miércoles, 17 de agosto de 2016

IV Informe Presidencial. Ocaso prematuro

Dulce María Sauri Riancho
Estamos a dos semanas del IV Informe presidencial. En el siglo pasado, la celebración por cuarta vez del ritual del “día del Presidente” marcaba el cenit del poder presidencial, que se prolongaba por los siguientes 12 meses. El camino del 4o. al 5o. informe se recorría en la cúspide. En los tres años anteriores se habían presentado y puesto en marcha programas y proyectos, que comenzaban entonces a dar resultados concretos. Había cosas que mostrar, pero sobre todo había expectativas en el equipo presidencial, de suficiente peso como para pisar el acelerador rumbo al final del mandato. Habiendo obtenido su partido la mayoría en la elección intermedia celebrada el año anterior, el presidente de la República se aprestaba a observar con atención el comportamiento de los aspirantes a sucederlo, listo para expresar, al final del quinto año, las “palabras mayores”, que designaban al candidato a relevarlo, quien sería seguro triunfador en las elecciones constitucionales.
Esta descripción pertenece al pasado. Otras son las circunstancias que rodearán el informe de Enrique Peña Nieto después de 45 meses en la presidencia. A dos terceras partes del trayecto, su gestión parece envuelta en un crepúsculo que se prolongará hasta el final de su sexenio. Los problemas se amontonan. Nada sale bien, desde la reforma energética emprendida justo al comenzar el descenso de los precios de petróleo en el mundo, hasta la escasez de medallas olímpicas, cuando hace cuatro años la delegación mexicana había logrado siete preseas. El Presidente ofrece una disculpa por el conflicto de la Casa Blanca y antes de un mes, un nuevo escándalo, ahora sobre un departamento en Miami, hace ver muy mal a Peña Nieto ante los ojos de grandes sectores de la sociedad, hartos de corrupción y prepotencia por parte de los poderosos.

Diversos medios de comunicación que periódicamente realizan mediciones sobre percepciones ciudadanas han coincidido en que Peña Nieto obtuvo la nota más reducida desde que comenzaron a darse a conocer ejercicios de este tipo, hace más de 20 años. El periódico “Reforma”, por ejemplo, destaca la calificación otorgada por ciudadanos y líderes de opinión a la gestión peñanietista, 3.9 y 3.2 sobre 10 respectivamente. Sólo el 23% de los ciudadanos y el 18% de los líderes aprueban la forma como el Presidente realiza su trabajo. No es de extrañar entonces que el PRI exhiba un deterioro en la intención de voto a su favor de sólo 22%, frente a 27% del PAN. O que sólo 20 ciudadanos de cada 100 se declaren priistas, frente a los 25 que lo declaraban hace poco más de un año. El partido cosecha lo que siembra el gobierno, en este caso, el PRI está levantando desencanto entre la ciudadanía con una administración que comenzó bajo la recelosa situación de una confianza restaurada. Muchos de quienes votaron por el PRI en 2012 lo hicieron bajo la expectativa de dejar los asuntos públicos en manos de personas con conocimientos suficientes para no improvisar, y capaces de dar resultados. La experiencia asociada a los largos años de gobiernos priIstas fue el más poderoso argumento para quienes estuvieron dispuestos a hacer a un lado su desconfianza y a darle al PRI una nueva oportunidad. Desde el otoño de 2014, con Ayotzinapa y la desaparición de 43 jóvenes normalistas, comenzó el camino hacia el prematuro ocaso de la Presidencia de la República. En estas difíciles circunstancias, de ánimo y de percepciones negativas sobre su administración, Enrique Peña Nieto tendrá que construir los últimos 27 meses de su mandato. El reloj político acelerará sus manecillas a partir del 2 de septiembre de este año. Afuera, en los partidos opositores al PRI, tratando de hacer naufragar sus posibles triunfos en el Estado de México, Coahuila y Nayarit. Pero es adentro, en el seno mismo del PRI, donde el Ejecutivo federal tendrá que emplearse a fondo para que los aspirantes a la candidatura presidencial logren combinar sus pretensiones con el correcto cumplimiento de sus responsabilidades administrativas.


