miércoles, 23 de marzo de 2016

Gobierno de Coalición. Acuerdos transparentes

Dulce María Sauri Riancho
Las urgencias cotidianas impiden muchas veces reflexionar sobre aquellas cuestiones que, lejos de nuestro entorno, tienen un importante impacto en nuestras vidas. Así sucede en los asuntos políticos, en los que ganar las elecciones aparece como lo más importante. La calidad del gobierno y la capacidad del gobernante electo para desempeñarse en el cargo son consideradas cuestiones secundarias por los partidos políticos, pero también para muchos electores. Desgraciadamente, malos ejemplos abundan. Y luego nos decimos sorprendidos cuando más de dos terceras partes de los ciudadanos declaran estar decepcionados de la democracia y sus resultados. La Filey me dio la oportunidad de prestar atención a una vía alternativa para enfrentar ese escepticismo de la sociedad y organizar el gobierno de una manera que, en vez de rechazar la pluralidad, la reconozca y la transforme en fortaleza.

Desde finales del anterior siglo, las coaliciones electorales han dominado las contiendas estatales y muchas municipales. Difícilmente se encuentra un partido que se presente por sí mismo ante el electorado, excepto aquellos obligados por la Ley por ser su primera participación en la boleta. Las coaliciones electorales han tenido una vida efímera que se extingue tanto si fracasan en su intento de llegar al poder, como si obtienen éxito. Varios ejemplos en distintas partes del país muestran la velocidad del incumplimiento de los compromisos de incorporación al gobierno de propuestas y personas provenientes de las distintas fuerzas políticas coaligadas. En buen castellano, el cumplimiento de los compromisos de la coalición electoral en materia de planes y programas, así como de políticas públicas derivadas de éstos depende estrictamente de la buena voluntad del titular del ejecutivo, sea federal o estatal. Nada hay que obligue a respetar los acuerdos y la plataforma que les sirvió para promover el voto a su favor.

La política de coalición, contenida exclusivamente en la esfera electoral hasta 2012, tuvo un notable avance en el “Pacto por México”, al pasar al campo de las acciones de gobierno mediante la aprobación de reformas legislativas. Pero el ambiente positivo que generó el acuerdo entre fuerzas políticas antagónicas fue frágil y de carácter pasajero. El “Pacto” fue una “ventana de oportunidad” que difícilmente podría volver a abrirse en 2018. Había que buscar nuevos caminos ante una pluralidad política que llegó para quedarse.

Hace más de dos años se realizó una profunda reforma constitucional en materia política. Otra vez fueron las elecciones y sus instituciones las que concentraron los reflectores de la atención pública. Casi ocultos quedaron dos relevantes cambios. Se estableció la Fiscalía General de la Nación, como órgano autónomo del Estado mexicano y se introdujo en la Constitución la figura de “Gobierno de Coalición”. El objetivo primordial de esta última consiste en vincular al presidente estrechamente con el Congreso, ahora bajo las reglas de la pluralidad política existente. Las reformas a los artículos 76 y 89 constitucionales lo hacen posible. El presidente de la república podrá optar “en cualquier momento” de su gestión por una alianza con distintas fuerzas políticas. En eso consiste un gobierno de coalición.

Si hubiera existido esa figura en 2003, en la segunda mitad de su mandato, tal vez Vicente Fox se hubiera coaligado con el PRD; o en la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón, mediante convenio claro, de cara a la nación, el PRI hubiese apoyado su entrada al gobierno con un programa acordado. No sé si el “Pacto por México” hubiese aportado más de lo que dio, pero sin duda hubiese excluido la cuestión energética, si la coalición la hubiese realizado el Presidente con el PRD, o la reforma fiscal hubiese tenido otra orientación, si el programa hubiese sido convenido con el PAN.

A partir del 1 de diciembre de 2018 el presidente de la república tendrá la opción de integrar un gobierno de coalición. De ahí la urgencia para que en los próximos meses, señaladamente antes de finalizar el próximo año, se haya discutido y aprobado la Ley reglamentaria del Gobierno de Coalición. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (Cedip), han elaborado un anteproyecto de Ley al respecto. Existe en poder del Senado de la república una minuta conteniendo reformas a los artículos 116 y 122 de la Constitución para abrir esta opción a los gobernadores de los estados y del Distrito Federal (10 diciembre 2014).

