miércoles, 30 de septiembre de 2015

Aniversario 3 de gobierno. Tijeras de tres años

Dulce María Sauri Riancho
El jueves 1 de octubre Rolando Zapata cumple tres años como gobernador de Yucatán. Esta fecha marca el final de la primera parte de su gobierno y el inicio de la cuenta regresiva, hasta 2018. El gobernador tiene varios motivos para estar contento. Hace unas semanas, en el mes de agosto, Consulta Mitofsky, empresa dedicada a los estudios de opinión pública a nivel nacional, realizó una encuesta para medir la aceptación entre los yucatecos del desempeño del Ejecutivo del estado y del presidente de la república. Ambos, Zapata y Peña Nieto, salieron bien de la prueba. A grado tal, que casi tres cuartas partes de la población yucateca aprueba la gestión de Zapata Bello, el índice más alto registrado en las 32 entidades. Caso especial es el del presidente Enrique Peña Nieto. A diferencia de otras partes del país, donde domina el desacuerdo con la gestión presidencial y sólo cuatro de cada 10 personas lo apoyan, las cifras yucatecas contrastan, pues seis de cada 10 están de acuerdo con la forma como realiza su función de gobierno.

Habrá quien considere que las encuestas son un ejercicio inútil y oneroso para el bolsillo de quien las paga. En este caso, basta con salir a la calle, platicar con vecinos, parientes o compañeros de trabajo o de escuela para percatarse que el gobernador tiene fama de trabajador, serio en su desempeño y modesto en su conducta. Además, la entidad aún resiste exitosamente la irrupción del crimen organizado. No así los delitos cometidos contra el patrimonio de las personas —robos, asaltos, despojos— y, desgraciadamente, contra la vida de mujeres y hombres jóvenes en distintas partes de la entidad. Una parte muy importante de la definición de los programas que ayudarán a prevenir situaciones y combatir rezagos está sucediendo ahora, en la Cámara de Diputados, donde tendrá que definirse el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016. “Tijeretazo al futuro”, así calificaron la Coparmex y el Centro de Estudios para la Competitividad en afortunada frase, a los recortes presupuestales que, de concretarse, tendrían un impacto negativo en las posibilidades de desarrollo de la entidad y un efecto severo sobre la misma imagen exitosa del gobernador del Estado. De acuerdo con el análisis realizado por la organización empresarial, ni en términos de obras ni de recursos destinados al Ramo 23 se consideran las más apremiantes necesidades de Yucatán. De hecho, el proyecto del PEF registra un recorte de fondos asignados para la realización de cinco obras prioritarias: la rehabilitación del ferrocarril Mérida-Coatzacoalcos; el nuevo Centro de Convenciones; la plataforma logística; las obras en Chichén Itzá y el Centro de Trova. Me detengo en el primero: el ferrocarril. La relevancia de la reconstrucción de los tramos de vía ferroviaria hacia el centro y norte del país es mayúscula. Sin esta opción de transporte de grandes volúmenes a precios competitivos, incrementar la productividad del sector industrial del estado se vuelve una ilusión. Cuando se canceló el proyecto del Tren Transpeninsular, el gobernador Zapata logró el compromiso presidencial de apoyar con recursos suficientes la reconstrucción del ferrocarril; y se cumplió en 2015.

Pero parece que el gas de las promesas presidenciales se disipó en el humo de los recortes. Suspender la rehabilitación del tramo Mérida-Coatzacoalcos o hacerla a un ritmo más lento del previsto lastimará posibilidades de nueva inversión industrial en Yucatán e, incluso, podría amenazar la concreción de proyectos ya anunciados para la entidad, que podrían sucumbir ante dificultades insalvables para obtener sus insumos o bienes intermedios a precios competitivos con otras regiones del país. Por estas razones, es prioridad restablecer en el PEF 2016 los recursos necesarios para que la obra del ferrocarril Mérida-Coatzacoalcos avance conforme a los tiempos inicialmente convenidos. La tijera del Ejecutivo federal se paseó también por las asignaciones para obras carreteras, entre las que destaca la de Mérida-Celestún, tramo Mérida-Tetiz, el rumbo donde se realizan las obras para la edificación de la nueva planta cervecera.


