jueves, 23 de febrero de 2017

Sombras sobre la Filey. Violencia contra las mujeres

Dulce María Sauri Riancho
Sucedió hace casi siete años, cuando tres mujeres indígenas otomíes de Querétaro: Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco, fueron detenidas y encarceladas acusadas de delitos contra la salud por posesión de cocaína, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y delitos contra servidores públicos.

Fue la manera jurídica que encontraron para decir que habían sometido y retenido contra su voluntad a varios agentes del orden que realizaban un cateo en busca de productos “pirata” en el mercado de la capital queretana. En su largo proceso federal, las mujeres reclamaron su inocencia y la injusticia del juicio al que se veían sometidas. Declaradas inocentes por la Suprema Corte, ellas no se conformaron, sino que exigieron a la PGR una indemnización y reparación del daño causado por haber sido acusadas y aprehendidas ilegalmente.

En la primera instancia administrativa, se les negó lo solicitado, por lo que acudieron a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que resolvió lo impensable hasta hace muy poco: “Revisamos las pruebas que están en el expediente (dice la sentencia) y […] concluimos que tienes razón, determinamos que la PGR hizo mal su trabajo, lo que te ocasionó daño patrimonial y moral…La PGR reconocerá tu inocencia y lo hará en los mismos medios donde fue publicada tu acusación”.

Además de las inserciones de media página en los periódicos de Ciudad de México, hubo un acto en el Museo Nacional de Antropología, donde el procurador general de la República, en nombre del Estado mexicano, pidió perdón a las tres mujeres agraviadas. Su condición de género, su pertenencia a una etnia indígena y su situación de pobreza se combinaron para mantenerlas en prisión y privarlas de una legítima defensa. Final aparentemente feliz de una larga historia salpicada de violencia en su contra por el simple hecho de ser mujer.

Sucedió hace 7 días, cuando las alarmas de la indignación se prendieron por un cartel promocional de la Feria Internacional de la Lectura, Filey, que habrá de comenzar su sexta edición el próximo sábado 11 de marzo.

Mala copia de la ingeniosa publicidad de la Librería Gandhi, la imagen de una mujer sometida que acepta castigo a cambio de “dejarla leer”, proyectó desafortunadamente sobre la Filey una sombra: la de la violencia contra las mujeres, tolerada, utilizada y presentada en un afiche que reproduce los peores estereotipos de género.

Se trataba de un cartel inspirado en el libro “Cincuenta sombras de Grey” que, por cierto, poca publicidad necesita en su sexta edición en castellano. La trilogía escrita por E.L. James ha roto récords de venta y ha sido traducida a numerosos idiomas. Como literatura, se asemeja a un Corín Tellado pornográfico. Combina “bondage” (esclavitud y ataduras para inmovilizar), disciplina, sadismo y masoquismo. El hombre protagonista, millonario y poderoso, es el dominador; la mujer, virgen, sensible y vulnerable, es la parte sometida.

Los millones de ejemplares vendidos muestran que existe un público para esa clase de expresiones literarias. En gustos, particularmente de lectura, se rompen géneros. No me interesa imprimir un toque de censura para lo que algunos consideran innovación y otros, algo más que un bodrio literario.

Sin embargo, me pregunto por qué ese libro fue considerado por la Filey para formar parte de sus carteles publicitarios. Teniendo tantas opciones cuando los invitados son: China como país y Campeche como estado de la República, poco favor le hicieron a esta Feria quienes se imaginaron derrochar “ingenio” con una imagen y una leyenda que, por decir lo menos, son enormemente controvertidas.

No es el primer tropiezo de la Filey. Recuerdo el de hace un par de años, cuando las camisetas del equipo promotor ostentaban la leyenda de una organización política. Entonces, rápidamente corrigieron. Me parece bien que ahora, después de un intento fallido de disculpa, los responsables de la Filey 2017 hayan admitido sin rodeo alguno su error. Ya no es sólo “un sector” el que se reconoce como agraviado, sino un género, las mujeres, en su lucha cotidiana contra atavismos y costumbres que consideran a la violencia como “natural”. La misma que Rodrigo Llanes describió en este espacio el lunes pasado.

