades como en aquellas promesas incumplidas que sólo sirvieron para ganar votos el día de la elección.

En Yucatán, PAN y PRI también se aprestan a renovar a sus líderes. El PAN aún no señala con precisión las fechas del próximo relevo de su actual presidenta. En el caso del PRI, desde 2008 ha tenido cuatro presidentes y se prepara a elegir al ex oficial mayor de Gobierno para completar el periodo de cuatro años.

Al revés que a nivel nacional, aquí el PRI es gobierno y el PAN, "la retadora". Los aprestos priistas van enfocados a garantizar un nuevo triunfo electoral. El primer paso será el cambio de directiva estatal, pues no sería suficiente con ser acompañante frecuente de la titular del Ejecutivo para la etapa que se aproxima, de una intensa operación política en los municipios donde los aspirantes a alcaldes abundan. De los otros aspirantes a diputados federales y senadores, y principalmente al gobierno del Estado, se encargará en forma exclusiva la gobernadora.

Las cuentas de los hechos no son las mejores. La economía de un porcentaje creciente de familias yucatecas depende de las transferencias monetarias vía subsidios que les otorga el gobierno a través de programas como Oportunidades, que atiende a tres de cada 10 hogares. El empleo informal -sin salario digno, sin seguridad social- se ha multiplicado. En el campo, el asistencialismo ha suplido a las políticas institucionales de fomento a la producción. Falta una estrategia articulada entre acciones e inversiones públicas. La opacidad en el manejo de los recursos parece haber sentado sus reales en la administración estatal y en parte de la federal.

Cada tres, seis años tímidamente se despierta la esperanza de que -ahora sí- lleguen los anhelados cambios. Se suceden los partidos, las personas y la situación sigue igual, si no peor. El baúl de los sueños rotos sí tiene fondo y se puede llenar. Entonces, ¿qué pasará?

Las presiones, ¿efectivas? Paro de camiones

2011-03-04T08:40:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

El sábado pasado se efectuó el segundo paro del transporte público concesionado de Yucatán. Se calcula que el 70% de los camiones y taxis que circulan en Mérida permanecieron inactivos esa mañana, y una cifra menor del transporte a los pueblos y ciudades del interior del estado.

El incremento escalonado del precio de los combustibles es parte de la política recaudatoria del gobierno. Le corresponde al Ejecutivo federal, de acuerdo con sus facultades, fijar los precios y tarifas del sector público, como la gasolina y la energía eléctrica.

Es la manera de compensar en parte la ausencia de una reforma fiscal integral que le proporcione a las administraciones gubernamentales de los tres niveles -federal, estatal, municipal- los recursos suficientes para realizar sus actividades.

En la negociación del Presupuesto de Egresos 2011 los diputados y el Ejecutivo federal acordaron gastar casi 3.5 ¡billones! de pesos. A la administración federal le corresponde juntar el dinero. Y si los impuestos no rinden lo suficiente, allá están los precios de las gasolinas para aportar lo que falte, pues los estados y los municipios convinieron en recibir una cantidad determinada de recursos, que no pueden ser disminuida o limitada, salvo que el presidente Calderón quiera generarse un problema mayúsculo.

Esta política gubernamental podría ser modificada con el fin de disminuir o eliminar las alzas de precios. Puede hacerse porque, en estos momentos, el barril de petróleo se cotiza muy por encima de los 65 dólares calculados en el Presupuesto. La apreciación del peso frente al dólar (12 pesos 10 centavos) disminuye lo que se tiene que pagar por las gasolinas importadas.

Al convocar a un paro como medida de presión política los concesionarios del transporte de Yucatán recogen el malestar por los aumentos de los precios y, en particular, de las gasolinas y energéticos, como el gas para cocinar y la propia electricidad.

Las manifestaciones de los transportistas afectan a los usuarios de manera directa y severa, no cabe duda.

Los concesionarios han tomado la iniciativa y han dado muestra de su fuerza y capacidad de movilización: hoy, contra el incremento de las gasolinas, mañana, si se ofreciese, por la subida de precio de los boletos de camión. Pero si consideramos su objetivo explícito, que es ejercer presión sobre el Presidente de la república para que cancele las alzas, quizá no sea el mejor camino para lograr sus propósitos.

Se podría aprovechar el ascendiente social de las organizaciones y la cercanía personal con la gobernadora para solicitarle que convoque a sus pares de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, con el fin de presentar al gobierno federal la demanda de modificar esta política que agravia a la mayoría de la población. En adelanto al posible señalamiento del Presidente del monto y la reducción de sus participaciones, los gobernadores debieran mostrarse dispuestos a sacrificar gastos superfluos e innecesarios que lamentablemente abundan, a favor del pueblo que representan.

Además, están los diputados federales. Ellos aprobaron el Presupuesto 2011. No tienen la atribución de fijar el precio de la gasolina, que es del Ejecutivo, pero sí poseen importantes instrumentos de negociación y de control de las políticas fiscales del Ejecutivo federal. Adicionalmente, la mayoría de los legisladores pertenece al PRI, mismo partido de cuatro de los cinco gobernadores del sureste.

Gobernadores más diputados, con una buena estrategia, lograrían un cambio de rumbo. Y no habría mal pensados que consideraran las movilizaciones de transportistas como una anticipación al aumento de los pasajes, preparando el terreno para transferir al gobierno federal el "costo político" de una decisión que corresponde al gobierno del Estado. Y cuando llegue el momento de revisar las tarifas del transporte público que no se olvide la gobernadora: los salarios mínimos sólo aumentaron ¡dos pesos diarios para este año!- Mérida, Yucatán.

La competencia por las telecomunicaciones

2011-02-23T11:51:00.000-08:00

Entre King Kong y Godzilla

Dulce María Sauri Riancho

Los televidentes nos percatamos pocas veces de los comerciales que atiborran los tiempos de la transmisión. El tiempo de su exhibición casi siempre lo empleamos para explorar con el control la barra de programación, para hablar por teléfono o atender algún asunto. Por eso nos dice poco la determinación del Grupo Carso de concluir su contrato de publicidad con Televisa, lo que significa que sus comerciales ya no serán transmitidos por los canales de la más importante empresa televisiva del país.

Los efectos y consecuencias de este rompimiento van más allá de dejar de ver al globo azul por "el territorio Telcel", o las ofertas de Sears y sus modelos internacionales. Se trata del enfrentamiento abierto de dos de los grupos económico-empresariales del país.

La Nación -es decir todos nosotros- es propietaria del espectro radioeléctrico a través del cual se transmiten las señales de radio, televisión, internet y otras. Es responsabilidad del gobierno federal su correcta administración, por lo que tiene las facultades que le otorga la ley para regular a quienes participan, sean empresas privadas, organismos públicos, como las universidades u organizaciones sociales, o las radios comunitarias.

Socios en un tiempo, Telmex y Televisa están hoy enfrentados por el jugoso mercado de las telecomunicaciones. Cuando el gobierno vendió Teléfonos de México en 1990 limitó a la empresa a la comunicación telefónica, prohibiéndole expresamente que utilizara su extensa red de cableado para transmitir televisión.

Televisa incursionó en la televisión satelital -Sky- hasta casi quedarse sola. En la televisión por cable también inició la adquisición de los sistemas estatales y regionales, hasta consolidar una poderosa red nacional. Además, la telefonía celular ha crecido en forma exponencial -más de 50 millones de líneas- por todo el país, donde Telcel logró situarse como la empresa más importante. El desarrollo tecnológico de las comunicaciones elevó exponencialmente los posibles alcances de estos dos grupos y favoreció el choque de sus intereses. Por una parte, Televisa (por medio de una subsidiaria, Bestel) se metió de lleno a los terrenos de Telmex cuando le ganó la licitación de los servicios telefónicos del Issste. Varias empresas de cable -subsidiarias de Televisa- se asociaron para proporcionar los servicios de voz, imagen y datos, es decir teléfono fijo, televisión e internet, lo que se conoce como "triple play".

Otro evento importante aconteció recientemente: el gobierno federal puso a licitación los 21,000 kilómetros de fibra "oscura" de la Comisión Federal de Electricidad (sí, los cables que llevan la luz pueden también conducir imágenes, voz y datos), que fue ganada por el grupo encabezado por Bestel y los competidores directos de Telmex. Pero aquélla no se quedó con los brazos cruzados. Telmex realizó una alianza comercial con MVS para cobrar el servicio de televisión satelital Dish, que ha tenido una rápida expansión, en particular en las amplias clases medias de las ciudades que no pueden pagar el más costoso Sky o contratar el cable.