Por mi parte, imagino al gobierno de Yucatán como un inmenso lago que goza de gran placidez, porque sus aguas superficiales poco se mueven por la falta de viento. Pero abajo, en las aguas subterráneas de la entidad, se agitan otras fuerzas y problemas que, de no ser atendidos en los próximos tres años, dañarán la convivencia social y los valores asociados a la paz y a la seguridad de los que estamos tan orgullosos. El gobernador Zapata Bello tendrá que hacer una firme alianza con los legisladores yucatecos de todos los partidos políticos, para defender al futuro de la entidad del ejercicio irreflexivo de la tijera presupuestal. Dicen, con razón, que lo único que no se puede recuperar es el tiempo. Y eso sería lo que podríamos perder como sociedad, si no presionamos para que nuestras prioridades se vean reflejadas en el PEF 2016. Afortunadamente, en la nueva legislatura federal varios diputados yucatecos están en posiciones de toma de decisión sobre estos asuntos. Es el caso de los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Ojalá usen esa capacidad de gestión de la que son poseedores para ayudar a Yucatán. Sin recelos injustificados ni politiquerías que escatimen esfuerzos para lograr el objetivo de más recursos presupuestales federales para Yucatán, no en cualquier rubro, sino para estos proyectos estratégicos.— Mérida, Yucatán.

lunes, 21 de septiembre de 2015

Apretarse el cinturón: avión y partidos

Dulce María Sauri Riancho
En medio de las zozobras causadas por la amenaza del chikungunya y la tristeza e indignación por la muerte de turistas mexicanos en Egipto, México celebró los 205 años del inicio de su independencia. El asueto del 16 de septiembre fue apenas un breve respiro de otras preocupaciones, como la relativa a la aprobación del paquete económico 2016. Los nuevos legisladores, apenas acomodados en sus flamantes curules, recibieron la iniciativa del Ejecutivo, que deberán estudiar y definir antes del 15 de noviembre. El gasto gubernamental previsto para 2016 viste el futuro en tonos de gris, porque la caída de la recaudación por concepto de venta de petróleo al extranjero obligó al Ejecutivo a mandar, por primera vez en muchos años, un proyecto menor en monto que el vigente en este 2015.

Ya lo anunciaba el presupuesto “base cero” —que quedó después sólo en la metodología—, que implicaba revisar cuidadosamente los programas actuales y, sobre todo, sus resultados. Sonaba bien: un examen de conciencia gubernamental hasta lo más profundo del gasto público para ajustar, recortar y eliminar lo superfluo y lo prescindible. Mejor todavía cuando el presidente Peña Nieto concluyó su mensaje del 2 de septiembre con el compromiso de que sería el gobierno el que se apretaría el cinturón y no, como siempre ha sucedido, los sufridos ciudadanos.

No obstante, comienzan a aflorar los primeros cuestionamientos ciudadanos a la aplicación de la tijera de la austeridad. Las baterías gubernamentales se han enfocado sobre su gasto corriente, el que se destina al pago de sus empleados: maestros, médicos, policías, enfermeras, extensionistas agrícolas, etcétera. Como siempre, la sombra se cierne sobre los más vulnerables, es decir, aquellos que han trabajado largos años bajo el régimen de honorarios, que firman anualmente su contrato; ellas y ellos no tienen derecho a pensión ni a Fovissste y, en algunos casos, ni siquiera a servicios médicos. Las dependencias gubernamentales, sujetas desde años atrás a diversas restricciones, descansan en buena medida en esta “peculiar” forma de contratación. ¿Qué harán cuando se vean obligados a prescindir de su trabajo? Es muy probable que cuando estas medidas se apliquen en áreas del sector Salud, por ejemplo, profundicen aún más las terribles deficiencias que ya arrastra.

Los llamados “servicios generales”, junto con las adquisiciones, son los otros componentes del gasto “corriente”. Las partidas para los pagos de electricidad, gasolinas, reparación de vehículos; la compra de material de curación, papelería y programas de cómputo, forman parte de los gastos registrados bajo estos rubros. Un recorte inadecuado llevaría a la paralización de una serie de servicios por la falta de elementos básicos para prestarlos. La tijera del gasto también pretende aplicarse con singular alegría sobre los enormes proyectos de inversión en infraestructura y del sector energético. Además, el paquete económico 2016 incorporó reformas a la Ley de Asociaciones Público-Privadas para la ejecución de obras de gran envergadura. A esta propuesta se suman los anuncios de la expedición de Bonos para la Infraestructura Educativa y un esquema financiero destinado a proyectos del sector energético. De esta manera se pretende paliar la sequía previsible de recursos gubernamentales en estas áreas.