La elección presidencial de 2018 estará rodeada de tensiones e incertidumbre propias de los procesos democráticos. Habrá incluso la posibilidad del triunfo de una candidatura sin partido político. Si así fuera, el gobierno de coalición sería el único camino para garantizar el funcionamiento de un presidente de la república sin representación partidista en el Congreso de la Unión. Por eso la urgencia de que los legisladores elaboren la Ley reglamentaria.


La democracia exige negociaciones transparentes, de cara a la ciudadanía, entre las fuerzas políticas. A la vez, la sociedad demanda con mayor insistencia gobiernos de resultados. Convenio o contrato de coalición; programa de gobierno convenido, aprobado y registrado; gabinete de coalición, donde los titulares de las secretarías respondan ante todo, al programa de coalición y no exclusivamente al presidente de la república. De ese tamaño es la opción que se abrirá en menos de tres años.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 16 de marzo de 2016

Sin excusas ni pretextos para aplicar la ley

Dulce María Sauri Riancho
Para la Real Academia Española la palabra “protocolo” tiene cinco significados. El más conocido tiene que ver con la actuación de los notarios, cuando inscriben escrituras en esos enormes libros que llevan esta palabra por nombre. A otras personas, este sustantivo les trae remembranzas de la diplomacia o la etiqueta: vestimenta o conducta que se siguen en ceremonias solemnes. Quiero referirme a otro de los sentidos de la palabra “protocolo”: se trata de un conjunto de reglas y procedimientos detallados, los cuales, una vez aplicados, permiten obtener o demostrar un resultado.

En ocasión del Día Internacional de las Mujeres, celebrado el pasado 8 de marzo, se presentaron dos importantes protocolos relacionados con los derechos humanos de las mujeres. El primero fue el relativo a las investigaciones del delito de feminicidio, a cargo del fiscal general del estado, licenciado Ariel Aldecua Kuk. El segundo, el “Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres”, se dio a conocer el pasado lunes en Ciudad de México. Ambos documentos guardan una extraordinaria importancia en la lucha para lograr el pleno ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a su participación política. Ambos casos representan una respuesta institucional a los reclamos de miles de personas, mujeres y hombres, preocupados en lograr que las normas establecidas en las leyes, celebradas con grandes festejos cuando son adoptadas, vayan más allá del papel y se plasmen en la realidad. En ese sentido, los protocolos son instrumentos indispensables para lograr la correcta aplicación de la Ley y de la justicia.

Dos años atrás se estableció en el Código Penal del estado de Yucatán el delito de “feminicidio”, para sancionar a quien dolosamente, es decir, con intención deliberada, prive de la vida a una mujer por razón de su género. El mismo código define las cuatro condiciones para considerar la presunción de haberse cometido este delito: signos de violencia sexual en la víctima; mutilaciones, “cuando éstas impliquen menosprecio a la mujer o a su cuerpo”; antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar; y, por último, “la pretensión infructuosa del sujeto activo (el asesino, DMSR), de establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima”. Todo parece muy claro para que las autoridades detengan y consignen ante el juez a los presuntos responsables de este delito, que recibe una sanción superior a la obtenida por un homicidio calificado. Sin embargo, varios lamentables sucesos, asesinatos de mujeres, no lograron ser considerados como “feminicidios” simple y llanamente porque se carecía de un protocolo de actuación para que la Fiscalía en sus investigaciones pudiese acreditar la presunción del delito ante los jueces encargados de aplicar los castigos. Los fiscales reiteraban que preferían abstenerse de consignar por un delito que, por su falta de precisión en materia de pruebas, podía derivar en la liberación de los presuntos responsables, al considerar el juzgador que la Fiscalía no lo había acreditado. A estas alturas, algun@ de ustedes, amig@s lector@s, puede haber fruncido el ceño y preguntarse si cualquier muerte intencional de una mujer puede ser considerado como “feminicidio”. La respuesta es: No. Sólo aquellos que puedan ser clasificados como tales, de acuerdo con la Ley y al flamante protocolo presentado por el Poder Ejecutivo del estado, ante los representantes de los poderes Judicial y Legislativo.