Quizá decida Peña Nieto jugar de nuevo la carta de relevos en el gabinete, como una manera de remover ineptitudes y refrescar en algo las expectativas. En estos momentos, tal vez sea demasiado tarde para suscitar el entusiasmo necesario que permita transitar el difícil quinto año. A nadie conviene una presidencia agotada ante los ojos de la ciudadanía, que no genera adhesiones sino rechazo o indiferencia. Ni siquiera a sus más reconocidos adversarios, como Andrés Manuel López Obrador. Así lo ha expresado con la contundencia que lo caracteriza. A nosotr@s, ciudadan@s de a pie, tampoco nos beneficia una agonía prolongada de la administración federal. No se trata solamente de dos años, tres meses del gobierno de Enrique Peña Nieto. Equivalen a dos ciclos escolares para niños y jóvenes; habrá más de seis millones de nuevos mexicanos nacidos en ese mismo lapso. Un millón 200 personas morirán en ese tiempo, y para quienes lo vivan, puede significar el 3% del total de su existencia, 820 días, al alcanzar más de 74 aniversarios. Es demasiado tiempo para simplemente dejarlo pasar. Reclamemos, propongamos, actuemos. No nos quedemos simplemente rumiando la desesperanza. Se trata de una parte del resto de nuestra vida, no sólo del mandato de Enrique Peña Nieto.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 10 de agosto de 2016

Edificios y ángeles. Desarrollo integral sostenible

Dulce María Sauri Riancho
Madres y abuelas conocemos la incesante actividad de los ángeles de la guarda. Niñas y niños traviesos, una y otra vez los ponen constantemente a prueba, que superan casi siempre. Así sucedió en Mérida, hace unos días, cuando un pequeño de cuatro años cayó desde la ventana del tercer piso de un edificio. Sorprendido por los gritos del menor, un albañil vio el momento en que perdía el equilibrio y se precipitaba al suelo, del que se levantó aparentemente con sólo unos raspones en las rodillas. Desde luego, llamaron a la ambulancia que se presentó con oportunidad y, tras complicadas maniobras, finalmente el accidentado llegó al hospital O’Horán, donde se certificó médicamente lo que podríamos calificar como “milagro”.

No sólo fue el feliz resultado de esta historia lo que llamó mi atención. Fueron, lo confieso, las fotos de los edificios de departamentos que ilustraban la información. Rasqué en mi memoria y en la web para refrescar mis datos sobre este tipo de vivienda vertical. Desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, las autoridades federales de la Sedatu han estado impulsando este tipo de desarrollos, como una manera de “densificar” la ocupación urbana, para que en ciudades como México, Puebla y Guadalajara, por citar algunas, los trabajadores y sus familias no tengan que desplazarse grandes distancias para llegar a su centro de trabajo. Al mismo tiempo, el gobierno se compromete a dotar a estas grandes unidades habitacionales de escuelas, desde kínder hasta preparatoria, así como de superficies arboladas, parques y otras maravillas para hacerlas lugar de vida digna. Allá, montañas, ríos y barrancos limitan la expansión de la mancha urbana. En el caso de Mérida, el propósito es contener el acelerado crecimiento horizontal, para lo cual el gobierno adquirió los terrenos que utilizó Cemex como banco de materiales, al sur del aeropuerto. Traspasados a un particular, el año pasado se inauguró en ese sitio el fraccionamiento “San Marcos”, como el primer desarrollo integral sostenible (DUIS) de Mérida. Consiste en un complejo de edificios de departamentos de cuatro y cinco pisos, financiados con créditos preferenciales de Infonavit y destinados a la población de menores ingresos, pues cuestan (costaban) entre 180 mil y 230 mil pesos. En una superficie entre 46 y 62 metros cuadrados, se ofrecen viviendas con una o dos recámaras, un baño, sala-comedor y cocina.

