jueves, 26 de febrero de 2015

Derechos de las mujeres - Contigo Aprendí

Dulce María Sauri Riancho
“México descansa sobre los hombros de las mujeres”, contundente frase que fue pronunciada en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno en el marco de la instalación de la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Suena bien, pero ¿será que sólo sirvamos para soportar la carga? No es cosa menor que la Conago, a más de 13 años de su fundación, haya decidido establecer una comisión con el propósito de llevar adelante una agenda temática relacionada con los derechos de las mujeres, con programas y acciones específicas dirigidas a remover los obstáculos que privan a la mitad de la población del ejercicio pleno de los derechos que les corresponden como seres humanos. Sus pares eligieron al gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, para encabezar la naciente instancia, cuya principal misión será romper el letargo en cuestiones de género que todavía padecen las administraciones estatales.

¿Por qué tardó tantos años la Conago en conformar su comisión de Igualdad? En mucho tiene que ver con las resistencias a reconocer lo que aún es una realidad: a pesar de los esfuerzos y de los avances, las mujeres mexicanas -y las yucatecas también- viven y se desempeñan en condiciones de desigualdad con respecto a la población masculina. Ese estado de cosas, desigual e injusto, todavía se considera “natural” tanto por hombres como por las propias mujeres. Y es que ambos géneros compartimos una cultura que nos asigna papeles distintos a unas y a otros. A las mujeres, las responsabilidades del hogar y de la familia; es decir, en el ámbito doméstico. En tanto, la responsabilidad fundamental de los hombres está en la vida pública y en el mundo del trabajo remunerado, que les permita cumplir su rol de proveedores de recursos económicos para la familia. La terca realidad se ha encargado de trastocar estos rígidos papeles. Ahora, muchas mujeres son jefas de familia, van a las universidades y se preparan para participar en mejores condiciones en el mercado de trabajo; son legisladoras y gobernantes. A pesar de los avances registrados, aún falta un buen trecho para decir que las mujeres tienen iguales oportunidades que los hombres en todos los renglones de la vida colectiva. Como todo cambio cultural profundo, subsiste la idea de que el paso del tiempo, por sí mismo, acabará con las desigualdades, que no se requiere un esfuerzo extraordinario y focalizado, para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. En algunos casos, hay resistencia soterrada de los funcionarios públicos; por ejemplo, hacia los programas destinados a combatir la violencia contra las mujeres, a promover su participación política, a incrementar sus oportunidades laborales o a introducir la dimensión de la corresponsabilidad familiar en la crianza de los hijos y las tareas del hogar. Y esa resistencia cobra cuerpo cuando se trata de distribuir el presupuesto público y asignar recursos para cumplir las metas de los programas de igualdad. Por eso es tan importante la misión asignada al gobernador de Yucatán, para convencer a los otros gobernadores de poner voluntad institucional y recursos que permitan llevar a cabo los cinco objetivos y las estrategias incluidas en el programa de trabajo de Igualdad de la Conago.

Muchas veces las cosas importantes suceden por pareja. Este es el caso en relación con los derechos de las mujeres. Este miércoles fue presentado el libro Contigo Aprendí -romántico título proveniente de una canción de Armando Manzanero- que remite al mundo de la lucha femenina por los derechos políticos de las mujeres. Además de proporcionar la revisión histórica del proceso que llevó al voto de las mujeres consagrado en la Constitución desde 1953, Contigo Aprendí narra la exitosa batalla legal y política para hacer cumplir la cuota del 60-40 (por ciento) en las candidaturas para el Senado y la Cámara de Diputados en 2012. Los adversarios de este avance fueron los mismos partidos políticos cuyos representantes en el Congreso habían aprobado los porcentajes, pero que en ese juego de resistencias, procedieron de inmediato a anular por la vía de los hechos sus propias disposiciones. Contra esta simulación se enfocó la actuación jurídica que ganaron las mujeres en el Tribunal Electoral Federal (TEPJF), lo que obligó a los partidos y a la propia autoridad electoral, el entonces IFE, a sustituir de última hora a candidatos hombres por candidatas mujeres y de esa manera, cumplir la ley.



Dos mil doce abrió camino hacia la reforma constitucional de la paridad. Quedó establecida en el artículo 41, como un derecho de las mujeres a participar en condiciones de igualdad en las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados. Justamente en estas semanas los partidos políticos afinan sus listas de candidatos. No hay vuelta de hoja: todos deberán registrar 250 mujeres y 250 hombres. Además, la misma ley electoral prohíbe postular a las mujeres sólo en distritos perdidos.