El Protocolo de la Violencia Política contra las Mujeres tuvo el madrinazgo de seis instituciones: tres del ejecutivo federal —secretaría de Gobernación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas e Inmujeres— y tres del ámbito electoral: la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde la magistrada Maricarmen Alanís ha sido motor incansable de esta iniciativa. En 2015 se aplicó por vez primera en una elección la reforma constitucional que estableció la paridad en las candidaturas a los cargos de representación en el poder legislativo, tanto federal como estatal. En varias entidades, entre las cuales no estuvo Yucatán, este principio paritario fue seguido en las planillas de regidores y en algunas partes, también en las candidaturas a las presidencias municipales. Cientos de mujeres de todo el país llegaron a cargos de representación, impensable hace apenas unos cuantos años. Pero a toda acción corresponde una reacción, igual y en sentido contrario. Este principio físico se aplica también a la política, por lo que los fenómenos de presión y violencia contra las mujeres para privarlas de ejercer a plenitud este derecho a la participación política, presentes antes de la reforma constitucional, se recrudecieron aún más. En 2016 habrá elecciones en 13 estados, 12 para la gubernatura y en Baja California, de diputados y ayuntamientos, por lo que estas instituciones federales unieron fuerzas para establecer las reglas que harán posible detectar, combatir y atender las distintas formas de violencia política en contra de las mujeres.

Con estos protocolos se conmemoró dignamente el 8 de marzo en México y en Yucatán. En el caso de nuestro estado, se presentó asimismo una importante reforma a la Ley en materia de bienestar obstétrico, para garantizar el derecho de toda mujer a recibir una atención prenatal apropiada. ¡Qué diferencia con otras celebraciones, como en Veracruz, donde la reflexión para la acción que implica la memoria se confundió con un espectáculo de striptease para supuestamente halagar a las mujeres! Es cierto que los protocolos por sí mismos no acabarán con los asesinatos de mujeres ni con la violencia política en razón de su género, pero sin duda son un importante paso para combatir frontalmente la impunidad. No habrá excusas ni pretexto.— Mérida, Yucatán.

jueves, 10 de marzo de 2016

Elecciones primarias en Estados Unidos. Preocupación e interés

Dulce María Sauri Riancho
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer del próximo año es posible que se realice con una mujer en la Presidencia de los Estados Unidos. Pero todavía falta camino y superar múltiples obstáculos para que suceda. La fase de “elecciones primarias” del proceso electoral norteamericano ya se cumplió en más de la mitad de los 50 estados. En el bando republicano, Donald Trump se perfila como virtual candidato y la señora Hillary Clinton, pese a la férrea competencia del senador Bernie Sanders, apunta para obtener la nominación del lado demócrata.
Para la inmadura democracia mexicana, la democracia norteamericana aparece como paradigma, tanto por la claridad y la eficacia de su corpus legal, como por la tersura con que se cumplen sus procedimientos que indefectiblemente culminan con la pública comparecencia del o de los candidatos perdedores, a minutos de haberse cerrado las urnas. Pero no todo lo que brilla es oro, como lo muestran estudios y opiniones vertidas por conocedores, que han conformado un catálogo de factores que, valiéndose de vacíos e imprecisiones legales, pesan en el desarrollo de los procesos electorales, al margen o por encima de la voluntad de los votantes. Algunos de estos vicios ya han sido adoptados en México por partidos o por candidatos de manera individual; otros pudieran estar en camino de ser aplicados en elecciones futuras, más cuando desde 2018 podrá haber reelección consecutiva de legisladores y alcaldes.

El dinero, su procedencia, su cantidad y su control es el mayor riesgo para la democracia de aquí y de allá. El actual proceso de elecciones primarias norteamericanas ha dejado en claro que el financiamiento de las campañas sigue siendo su mayor reto y, como tal, constituye el más grande filtro que enfrentan los contendientes, del partido que sea. Soportar el ritmo, la cobertura y la penetración que imponen las elecciones, desde su fase inicial, requiere de cantidades fabulosas de dinero que la ley no alcanza a controlar. Bernie Sanders, el candidato demócrata que ha podido conformar un eficaz aparato de recolección de pequeños donativos, ha utilizado como arma política la denuncia contra los “super paks”, que son los fondos multimillonarios que se ofrecen en respaldo de los candidatos a cambio de compromisos a cumplir en el desempeño del cargo en juego. En la integración de esos fondos participan lo mismo personajes multimillonarios, políticos encumbrados, que empresas y bancos, a través de sus propietarios o de sus administradores. Ninguno es hermana de la Caridad, y si dan dinero es porque después pueden exigir protección gubernamental para sus intereses.