Para los analistas, la gota que colmó el vaso fue la crítica en el noticiario estrella de Televisa a las fallas que había presentado el servicio de Telcel en la ciudad de México. Éste era el ambiente en el que el grupo Carso (Carlos Slim y sus empresas) decidió dejar de anunciarse en Televisa. Sin embargo, tras el diferendo comercial aparecen las estrategias que ambos consorcios han diseñado de cara al final de la actual administración y al inminente relevo presidencial. Para el Grupo Carso resulta fundamental hacer presencia en la televisión abierta"; para Televisa, mantener el duopolio y aprovechar su dominio de la televisión restringida para romper el monopolio de Telmex-Telcel en transmisión comercial de voz y datos.Dicen que la publicidad de las empresas del Grupo Carso "sólo" representa el 4% de las multimillonarias ventas que hace la empresa anualmente -casi 900 millones de pesos-; que poco peso tiene en los resultados financieros del consorcio de Emilio Azcárraga. Éste es un asunto que compete a todos. Por los medios de comunicación electrónicos tenemos acceso a la información, a la diversión y a la educación. Por las telecomunicaciones el país es más o menos competitivo en la economía globalizada, las empresas compiten en mejores o peores condiciones con sus similares de otras partes del orbe. Se trata entonces de nuestra libertad, de la calidad de nuestra democracia, de la competencia económica.

King Kong Telmex y Godzilla Televisa chocan con su enorme fuerza en el frágil escenario económico y político de México. Kong, gigantesco gorila reverenciado como un dios en una remota isla del Pacífico, se enfrenta al feroz Godzilla, dinosaurio mutante producto de las pruebas nucleares en el archipiélago japonés. Ambos titanes libran una lucha sin cuartel, de la cual sólo uno sobrevivirá.

Y el gobierno, ¿dónde está? El débil órgano regulador de las telecomunicaciones, Cofetel, tiene escasas y cuestionadas facultades para intervenir. Las autoridades responsables de imponer reglas claras entre competidores que favorezcan a los consumidores en precio y calidad se han mostrado omisas o erráticas en sus determinaciones, en particular ante la posibilidad de que Telmex pueda prestar servicios de televisión, así como Televisa ya los proporciona de telefonía e internet. La nueva legislación de radio y televisión sigue pendiente, dejando ver compromisos de autoridades y partidos con los monstruos en pugna. Las opciones de contenidos aún son muy limitadas, cuando las nuevas tecnologías podrían abrir un gran abanico a nuevos participantes para todos los gustos y preferencias.

Por eso y mucho más nos importa la pelea de los dos titanes. Por eso demandamos la intervención oportuna y eficaz de los órganos públicos responsables a favor del interés de los ciudadanos. Que no los asuste Godzilla; que no huyan ante King Kong. Que los monstruos sean domados por la ley y sirvan a la Nación.- Mérida, Yucatán.

Apuesta: juventud y experiencia

2011-02-16T09:15:00.000-08:00

Cuarenta y veinte

Dulce María Sauri Riancho

No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. -"Cuarenta y veinte". Letra: Carlos Cuevas. Intérprete: José José

Tenía 39 años cuando el 14 febrero de 1991 asumí el gobierno de Yucatán. Han pasado dos décadas en que la sociedad y la política han cambiado profundamente. Sin embargo, las preocupaciones sobre el ejercicio de gobierno, las cualidades que debe tener un gobernante para realizar una gestión eficaz y cumplir continúan presentes.

¿Hombre o mujer? ¿Joven o mayor de edad? ¿Graduado universitario o en la "escuela de la vida"? Más allá de las siglas de la organización partidista que los postula, ésas y otras muchas preguntas nos hacemos cada tres o seis años cuando se aproximan los tiempos de las candidaturas y las campañas electorales, en especial cuando se trata de la gubernatura o de la presidencia de la república.

Faltan varios e intensos meses antes de que los partidos definan a sus candidatos para la contienda presidencial de 2012. En Yucatán por primera vez tendremos elecciones concurrentes con las federales, por lo que al mismo tiempo decidiremos sobre la representación federal (presidente, senadores, diputados) y la estatal (gubernatura, congreso, ayuntamientos).

En política el tiempo vuela, por lo que las reflexiones sobre cualidades y características de los gobernantes tendrían que ser un ejercicio constante, inspirado en una parte por la historia y en otra por la actuación de los mandatarios en ejercicio. Ivonne Ortega tiene dos características singulares: es mujer y menor de 40 años (35 cuando asumió el gobierno). Felipe Calderón tenía 44 años cumplidos cuando inició su mandato. Ambos son jóvenes.

Lázaro Cárdenas tenía 39 años cuando comenzó su gobierno en 1934. Para entonces ya era general, había sido gobernador de Michoacán, secretario de Gobernación y dirigente del PNR, antecesor del PRI. En la etapa de la Revolución se vivía muy aprisa. El desplazamiento de la élite porfirista abrió las puertas a una generación de jóvenes luchadores que compartieron armas con otros mayores de 50 años, como Venustiano Carranza. El promedio de vida en el periodo inmediato al triunfo de la revolución rebasaba escasamente los 30 años, por lo que con esa medida la inmensa mayoría de quienes llegaban a ejercer el gobierno eran considerados "mayores".

En la etapa de estabilidad política que siguió al arribo de los civiles a la cabeza del poder ejecutivo federal con Miguel Alemán a los 43 años, sus sucesores fueron mayores, entre 48 y 63 años cumplidos. Por eso destaca aún más la edad de Carlos Salinas de Gortari al asumir la presidencia de la república: 40 años. Su sucesor, Ernesto Zedillo, lo hizo a los 43. Ambos auténticos jóvenes en una sociedad que había elevado su esperanza de vida a más de 70 años.

En Yucatán Felipe Carrillo Puerto fue gobernador a los 48 años, edad de Víctor Cervera Pacheco cuando inició su interinato en 1984. Un poco mayores fueron Francisco Luna Kan y Carlos Loret de Mola (51 y 49 años, respectivamente) y más joven (44 años) Patricio Patrón Laviada. Víctor Mena Palomo en 1953 inició su interinato a la entonces avanzada edad de ¡61 años!

En cuanto a la preparación profesional, en la presidencia de la república todos han sido universitarios desde 1946, predominantemente abogados. La gubernatura yucateca ha registrado gobernadores con título de educación superior (abogados, médico, socióloga) y otros que no lo han tenido.

La revisión de la experiencia previa arroja que para la candidatura presidencial se preparaban (y preparan) los candidatos en el gabinete presidencial. Con el cambio de partido en el gobierno, desde 2000 los gobernadores también son considerados o se hacen visibles para ser tomados en cuenta por sus dirigencias partidistas.

Por años el camino a la gubernatura de Yucatán ha pasado por el Senado de la República. Al hilo, cinco gobernadores procedieron de la Cámara Alta. Los dos últimos también han sido senadores con licencia. Con estos apuntes de memoria no será difícil entender por qué son los senadores y diputados del PRI y del PAN los más visibles en la lucha anticipada por la candidatura al gobierno yucateco. Mas no por ello hay que excluir a la presidenta municipal de Mérida, pues existe el antecedente de Luis Torres Mesías, exitoso alcalde en ejercicio en 1964, aunque como gobernador tuvo un desempeño muy cuestionado.Es cierto que la larga experiencia en el Poder Legislativo no garantiza a un buen Ejecutivo. Las cámaras son órganos de decisiones colegiadas, de responsabilidades colectivas; tienen sus propios tiempos y urgencias. Un gobernante tiene que decidir, organizar y responder en los lapsos marcados por la ley y la política. Los legisladores están lejos -así lo asume la mayoría de las personas- y el gobernante, cerca.

Lo que sí proporciona una trayectoria como funcionario público y representante popular es una formación y una experiencia que permite un mejor ejercicio del cargo. Dice una irónica frase que "... la juventud es el único defecto que se quita con el tiempo..."; sin embargo, la combinación entre el ímpetu, el arrojo y la frescura que caracteriza esa etapa de la vida, con la experiencia producto de la preparación y el ejercicio de distintas responsabilidades permite mantener los pies en la tierra, no dejarse seducir por el halago interesado.

En la política actual el hedonismo es una amenaza. Gozar el poder por el tiempo de que se disponga -3, 5, 6 años-, pues lo que importa es el "ahora", al que hay que extraer el máximo provecho. Apuesto por la combinación de juventud y experiencia en los buenos gobernantes. No es la cuenta de los años sino la actitud ante la vida como un proceso de aprendizaje continuo lo que garantizaría representantes a la altura de los retos que enfrentamos. A buscarlos.- Mérida, Yucatán.

Casas deshabitadas ¿Nuevos fantasmas del Viejo Oeste?

2011-02-09T07:11:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

Los programas de construcción de vivienda involucran dos aspectos muy importantes estrechamente ligados entre sí. Uno es el económico, pues el sector industrial tiene en la edificación de casas-habitación una de sus ramas más dinámicas. El otro punto es de carácter social, por el significado profundo de ser y sentirse propietario del techo que nos cobija.

Desde 1972 se creó el Infonavit, organismo público responsable de proporcionar vivienda a los trabajadores. Sus recursos provienen de las cuotas que pagan los patrones y los obreros, más la aportación gubernamental. Sin embargo, no toda la población trabajadora tiene Infonavit, sólo quienes están afiliados al IMSS, que en el caso de Yucatán eran 265,657 personas en enero pasado, menos del 40% de la población económicamente activa (PEA) yucateca.

