miércoles, 25 de noviembre de 2015

Violencia obstétrica. Cesáreas innecesarias

Dulce María Sauri Riancho
El 25 de noviembre se conmemora en muchas partes del mundo el día contra la violencia hacia las mujeres. Foros de reflexión, denuncias, análisis de programas y políticas públicas para evitarla, sancionarla y atenderla forman parte de la agenda del día y refuerzan la determinación de la sociedad para combatir aquello que no es otra cosa que abuso de poder. En este marco, quisiera comentar algunas cuestiones relacionadas con lo que se denomina “violencia obstétrica” que, como su nombre lo indica, afecta la dignidad y el respeto hacia las mujeres en uno de sus momentos de mayor vulnerabilidad, durante el embarazo y el parto, o cuando intentan ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva.

Existen múltiples formas de este tipo de violencia, que pueden ir desde negar información amplia y suficiente para tomar las mejores decisiones sobre métodos anticonceptivos, hasta imponer decisiones médicas sin el consentimiento informado sobre asuntos tan delicados como implantación de dispositivos intrauterinos, ligadura de trompas y uno, cada vez más frecuente, el de las cesáreas innecesarias.

“Call the midwife”, “Llamen a la partera”, es una serie de la BBC sobre un grupo de monjas y enfermeras en el convento de San Ramón Nonato, ubicado en un barrio popular del este de Londres, a mediados de la década de 1950. El relato, basado en las memorias de Jennifer Worth, nos conduce a la intimidad de las familias trabajadoras de los muelles londinenses, cuando todavía las mujeres tenían numerosos hijos, pues la píldora anticonceptiva era desconocida. La pobreza y la privación de muchas comodidades no eran obstáculo para que el grupo de parteras efectuara controles prenatales en los humildes hogares de las madres y prepararan lo necesario para asistir al nacimiento en casa. El traslado al hospital para dar a luz era una excepción, al igual que las intervenciones por cesárea.

Todavía en pleno siglo XXI muchas mujeres europeas continúan dando a luz asistidas por una partera o comadrona; la intervención del personal médico es rara, pues la mayoría de los casos se resuelve mediante parto natural. Las cosas no son así en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, existe una elevada recurrencia de cesáreas. Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMC) establece que sólo 15 de cada 100 partos deben resolverse mediante esta operación, en nuestro país casi la mitad de los nacimientos se efectúan por esta vía. ¿Qué sucede? Comparto mi experiencia de madre y abuela, cuando en Tampico acompañé a mi hija y a mi yerno en vísperas del nacimiento de mi nieta.

Eran las 10 de la noche cuando el ginecólogo nos recibió a los tres. Mi hija había comenzado a dilatar y, como primeriza, sus contracciones eran irregulares en intensidad y duración. El ultrasonido mostró que el nivel del líquido amniótico había descendido, por lo que el médico solemnemente nos planteó la disyuntiva: seguir esperando a un parto natural, con cierto riesgo, o proceder de inmediato a la operación cesárea. El poder del doctor está en función de la confianza que en él depositamos. Cuando dijo “riesgo”, las alarmas se encendieron y los padres decidieron que mi primera nieta viniese de inmediato: una cesárea a las 11:30 de la noche, en la víspera del cumpleaños del doctor que la recibió.

Siempre me ha quedado la duda de si la espera por el parto natural hubiera perturbado el festejo del día siguiente; si los modernos métodos del ultrasonido brindan evidencia diagnóstica de la que no disponían los médicos de antes, que pedían esperar, mientras vigilaban el proceso.

Las maniobras para desatar el cordón umbilical enredado en el cuello del bebé formaban parte de las habilidades de los obstetras; ahora, el ultrasonido aconseja operar de inmediato.

Decidir tener al bebé en casa, con la asistencia de una comadrona, es poco menos que imposible. Una amiga lo hizo; la partera tradicional de una comunidad la asistió en un proceso lleno de tranquilidad y satisfacción para los padres y el recién llegado, pero después, cuando intentaron registrarlo, tuvieron que peregrinar por las distintas oficinas del Registro Civil, pues era inconcebible para los funcionarios que una estudiante de Doctorado hubiera dado a luz en su casa; que podía haber robado al niño, porque una simple partera no podía dar cuenta de su legal nacimiento, entre otras telarañas de una trama que ha ido construyéndose para que la experiencia de parto tenga forzosamente que vivirse en hospitales.