¿Qué puede incentivar a una familia a adquirir un departamento en vez de una casa? Quienes deciden aplicar su opción de crédito en estos edificios responden a la presión de los promotores que, con argumentos falaces, muchas veces se aprovechan del desconocimiento de los trabajadores sobre el mercado inmobiliario, incluyendo seductoras promesas de posibles rentas —“se paga solo”— y la justificada ansia de fincar un patrimonio para los hijos. El arte de la convivencia en una vivienda vertical es complejo: zonas de lavado y tendido colectivas; elevadores descompuestos y pasillos sin ventilación ni luz; escaleras y áreas comunes en que la conservación es tarea de todos y de nadie. El mexicano nunca termina de construir su casa; sin embargo, en este tipo de desarrollos, prosperar significa vender o abandonar el departamento. En cambio, una vivienda individual, inicialmente igual de pequeña, aun en su diminuto terreno tiene la posibilidad de crecer: cochera, el baño, segundo piso, un pequeño patiecillo e incluso un lugar para el infaltable árbol de limón.

En otra ocasión he alertado sobre la conformación de auténticas “bombas sociales” en estos desarrollos de tipo vertical. Que crezca Mérida hacia arriba en los edificios del norte, con condominios más costosos que cualquier residencia, es cuestión de costumbres y de dinero. Pero imponerle este tipo de desarrollo a los más pobres y vulnerables, a quienes además se les priva de la esperanza de hacer que su casa “crezca” en un futuro, es socialmente imperdonable. Las autoridades estatales y municipales que se han dejado llevar por el espejismo de la redensificación deberían imaginar si dentro de 20 años se sentirán orgullosas porque la gente que entonces viva ahí esté feliz y con un patrimonio acrecentado. Decir “nos equivocamos” no compensará los daños, consecuencia de permitir que sobre las personas prevalezcan los intereses de especuladores urbanos, que se ocultan tras los “chiquilotes” y los supuestos “desarrollos sustentables”.

Señora secretaria de la Sedatu: Mérida no es Guadalajara ni la ciudad de México. La casa que “crece”; la ventilación cruzada; el patio con naranja agria; las hamacas a la mano y la silla en la calle para “tomar el fresco” son tradiciones que fortalecen la cohesión social y, como dice el comercial, “no tienen precio”. Pregúntese, por favor, si el “interés social” tiene qué ver en esta ciudad con los edificios de departamentos; si defender a los más vulnerables significa domar a los especuladores del suelo urbano, en vez de complacer sus ambiciones de lucro.

Por lo pronto, le informo que en San Marcos, noveno DUIS del país, el vehículo de socorro no pudo acceder hasta el sitio del accidente; que los socorristas llevaron al niño en camilla por más de una cuadra, por la falta de vías adecuadas para el movimiento de vehículos de emergencia. ¿Cómo harán su mudanza los vecinos? ¿Y si tuvieran que entrar los carros de bomberos? No les demos más trabajo a los ángeles de la guarda, ni de niños ni de adultos.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 3 de agosto de 2016

Medición de la pobreza: guerra de números

Dulce María Sauri Riancho
En inédito episodio, dos instituciones del Estado mexicano discreparon abiertamente por su estrategia para medir la pobreza. Una de ellas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) acusó a la otra, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), de distorsionar los datos sobre los ingresos de la población más pobre del país.

Tal parece que por arte de magia estadística, entraron al sombrero del Inegi millones de pobres que, como la paloma de la chistera, salieron convertidos en clase media baja. Las suspicacias de analistas y críticos afloraron de inmediato. El gobierno, dijeron, necesita urgentemente “lavarse la cara” ante los problemas económicos y de seguridad que siguen sin resolverse.
“Desaparecer” pobres sería una manera sencilla y barata de mejorar la imagen internacional de la administración federal y de enviar un mensaje positivo, de buenos resultados. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas.

El Inegi es responsable de la información estadística del país. Levanta los censos de población y económicos; encuesta sobre temas diversos, como: ocupación, violencia contra mujeres, etc. Tiene a su cargo revisar la calidad de los registros estadísticos que generan las dependencias, entre otras muchas responsabilidades, con un solo objetivo: contar con buena información estadística para la toma de decisiones.