El primer fraccionamiento construido con créditos del Infonavit en Yucatán fue Pacabtún, en Mérida, en la década de 1970. En el transcurso de los casi 40 años de la institución, numerosas familias han recibido un crédito que les ha permitido adquirir su vivienda en la capital del estado o en otras poblaciones cercanas a su centro de trabajo. Los créditos se dan principalmente para comprar vivienda nueva, aunque también se proporcionan para adquirir una casa usada o mejorar la propia.

La zona metropolitana de Mérida, que incluye a Umán, Kanasín, Progreso y Ucú, está sembrada de fraccionamientos de los llamados "de interés social", con casas adquiridas con créditos del Infonavit. Sin embargo, no todas las viviendas están ocupadas, ni siquiera utilizadas como tienditas de barrio o para proporcionar algún servicio. El fenómeno de las casas abandonadas forma parte del problema de las nuevas colonias y fraccionamientos. Es difícil entender las razones para dejar sin ocupar una vivienda, después de batallar durante largo tiempo para lograr el crédito para comprarla y pagar los abonos mensualmente vía descuento del salario. ¿Qué sucede?

Para obtener una respuesta, el Infonavit encargó un estudio sobre vivienda deshabitada en el país que permitiese conocer la dimensión de este problema que representa alrededor del 25% de las casas-habitación en las zonas urbanas de México.

El estudio arroja ya algunos interesantes hallazgos. De la vivienda financiada por el Infonavit en el periodo 2006-2009, poco más de dos terceras partes (68%) está habitada; seis de cada 100 viviendas se ocupa para un uso distinto de habitación (son las tienditas y los pequeños negocios) y un alarmante 26%, es decir, 26 casas de cada 100, está deshabitado.

La "cosecha" de 2008 es la que tiene la proporción más alta de no ocupación de la vivienda construida: 31%, ¡tres casas de cada 10! La vivienda nueva se ocupa menos que la vivienda usada. Los asalariados de menores ingresos (0-2 salarios) y de ingresos más elevados (7-11 salarios) tienen más viviendas sin ocupar que los trabajadores de ingresos intermedios.

Una casa deshabitada es presa fácil de la depredación y el saqueo; les roban tubería, muebles de baño, puertas y ventanas, y en casos extremos se vuelve refugio de malvivientes y grave problema para los vecinos. De acuerdo con los resultados del estudio, casi la mitad de los predios desocupados, 11 de cada 100 viviendas construidas por el Infonavit entre 2006 y 2009, está en ese estado.

El estudio indaga las razones por las que una familia que adquiere una casa finalmente no se muda a ella. Las principales son la falta de servicios básicos y la mala ubicación de las viviendas. Pesa más la lejanía que la necesidad; las deficiencias de agua, drenaje, pavimentación y vigilancia se vuelven factores definitivos para regresar al hacinamiento y malas condiciones de habitación que motivaron la solicitud de crédito.

En 2010 se otorgaron 12,178 créditos de vivienda del Infonavit en Yucatán y 1,711 del Fovisste. El Infonavit estima que la demanda total en las zonas urbanas de Yucatán para 2011 es de 10,648 casas nuevas necesarias y 7,669 acciones de mejoramiento, es decir, menos de 19,000 unidades. Se ha anunciado la reducción de 15% de los subsidios federales para la construcción de vivienda de interés social, manifiesta preocupación para el gobierno estatal y la Cámara de la Industria de la Construcción. Independientemente del resultado de las gestiones de la gobernadora para recuperar los recursos recortados, es necesario prestar mayor atención al fenómeno de la vivienda desocupada en Yucatán. No sólo se trata de construir viviendas y colocar los créditos, sino de crear las condiciones para mejorar la calidad de vida de las familias que se trasladan a su nuevo hogar. Con servicios de calidad, escuelas cercanas, transporte barato y oportuno, cercanía a los centros de trabajo y seguridad pública, la misión estará realmente cumplida. Mientras, los nuevos fraccionamientos seguirán como las poblaciones fantasmas del Viejo Oeste.- Mérida, Yucatán.

Transparencia, ¿vacuna contra la impunidad?

2011-02-03T15:46:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

La serie de tres reportajes sobre el gasto de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del gobierno del estado realizada por la Unidad de Investigación de Grupo Megamedia muestra con claridad la utilidad social de las leyes de transparencia y acceso a la información pública gubernamental para dar seguimiento a la actuación de nuestras autoridades. Quién, cuánto y en qué se gastaron muchos millones de pesos del presupuesto público pasa a ser un asunto documentado que demanda aclaraciones y precisiones por parte de los involucrados: gobierno, empresas y empresarios.

La CGCS es, de acuerdo con el artículo 47 del Código de la Administración Pública yucateca, la dependencia del Ejecutivo estatal responsable de formular, dirigir y ejecutar planes y políticas de comunicación social. La Ley establece puntualmente sus 17 atribuciones. En ese aspecto no debería haber confusión.

La lista de 17 proveedores analizados de la CGCS entre empresas (9) y personas físicas (8) muestra una especie de "mil usos" de los negocios, pues lo mismo hacen limpieza de inmuebles y hospitales, que "estudios de mercado", venden productos químicos y maderas preciosas o realizan labores de vigilancia. Sólo una tiene que ver con la imprenta y las artes gráficas.

Las nueve empresas proveedoras fueron constituidas entre 2008 y 2009. Una elabora y vende gorras y camisetas (desde luego, con un criterio amplio se les podría considerar como vehículos de difusión de las políticas del gobierno del Estado). La mayoría carece de oficinas para recibir la visita de los inspectores de Hacienda, no está "localizable" y sus teléfonos están desconectados.

Cinco personas recibieron una "iguala" mensual de ¡$403,500! (casi cinco millones de pesos al año), lo que significa que sea cual fuere su carga de trabajo reciben esa cantidad. Uno de los contratados por estos altos honorarios estuvo en el Programa de Empleo Temporal hace cinco años, que otorga un subsidio de supervivencia a las personas desempleadas; otra más era hace 10, chofer de tráiler; otra tiene un cibercafé con seis computadoras. No hace falta conocer mucho sobre la conformación o el desempeño de las pequeñas empresas para sospechar, con bases, que "hay gato encerrado".

Se impone considerar la posibilidad de que esta operación, que significó más de 35 millones de pesos en los primeros seis meses de 2010, esté vinculada al llamado "lavado de dinero". Los recursos "lavados" saldrían de las arcas públicas para solventar gastos que no pueden ser cubiertos de otra manera, por las reglas que tiene la administración pública. El modo consistiría en realizar un contrato ficticio, del cual descuenta el proveedor de la factura el IVA de 16% que paga a Hacienda y una "comisión" por el servicio y procede a entregar el resto -alrededor del 70%- al funcionario que le ofreció el negocio. Estos fondos se podrían emplear para liquidar gastos realizados que no pueden ser comprobados en la contabilidad gubernamental, como regalos, atenciones a diversos personajes, "ayudas" a correligionarios políticos durante las campañas, entre otros.

¿Qué autoridad tendría que investigar? La Auditoría Superior del Estado cuando el Ejecutivo presente la Cuenta Pública 2010, más o menos en junio de este año. Sin embargo, los resultados de su labor de fiscalización no han sido hasta ahora nada alentadores en la lucha contra la corrupción. Por la parte empresarial, Hacienda estatal podría abrirles una auditoría. Aunque dada la naturaleza del caso, lo pertinente sería que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) federal se hiciese cargo de auditar el IVA, el IETU (Impuesto Empresarial de Tasa Única) y el ISR (Impuesto sobre la Renta) de las declaraciones fiscales de las nueve empresas y las ocho personas proveedoras de bienes y servicios a la CGCS del gobierno del Estado. Pero eso sería posible hasta después de marzo o abril, cuando se presenta la declaración anual de 2010.

La legislación de transparencia dio las armas para conocer la información pública gubernamental, analizarla y criticarla. Pero el gran pendiente está en el desarrollo de los mecanismos efectivos para la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Ni los baños de Hunucmá ni las facturas de Comunicación Social. Si conocemos, nos indignamos y no actuamos estaríamos ante el peligro real de volvernos una sociedad que, impotente, asiste a su deterioro y asume que nada puede hacer contra el gobierno o los funcionarios que violan la ley y traicionan la confianza ciudadana. Los yucatecos no somos así.- Mérida, Yucatán

Los "baños ecológicos" de Hunucmá

2011-01-26T09:47:00.000-08:00

¡Huele a podrido!

Dulce María Sauri Riancho

Desde hace varios días se ha publicado información relativa a una obra pública no realizada, a pesar de haberse cobrado el anticipo. Se trata de 100 "baños ecológicos" que se debieron construir en Hunucmá y entregar antes de julio del año pasado.

La relevancia del caso no sólo está basada en el monto autorizado o en el anticipo entregado, sino en dos líneas de conducta: la vulnerabilidad de los procesos de supervisión y control del dinero que se entrega para obras y servicios públicos; y la concepción de la administración pública como un espacio patrimonial para saldar deudas políticas y asegurar ingresos atractivos a la parentela.