Fue un resbalón que abrió una grieta donde se muestran con claridad las resistencias culturales a considerar a las mujeres con similar dignidad y derechos que los de los hombres. En el orden patriarcal, la condición femenina sólo se concibe como subordinada, tal como es la protagonista de “Cincuenta sombras”.
foto: lasillarota.com
La Filey es un proyecto en vías de consolidación. Este año abrigué serios temores de que la Uady y el gobierno del Estado no pudieran sostener la inversión anual que se requiere para realizarla. Voces al oído del rector Williams y de las autoridades estatales susurraban la conveniencia de despojarla de su raigambre universitaria y de sectorizarla en alguna dependencia estatal. Por si no fuera poca la tensión presupuestal, la sexta edición estrena coordinador general con Rodolfo Cobos. Cuando el Premio Excelencia en las Letras es entregado a Cristina Rivera Garza, la escritora tamaulipeca que está de lado de “los libros incómodos, que no necesitan carta de buena conducta para existir”. Cuando Sara Poot organiza la nueva edición de UC-Mexicanistas, se cometió un error que no podrá ser superado más que con auténticos compromisos en materia de derechos humanos de las mujeres. Y resultados que los hagan tangibles. Así las sombras que arrojó Grey sobre su sexta edición se podrán desvanecer.— Mérida, Yucatán.

martes, 14 de febrero de 2017

Derechos bajo asedio. Vientos de Totalitarismo

Dulce María Sauri Riancho
Hace unos días recibí de Antonio Salgado, colaborador de estas páginas del Diario, una invitación para reflexionar sobre el totalitarismo y las grandes aportaciones que Hannah Arendt hizo para dilucidar sus entrañas. Tony proponía acercar los trabajos de esta gran teórica social y filósofa política a los problemas reales y concretos que actualmente enfrentamos. Parto por compartirles, amig@s lector@s, que al hablar de totalitarismo Arendt no sólo hace referencia a un régimen político, como podría ser una dictadura, sino a una condición que se extiende a todas las áreas de la vida pública y privada de una sociedad. Se impone sobre las personas por la fuerza del terror: a la pérdida de la vida, de los bienes o de la libertad, si no se sujetan a sus terribles reglas. En el terreno de pensamiento tan amplio como desarrolló esta judía alemana, apátrida por años y ciudadana estadounidense en el último tercio de su vida, decidí tomar hechos recientes conocidos por la opinión pública. Tienen en común que vulneran derechos reconocidos, de carácter universal y práctica obligada en todo el mundo. Malas noticias para la complacencia: los derechos humanos no se ganan de una vez y para siempre.

Muchas veces creemos que por el simple hecho de nacer, los derechos que acompañan a nuestra condición humana se “activan” en automático, que nada hay que hacer para que nos sean reconocidos o para que tengamos que defenderlos. Poco reparamos en los grandes obstáculos que se yerguen ante nosotros como enormes barreras que evitan garantizar su disfrute. De vez en cuando, algún evento significativo actúa como un choque eléctrico que nos recuerda lo que podemos perder si no activamos las alertas sociales y nos disponemos a luchar. En este sentido, selecciono tres situaciones que ocuparon espacio impreso y digital en las últimas semanas. 

1.-En Xpechil, pequeña comisaría del municipio de Peto, un campesino de 40 años asesinó a su esposa de 15 machetazos. La señora de 31 años, lo había abandonado para irse a la cabecera municipal a auxiliar a su hija que había dado a luz. Regresó, pero a casa de su madre. No salía, “para nada” pero cuando lo hizo para comprar sal, fue agredida por el cónyuge agraviado por el rechazo, sin que nadie de la pequeña comunidad pudiera evitarlo.
2.- A finales de enero de este año, el presidente municipal de San Martín Peras, Oaxaca, ordenó dar de latigazos a una joven mujer aspirante a regidora. Gabriela Maldonado Rivera exigía su derecho a la participación política en su municipio. A cambio recibió amenazas, hostigamiento e intimidación y, finalmente, azotes de una autoridad. El alcalde acusado se defendió diciendo: “fue golpeada por su abuelo por su comportamiento”.

3.-Guadalupe García, tras residir más de 20 años en Arizona, fue deportada a México. En 2008 había sido detenida en una redada, pero las políticas del presidente Obama le permitieron permanecer en Estados Unidos bajo la condición de presentarse cada año a la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para una revisión de su caso. Tenía 14 años cuando llegó en 1996; tuvo dos hijos, estadounidenses de nacimiento. Ahora fueron por ella, pues la “Migra” tenía todos sus datos. El gobierno de Trump hizo de este caso una muestra representativa de que cualquier inmigrante indocumentado condenado por un delito –en el caso de la Sra. García, haber registrado un número falso del seguro social- tendría prioridad para ser deportado.