Formado esencialmente por académicos e independiente del gobierno, Coneval fue creado para revisar y evaluar los resultados de la política social del país en su conjunto. Esto incluye la calidad del gasto presupuestal en los diversos programas, es decir, si con la inversión realizada se obtienen resultados positivos o si simplemente, se despilfarra el dinero. En relación con la pobreza, la única manera de saberlo es midiéndola con instrumentos adecuados.

Para escoger la metodología, hubo numerosas reuniones entre especialistas y funcionarios, que dieron origen a un instrumento de medición, imperfecto, sí, pero que satisface los requisitos de transparencia y fidelidad. Esto último significa que cualquier estudioso que quiera constatar las cifras del Coneval, si aplica las criterios publicados, obtendrá el mismo resultado.

Pero Coneval no levanta las encuestas, que son la materia prima de todo el proceso de medición. Como corresponde, se las encarga al Inegi, que obtiene los datos y se los entrega para su análisis e interpretación. Las dos grandes instituciones, con el apoyo de especialistas, trabajan en cada una de las preguntas del cuestionario y de la información que se pretende captar.

Con los datos recabados se diseñan los programas federales más importantes, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, y se asignan los recursos presupuestales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que representa ni más ni menos, diez mil millones de pesos, repartidos entre estados y municipios.

Coneval tiene fecha fija para dar a conocer las cifras de pobreza. Cada dos años, en año par, a finales de julio, las presenta en cumplimiento de su mandato legal. Para 2016 tenía el compromiso adicional de proporcionar nuevos datos sobre la pobreza a nivel municipal, que sustituyeran a los de 2010.

Nada de esto pasó. Coneval anunció que era imposible procesar la información que les había entregado el Inegi, porque no era comparable con la de años anteriores. Y es que el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), que se aplicó en 64,000 hogares de todo el país junto con la Encuesta Intercensal de Población 2015, tuvo un importante cambio en la manera de captar los datos sobre el ingreso de las familias. Por ejemplo, si eran propietarias de su vivienda, se les imputó como ingreso la renta que pagarían si la hubieran alquilado. De esta manera, hasta los más pobres registraron un “aumento” de sus ingresos, aun cuando este ingreso fuera virtual.

¿Cómo pudo suceder tamaña descoordinación entre dos —hasta ahora— respetables instituciones? ¿Por qué Coneval no revisó el cuestionario ni supervisó la capacitación de los encuestadores en 2015? ¿Por qué Inegi no se coordinó como en años anteriores? ¿O como lo ha hecho con la metodología de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) que se levanta cada 2 años, otro de los insumos básicos del Coneval?

Aquí es cuando florece el sospechosismo. Resulta que el 1º de enero de este año cambió el presidente del Inegi, después de 8 años. Julio Santaella viene del Banco de México, cuando existía la expectativa de que alguno de los altos directivos del Inegi ocupara el cargo, como una especie de reconocimiento al servicio civil de carrera en una institución autónoma del Estado mexicano.

Siete meses después, estalló la bomba. ¿Noviciado o ajuste de cuentas? Ya hay un pagano: el director de Estadísticas Sociodemográficas, un antiguo funcionario de la institución, que fue “renunciado”.

La realidad se impone a cualquier maquillaje. El desprestigio afecta al Inegi, responsable también de proporcionar cifras tan controvertidas como la inflación. Con los aumentos de la gasolina y la energía eléctrica, con la depreciación del peso frente al dólar o con cualquier visita al supermercado, ¿creeremos que los precios sólo han aumentado 2% en lo que va del año?

Urge que el Inegi recupere su credibilidad, seriamente deteriorada por su enfrentamiento con Coneval. En 2003, en el Senado, presenté la iniciativa para dar autonomía constitucional al Inegi. Se reformó el artículo 26 y desde 2008, el Inegi es órgano autónomo. Que lo demuestre en los hechos. Es indispensable. La sumisión del Inegi es un lujo impagable para la situación de México.— Mérida, Yucatán.