Una simple división nos permite conocer que cada baño iba a costar ¡¡$30 mil!! El presupuesto fue asignado a una dependencia federal -(Fonhapo)- que acordó con las autoridades locales su edificación en los últimos meses de la administración municipal que concluyó el 30 de junio pasado.

Como cualquier obra pública que rebasa cierta cantidad, la construcción requería un concurso para ejecutarla, lo que no se cumplió. Con sospechosa diligencia el anticipo fue entregado a la empresa antes de cubrir la formalidad del concurso. Tampoco hubo detección del incumplimiento del calendario por los responsables de supervisar el avance de obra. El colmo fue cuando el socio de la empresa beneficiada se volvió funcionario y comenzó a entregar al Ayuntamiento el dinero aprobado, que luego recibía en su calidad de contratista.

Desde julio pasado el PRI gobierna Hunucmá en sustitución del PAN. Forzosamente los miembros del cabildo debieron enterarse de la situación de esa obra, más cuando son 100 las familias supuestamente beneficiadas, ahora afectadas por el incumplimiento. Pasaron más de seis meses antes de la primera llamada de alerta. ¿Por qué?

La Sedesol es la dependencia del gobierno federal que opera buena parte de los programas de subsidios y apoyos para la población más vulnerable.

Por eso tiene la obligación de ser más cuidadosa, transparente y eficaz que cualquier otra dependencia del gobierno. Es la cara social del gobierno federal, la más visible. Y cuando los gobiernos son de partidos distintos, la situación es más delicada por la mutua desconfianza en el manejo de los apoyos.

Tras la derrota del PAN en 2007, la Sedesol contrató a varios ex funcionarios, militantes panistas, desplazados de la administración estatal y parientes de quienes dejaban el gobierno. La experiencia en la administración pública no fue requisito, sino su militancia. Se hizo presente una lacra, producto de la descomposición institucional que padecemos.

Ahora los parientes pueblan la administración pública; se postulan a cargos de elección popular para suceder al cónyuge o al hermano. Los argumentos son: "Tiene derecho", "No se lo puedo impedir", "Yo no lo recomendé, se lo ofrecieron", sin aceptar que de no mediar el hermano ex gobernador, la prima gobernadora, la esposa alcaldesa o el padre legislador difícilmente serían considerados.

"Mal de muchos, consuelo de tontos". Que suceda en la delegación federal "bandera" no significa la legitimación de las prácticas del nepotismo, compadrazgo e influyentismo en el gobierno del Estado o en los ayuntamientos.

Los primeros interesados en llevar la investigación a buen puerto deberían ser los panistas. Habrán de exigirle al gobierno de su misma filiación que llegue al fondo hasta dejar en claro las circunstancias que lo propiciaron. Si permanecen silenciosos, si sus reclamos se hacen oír con desgano, ¿qué autoridad moral tendrán para demandarle al gobierno del Estado transparencia y honestidad?

En cuanto a la Sedesol, tendría que proceder a una revisión integral de sus procedimientos, incluyendo las serias deficiencias en la supervisión y control de la ejecución de obras: es indispensable una evaluación de sus políticas de contratación de funcionarios y del personal responsable de esos programas, que implican cuantiosas transferencias monetarias a miles de familias yucatecas. Si no ponen los correctivos a tiempo, las elecciones serán un infierno de denuncias sobre el uso político de los programas públicos.

Si huele a podrido es porque algo se ha descompuesto en la administración pública yucateca. Para limpiar primero hay que reconocer el olor, localizar la fuente de fetidez y proceder a eliminarla. Los ciudadanos tenemos derecho a respirar aromas de transparencia y honestidad.- Mérida, Yucatán.

Reforma de justicia, entre necesidad y demanda

2011-01-21T06:11:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

La reforma de justicia es la más amplia y de mayor calado emprendida por la actual administración. Comprende tanto al poder Judicial del estado como a las instituciones del Ejecutivo responsabilizadas de su procuración. Los efectos directos más llamativos para la sociedad se comenzaron a percibir recientemente con la liberación de un número considerable de personas sujetas a proceso en las cárceles del estado.

Hay razones para la preocupación ciudadana sobre las consecuencias de este mandato de ley sobre los jueces. ¿Qué pasará? ¿Aumentará la delincuencia por la sensación de impunidad que representa violar la ley y quedar libre? ¿Tendrán capacidad las autoridades para dar seguimiento a los presuntos responsables, mientras se desahoga su proceso?

El gran eje de la reforma es la presunción de inocencia. No es otra cosa que hacer valer la condición de inocente ante cualquier imputación, mientras no se demuestre la culpabilidad en un juicio y se reciba una sentencia. Es una garantía constitucional. Por tanto, se tiene derecho a un proceso ágil, justo y en libertad para la mayoría de los casos.

Para aplicar este conjunto de nuevas normas, el Poder Judicial del Estado ha tenido que transformarse. No es sólo el incremento del número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (de 6 a 11), sino también los cambios en los procedimientos, tanto de la forma de juzgar y de las atribuciones de los jueces. Una reforma de esta magnitud tendrá que llevarse a cabo antes de 2013. Por eso ha habido un gran número de acciones legislativas y nuevas leyes aprobadas por el Congreso.

¿Qué quieren los ciudadanos? Que quien viole la ley pague. Queremos sentirnos seguros y protegidos por un sistema de justicia eficaz. En Yucatán, el número de denuncias de presuntos delitos es alto. Es una muestra tradicional de confianza en las autoridades. Pero ¿qué sentirá el vecino que se armó de valor y denunció al pandillero que le robó la soguilla a su esposa, que fue detenido por la policía y liberado por el juez? ¿Se arriesgará otra vez a reportarlo o preferirá sobrellevar los abusos en silencio, con la creciente convicción de que sólo existe la justicia de propia mano? Pensemos en la sensación de impotencia de la víctima de abuso sexual, violencia doméstica o robo en sus propiedades cuando es notificada que su victimario enfrentará el proceso en libertad, que puede ir a amenazarle para desistirse de su denuncia, si es que el delito no se persigue de oficio como el homicidio o lesiones graves.

¿Qué quieren las autoridades? Menos personas en las cárceles sujetas a procesos que se prolongan por muchos meses. Las prisiones se llaman pomposamente "centros de rehabilitación social", aunque son reconocidas sus limitaciones para lograr la integración de quienes han pasado por sus celdas. Más bien son lugares de aprendizaje y perfeccionamiento de prácticas delictivas, donde quien llega por primera vez, sujeto a proceso, puede recibir la influencia nociva de los sentenciados a largas condenas. Además, los fenómenos de violencia y organización criminal en el interior de las prisiones se repiten en varias ciudades del país -afortunadamente no en Yucatán-, donde los presos han llegado a mandar sobre los funcionarios y celadores.

Cualquiera de nosotros es susceptible de cometer un error e ir a prisión por ello. Todos tenemos derecho a permanecer como inocentes mientras los jueces deciden y sentencian. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Pero, ¿está el sistema de justicia y la sociedad preparada para brindarla, sin vulnerar la tranquilidad y seguridad de los demás? Hace unos días, a las tres horas de salir de la cárcel un sujeto fue denunciado por su esposa por haberla golpeado. ¿Qué pasará con los reincidentes de delitos menores: será una especie de "carrusel penitenciario", dando y dando vueltas con la obligación de los jueces de liberarlos una y otra vez?

Se requiere una intensa y permanente vigilancia de la sociedad sobre la aplicación de la reforma en materia de justicia. Que las autoridades -Congreso, en especial- no tengan temor a corregir si las cosas no funcionan adecuadamente. En cualquier área de la vida pública la simulación es costosa: en el sistema de justicia es mortal no sólo para los individuos, sino para la sociedad. En ese tema tan delicado, prevenir implica participar.- Mérida, Yucatán.

¿Un problema para Yucatán?, los universitarios

2011-01-12T11:21:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

Lo que no hemos hecho (lo que está por hacer... retos que vencer)

Pocas cuestiones generan acuerdos tan amplios en la sociedad como la importancia de la educación. En el pasado era suficiente con saber leer y escribir para abrirse camino en la vida; ahora un título universitario no basta para encontrar empleo.

La competencia por un trabajo digno, con salario adecuado, no se realiza sólo entre los jóvenes yucatecos, sino que abarca territorios cada vez más amplios y lejanos, como India, China o Bulgaria.

El desarrollo de la información y comunicación permite, por ejemplo, que la contabilidad de una empresa yucateca la lleven a cabo profesionales residentes en Argentina. En consecuencia, la calidad de la educación y sobre todo la actitud hacia el aprendizaje continuo se vuelven elementos esenciales para garantizar el crecimiento económico y las oportunidades laborales para los miles de jóvenes que cada año se incorporan al mercado de trabajo.

Numerosos programas gubernamentales se han aplicado para lograr una educación de calidad. Sin embargo, los resultados de pruebas internacionales y nacionales muestran graves deficiencias en la preparación de los niños y jóvenes en matemáticas, español y ciencias naturales. En la escala de excelencia educativa, México aparece en los últimos lugares entre los países pertenecientes a la OCDE. En las tablas nacionales, Yucatán figura de la mitad para abajo en la mayoría de los indicadores.