Pobreza, rezago y marginación, campean en los dos primeros casos. Rosario Núñez, de Xpechil, debe haber tenido a su hija a los 14 años, porque cuando perdió la vida ya era abuela. Madre-niña, con escasa escolaridad; esposa de campesino milpero, en una comunidad que representa al Yucatán rural en extinción, pues la mayoría, 84 de cada 100 personas vive en ciudades como Peto y Mérida. Marido con derecho a disponer de la vida y la libertad de su mujer, porque la tradición y la costumbre así se lo permitían. También Gabriela Maldonado transgredió los usos y costumbres de San Martín Peras, que recluye a las mujeres en el hogar y les impide su participación política. No son, lamentablemente, casos excepcionales de violencia contra mujeres motivadas por su voluntad de ejercer derechos políticos fundamentales, como lo demuestran incidentes en Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, principalmente.

Hasta antes de la orden ejecutiva de Donald Trump, los inmigrantes indocumentados tenían derechos en los Estados Unidos. Desde el punto de vista de la ley, estos aún permanecen, aunque los obstáculos para ejercerlos cada vez se hacen más difíciles. No cambió la norma, sino la actitud de una parte de la sociedad estadounidense que se solaza en el dolor de quienes, como Lupita García, han sido arrancados de su familia y condenados a la incertidumbre. ”¡Se lo merecen!”, parecen decir, con la simpatía de otros que desde lejos, contemplan la situación, sintiendo que ellos, los “verdaderos” estadounidenses jamás podrán ser afectados.


Violar los derechos fundamentales de las personas puede adquirir carta de naturalización. Sólo se necesita combinar la indiferencia con el miedo. Los derechos humanos que hemos conocido se encuentran bajo asedio. Borrar los “memes” de Trump y comprar teléfonos desechables para viajar a Estados Unidos es una primera manifestación del contagioso mal que empiezan a transmitir los vecinos del norte, que puede derivar en el totalitarismo. Cómo defendernos, cómo resistir y seguir avanzando es la tarea que tenemos por delante. El pensamiento lúcido de Hannah Arendt contribuye a lograrlo.

viernes, 10 de febrero de 2017

Sillas vacías. Cupos en las escuelas

Dulce María Sauri Riancho.
En días pasados, los vecinos de Mérida fuimos testigos de un intercambio de opiniones entre dos partes que no parecen tener referentes comunes, en una especie de “diálogo de sordos”, ese que no permite entendimientos porque se sostiene desde frecuencias distintas y se aborda desde lógicas diferentes. Me explico.

El secretario de educación estatal, licenciado Víctor Caballero, declaró que no tenían sentido ni razón las sillas encadenadas y enfiladas en las puertas de numerosas escuelas, ya que todos los niños y las niñas del estado tenían un lugar asegurado en cualquiera de las escuelas públicas de la entidad para el nuevo ciclo escolar. Aseguró el funcionario que así había sucedido en años anteriores. A pesar de la explicación y del compromiso institucional, los padres y las madres mantienen la costumbre de plantar sillas los últimos días de enero, como una forma de “guardar turno” en el proceso de inscripción que se abre el 1 de febrero. La ruidosa protesta de los vecinos de la colonia Villas de Oriente, perteneciente al municipio de Kanasín, contradice las seguridades del secretario Caballero y refuerza la muda exigencia de cupo que enarbolan las sillas vacías en las puertas de las escuelas (Diario de Yucatán, 30 de enero de 2017). Decenas de padres de familia de esta colonia cerraron por varias horas la carretera a Tixkokob pues numerosos niños no encontraron cupo en la única escuela pública que existe en esa zona y que ofrece educación primaria en dos turnos. Se declararon cansados de llevar a sus hijos a escuelas distantes, que es donde les ofrecen lugar. Quedan lejos de su casa, cuesta dinero en pasajes de camión y, además, tiempo de las progenitoras o de las abuelas, que dedican buena parte de la mañana o de la tarde a llevar y recoger a los infantes.
Foto: internet
La situación que viven las familias de Villas de Oriente es similar a la que enfrentan las 20 mil familias que habitan en Kanasín, municipio con más de 90 mil habitantes y que sólo cuenta con 36 planteles escolares. La desigualdad queda manifiesta cuando se compara con Valladolid, que con menos pobladores, dispone de 139 escuelas; Tizimín, de 187; Progreso, de 71 y Umán, de 81. De las 41 escuelas que funcionan en Kanasín, 24 son primarias (seis operan en dos turnos), 15 secundarias y sólo dos preparatorias.