En la política y en la sociedad, las mujeres no sólo estamos para cargar responsabilidades sobre nuestros hombros. Poseemos un cerebro capaz de imaginar a una sociedad distinta, de justicia para tod@s, brazos para cobijar lo que se ha logrado y piernas para hacer que México se encamine e incluso corra hacia destinos mejores.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 18 de febrero de 2015

Soltar lastre. Cuestión de supervivencia

Dulce María Sauri Riancho
Este largo fin de semana, en el cual el calendario hizo coincidir a San Valentín con las fiestas de Carnaval, me facilitó la lectura por internet de varios diarios de la ciudad de México. Lo primero que me llamó la atención fue la tónica de desesperanza que encontré en la mayoría de sus editorialistas. El tono crítico abunda en las páginas editoriales desde hace varios meses. Hasta aquí no hay novedad. Pero lo que sí emerge por vez primera, como si la situación hubiera sido percibida de la misma manera por personajes tan distantes en pensamiento, tendencia ideológica e incluso edad, es la condena al fenómeno de la corrupción. “Tierra de gusanos”, infección de “parásitos corruptos”, son algunos de los calificativos que acompañan los análisis de diversas situaciones, muchas de ellas utilizadas para ilustrar la tesis de que el país ha perdido el rumbo y, en consecuencia, se encuentra a la deriva en medio de graves y profundos problemas para los cuales no se avizora una solución pronta.

No fue “magia negra” contra Peña Nieto lo que provocó el cambio negativo entre los ciudadanos, sino algo más sencillo y a la vez más letal: muchos mexicanos dejaron de creer en sus autoridades. ¿Por qué ahora sucedió, si tantas y reiteradas veces las promesas de campaña se olvidaban junto con el último spot de propaganda y todo se asimilaba sin mayor contratiempo? Tiene que ver con la combinación de una serie de expectativas frustradas y de realidades que, conocidas en medio de la desilusión, contribuyeron a romper los últimos hilos de la confianza ciudadana.

Si algo se esperaba del PRI al triunfar en las elecciones de 2012 era que pusiera en juego su capacidad histórica para gobernar y mantener la disciplina interna que permitiera hacer que la administración pública en su conjunto jalara parejo, en una sola dirección. En esos primeros meses de exitoso ejercicio de la Presidencia, parecía haberse desvanecido el fantasma del fracaso. Se construyó la percepción de que se había configurado un equipo de gobierno que desempeñaba sus tareas en forma articulada; que sumaba e incluía a los adversarios políticos y procuraba integrar a los escépticos. Se dijo, y hasta la fecha se repite, que los problemas, en especial los económicos, eran gestados por aquellos “poderes fácticos” que habían visto afectados sus intereses, en especial en las telecomunicaciones. Que la reforma fiscal hacía pagar más a los más ricos; que la reforma energética haría bajar el precio de los combustibles, a pesar de los nacionalistas trasnochados que querían conservar la propiedad del petróleo para la nación. La mayoría estábamos dispuestos a esperar que las reformas maduraran, que las resistencias fueran vencidas por medio de una firme política de conciliación, que eludiera retrocesos ante las dificultades.

De pronto, algo sucedió que hizo girar 180 grados la brújula de las percepciones de la sociedad. No fue la caída de los precios internacionales del petróleo crudo, que hizo trizas el escenario de una reforma energética destinada a atraer inversión extranjera. La tragedia de los jóvenes de Ayotzinapa tampoco explica por sí misma la ira social desbordada ante la violencia y la actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Fue la decepción frente a la fragilidad de una confianza restaurada en el PRI como partido capaz de gobernar, lo que oscureció todos los logros de los primeros meses; que situó a la figura presidencial en el centro de la tormenta, con cada vez menos recursos políticos para jugar a favor de la confianza. Fueron las casas el detonante: la Blanca, la de Malinalco, la de Ixtapan de la Sal. Ni siquiera su tamaño o su costo, habiendo en el pasado de algunos altos funcionarios otras de mayor precio. Y la decepción llegó a alimentar la indignación.