Un cuidadoso control prenatal, como el que brindan las parteras de la serie “Call the Midwife”, permite asegurar la salud de la madre y la criatura; también propicia que la naturaleza desate sus mecanismos. En vez de la herida de la cesárea, una rápida recuperación hace más fácil las cosas para la nueva mamá, entre otras, la lactancia del bebé. Salir rápidamente del hospital, como se puede hacer con un parto natural, es importante para evitar infecciones intrahospitalarias, desafortunadamente cada vez más frecuentes. Las cesáreas salvan vidas, sí, pero pueden complicarlas cuando traen al mundo bebés con inmadurez pulmonar y una mayor fragilidad para enfrentar sus primeras horas.

Fui madre tres veces, con parto psicoprofiláctico las dos últimas. En mi generación nos enseñaron a controlar el dolor de las contracciones y a estar plenamente consciente cuando el milagro del nacimiento ocurría. No ha sido así con la generación de mi hija. ¿Cesáreas por comodidad del médico y temor al dolor por parte de la madre? ¿Por la cobertura de los seguros médicos? ¿O por necesidad? En este 25 de noviembre, vale la pena detenerse a reflexionar sobre el tema.— Mérida, Yucatán.


jueves, 19 de noviembre de 2015

Desde Myanmar para el mundo: La lucha de Aung San Suu Kyi

Dulce María Sauri Riancho (*)
Aung San Suu Kyi es un nombre difícil de pronunciar, aun para los yucatecos con conocimiento del idioma maya. Ella es una mujer de frágil figura, con 70 años a cuestas, momento del retiro para quienes se asumen de la “tercera edad”. Pero Suu comenzará muy pronto la difícil tarea de encabezar el nuevo gobierno en Myanmar, país del sudeste asiático bajo un régimen militar que fue derrotado en las urnas por la Liga Nacional para la Democracia, organización política de oposición civil. La singularidad de este evento no se agota con la edad de la futura gobernante, ni siquiera con el triunfo de una opción política que se opuso permanentemente a la Junta Militar durante un cuarto de siglo. Se trata de la vida de Aung San Suu Kyi, de lo que representa como testimonio de lucha pacífica en un mundo convulsionado por la violencia como arma política para imponer regímenes, religiones, ideas.

 Suu Kyi nació en Birmania, parte entonces de la India bajo el dominio inglés, en 1945. Dos años después, su padre, Aung San, considerado el autor de la independencia de Birmania, hoy Myanmar, fue asesinado. La niña huérfana y su madre continuaron viviendo en Rangún, la capital de entonces, hasta que Suu Kyi se trasladó a Inglaterra para continuar sus estudios. Allá, en 1964, contrajo matrimonio con un profesor de la Universidad de Oxford, especializado en Tíbet y el Himalaya; y tuvo dos hijos. Madre de tiempo completo, ama de casa y esposa, acudió presta a atender a su progenitora gravemente enferma, que había permanecido en Rangún. Eso sucedió en 1988, año crucial en su vida, pues la estancia programada como pasajera, se prolongó hasta 2010.

¿Qué sucedió para que una madre dejara a sus hijos y a su marido por un lapso tan prolongado? Resulta que Suu Kyi se encontró con una gran efervescencia política en los días de su retorno al hogar materno; que quienes encabezaban los movimientos contrarios al régimen militar encontraron en la hija del general Aung San a una inspiración y motor para su organización política. En la batalla cívica que fue bautizada como “el segundo combate por la independencia nacional”, Suu Kyi sufrió su primer arresto domiciliario en 1989. En 1990 hubo elecciones y la Liga Nacional para la Democracia que ella encabezaba se impuso en forma aplastante sobre la opción oficial. Pero las autoridades militares de Myanmar desconocieron los resultados y Suu Kyi continuó bajo arresto domiciliario. Por un breve tiempo, en 1995, fue liberada, pero en 1996, coincidente con nuevas movilizaciones políticas opositoras, de nuevo regresó a su prisión doméstica. Permanecía recluida cuando falleció su esposo en Inglaterra, sin que le hubiesen autorizado una visa para poder visitar a su esposa. Nunca volvieron a verse. En este prolongado lapso, sólo se encontró con su hijo menor por unas cuantas horas en el aeropuerto de Rangún. Finalmente, fue liberada el 13 de noviembre de 2010. Con dos interrupciones, Aung San Suu Kyi estuvo privada de su libertad durante 21 años.

El Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado a Suu Kyi en 1991 sirvió para darle visibilidad a la lucha de los demócratas birmanos en el mundo. No pudo ir a recogerlo hasta 2012, pero la solidaridad internacional se volvió un factor decisivo para lograr que la Junta Militar contuviese sus deseos de desaparecerla. Los ofrecimientos gubernamentales para enviarla al exilio a cambio de su silencio fueron numerosos; y nunca aceptados por quien consideró que no podía traicionar la confianza de sus conciudadanos a cambio de una prebenda personal, así significase el sacrificio de su propia vida.

Hasta ahora todo parece indicar que por convencimiento o por la presión internacional que incluye a China, la Junta reconocerá los resultados adversos. Claro que puso dos poderosos candados legales. El primero, porque se reservó una cuarta parte de los asientos de la Asamblea y tres ministerios, entre los cuales el de Defensa es el más importante. El segundo cerrojo tiene que ver con Suu Kyi. Los legisladores oficialistas pusieron como impedimento para presidir el país tener alguna relación familiar con extranjeros. Ella estuvo casada con un inglés; es madre de dos jóvenes británicos. A la ley sólo le faltó consagrar la prohibición para que esa mujer de apariencia frágil no pudiese ejercer el cargo. No obstante, ella se apresta a gobernar con el abrumador respaldo de la ciudadanía.


Cuando vivimos escenarios de violencia como en algunas regiones de México; cuando suceden hechos como los ataques en París provocados por jóvenes fanáticos cegados por la intolerancia; cuando resurgen las voces y los partidos que pretenden una tajante separación entre Oriente y Occidente, la figura de Aung San Suu Kyi adquiere una mayor dimensión porque reafirma el valor del sacrificio y la espera; la tolerancia y la lucha pacífica por hacer prevalecer sus ideales. Su condición de género no fue obstáculo para mostrar la fuerza de los débiles. Mujer de fe budista, porta lo mejor de los valores de la cultura occidental. Al igual que Nelson Mandela, gobernará tras un largo periodo de reclusión. Así como el primer presidente negro de Sudáfrica inició el desmonte de la política del apartheid, así Suu Kyi tendrá que dar resultados en medio de la polarización étnica y las tensiones religiosas que se manifiestan en uno de los países más pobres de Asia. Desde Yucatán le deseamos éxito.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 11 de noviembre de 2015

Salvar al "Patria". Recuperar su espíritu

Dulce María Sauri Riancho
“A partir de este momento, decreto que la Arquidiócesis de Yucatán se separa total y absolutamente del Instituto Patria, finalizando su compromiso original de acompañamiento, enseñanza, asesoría y asistencia espiritual, quedando prohibido para cualquier sacerdote diocesano o religioso efectuar cualquier acto de culto en dicha institución o a favor de ella”. Estas contundentes frases pertenecen a un comunicado del arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez, leídas por el sacerdote oficiante al concluir la misa a la que asistí el domingo pasado. Sorprendida por el contenido del documento, pasé con rapidez a los recuerdos y de ahí a la preocupación por el destino de un proyecto que vi nacer hace más de 20 años. Era gobernadora de Yucatán cuando un grupo de padres de familia con el apoyo del párroco de María Inmaculada, acudió a mí para plantear su deseo de adquirir un terreno de la reserva territorial de Mérida para construir una escuela de inspiración cristiana. Descontentos con los cambios en la política educativa del plantel privado al que asistían sus hijos, deseaban desarrollar un proyecto alternativo, que brindara opciones educativas en un ambiente de libertad y de alta calidad académica.



En 1991 la porción norte del periférico de Mérida estaba deshabitada. En la década anterior el gobierno estatal había conformado una reserva urbana para ordenar la ocupación del suelo y brindar opciones a quienes desearan desarrollar proyectos de carácter social, como la construcción de vivienda popular, centros educativos y sociales, entre otros. De esta manera, el organismo público responsable de la correcta utilización de las extensas superficies disponibles vendió terrenos a un empresario para desarrollar el fraccionamiento “Francisco de Montejo”; a los socios del Frente Único de Trabajadores del Volante, su local social y centro deportivo; a la Asociación Dental Yucateca, para sus instalaciones, entre otros. Especial atención recibieron las solicitudes de las asociaciones civiles que se disponían a construir instalaciones escolares. En esos años, el CUM adquirió los terrenos para desarrollar la futura Universidad Marista; el Piaget, para edificar un nuevo edificio, cuando en Chuburná ya no tenía espacio para expandirse. Recuerdo en forma muy especial a la asociación civil del Instituto “Patria”, que se disponía a emprender un proyecto educativo desde el principio, es decir, construyendo el edificio para albergar la nueva escuela. Hoy, el “Patria” es una institución educativa que atiende a más de mil estudiantes, desde kínder hasta nivel universitario. ¿Qué pasó en ese camino de 20 años? ¿Cúando el espíritu del “Patria” se extravió?