Los cambios en la educación son de largo plazo. Requieren políticas públicas sostenidas al paso de los años y de los relevos gubernamentales. Eso lo sabemos. Pero también necesitan imaginación y audacia para acometerlos.

En Yucatán existen 96 instituciones de enseñanza superior, en Mérida y en varios municipios del interior del estado. De los más de 55 mil alumnos inscritos en ellas, más de la mitad corresponde a instituciones públicas donde la educación es gratuita. Los demás asisten a universidades y escuelas particulares, donde pagan una colegiatura, además de los gastos en libros, manutención y transporte.

En este grupo de escuelas privadas podría iniciarse un proyecto de formación y actualización de los docentes. Si bien en las universidades públicas y en las mayores escuelas privadas es exigencia contar con título de maestría, como mínimo, para impartir una cátedra, eso no sucede en la mayoría de los planteles particulares.

Con un sistema de becas e incentivos destinados a los docentes de los centros de enseñanza superior se pudiera asegurar que todos los profesores contasen con el grado de maestría, por lo menos. Para cumplir esta meta se deben aprovechar los programas de posgrado que ya existen y que funcionan con tantas insuficiencias en las instituciones públicas y privadas. Con cupo asegurado y recursos suficientes, los distintos programas de posgrado debieran tener el certificado de excelencia del Conacyt. Así se daría un importante paso para elevar el nivel educativo de la enseñanza superior en la entidad.

El sistema de becas para estudiantes debiera utilizarse para estimular el estudio de carreras relacionadas con la tecnología y el desarrollo científico, que en la actualidad representan menos del 30% de la población universitaria yucateca. La UADY, que debiera ser la máquina que jalara al tren universitario en Yucatán, sólo ofrece tres doctorados. En un plazo no mayor a los 10 años debiéramos hacer de la UADY la "universidad de las universidades", con programas de doctorado en las diversas ramas y centros de investigación científica de primerísimo nivel.

Estas propuestas son apenas ideas sueltas, una muestra de lo poco que se hace y de lo mucho que se puede y se debe hacer en materia de educación, empleo, competitividad y, sobre todo, de atención a nuestros jóvenes. Quienes egresan de las universidades y no encuentran empleo en su especialidad son un problema y una debilidad para la sociedad. A este numeroso grupo -alrededor de 12,000 al año- debiéramos convertirlo en en puntal del desarrollo de Yucatán.

De que se puede, se puede. Son muchos los países y las regiones en el mundo que lo han logrado. Pero para poder hacerlo hace falta visión, decisión colectiva y persistencia. Y las políticas públicas que hoy todavía no se tienen.- Mérida, Yucatán.

Hacedores de milagros: Adiós a la tenencia

2011-01-07T06:33:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

Nadie había podido convencer a la gobernadora de eliminar el impuesto a la tenencia de vehículos. Desde diciembre de 2007, hace ya más de tres años, el Congreso de la Unión abrogó la ley federal que le daba sustento, la del Impuesto de Tenencia o Uso de Vehículos.

La salvedad que impusieron los legisladores a esta iniciativa presidencial fue que tendría aplicación hasta el 1 de enero de 2012; esto significa que hasta esa fecha, los propietarios de distintos tipos de vehículos tendrían que continuar pagando cada principio de año diversas cantidades por su posesión.

El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos es percibido por amplios sectores de la sociedad como un gravamen injusto. Cuando compramos un automóvil nuevo pagamos un impuesto especial, el ISAN, además del IVA. Adicionalmente, si lo adquirimos en enero o en julio tenemos que pagar la parte proporcional del año de tenencia. Es un impuesto sobre impuestos que hay que cubrir durante 10 años. Todos pagan.

Algunos estados decidieron no esperar los cuatro años y comenzaron de inmediato a beneficiar a sus ciudadanos.

En Yucatán se planteó una y otra vez a lo largo de la campaña federal de 2009 la eliminación de la tenencia. En diciembre de ese año, cuando iba a ser discutida la Ley de Ingresos estatal para 2010, de nuevo los legisladores locales y federales del PAN propusieron seguir el ejemplo de los estados gobernados por el PRI que ya habían derogado el impuesto. Otra vez surgió la demanda con gran fuerza en la campaña local de mayo de 2010. En todas las ocasiones se toparon con el argumento de la caída de los ingresos estatales y la falta de fuentes alternas para compensarlos.

En diciembre la atención social sobre la eliminación de la tenencia fue desplazada por el incremento de los impuestos estatales de nómina, de hospedaje y de diversos derechos. En varias ocasiones comparecieron los secretarios de Hacienda y de Planeación, quienes aseguraron enfáticamente que los incrementos eran indispensables para la salud fiscal de Yucatán, para mejorar su posición en cuanto a la recaudación de ingresos propios.

Por primera vez, en los más de tres años de gobierno, la administración estatal se vio enfrentada a la movilización de una importante parte del empresariado yucateco. Fue motivada por los incrementos impositivos y por la falta de transparencia en la información sobre la aplicación de los recursos públicos; por la preocupación sobre el destino de los elevados créditos que el estado ha contraído y el endeudamiento histórico de su tesorería.

Parece que la respuesta de la gobernadora a las demandas empresariales fue el anuncio de la condonación de la tenencia para los propietarios de vehículos cuyo precio de compra haya sido inferior a $300,000, la mayoría de los automóviles de 2001 en adelante.

El "prietito" del arroz es el momento y la motivación. Si la gobernadora se había convencido de las bondades de anticipar 12 meses la eliminación de la tenencia, si pensaba sustituir su recaudación por la del impuesto de nómina al 2.5%, ¿por qué no formó parte de su iniciativa de ley de ingresos y del denominado "paquete económico"? Si los diputados de la mayoría del PRI acabarán solidarizándose con sus compañeros del PAN en una causa que beneficia a la sociedad, ¿por qué no hicieron las modificaciones a la iniciativa? Así hubiesen cumplido plenamente su función de representantes del pueblo y de sus legítimos intereses.

Ahora utilizará la gobernadora las facultades que le otorga la ley para condonar impuestos y gravámenes mediante un decreto que seguramente será validado por el Congreso local. Los impuestos siempre suben pero, ¡oh, milagro!, la tenencia se eliminará, al menos por este 2011.

Los hacedores de este portento son, a mi juicio, los empresarios que decidieron levantar la voz. La respuesta de la gobernadora no es quizá la que ellos buscaban: no se repone la tasa del 2% ni se compromete el gobierno a la rendición de cuentas. Pero gracias a su determinación miles de yucatecos saldrán beneficiados.

Los empresarios organizados nos pusieron el ejemplo y roturaron el camino a seguir. Los problemas de fondo siguen siendo el gasto excesivo, la falta de inversión pública, la carencia de proyectos detonantes. La participación social hizo el milagro de eliminar la tenencia. Que sirva de estímulo.- Mérida, Yucatán.

Lo que viene: incertidumbre y esperanza

2011-01-02T20:37:00.000-08:00

Se fue 2010

Dulce María Sauri Riancho

Se fue 2010 con su cauda de primeras piedras que hablan de un futuro incierto. Se cumplió el ritual de la conmemoración y se dejó a un lado la incómoda reflexión sobre el presente. Viene ahora 2011, aparentemente aséptico.

Para Yucatán 2011 significa el cuarto y penúltimo año de gobierno estatal; para los 106 ayuntamientos, el único año completo de gestión. Para ambos es el último periodo de aplicación íntegra del presupuesto aprobado, de enero a diciembre. 2012 traerá las campañas políticas y el relevo de las autoridades estatales y municipales en septiembre y octubre. Por eso es tan importante cobrar conciencia de que no hay un solo día por desperdiciar, que el tiempo de los planes y los sueños está agotado y que es la hora de exigir resultados y rendir cuentas.

Demandamos una moratoria de "primeras piedras". Se trata de concluir las obras que ya las tienen y ponerlas a funcionar en esta administración. 12 meses para realizar los proyectos ejecutivos, concursar y adjudicar las obras, construirlas, concluirlas y equiparlas, parecen un reto colosal para una administración que en los 40 meses anteriores no ha dado muestra de saber organizarse y de capacidad de ejecución.

De estas deficiencias son testigos mudos desde la pista atlética del Salvador Alvarado hasta los incumplidos pasos peatonales del periférico de Mérida.

El Banco Interamericano de Desarrollo es una entidad financiera internacional exigente en cuanto a la eficacia y probidad en la ejecución de obras: si se cumple la normatividad, se liberan los fondos; si no es así, se congelarán y pasarán a integrar la lista de los sueños no cumplidos.

Problema mayor son los Proyectos de Participación Social. Ya sabemos que el Museo de la Cultura Maya fue excluido, pero ¿cuáles han sido seleccionados para construirse bajo este esquema que implica compromisos de muy largo plazo para las finanzas estatales? Si de hospitales se trata, ¿quiénes serán los responsables de operarlos: el gobierno o los particulares a los que se les adjudiquen los proyectos? Y lo más importante: ¿podrán tenerlos concluidos y operando en julio de 2012, cuando muy tarde?