Cada mensaje presidencial en cadena nacional de los últimos cuatro meses tratando de componer las cosas ha provocado desdén y acres comentarios. Parece que se ha perdido aquella proverbial capacidad para probar los más importantes discursos del titular del Ejecutivo en los llamados “grupos de enfoque”. Ni siquiera las formas se han cuidado con el celo que caracterizó antaño el montaje de los escenarios. El brusco cambio de pódium y bandera en plena ceremonia del nombramiento del titular de la Función Pública, iniciada con cuarenta minutos de retraso, habla de que algo está pasando en el equipo más cercano al Presidente.


Como país, no podemos darnos el lujo de dejar ir los próximos cuarenta y dos meses, hasta el 1 de diciembre de 2018, con el titular del Ejecutivo federal seriamente limitado por la falta de confianza de los ciudadanos hacia su gobierno. Ante la gravedad de la crisis no resultaría efectivo el remedio que sugirió Lorenzo Servitje de “acuerpar” al primer mandatario. La carga del esfuerzo para componer las cosas le corresponde al Presidente. Restaurar la confianza perdida, luchar por restablecer la legitimidad de su mandato ante grandes sectores sociales que lo cuestionan es la tarea más importante que tiene ahora Enrique Peña Nieto. ¿Cómo hacerlo? Sólo con hechos concretos que muestren su compromiso para rectificar el rumbo, aunque deje atrás antiguos aliados y políticas públicas que han mostrado su ineficiencia. Ahora es cuando tiene que soltar lastre del pasado. Y eso implica combatir la corrupción, incluso en su entorno más inmediato. Cuestión de supervivencia.- Mérida, Yucatán.

jueves, 12 de febrero de 2015

Tráfico de influencias. Red de mariposas

Dulce María Sauri Riancho
¿Por qué me viene la imagen de un joven retozón con una red para atrapar mariposas cuando pienso en el nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade? Hace poco más de una semana, en un mensaje a la nación, el presidente Peña Nieto anunció nueve “acciones ejecutivas” para combatir la corrupción, al mismo tiempo que daba a conocer la designación del titular de una dependencia -la Secretaría de la Función Pública (SFP)- que supuestamente había desaparecido del organigrama gubernamental, de acuerdo con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 2 de enero de 2013.

Quiero pensar que Peña Nieto se cansó de esperar a que los legisladores se pusieran de acuerdo con el diseño del nuevo sistema anticorrupción, pendiente desde noviembre de 2012, cuando en su calidad de presidente electo influyó en los diputados del PRI para que presentaran una iniciativa en ese sentido. Por eso, cuando anunció que su gabinete dejó vacía la silla del secretario de la Función Pública ya eran más de dos años en “stand by” para una dependencia que tiene como propósito fundamental el correcto funcionamiento del aparato de gobierno y, supuestamente, fiscalizar su actuación. Sin embargo, la renovación repentina del interés presidencial por la casi difunta SFP está estrechamente vinculado a las reiteradas acusaciones de tráfico de influencias en los más altos niveles de la administración pública, a raíz de la develación de la compra de elegantes residencias de la familia Peña-Rivera y del propio secretario de Hacienda. Desde hace muchos años tal parece que la única crítica que logra penetrar la pétrea coraza de la sensibilidad política presidencial proviene de la prensa extranjera. Así sucedió en este caso, tras duros artículos publicados en periódicos norteamericanos y en una revista inglesa gurú de los economistas.

La atención pública se focalizó al asunto inmobiliario de la familia presidencial, desvaneciendo otras importantes cuestiones que ese mismo día se dieron a conocer. Tiene que ver con las reglas para detectar conflictos de interés entre los funcionarios cuando toman decisiones que pueden afectar o beneficiar a alguna empresa. Destaca el anuncio que desde el próximo mes de mayo todos los servidores públicos del Ejecutivo federal que por ley están sujetos a realizar su declaración patrimonial tendrán la obligación de presentar una relación sobre sus actividades profesionales, participación en empresas o cualquier otro elemento que nutra un potencial conflicto de interés. Asimismo, se dio a conocer la elaboración de un protocolo de contacto entre funcionarios que deciden sobre la adjudicación de contratos de adquisición y de obra pública, con los particulares y empresas participantes. Además, la SFP conformará una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de esta naturaleza. Para insuflarle la energía necesaria a la desfalleciente SFP se contará con la asesoría técnica de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