En el lado poniente de la ciudad de Mérida, Ciudad Caucel, se vive una situación similar a la de Kanasín. Aunque parecen no tener la cohesión de los padres de Villas de Oriente ni han recurrido a protestas públicas para exigir la atención a sus demandas, los padres de familia se quejan porque en ese complejo urbanístico, en donde residen cerca de 20 mil familias, sólo operan tres primarias públicas. Año tras año, los niños de Ciudad Caucel que no encuentran cupo en las escuelas cercanas, asisten a alguna de las tres primarias de la villa de Caucel o en las más lejanas de las colonias Nora Quintana y Juan Pablo II (Diario de Yucatán; 6 febrero 2017). Tiempo, dinero y camión son las constantes.

Padres de familia y funcionarios tienen razón, pero ópticas diferentes para afrontar el problema de los lugares en las escuelas públicas. Mientras el secretario de Educación recurre a la lógica de la demografía y las estadísticas para afirmar que la atención escolar de todos los niños de Yucatán está garantizada, los padres y las madres apelan al pragmatismo —“no hay mejor escuela para tus hijos que la escuela cercana…”— que los lleva a dudar de la oferta del secretario. Víctor Caballero mantiene la perspectiva del saldo global, de atención plena a la población en edad escolar porque, es cierto, hay lugares suficientes para atender a toda la niñez yucateca. Los padres de familia van un paso adelante. Las circunstancias familiares, el ingreso precario y el tiempo de las mujeres —madres y abuelas— los han empujado a exigir que la cobertura escolar contemple la ubicación de los planteles. Revisar su localización significa poner por delante el territorio. Esta perspectiva llevaría a las autoridades a decidir el posible cierre de algunas escuelas porque no hay suficientes alumnos. En otros casos, implicaría disminuir grupos o, seguramente, la apertura de nuevas escuelas en donde el aumento de familias jóvenes con hijos en edad escolar así lo reclame.


La mayoría de las niñas y niños yucatecos acuden a escuelas públicas. Por eso, la oferta de lugares suficientes, accesibles para ellos y sus familias seguirá siendo una prioridad. Sin embargo, también lo es la calidad educativa. No se puede permitir que la falta de espacios o una indebida percepción de los progenitores favorezcan el surgimiento de escuelas particulares. Ellas garantizan, sí, el cupo para la población demandante pero, además, alimentan muchas veces el espejismo de que su calidad educativa es “imposible” de encontrar y de exigir en el sistema público, gratuito y obligatorio. Tal vez sea la causa de que el problema de cupo en escuelas públicas no sea asunto que sacuda a los vecinos de Santa Fe, separados de Ciudad Caucel por una calle y algún decil en la estructura del ingreso familiar. Tampoco se encuentra esta preocupación en los vecinos del fraccionamiento Las Américas, en donde residen varios miles de jóvenes familias. O en una comunidad consolidada, de clase media, como Francisco de Montejo y las primeras secciones de Pensiones, por citar ejemplos palpables, que dieron hace años sus propias luchas. Allá, en los asentamientos de clase media, la escuela pública es subsidiaria, porque existe la posibilidad de pagar por una educación privada, si no hay lugar o si se considera que la oferta pública es de baja calidad. En miles de familias esa opción no existe. Si de combatir la desigualdad social se trata, las sillas vacías son la primera trinchera a conquistar.

jueves, 2 de febrero de 2017

Constitución de 1917. Centenaria viva

Dulce María Sauri Riancho
El próximo domingo 5 de febrero la Constitución mexicana cumple 100 años. La vorágine de acontecimientos de las últimas semanas dejó sin la atención que merece este centenario. Poco eco alcanzaron los trabajos de diversas comisiones integradas desde años atrás para conmemorarla. Corremos el riesgo de que este aniversario caiga en la banalidad de un acto protocolario más, que se realizará, eso sí, en el Teatro de la República, en Querétaro, recién adquirido por el Senado de la república. Parchada, ignorada en muchos de sus preceptos, percibida como obsoleta y ajena a la realidad por una mayoría de los ciudadanos, sólo 22 de sus 136 artículos han resistido el paso del tiempo sin reforma alguna, en tanto que los demás han sufrido la friolera de 699 cambios, un promedio de casi siete por cada año de su larga vida. Uno de estos artículos reformados, el 73, que señala las facultades del Congreso de la Unión, registra a la fecha ¡77! modificaciones.
Estamos tan hartos, decepcionados de la situación actual, que voltear a ver a la “Centenaria” se considera poco más que un desperdicio de talento y energía y, en mi caso, de este generoso espacio semanal. No es así. Si nos detenemos un poco a reflexionar, cada una de las grandes constituciones de México —1824, 1857 y 1917— correspondieron a momentos definitorios de la nación mexicana. Cuando todo parecía deshacerse, la respuesta fue la creación de un gran pacto social que estableciera los compromisos y las vías para caminar todos juntos hacia la paz y el bienestar colectivos.