En Estados Unidos no regalan despensas, pero compran spots de televisión a un precio fabuloso. El dinero que se utiliza en las campañas se dirige, en buena medida, al pago de publicidad en los medios, a la compra y distribución de propaganda directa y al pago de un ejército de operadores y promotores del voto, lo que en México se denomina “campaña por tierra”. Así se integra un registro puntual de cada posible sufragio a favor o en contra, que se detecta tocando cada puerta.

Una diferencia importante entre ambas democracias: las elecciones primarias que se estilan en los Estados Unidos permiten “airear” el proceso de selección del candidato en cada partido y ayudan a que se cierren las heridas infligidas en la cerrada competencia entre las y los aspirantes. Esto no ocurre en México, en donde los procesos de selección de los candidatos, en la mayoría de los partidos, sigue siendo una atribución de sus dirigentes y en los casos en que se recurre a la “consulta a las bases”, los saldos han sido cruentos y gravosos para los partidos.

En el actual proceso electoral norteamericano es notable el grado de polarización al que se ha llegado. El populismo y la plataforma mediática utilizada por Donald Trump ha metido en un predicamento a los dirigentes y a las bases más tradicionales del partido republicano, por el extremismo de sus críticas y de sus propuestas. En el lado demócrata, el discurso antiestablishment del senador Sanders ha orillado a la ex secretaria Clinton a convertirse en defensora a ultranza del presidente Obama y sus políticas.

Aun con las imperfecciones y los vicios del dinero, se vale envidiar. Como observadora de las primarias en los Estados Unidos, me gustaría ver en México debates libres y abiertos entre los aspirantes, como los que han sostenido allá. Estos intercambios permiten al electorado calar su pensamiento y sus convicciones. Los excesos han sido evidentes, como en el pasado encuentro entre republicanos que nada tendría que envidiar a un concurso de albures en una cantina de mala muerte. ¡Qué diferencia con los acartonados debates entre candidatos a la presidencia de México en 2012! Hasta ahora, la madurez de las leyes y las instituciones norteamericanas les ha permitido superar el encono y la rispidez de sus primarias e ir razonablemente unidos a la contienda electoral. Veamos si Trump cumple su compromiso de no postularse como independiente si no gana la candidatura republicana. De cualquier manera, las primarias han puesto en blanco y negro el perfil de los aspirantes a gobernar a nuestros vecinos del norte. Por el botón nuclear que trae el cargo, que la sensatez se imponga y los fascistas demagogos regresen a organizar concursos de belleza en decadencia.— Mérida, Yucatán. Imagen: ABCNews.

miércoles, 2 de marzo de 2016

Candidaturas independientes. Ni ángeles ni demonios

Dulce María Sauri Riancho
Este año no habrá elecciones en Yucatán. Esa categórica afirmación oculta dos hechos importantes. El primero, que ciertamente se han realizado procesos electorales, por ejemplo, en la Coparmex y en la Cámara de Comercio, con una tersura que envidiaría el mismo PRI en sus momentos de esplendor. La otra cuestión es que si bien no tendremos ni campañas ni votaciones en el territorio yucateco, habrá elecciones en 12 estados del país para renovar gubernaturas. Casi ha concluido la fase de postulación de candidatos por los partidos políticos y en algunos estados, candidatos independientes, para aquellos que hayan logrado su registro después de haber sorteado múltiples obstáculos, entre los cuales la recolección de firmas de apoyo es sólo el primero. Muchas cuestiones se definirán en este “súper-2016” rumbo al emblemático 2018. Una de las más relevantes será la viabilidad de una candidatura independiente hacia la presidencia de la república.

Antes de conocer el saldo final de candidatos y candidatas registrados, vale la pena realizar un ejercicio de reflexión sobre los mecanismos empleados para su postulación. Porque de los compromisos contraídos para abanderar a un partido o coalición política, o para reunir firmas y voluntades y registrarse como independiente, vendrán las cadenas o la libertad en el ejercicio de su encargo. En otro momento abordaré los procedimientos empleados por los partidos para postular candidatos en este 2016, incluyendo alianzas y coaliciones que pueden unir a los hasta ayer enemigos irreconciliables. Ahora me concentraré en comentar el fenómeno de los independientes.