En mayo de 2001 hubo una enorme expectativa ciudadana ante la alternancia en el gobierno del Estado. No fue sólo la derrota del PRI, también el triunfo del partido político que había simbolizado la oposición por más de 60 años y había ganado la presidencia de la República meses antes. Las organizaciones de la sociedad que mantuvieron una posición crítica frente a la gestión de los gobiernos priistas en la mayoría de los casos arriaron banderas frente a la nueva administración panista.

Seis años después, una nueva generación de jóvenes del PRI llegó al gobierno de Yucatán. Representaban la esperanza del cambio para una sociedad insatisfecha con los resultados del gobierno de Acción Nacional. El entusiasmo inicial de 2007 ha sido desplazado por la frustración y el rechazo a las actitudes de opacidad e ineficiencia de las autoridades. Sin embargo, las organizaciones sociales desmovilizadas a partir de 2001 no han podido recuperar su legitimidad para asumir un papel crítico ante la actuación del gobierno estatal ni aglutinar el descontento y la inconformidad para ejercer una eficaz presión que lleve a la rectificación de errores y vicios en que han incurrido las autoridades.

No se trata de recuperar el pasado para darle fuerza a la sociedad organizada, sino de construir sobre nuevas bases a los interlocutores del gobierno.

¿Quién le pone el cascabel al gato? Un grupo numeroso de empresarios convocados por la Coparmex lo ha intentado. Otros más están a la expectativa, temerosos de que si se manifiestan puedan perder la oportunidad de cobrar facturas atrasadas de varios meses o años, o de ser víctimas de auditorías fiscales selectivas. El sordo rumor de la inconformidad social comienza a crecer y habrá de construir sus propios canales de expresión; pero sobre todo, debe ser atendido por la autoridades.

Poco tiempo queda, pero suficiente para rectificar el rumbo. Que 2011 nos encuentre dispuestos a luchar por los cambios que demandamos. Que pasemos del silencio donde se rumia el descontento a la movilización transformadora. Vale la pena intentarlo.- Mérida, Yucatán.

La elección de los magistrados. Deber de ingratitud

2010-12-23T07:05:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

Gratitud significa agradecimiento por una ayuda o un favor recibido. Se dice que es de bien nacidos agradecer; que el reconocimiento y la lealtad hacia quien nos brinda algún apoyo para obtener un trabajo o lograr una promoción debería ser permanente hacia quien nos tendió la mano.

Pero hay un grupo pequeño, cuya actuación es decisiva para la sociedad, cuyo mandato es exactamente el opuesto: están llamados al deber de ingratitud hacia quien hizo posible su nombramiento o su designación para el ejercicio de un cargo o una responsabilidad pública. Me explico.

De los tres poderes que integran el gobierno, dos de ellos, el Ejecutivo y el Legislativo, son de elección popular; diputados, senadores, gobernadores y el presidente de la república son electos por la votación mayoritaria, por lo que su mandato es claro: servir al pueblo que los eligió.

El tercer poder es el Judicial. Los magistrados que forman su tribunal superior -Suprema Corte de Justicia a nivel federal, Tribunal Superior de Justicia en el estado- provienen de una terna propuesta por los titulares del Ejecutivo al Senado, en el caso de los ministros de la Suprema Corte o al Congreso de Yucatán, para los magistrados del Tribunal Superior.

Ser considerado para integrar una terna del presidente de la república o de la gobernadora es una importantísima distinción, quizá la más grande, para un abogado, sólo superada por su propia elección para desempeñarse como ministro o magistrado. Entonces, ¿a quién agradecer: a quien lo postuló, a quienes lo eligieron? En lo individual, desde luego que pueden guardar sentimientos de gratitud hacia quien los distinguió e hizo posible su designación. Pero para poder cumplir a plenitud su responsabilidad, su primer deber es la ingratitud hacia quienes lo postularon o lo eligieron con su voto.

Hace unas semanas tuvimos una muestra clara de cumplimiento de ese deber de ingratitud, que sitúa por encima de todos los compromisos y sentimientos de lealtad personal el deber superior de la aplicación de la justicia. La Suprema Corte de la Nación abrió una investigación sobre la tragedia de la guardería "ABC", de Hermosillo, Sonora, que acabó con la vida de 49 niños pequeños en un terrible incendio. El turno para elaborar el proyecto de resolución le correspondió a uno de los dos noveles ministros de la SCJN, electo por el Senado unos cuantos meses antes.

Se trataba de un asunto mayor, que implicaba una posible responsabilidad del ex director del IMSS (actual secretario de Comunicaciones y Transportes) y del nuevo director, además de diversos altos funcionarios de la institución. Si el sentimiento personal de agradecimiento hubiera prevalecido, el ministro Arturo Lelo de Larrea, recién nombrado, hubiera evitado causar con su proyecto de resolución un severo cuestionamiento al gobierno del presidente de la república que lo postuló en la terna y a los senadores panistas que fueron fundamentales en su elección. Pero sobre esas consideraciones prevaleció el deber de hacer justicia. El proyecto fue discutido públicamente por el pleno y desechado por la mayoría, lo que no le quita su valor ni disminuye la integridad de quien supo ejercer su primordial deber de ingratitud.

En un breve lapso la gobernadora deberá enviar al Congreso las ternas correspondientes a la elección de dos nuevos magistrados y una más para la sustitución del licenciado Ángel Prieto quien ha anunciado su próxima jubilación. El Tribunal Superior de Justicia deberá contar a partir del 1 de marzo de 2011 con once integrantes (tres de ellos, actuales magistrados del Tribunal de Justicia para Menores) con sus respectivos suplentes, en vez de los 6 actuales.

En Yucatán no se necesita mayoría calificada de dos terceras partes para elegir a los magistrados. Basta sólo con el voto de los diputados del PRI para lograrlo. El desempeño del Congreso y la línea de actuación de la gobernadora no abonan la esperanza de que se postule y escoja como nuevos magistrados entre los más capaces para desempeñar el cargo. Los errores que se cometan, hoy, en un asunto tan delicado, los pagará Yucatán en los próximos 15 años. Por eso la sociedad está obligada a preocuparse por el procedimiento de selección y a ocuparse del desempeño de sus jueces y tribunales. Y los nuevos magistrados habrán de cumplir su deber de ingratitud.- Mérida, Yucatán.

Médicos a los tribunales

2010-12-15T10:05:00.000-08:00

Juicio al sistema de salud

Dulce María Sauri Riancho

Varios y dramáticos casos de fallecimiento de personas en los hospitales a causa de presunta negligencia han sido denunciados en los medios de comunicación de Yucatán. Un padre que perdió a su hija al dar a luz en el Centro Materno Infantil; una tardía cesárea que terminó con la vida de un bebé en el San Carlos de Tizimín; partos en los baños, enfermos que mueren como consecuencia de una atención deficiente; el Hospital O'Horán, el de Valladolid, los del IMSS han sido objeto de denuncias por parte de familiares de los muertos que reclaman justicia.

Por eso cobra especial relevancia la determinación de la Procuraduría de Justicia del Estado para proceder contra un grupo de seis médicos, enfermeras y auxiliares del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fueron acusados de homicidio, al atribuírseles la responsabilidad de la muerte de una joven mujer que, recién operada, recibió una transfusión sanguínea con el tipo de sangre equivocado. Es la primera de las denuncias que se activa en el ámbito penal, en este caso, contra servidores públicos de una institución federal. Los implicados han sido detenidos y consignados ante el juez quien, después de dictarles la prisión, les ha concedido la libertad bajo fianza.

La medicina y los médicos tienen un lugar especial en la sociedad porque su actividad se finca en la confianza y responde a la esperanza de recuperar la salud. En alguna forma los hacemos infalibles, porque necesitamos creer que lo son para sentirnos seguros. Pero son seres humanos como nosotros: fallan, se equivocan, se distraen. Y sus errores cuestan algunas veces vidas. Ese es el tamaño de su compromiso.

El pasado domingo salió un desplegado suscrito por 43 colegios y asociaciones médicas agrupadas en el Colegio de Médicos de Yucatán. Dirigido a los tres poderes y a la opinión pública, su título refleja fielmente su contenido: Indignación en la comunidad médica. El propósito central es denunciar "el trato indigno" y "la manera vejatoria" como se ha tratado a los médicos sujetos a proceso, al presentarlos como culpables cuando el juicio apenas se está iniciando.

Los hospitales públicos ven rebasada su capacidad para atender a todos los enfermos. Los análisis tardan semanas en realizarse y las intervenciones quirúrgicas, meses. Saturados de trabajo, los "infalibles" doctores pueden equivocarse más fácilmente. El trato con los pacientes y familiares se vuelve áspero, insensible ante la necesidad de información. Los pacientes se vuelven un número de expediente, sin nombre ni rostro que los identifique.

Algunos dirán que es el precio a pagar por la extensión de la medicina social. Otros pensarán que son muchos los que se salvan por algunos que mueren, siempre que no sean ellos o algún familiar los que ingresen a la cuenta de los muertos.