Imagínense, amig@s lector@s, a Lorenzo de Zavala y otros constituyentes hace más de 190 años, reunidos para acordar el proyecto de Nación sobre las bases de la derrota del I Imperio, cuando México daba sus primeros pasos como país independiente de España. O a los constituyentes liberales de 1857, que lograron gestar una propuesta audaz que hiciese frente a un país lastimado por el despojo estadounidense de más de la mitad de su territorio. Y hace 100 años, veníamos de una movilización popular por demandas diversas —tierra, libertad, derechos obreros— que esgrimían los oprimidos y marginados. De la derrota de un régimen que gobernó por más de tres décadas. De la ocupación de Veracruz por parte de las tropas estadounidenses, con el petróleo como telón de fondo de sus exigencias. Del riesgo de ser otra vez arrasados por el enfrentamiento entre zapatistas, villistas y constitucionalistas. La respuesta ante esta situación fue la formulación de un nuevo pacto social, de avanzada.

Hoy más que nunca tenemos que rememorar la gesta de 1916-1917. No se trata del documento llamado Constitución, sino de los hombres y mujeres que imaginaron un país diferente y que tuvieron la capacidad de plasmarlo en un conjunto de normas. Ellos, los constituyentes, no eran abogados, intelectuales o profesionales. Olían a pólvora y sudor. Venían cargando las esperanzas de millones que exigían se cumplieran las promesas de tierra y libertad. Héctor Victoria, yucateco, así lo expresó cuando se opuso al proyecto “que se dice revolucionario” pero que, a su juicio, dejaba pasar las libertades “como han pasado hasta ahora las estrellas sobre las cabezas de los proletarios: ¡Allá a lo lejos!”. Gracias a él y a otros bravos obreros surgió el artículo 123 que consagró los derechos de las y los trabajadores de México. Otros más lucharon por el reparto agrario, garantizado por el artículo 27. La educación, gran anhelo en un país de analfabetos, quedó comprometida en el artículo tercero. Hubo desacuerdos, amenazas, negociación, conciliación y, finalmente, la Constitución fue promulgada el 5 de febrero. Con ella, en 1938, México hizo frente a las potencias imperiales con la expropiación petrolera. Más de la mitad del territorio nacional se repartió entre los campesinos. Los 122 millones de mexican@s de hoy somos herederos de aquel país de 15 millones de habitantes y dos millones de personas muertas o emigradas en siete años de conflicto. Sin Constitución, ese sacrificio se habría perdido en el olvido de la historia.


En el siglo XXI, la desigualdad y la pobreza de más de la mitad de los habitantes de México son pruebas fehacientes del alejamiento de los compromisos asumidos en Querétaro hace 100 años. Sin embargo, este saldo negativo no descalifica a la Constitución ni a los constituyentes. La memoria colectiva debe recuperar espíritu y actitudes de entonces: Uno, imaginación para transformar, cuando nada estaba escrito en alguna parte del mundo, dando respuestas a las necesidades y demandas de l@s mexican@s. Dos, actitud para construir la unidad nacional, esa que literalmente nos mantiene vivos, a pesar de las diferencias manifiestas. Y tres, valor, mucho valor para abrir paso a soluciones que exigen renuncia al interés personal o faccioso, para cumplir el interés general. Imaginación, Actitud y Valor, eso exigimos a quienes tienen el poder formal para negociar con el gobierno de Estados Unidos. Unidad en torno a los intereses nacionales, los de todos, no los de un pequeño grupo que sólo piensa en la próxima elección. Actitud e imaginación de la ciudadanía para sumar las partes en favor del conjunto social. Para evitar que quienes tienen el poder transitorio tuerzan el destino del país. El olor de nuestro pueblo en el siglo XXI no es de pólvora, no debe ser de sangre. Hoy son las redes de solidaridad ciudadana: sus anhelos y exigencias, sus compromisos, su capacidad para imaginar un futuro y actuar para conseguirlo.— Mérida, Yucatán.