¿Por qué se llaman así? Lo son, en primer término, porque no los registra un partido político. No son independientes de la ley ni esta categoría los hace invulnerables a los compromisos y componendas que pueden presentarse en las candidaturas partidistas. Veamos por qué.

Su origen. La inmensa mayoría de quienes se han postulado al margen de un partido político, lo hacen porque siendo sus militantes no lograron ser considerados en sus procesos internos para obtener una candidatura. Tienen, por tanto, un pasado partidista. Eso de ninguna manera los descalifica ni hace menos legítima su pretensión de triunfo, pero si llegan a ganar ejercerán el cargo desde la perspectiva de la organización política en la que fueron formados, aun cuando en el exterior la rechacen e, incluso, la persigan. En contrapartida, un ciudadano químicamente puro no se interesa en la política. Hay quienes no tienen pasado partidista y participan como candidatos independientes, pero han sido representantes de su organización gremial, como el caso de José Luis “Chacho” Barraza, ex presidente de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial, que aspira a ser gobernador de Chihuahua.

Su gobierno. Si a pesar de todos los escollos del proceso electoral un independiente triunfa, comenzará a vivir problemas de otro tipo. Si gana una diputación, no formará parte de un grupo parlamentario; estará solo —y a veces aislado— para ejercer sus funciones de representación o tendrá que incorporarse a algún partido que lo acoja sin imponerle mayores condicionamientos. Si el independiente logra ser gobernador, como el de Nuevo León, se enfrentará a un Congreso integrado por representantes de diversos partidos. No sería la primera vez que el titular del poder Ejecutivo, del estado o del país, gobernara con un poder legislativo dominado por sus opositores. Pero tanto Fox como Calderón, y ahora Peña Nieto tuvieron y tienen un grupo de diputados y senadores que los apoya en sus iniciativas y tareas de gobierno. En contrapartida, el independiente está obligado a realizar permanentes negociaciones, muchas veces desgastantes, para conseguir sus objetivos.

Su visión. Las candidaturas independientes triunfadoras corresponden, por lo general, a personas con rasgos mesiánicos. Son quienes logran transmitir a sus seguidores confianza absoluta en un futuro mejor, que los problemas sociales y económicos que los afligen serán resueltos si ell@s llegan al poder. En América Latina tenemos ejemplos de estos líderes que combinaron democracia y mesianismo para llegar a la presidencia de la república, y luego permanecer en ella indefinidamente. Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa son algunos ejemplos actuales de quienes en el inicio lucharon contra el entramado de intereses de los partidos políticos en sus países. Vencieron y recibieron el apoyo de una mayoría por muchos años. Pero no supieron desprenderse a tiempo del poder y lo que esto representa. La muerte, en el caso de Venezuela, y los referéndums en que venció el no a extender su mandato, en Bolivia y Ecuador, hablan de una tentación presente que tendremos que acotar.

Las candidaturas independientes representan hoy una posibilidad de llegar a las urnas sin las cargas de desprestigio y componendas de los partidos políticos. Eso no implica que no puedan los independientes adquirir como propios los mismos intereses de quienes apoyan a los partidos políticos. En la estrategia de éstos, mientras más independientes participen en una elección polarizada, entre más votos puedan quitarle a su adversario partidista, mayor oportunidad de triunfo tendrán. Son lo que Jorge Castañeda llama topos, submarinos o paleros, que participan no para ganar, sino para dividir, gracias a la existencia de un “partido padrino” que los apoya y ayuda a recolectar las firmas necesarias y a realizar una campaña onerosa.

El balance de 2016 perfilará la posibilidad de una candidatura independiente a la presidencia de la república, en 2018, con posibilidad real de ganarla.

Seguro que los partidos no se van a sentar a esperar qué sucede sin intentar por todos los medios de socavarlas y, sobre todo, de deslegitimarlas, si hubiera malos resultados de gobierno de quienes llegaron por esa vía. Ni ángeles ni demonios. Sólo otra vía para hacer avanzar la democracia por un camino lleno de obstáculos.— Mérida, Yucatán.