El periférico se transformó en una moderna autopista de seis carriles que funciona prácticamente como avenida de la ciudad. El crecimiento de Mérida se expandió en forma notable hacia el norte. Los terrenos del “Patria” quedaron vecinos de City Center, de San Ángelo y otros caros desarrollos inmobiliarios en los que el precio por metro cuadrado de terreno alcanza cantidades exorbitantes. Desde hace algunos años comenzaron a circular rumores de que el “Patria” arrastraba problemas administrativos; que los salarios de los maestros llegaban con retraso o simplemente no llegaban; que se concertaron créditos bancarios para financiar déficits operativos inexplicables en una institución que mes a mes, recibe las colegiaturas de sus alumnos. Se supo que la entusiasta asociación civil de los inicios se había fracturado, que la mayoría de las parejas promotoras la habían abandonado. El desgaste social del proyecto educativo trascendió cuando se conoció que un inminente embargo de las instalaciones fue detenido por la intercesión personal del arzobispo Emilio Carlos. La avanzada edad y el estado de salud del sacerdote promotor del proyecto original conspiraron para complicar una situación que puede derivar en la ejecución de las garantías de préstamos concertados en los últimos años. La propiedad inmobiliaria del “Patria” podría quedar en manos de un destacado notario público que se ha especializado en la adquisición hostil de predios de gran valor económico, como el del hotel “Mérida” de la calle 60, y de centros escolares en problemas por divisiones internas de la cooperativa o de los socios, como fue el caso del Colegio “Americano”.

¿Qué va a pasar con los terrenos del Patria? Se dice que su superficie vale en el mercado inmobiliario más de 200 millones de pesos. Pero, ¿cuánto vale la formación de niños y jóvenes, que se ha visto lastimada por los problemas internos de esta institución? Ignoro los compromisos económicos de la asociación civil original con la arquidiócesis, en un tiempo que las iglesias estaban impedidas de adquirir propiedades. Pero eso quedó en el pasado, justamente poco después de la formación del Instituto “Patria”. ¿Por qué esperaron tantos años y tanto desgaste para intentar regularizar esta situación?

Celebro que el arzobispo de Yucatán haya hablado claro y fuerte sobre el problema del “Patria”; que no haya cedido ante las voces que le aconsejaban acallar el conflicto con los feligreses más destacados económicamente de la iglesia yucateca. El Papa Francisco está contra la simulación y el silencio cómplice que impide resolver situaciones que laceran la vida de la Iglesia. Esta puede ser una de ellas. Entre la ambición y la codicia, me quedo con el ruego final de la comunicación arzobispal: “oraciones, ayuda y consejo para salvar a ese querido Instituto”. Que sea la salvación del “Patria” el resultado final de esta tormenta.

jueves, 5 de noviembre de 2015

Buenos resultados, ¿menos apoyos para Yucatán?

Dulce María Sauri Riancho
Debiéramos sentirnos orgullosos porque una encuesta reciente confirma la percepción de que Mérida es la ciudad más segura y Yucatán la entidad más tranquila del país, sensación reforzada por la rápida actuación policiaca para perseguir y detener a los presuntos responsables de dos sonados ilícitos de días anteriores. También fueron positivos los últimos datos en materia de empleo e incremento del producto interno. Todo parece ir bien, con renovados vientos de optimismo sobre el futuro inmediato. No obstante, hay nubes en el horizonte, que es indispensable despejar. Son tres: dos de ellas en la inminente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y otra más, de impacto en el mediano plazo, en cuanto se discuta y apruebe la iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Veamos.

Los recursos destinados a los municipios yucatecos en materia de Seguridad fueron presa de los recortes presupuestales 2015. Mérida, por ejemplo, se quedó con menos de la mitad de lo originalmente presupuestado. ¿Así se reconoce el esfuerzo por hacer de Yucatán un estado más seguro? Aparte del desaliento que pueden sentir las autoridades locales, también la federación manda un mensaje contradictorio, que en vez de reconocer a los cumplidos, los despoja de los medios suficientes para continuar dando buenos resultados. Esto no puede repetirse el año próximo.