En la austeridad de 2016 algunos renglones todavía permanecen intocables. Me refiero en especial a dos casos. Uno, los fondos destinados al financiamiento de los partidos políticos, que ascenderá a más de 3,800 millones de pesos. El otro asunto es el relativo al nuevo avión presidencial. Según la Boeing, la moderna nave capaz de recorrer 15 mil kilómetros sin reabastecerse, costó 127 millones de dólares, aunque el contrato firmado por la Sedena y Banobras consigna una cantidad cercana a los 7 mil millones de pesos. El hecho es que el Dreamliner 787, que será entregado en estas semanas, requirió adaptaciones del hangar presidencial por una cantidad cercana a los mil millones de pesos. Así como estoy de acuerdo con que predomine el financiamiento público en las actividades políticas, también coincido con que el Presidente debe disponer de un medio de transporte aéreo seguro y digno para sus numerosos traslados dentro del territorio nacional y, eventualmente, a otros países del mundo. Lo que no entiendo son los excesos. Ni los partidos políticos necesitan cantidades multimillonarias para realizar sus labores de proselitismo, ni el Presidente necesita una aeronave que, para empezar, sólo podrá aterrizar en dos o tres aeropuertos del país.

Como no se puede privar de golpe y porrazo a los partidos políticos de los recursos que el Presupuesto federal pone a su disposición, así tampoco se podría romper de un plumazo el contrato con Boeing, firmado desde 2012. En consecuencia, propongo que los diputados analicen algunas soluciones novedosas, como sería una disminución gradual del financiamiento público, de tal manera que en la elección de 2018 los recursos puestos a disposición de los partidos sean de monto razonable. De igual manera, habría que pensar en aplicar una especie de Uber al avión presidencial. Que cuando no vuele fuera del país se pueda poner en arrendamiento para alguno de los poderosos nacionales, suficientemente ricos y snob para alquilar la nave; o bien, conseguir clientes de otras partes del mundo. Así, el apretón del cinturón gubernamental sería más parejo. ¿Qué les parece, señores legisladores?— Mérida, Yucatán.

lunes, 14 de septiembre de 2015

El primer tropezón… Salud y basura

Dulce María Sauri Riancho
Mi botella de optimismo recibió una inyección de ánimo cuando leí la crónica de la toma de posesión del nuevo Ayuntamiento de Mérida. El martes 1 estuvo presente la plana mayor de los políticos yucatecos encabezados por el gobernador del Estado.

Sonrientes y en medio de cálidos saludos, transcurrió una ceremonia que ni la caída del techo improvisado ni el desorden en la asignación de los lugares pudo empañar.

—¡Ahora sí! —me dije—, atrás quedaron los agravios y resentimientos que impidieron la indispensable coordinación entre las autoridades municipales y las del gobierno del Estado.

Pero más pronto cae una optimista en la política que una niña aprendiendo a caminar.

El viernes pasado, por arte de una costumbre construida en los tres últimos años, enormes pilas de desechos aparecieron en las esquinas del populoso Chuburná. “Primera muestra del nuevo espíritu de cooperación”, califiqué con alegría al imaginar que el municipio y el Estado cerraban filas frente al dengue y el chikungunya, más cuando los informes oficiales revelan más de 2,500 casos sospechosos y casi mil confirmados entre las dos enfermedades.

Pero pasaron sábado, domingo, lunes y todavía en estos momentos continúan los viejos colchones, llantas usadas, sillas y trebejos mil esperando que pase el camión a recogerlos.

En tanto, las lluvias de fin de semana y los depredadores naturales de los cerros de basura han hecho de las suyas.

En los cuatro puntos cardinales de la ciudad, vecinos han reportado la misma situación. Quien ha intentado recibir ayuda municipal, ha recibido como respuesta que la descacharrización es un asunto del gobierno del Estado, que es “su” programa y que, por consiguiente, son ellos, los empleados estatales, los únicos responsables de recolectar los desperdicios.

No es el rumbo donde vivo el único donde se muestran las dos caras de éxito y fracaso de una política, que llevó —¿o lleva?— el nombre de “Recicla por tu bienestar”.

Éxito, en la medida que los vecinos han confiado hasta ahora en el llamado de las autoridades para deshacerse de todo aquello que puede contribuir a la proliferación del mosquito transmisor del dengue y el chikungunya, y que de ninguna manera es recolectado por Pamplona, Sana o Servilimpia.