Me interesó particularmente el tema de la declaración sobre potenciales conflictos de interés que deriven en tráfico de influencias. Recordé una anécdota atribuida a un presidente de la era dorada del desarrollo estabilizador, que al tomar posesión de su elevado cargo preguntó a un viejo y querido amigo qué posición deseaba dentro de su naciente administración. La respuesta le sorprendió: “Ninguna, sólo te pido que una vez a la semana, en cualquier lugar visible, me abraces y me llames, ‘querido amigo’. De lo demás, me encargo yo”. Cumplió el primer mandatario su promesa. Los abrazos presidenciales y las palabras de amistad repercutieron en muchos y suculentos contratos de todos aquellos que presumían la existencia de una relación cercana, de mucho afecto entre quien mandaba y esa persona. Que al favorecer al amigo quedaban bien con el presidente, quien los consideraría para otras recompensas. Esas percepciones no están inscritas más que en el código social de una moral pública que abrevó de “el árbol que da moras”. Quizá los consejos de la OCDE para elaborar el formato de la declaración de potenciales conflictos de interés lleven a diseñar un apartado donde se consignen a los compadres, padrinos, ahijados y ex compañeros de aulas. Tal vez haya algún titubeo antes de solicitar la relación de “desinteresadas” invitaciones aceptadas para utilizar el avión, el yate o el helicóptero del empresario amigo para cumplir las prisas oficiales o los descansos de fin de semana. Y así podemos seguir alimentando la imaginación hacia el infinito, mientras no se erija como principio básico del servicio público el interés social por encima de la conveniencia o la satisfacción personal.

Mientras, el nuevo secretario de los rizos alborotados tratará de atrapar pequeñas mariposas en una selva poblada por los enormes paquidermos de la corrupción. Al fin y al cabo, mientras no cambien las reglas culturales de la seducción política, sólo las pequeñas especies caerán en las redes de la Función Pública. Los grandes negocios y sus poderosos dueños seguirán encantando con sus “regalos” y paseando a la vista de todos, las jugosas concesiones y prebendas obtenidas.- Mérida, Yucatán

viernes, 6 de febrero de 2015

Final de una ocurrencia. Adiós al tren

Dulce María Sauri Riancho
Con la misma contundencia como apareció un día entre los 10 compromisos del presidente Enrique Peña Nieto en materia de infraestructura, desapareció del presupuesto federal y de los programas por realizar el Tren Transpeninsular (TTP). Lo escribí en su momento: el proyecto del tren era a todas luces antieconómico, estaba pensado sólo en función de los cruceros turísticos del norte de Quintana Roo y de garantizar el fácil acceso de sus pasajeros a los parques temáticos de la zona. Para Yucatán, el proyecto significaba un tren “a ninguna parte”.

La cancelación del TTP y de la consiguiente inversión nos confirma que, también en políticas públicas, lo que mal empieza mal acaba. Con esta visión, no puedo lamentar la cancelación de un proyecto que representaba derroche e improductividad. Lamento, sí, que desaparezcan Yucatán y la Península del listado de prioridades en materia de inversión pública federal y que, al pasar de página, se relegue también la reactivación económica que tanto requiere esta región del país.

 
Pero no todo ha sido pérdida de tiempo en relación con el TTP. Vale realizar un balance de lo acontecido para encontrar que también dejó oportunidades abiertas. Para efectuar este ejercicio primero enlisto las ganancias que, desde mi particular punto de vista, nos deja el fallido proyecto ferroviario:

1. Nos recordó que la Península arrastra un rezago histórico en materia de conectividad terrestre. El país reconoció, finalmente, que el desastre ferroviario que impera desde los setenta mantiene al territorio peninsular en calidad de “ínsula”.

2. Pudimos confirmar que la participación ciudadana ayuda a prevenir y enmendar posibles errores de las autoridades. Y en la medida en que haya mayor información y más compromiso, sociedad y gobierno podrán sumar más fácilmente sus esfuerzos por objetivos comunes.

3. Independientemente de las razones por las que se canceló el TTP, su eliminación representó un ahorro de largo plazo para el país, tanto en su construcción, cuya cotización inicial mostraba cifras a todas luces “infladas”, como en su operación que traería enormes subsidios para sostenerla.

4. La presión ciudadana, sobre todo en lo que concierne a Yucatán, ayudó a que el gobierno priorizara la reconstrucción de la vía en el tramo Coatzacoalcos-Valladolid y su ramal a Progreso.