Hace más de 14 años, en 1996, se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que debiera ser la primera instancia para conocer y dictaminar sobre casos de posible negligencia médica. Para que pueda intervenir en un asunto tiene que mediar denuncia de la persona afectada o de un familiar, cuando se presuma un error o descuido fatal de los doctores. A la fecha, esta Comisión ha permeado escasamente en la sociedad yucateca; se conoce poco; no ha podido demostrar su utilidad.

En los Estados Unidos, médicos y enfermeras contratan enormes y costosos seguros contra denuncias de mala práctica profesional. A éstos se les atribuye una parte importante del encarecimiento de los servicios de salud en ese país.

De alguna manera, cuando se juzgue al personal médico implicado en el homicidio de esta mujer, se estará también juzgando al Seguro Social y al sistema de salud pública del Estado, su organización, funcionamiento, sus sistemas de control de calidad y mecanismos de supervisión.

No es difícil imaginar cómo ha afectado esta situación a los responsables de los servicios médicos del IMSS. La parte positiva puede ser una nueva y cuidadosa actitud para cumplir los procedimientos, para proporcionar información oportuna a los familiares y a los propios pacientes. La negativa tiene que ver con la conciencia de su vulnerabilidad, de que el escudo protector que la sociedad les había puesto, ha sido mellado por primera vez.

La impunidad no puede ser tolerada, mucho menos consentida en ninguna parte. Esto incluye la sensible zona de los servicios médicos. Se han activado en este proceso los mecanismos penales. Pero ¿dónde están los procedimientos civiles, dónde está la Conamed? También hay que ponerlos a funcionar si no queremos caer en el despropósito de procurar la justicia echando mano a la injusticia.- Mérida, Yucatán.

El síndrome Aquimichú, ante el retroceso

2010-12-08T13:13:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

Pasito pa'lante, pasito pa'trás. No es el ritmo de una pieza de baile; es una forma de expresar el creciente desánimo que experimentan grupos amplios de la sociedad. Que la política todo descompone; que no representa el sentir de la mayoría, sólo de esos grupos "eternamente inconformes"; que todo se convierte en ataques entre los representantes del PAN ahora en la oposición y del PRI, ahora en el gobierno.

Las calenturas de adentro pueden enfriarse cuando nos miran desde el exterior. Es lo que hacen dos instituciones con la presentación de sus índices que comparan a Yucatán con las otras 31 entidades federativas y con los promedios nacionales. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lo hace en relación con el desarrollo económico y la empresa Aregional, lo elabora sobre el desarrollo humano.

¿Qué nos dicen? El gobierno resalta que somos el cuarto lugar en menor desempleo, pero se cuida de mencionar que los yucatecos ganan menos que la mayoría de los trabajadores de otras partes del país, ya no hablemos de los vecinos de Quintana Roo y de Campeche. Tampoco menciona que los tres primeros lugares en la tabla de empleo lo tienen las tres entidades más pobres de México: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. ¿Por qué razón? Porque el desempleo es un lujo que no se pueden dar entidades o familias pobres.

Por eso es que tres de cada 10 trabajadores yucatecos están en la economía informal, sin seguro ni prestaciones sociales. El producto interno bruto, la riqueza generada por todo el aparato productivo de nuestro estado sólo creció en 0.2% en un año, cuando el promedio nacional fue de 2.1%.

El IMCO alerta sobre las finanzas públicas de Yucatán. Por una parte, señala la debilidad de los ingresos propios, los que provienen del cobro del impuesto de nóminas y del hospedaje, principalmente. Dice que hay que revisar la "autonomía fiscal", no propone subir las tasas, como es la intención gubernamental.

Prende un "foco amarillo" al endeudamiento del estado. Hasta 2008, Yucatán presentaba niveles relativamente bajos: fue en 2009 cuando fue autorizado el crédito de $1,870 millones para un conjunto de proyectos que, recién nos enteramos, requieren de nuevo multimillonario préstamo. Como en la escala de los huracanes, estamos a punto de pasar a "alerta naranja", con esta nueva carga, aumentada ahora por los llamados PPS (Proyectos de Participación Social) con los que pretenden construir museos, hospitales y otras obras públicas, por las que se pagará un arrendamiento por los próximos 25 ó 30 años.

No conocemos a ciencia cierta cuánto debe el gobierno del Estado en su conjunto, pero una inquietante pista la proporciona el propio IMCO: el sistema de pensiones estatal, es decir, el ISSTEY "... requiere una reforma urgente para evitar problemas de liquidez en el corto plazo...". ¿Le ha pagado el gobierno las cuotas que retiene de sus trabajadores? Si no es así, ¿cuánto le adeuda? No vayamos a enterarnos al final de esta administración que el sistema de pensiones del Estado está en riesgo inminente de quiebra.

El Índice de Desarrollo Humano de la empresa Aregional nos recuerda que Yucatán tiene el lugar 30 en Eficiencia Terminal de Secundaria, el 24 en relación con la población que sabe leer y escribir; la posición 30 en niños nacidos vivos sin desnutrición infantil; el mismo número 30 para los niños en la primaria sin desnutrición; el lugar 23 en mortalidad materna; sólo ocho de cada 100 personas empleadas gana más de $8,000 mensuales, lo que ubica al estado en la posición 24.

Pero no todo es gobierno ni son malas noticias. Al fondo de esta "caja de Pandora" de las estadísticas se halla la esperanza: los indicadores de Cohesión Social, los que tienen que ver con la participación ciudadana, ubican a Yucatán en los primeros lugares en participación electoral, en la denuncia de delitos, en el número de mujeres electas en las presidencias municipales. Ahí está el aliento para cambiar el paso, el ánimo y el ritmo.- Mérida, Yucatán.

La población de los centenarios

2010-12-02T08:20:00.000-08:00

Puntual llegó el censo

Dulce María Sauri Riancho

Contra viento y marea, en tiempos de prosperidad o de crisis económica, con los gobiernos del PRI o del PAN, con problemas políticos entre los revolucionarios triunfantes en 1921 o en medio de las restricciones presupuestales de la década de 1990, puntual llega el censo. Trece veces desde hace 115 años se ha contado a los habitantes de México; desde 1930, en los años terminados en cero. Los encuestadores preguntan en todos los hogares sobre los miembros de la familia, su educación, su ocupación, entre otros datos que permiten trazar el perfil de la población en México.

Entre mayo y junio de este 2010 nos contaron. Los responsables tuvieron que visitar casi 29 millones de viviendas en el país y 500 mil en Yucatán. Hace unos días el Inegi presentó los datos preliminares y dentro de algunos meses dará la información definitiva, que será fundamental para la mejor planeación de las políticas públicas en educación, salud, empleo, entre otras.

Esta situación por sí misma habría de motivar nuestro interés en los datos del Censo. Pero además, hay algunas preguntas que los yucatecos nos hacemos y que esta valiosa información ayuda a responder: por ejemplo, ¿Cuántos somos los mexicanos? ¿Y los yucatecos?

Los resultados arrojan que México tiene una población de 112 millones de habitantes, cuando en 1910 sólo tenía 15 millones. Los especialistas esperaban la conmemoración de los centenarios con casi tres millones de personas menos; ellos mismos se encargarán de estudiar si hay repunte en la natalidad (nacen más niños) o si se han detenido los flujos migratorios (se van menos personas a los Estados Unidos por la falta de trabajo allá y por la creciente dificultad de los cruces). Lo cierto es que habrá más niños en las escuelas, más jóvenes luchando por un trabajo digno y más personas mayores que requieren atención en su vejez.

Mientras "suben" a internet la totalidad de la información, algunos números despejan curiosidades.

Ya merito, pero no alcanzamos todavía los 2 millones de habitantes en Yucatán (1 millón 954 mil personas). En la Zona Metropolitana de Mérida (que incluye a Umán, Kanasín y otros municipios colindantes) tampoco llegamos a la cifra mágica de un millón (971 mil).

La ciudad de Mérida por sí misma, sin sus comisarías ni la población de municipios vecinos, tiene 775 mil pobladores. Cuatro de cada diez yucatecos vivimos en la capital, pero han crecido sus comisarías, como Chablekal, por el club de golf La Ceiba y Caucel, por Ciudad Caucel.

Sólo una localidad además de Mérida, registra por arriba de 50 mil habitantes, muy probablemente Kanasín (77 mil).

Yucatán aporta menos del 2 por ciento de la población total del país. En la península, es todavía el más grande, pues Quintana Roo registra 1. 3 millones de habitantes y Campeche, 822 mil. La entidad más poblada dejó de ser desde hace dos décadas el Distrito Federal: ahora lo es el Estado de México, pues uno de cada siete mexicanos son mexiquenses.