A la vez, los montones de basura en las esquinas muestran el primer tropezón en la coordinación municipio-Estado. ¡Desde luego que los servicios municipales de recolección de desechos son responsabilidad municipal! Lo dice la Constitución. Me parece que intentar “lavarse las manos” de lo sucedido en esta primera semana no ayuda a reivindicar otras funciones municipales que por diversas circunstancias políticas han pasado al gobierno del Estado, como las relativas al transporte urbano.

Por la vía de los hechos, la inacción municipal está erosionando en muy temprana hora la confianza de la sociedad en sus autoridades de una materia tan sensible como es el saneamiento ambiental. A los ciudadanos no les importa la división de facultades administrativas, reclaman resultados, en este caso, en un área especialmente sensible de la vida urbana. Esperaría, cuando menos, un severo pronunciamiento del recién estrenado alcalde de Mérida sobre este “apestoso” asunto que afecta la salud de sus habitantes y la imagen de limpieza de la otrora “ciudad blanca”.

Tampoco el gobierno del Estado se salva de su responsabilidad. ¿Por qué realizar una promoción sin consideraciones logísticas sobre la recolección y disposición de los desechos? Durante la primera parte de esta administración nos acostumbramos a recibir oportunamente el calendario de recolección, a sabiendas de que había que sacar los desechos cierto día y que casi simultáneamente, pasaban los volquetes para llevárselos.

No sé si el cambio de secretaría responsable, de Desarrollo Social a Salud, afectó la rutina duramente construida. Lo cierto es que una medida que pretendió ser una especie de “blitzkrieg” o “guerra relámpago” contra los reservorios del mosquito Aedes Aegypti fracasó rotundamente.

El daño a la confianza está hecho. Al menos por mi rumbo, a los desechos del viernes se han sumado bolsas de basura que han sido destrozadas por los perros. Los colchones se han mojado, las llantas guardan la lluvia de los últimos días y se aprestan a ser criaderos del peligroso mosquito.

Construir ciudadanía conlleva estrecha colaboración entre sociedad y gobierno. Las autoridades promueven la organización comunitaria y las personas asumen la responsabilidad de participar. La salud es tema prioritario en cualquier ciudad. Resolver de entrada el tema de la descacharrización demanda poner esta consideración por encima incluso de las esferas de competencia administrativa y, desde luego, de los celos políticos entre autoridades de distinto partido.

Espero ver en las calles de Mérida, por sus cuatro rumbos cardinales, a los camiones recolectores del municipio y del gobierno del Estado realizando esta urgente labor.

Tal vez ayer el gobernador Zapata Bello se haya percatado de la situación de Francisco de Montejo, rumbo a la firma del convenio de colaboración entre el IVEY y la Canadevi. O el alcalde Vila Dosal haya podido percatarse de la situación de la colonia Jesús Carranza, cuando dio inicio desde ese suburbio a la repavimentación de las calles afectadas por las lluvias.


Dos B y una C, señor gobernador, señor alcalde: Basura, Baches y Coordinación, indispensable para que la calidad del gobierno esté a la altura de las expectativas de la ciudadanía de Mérida. Recordemos que la sociedad reclama sana competencia entre ustedes, sí, pero para decidir quién hace mejor las cosas, no quién puede ponerle la más eficaz zancadilla al otro en su esfuerzo para demostrar que es menos malo que su adversario. La emergencia sanitaria en Mérida y la recolección de la basura así lo ameritan.— Mérida, Yucatán.

jueves, 3 de septiembre de 2015

Cambios en el gabinete. Informes y relevos

Dulce María Sauri Riancho
A los dos actos se les denomina “Informe”. Ambos tienen el mismo origen, en la Constitución y en la costumbre. Uno, el del 1 de septiembre, se realiza ante el Congreso de la Unión, que así inaugura su primer periodo de sesiones en cada año legislativo. Es el Informe de lo realizado.

El documento 2015 que fue entregado a los legisladores el primer día de este mes contiene un balance sobre el estado que guarda la administración pública federal. Da cuenta con detalle de los diversos programas y acciones institucionales emprendidas por el Ejecutivo, las cuales tendrán que ser analizadas y discutidas por los representantes populares mediante el mecanismo conocido como “glosa”.

La presentación del Informe, en voz del propio presidente, primer paso del proceso de fiscalización de los actos del Ejecutivo por parte de los legisladores, se desdibujó por las interpelaciones que derivaron en escándalos.