El presupuesto 2016, ¿traerá recursos suficientes para continuar con el proyecto de conectividad ferroviaria hasta Coatzacoalcos y concluirla dentro del plazo originalmente programado? Del mejoramiento del servicio de carga ferrocarrilera dependerá que las nuevas instalaciones de la Cervecería Yucateca en Hunucmá sean “punta de lanza” del proyecto para reindustrializar la entidad, o que se vuelva sólo una golondrina, importante, pero una sola, que por sí misma no logrará levantar la industrialización de Yucatán. Algo similar se puede comentar sobre la ampliación de la carretera Mérida-Chetumal, cuyos fondos también penden de un hilo. Si aspiramos a que Yucatán fortalezca sus ventajas como un centro de servicios para toda la región, incluyendo Centroamérica y el Caribe, carreteras, aeropuerto y ferrocarriles modernos y eficientes son indispensables. A este mismo objetivo abona la operación del “Punto de Verificación e Inspección Fitozoosanitario de Importación” en la Aduana de Progreso, que permite la entrada a territorio mexicano de carnes y vegetales, después de que se comprueba su inocuidad y el cumplimiento de la legislación sanitaria. Gracias a este servicio llegan contenedores de productos diversos que, una vez revisados, se trasladan a Cancún y a la Riviera Maya para su venta, lo que significa un importante ahorro al no tener que pagar el traslado por carretera desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Resultado de estas atribuciones fue que la aduana del puerto adquirió significación regional y Yucatán, una vía eficaz de relación con la economía global. Pero, ¿qué pensar cuando a la Aduana de Progreso se le cancela la autorización para la revisión de vinos y licores que se pretenden importar al país y que tienen en su mayoría el mismo destino, hacia el norte de Quintana Roo? Dicen que fue en castigo por diversas irregularidades detectadas con licor de contrabando. Otra vez surge el fantasma del trato distinto y desfavorable hacia Yucatán cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en vez de corregir, decidió cancelar y trasladar las facultades de revisión en materia de vinos y licores a la obesa aduana de Veracruz, lesionando de esa manera los avances yucatecos en materia de logística comercial regional.

La tercera nube, cercana a la tormenta, es la relativa a la iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales que envió el presidente de la república al Congreso de la Unión. Se trata de establecer las bases legales e institucionales para crear nuevos polos de desarrollo industrial en regiones rezagadas, con potencial productivo, a juicio del gobierno federal. En estas zonas se concederán beneficios fiscales directos, es decir, de exenciones o disminución sensible de pago de impuestos para las empresas que se instalen; dispondrán de abasto de energía y de conectividad logística con el resto del país y del extranjero; tendrán financiamiento especial de la banca de desarrollo –Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior–; habrá apoyos a la capacitación laboral y a los procesos de innovación tecnológica, además de una planeación urbana y desarrollo ordenado de viviendas en su área de influencia. Es cierto que Yucatán no está entre los estados más rezagados del país en materia industrial, pero también necesita apoyos federales para lograr su propósito de retomar vigorosamente ese camino. Si hubiese en nuestra tierra los beneficios fiscales que anuncia la Ley, otras empresas estarían interesadas en ubicarse en territorio yucateco, más cuando el programa de Zonas Económicas podría comprometerse a concluir los trabajos de rehabilitación del ferrocarril. Otro problema crucial, el abasto de gas natural, también se resolvería. Sólo que la propuesta de las tres primeras zonas económicas contempla exclusivamente el Istmo de Tehuantepec, para conectar el océano Pacífico con el Golfo de México; la región de Lázaro Cárdenas, que comparten los estados de Michoacán y Guerrero, y la tercera, Puerto Chiapas, al sur del estado del mismo nombre. ¿Por qué no se considera una región de Yucatán entre las zonas económicas especiales? Podría ser Valladolid-Kaua-Pisté, por ejemplo. ¿Será porque no damos problemas a la federación, por ser pacíficos y bien portados? ¿O se trata de apostar a que la situación se deteriore de tal manera que exija la intervención federal? Eso no conviene a nadie. Por consiguiente, espero que hagamos valer la fuerza de los pacíficos, de los que demandan atención y apoyos de la federación por sus buenos resultados.