Más mujeres

El Censo registra que en Yucatán hay casi 29 mil mujeres más que hombres. Esto podría ser motivo de preocupación para las jóvenes casaderas y de satisfacción y alegría para ellos. Pero, ¡mucho cuidado de adelantar vísperas! Tendríamos que saber si es porque las yucatecas viven más años que sus maridos y compañeros; si es entre los mayores de 70 años donde se da la diferencia más importante. Nacen más niños que niñas; hasta los 14 años se igualan en proporción. A partir de entonces, a pesar de los embarazos y los partos, del desgaste de cuidar y crecer a una familia, las mujeres tienden a vivir más años que los hombres. Eso, sumado a la tradición casi abandonada de la diferencia de edades en la pareja, en que el hombre le lleva varios años a su esposa, le pone al fenómeno de la viudez rostro femenino.- Mérida, Yucatán.

Día contra la violencia hacia las mujeres

2010-11-25T12:44:00.001-08:00

Mujeres, ayer y hoy

Dulce María Sauri Riancho

"... En las casas llamadas comunales se congregaba a las mujeres indígenas durante todo el día para que tejieran en común las mantas necesarias para cubrir las obligaciones impuestas sobre el pueblo...", "... oigo las voces que lastiman el corazón, dando gritos los alguaciles por todo el pueblo diciendo a las pobres indias que no se duerman sino que trabajen para cumplir con los repartimientos... las llevan a las casas reales y allí las hacen trabajar... Y muchas veces he visto que algunas que tienen hijos de pecho, sus hijas o sus hijos mayores los traen para que se los den y puestas -sin dejar el trabajo- les dan de mamar, cosa que quiebra el corazón...".

"Culiacán, Sin.- Hoy en la mañana fueron rescatados los seis cuerpos de las empleadas que se encontraban dentro de Coppel Hidalgo, las cuales fallecieron durante un incendio que se registró el día de ayer en el interior de la tienda departamental ubicada en el sector centro. "De acuerdo a las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia, se acreditó que las seis mujeres que fallecieron estaban encerradas porque realizaban un inventario. Lo anterior fue dado a conocer en durante una conferencia de prensa por el subprocurador de Justicia Martín Robles Armenta, quien agregó que algunas de las hoy fallecidas se encontraban laborando desde las 7 de la mañana de ayer martes (9 de noviembre), sin embargo, no supo precisar quiénes..." .

Mujeres ayer y hoy, Divididas por la distancia del tiempo y del espacio, estas dos referencias encierran la realidad de la violencia ejercida en contra de las mujeres. La primera de las historias sucedió a principios del siglo XVII, alrededor de 1600. La narración corre a cargo del fraile guardián de Maxcanú, quien describe con vívidos acentos la situación de las mujeres mayas en esa población y de muchas partes del Yucatán colonial, quienes se veían obligadas a tejer el algodón que entonces se cultivaba, para elaborar mantas en los ya desaparecidos telares "de cintura". Ellas, las mujeres, tenían que cubrir la cuota de productos contratada con el pueblo en su conjunto. Aunque eran los principales, los batabes no eran los hombres los que hilaban y tejían la fibra para transformarla en piezas de textil que luego se venderían en distintas partes del extenso territorio colonial novohispano: eran las mujeres, a quienes se les encerraba en esas casas colectivas hasta que no concluían el trabajo, sin derecho al descanso y al sueño, sin poder atender a sus hijos pequeños, recluidas y privadas de libertad hasta terminar la tarea.

Hace pocos días en un país que conmemora este año el centenario de la primera revolución social del siglo XX, en Culiacán, Sinaloa, seis mujeres entre los 22 y los 36 años perdieron la vida en un incendio del establecimiento donde trabajaban, del que no pudieron salir a tiempo para salvarse porque estaban encerradas mientras realizaban el inventario nocturno de los productos; sólo hasta concluir y después de salir el sol serían liberadas. No vieron la mañana.

Entonces y ahora son las mujeres las víctimas de actos de violencia que atentan contra su vida y su dignidad.

Culiacán nos recuerda en forma brutal y dramática la situación de vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras del país. Trae a la memoria las exigencias del certificado de no embarazo para otorgar un empleo; las acciones soterradas para inducir a las madres a renunciar; los sueldos diferentes si son mujeres u hombres, aunque realicen la misma función.

El 25 de noviembre se conmemora el Día contra la Violencia hacia las mujeres. Tres hermanas, Patria, Minerva y Teresa Mirabal, perdieron la vida en la República Dominicana en esa fecha de 1961. Fueron brutamente asesinadas por los esbirros del dictador Rafael Leónidas Trujillo por oponerse a su régimen opresor. Por ellas, en su memoria, en muchas partes del mundo habrá reflexión y análisis sobre una cuestión que afecta a toda la sociedad. Erradicarla, expulsarla como el mal social que afecta y corroe la vida colectiva es tarea que demanda plena colaboración entre la sociedad y sus autoridades. Que dure el compromiso más allá de los actos oficiales; que la indignación sea motor para cambiar lo necesario.- Mérida, Yucatán.

¡Adiós al Bicentenario!... Y el centenario, ¿dónde quedó?

2010-11-17T07:14:00.000-08:00

Dulce María Sauri Riancho

Para muchos yucatecos el centenario del inicio de la Revolución Mexicana pasará como uno más de los "puentes" vacacionales del año. Una disposición tomada hace unos años por el gobierno y los legisladores remite el día de descanso obligatorio siempre al lunes de la semana en que se conmemora alguna fecha. Al 20 de noviembre de los 100 años le tocará este sábado, así que su feriado ya pasó.

El bicentenario de la Independencia transcurrió con más penas que glorias. En los recuerdos personales quizá brillarán las fiestas de la Independencia que transmitió la televisión que al menos por un breve instante logró la comunión de los mexicanos y el despertar del orgullo por una patria que es de todos.

El aniversario de la Revolución no ha gozado siquiera de la atención que recibió el de la Independencia. ¡Difícil tarea para el gobierno federal! El descuido es explicable: el partido en el gobierno fue fundado para oponerse al Estado de la Revolución en 1939. Las instituciones y el orden constitucional que nos rige surgieron de ese mismo movimiento que trastocó la organización de la sociedad porfirista y abrió paso a un nuevo sistema de derechos sociales y libertades colectivas. Emergió un nuevo "mapa" de reparto de las tierras en el país; se aceleró el crecimiento de las ciudades, aumentaron los años de vida de las personas, se extendió la educación, se crearon las grandes instituciones de seguridad social. Ha sido un proceso de cambio lento, no siempre para avanzar, con el perenne riesgo de retroceder, sobre todo en las libertades.

El reto no ha sido más sencillo para el gobierno estatal. A pesar de su procedencia partidista, la magnitud y la fuerza de la propuesta oficial para la conmemoración del inicio de la Revolución adolecieron de las mismas carencias que las de la contraparte federal. Digámoslo de una vez y con todas sus letras: las conmemoraciones nos encontraron como sociedad confundidos y agotados, y al gobierno flotando en el burocratismo y dedicado a cumplir formalmente sus funciones.

En la prisa por cumplir las formalidades, olvidamos que la Revolución se fraguó por las insatisfacciones acumuladas en 100 años de vida independiente. Se nos olvidó que la Revolución de 1910-1917, una de las tres revoluciones de masas del Siglo XX en el mundo, la inició un puñado de ciudadanos, descontentos con el orden que imperaba, que se animaron a exigir libertades en la política y acceso a la tierra, en el orden socioeconómico.

Tras la bandera antirreeleccionista de Madero y de su demanda de sufragio efectivo estaban los reclamos por la libertad de tránsito y de comercio, por la libertad de contratación de los trabajadores, por la libertad de prensa, de reunión, de expresión, de credo. Y el reclamo de tierras era el grito de los campesinos por tener acceso al factor de la producción que representaba la posibilidad de empleo, comida, ingreso, bienestar, seguridad. No es casual que el lema maderista de "Sufragio Efectivo..." de la insurrección inicial se haya desdoblado en el de "Tierra y Libertad" de los batallones de pobres que llevaron al movimiento armado a su culminación.

¡Qué rico y enriquecedor hubiera resultado replicar los afanes transformadores de los revolucionarios de ayer, pensando, discutiendo, proponiendo un nuevo marco de libertades para el México del siglo XXI! ¡Qué gratificante hubiera resultado para la sociedad de hoy y del futuro diseñar y acordar un reparto más equitativo del Conocimiento, el factor que determina el rumbo y el ritmo de la economía y, por lo tanto, el reparto de la riqueza entre las naciones y entre los grupos sociales!

En una entrevista reciente, el brasileño Roberto Mangabeira Unger dijo que México no puede desarrollarse porque carece de una agenda nacional propia: "... A los estadistas les falta imaginación, a los intelectuales, rebeldía, y a la izquierda, transformación ideológica y programática; es conservadora o recalcitrante" (ver: http://www.eluniversal.com.mx/ nacion/181835.html).

Ya pasaron las fechas a conmemorar y están a punto de agotarse los eventos programados para hacerlo. Pero nos quedan los mismos viejos problemas, las mismas insuficiencias de hoy, los mismos retos del futuro. ¿Por qué no realizar ahora lo que no pudimos llevar adelante en el marco de los aniversarios? Insistamos en el ejercicio de imaginación transformadora que llevó a los mexicanos de hace un siglo y de 200 atrás a hacer realidad la Nación que añoraban.- Mérida, Yucatán.