Había que recuperarlo. La decisión fue transformar el ritual del 1 de septiembre, volverlo un acto protocolario, y que al día siguiente el titular del Ejecutivo federal pudiese presentar su mensaje político ante un auditorio más favorable a su causa. Es el origen del otro Informe, que se efectúa en el patio central del Palacio Nacional, con la presencia de la élite del poder en México. El mensaje político tiene guión y escenario propio. Es el Informe de lo que el Ejecutivo federal quiere resaltar de lo hecho y proyectar lo que pretende realizar en el futuro.

Formas aparte, el mensaje presidencial de este 2 de septiembre tiene un alto perfil político. Los eventos de los dos primeros días de septiembre, juntos, pueden ser punto de partida para transitar la empinada cuesta de la recuperación de la confianza perdida entre amplios sectores de la ciudadanía, precisamente en los 12 meses que mediaron desde su segundo Informe. Pero si se desperdicia la oportunidad, si se pretende pasar con figuras retóricas o autoalabanzas, los problemas se podrían complicar aún más para una administración que los ha tenido de sobra en los últimos meses.

A la mitad de su mandato —no me atrevo a llamarle “cima” del poder presidencial al lugar donde se encuentra Peña Nieto— su imagen ha sufrido un acelerado deterioro desde los sucesos de Tlatlaya y Ayotzinapa, y las revelaciones sobre la Casa Blanca. Los promocionales del III Informe nos bombardean desde hace varios días en la radio y la televisión. Sus contenidos apuntan hacia un nuevo rumbo.

“Hoy tenemos claro lo que está funcionando y tiempo para cambiar lo que debemos corregir”, dice la voz presidencial. Esta frase muestra un intento de revertir la situación. En otra más se asoma levemente un intento de autocrítica —“México aún no se está moviendo a la velocidad que queremos”— cuando el Presidente enuncia los “tres frenos” que impiden “mover a México” a la velocidad deseada: la corrupción, la desigualdad y la “complicada” situación internacional.

Esta urgencia no corresponde necesariamente al sentido de los cambios en el gabinete presidencial. Más que la gestión administrativa, parece que se trata de reforzar la cohesión política de un equipo que se apresta a jugar la postulación del candidato/a presidencial con reglas inéditas, que tendrán que irse construyendo sobre la marcha. Así se entiende la determinación de prescindir de colaboradores que no podrían, por su edad o su condición de salud, formar parte del grupo selecto de aspirantes a la candidatura presidencial. Los recién llegados o promovidos a posiciones políticas de mayor relevancia guardan en común la edad —menores de 45 años— y una lealtad absoluta al presidente Peña Nieto. Él los hizo; él los sostiene; él los puede promover, incluso a la silla que ocupará hasta el 1 de diciembre de 2018. Quinteto u octeto de aspirantes: Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Educación, Agricultura, Economía. Mínimo común denominador: ninguno tiene presencia ni carrera política propia, sino la que están realizando al amparo del poder presidencial que, aunque declinante, todavía da suficiente calor y cobijo para relanzar una candidatura en 2018. Las cartas se desplegaron; Peña Nieto abrió el abanico y aumentó sus opciones de su propia sucesión. Presentes y por fuera del estrecho círculo presidencial, están los gobernadores que, inspirados en el éxito peñanietista de 2012, buscan emular su trayectoria y, como una incógnita, Manlio Fabio Beltrones.


Sin embargo, el único camino que puede abonar hacia la credibilidad presidencial perdida y darle la fuerza y la legitimidad necesaria para conducir al país, es la senda de los hechos. El “carpetazo” al asunto de las casas Blanca y de Malinalco no ayuda. Tampoco lo hace la percepción de que la corrupción de los políticos mexicanos sólo se persigue y castiga en los Estados Unidos. El escenario futuro es complicado. La necesidad de un severo ajuste presupuestal para 2016 le da otra dimensión a la llegada de José Antonio Meade, ex secretario de Hacienda de Felipe Calderón, a la Sedesol, entidad que podría sufrir mayores consecuencias de la contracción del gasto público. Ya veremos en las próximas semanas si con los cambios realizados Peña Nieto integró un gabinete de “emergencia” para contener la crisis, un grupo de aspirantes presidenciales para el PRI o a nuevos funcionarios capaces de dar resultados favorables para el Ejecutivo, pero principalmente para una sociedad escéptica a la que le cuesta mucho volver a creer. Escoja usted.— Mérida, Yucatán.