5. La posible competencia que entrañaba el TTP propició que la empresa concesionaria de la supercarretera Kantunil-Cancún (la constructora ICA) apresurara la inauguración del ramal El Tintal-Playa del Carmen y abriera una conexión hasta Chiquilá, frente a la isla de Holbox.

6. La cancelación de un proyecto multimillonario, que de acuerdo con las justificaciones del propio gobierno federal impactaría la economía y el empleo en Yucatán, puede ser poderosa razón que apuntale las gestiones del gobernador Zapata Bello para resistir y poner a Yucatán a salvo de posibles recortes presupuestales en el futuro próximo.

También vislumbro efectos negativos que derivan de la cancelación definitiva del TTP. Entre ellos:

1. Elimina el impacto sobre la economía del estado y de la Península de una inversión de la magnitud prevista, aunque la “tajada mayor” se la hubiesen llevado los fabricantes de equipo ferroviario y las empresas constructoras del extranjero.

2. No se puede dejar de ver el riesgo de que el gobierno federal aduzca las mismas razones de austeridad presupuestal para posponer o cancelar otros proyectos de inversión, fundamentales para atender rezagos y para mejorar las condiciones peninsulares en materia de infraestructura de comunicaciones y transportes.

3. Aunque se evitó el daño de una inversión irresponsable, no logramos escapar al dispendio que acompaña a esta clase de proyectos. Sólo en estudios de prefactibilidad se gastaron más de 1,300 millones de pesos. Se debe exigir a las instancias responsables la información suficiente para conocer el destino de ese dinero, la manera como se asignaron los contratos y el grado de cumplimiento de los mismos.

4. Por lo que concierne a la rehabilitación de las vías entre Coatzacoalcos y Valladolid, si antes su realización era necesaria, ahora se vuelve impostergable. De hecho, ya se inició en el tramo Valladolid-Dzitás, seguramente dentro de la lógica del difunto TTP, cuando la más elemental estrategia de obra dictaba iniciar al revés, es decir, desde Coatzacoalcos, para ir integrando al tránsito ferrocarrilero las vías rehabilitadas. El ritmo con que se trabajó en este primer tramo (35.6 km) y la inversión destinada al mismo (215 mdp) empuja a pensar que la conclusión de los 978 kilómetros que faltan podría exceder el monto previsto, 6,058 mdp, y también el año 2018, final de la presente administración presidencial.

Concluyo este recuento de posibles daños y oportunidades con una reflexión personal que me siento obligada a compartir: ¿cómo fue, qué extrañas coincidencias se conjugaron con personajes claves y momentos críticos para que una idea soltada a la ligera, sobreviviera a lo largo de siete años, creciera y cobrara fuerza en dos campañas electorales y terminara en la agenda presidencial con el sello de “prioridad nacional”?

Lo que ocurrió con el TTP nos obliga a estar alertas, comprometidos con el rumbo y el ritmo de nuestro desarrollo, del acontecer que importa al presente y al futuro de la sociedad de la que formamos parte.


Con este compromiso en mente, no puedo concluir esta colaboración sin mencionar la gravedad que entraña la huelga universitaria y su inexplicable extensión. Grave que ocurra una huelga, más grave que estalle en una universidad, espacio por excelencia de la razón, de la tolerancia y la imaginación. Mi paso por distintas instancias de decisión me enseñó que cuando hay voluntad política en las partes no hay cláusula legal o cifra decimal que impida el acuerdo.- Mérida, Yucatán.

Popularidad presidencial y elecciones

Dulce María Sauri Riancho (Publicado el 28/01/15 en el Diario de Yucatán)
¿Es posible que gane el PRI el próximo 7 de junio a pesar de que la mayoría reprueba la gestión del presidente Peña Nieto? El lunes pasado el Diario dio a conocer los resultados de una encuesta elaborada por Parametría, donde se establece que sólo cuatro de cada 10 mexicanos aprueban la manera como ha conducido al país, en tanto que los otros seis la censuran y manifiestan su preocupación por la economía familiar y la seguridad del lugar en el que habitan. No se trata necesariamente de que el 51% de quienes reprueban la gestión presidencial hayan sido víctimas de la delincuencia o hayan sufrido la pérdida de sus empleos, sino que entre ellos prevalece la sensación de que en cualquier momento pueden materializarse sus temores sin que el gobierno haga algo por impedirlo. Se trata de algo subjetivo, que se localiza en el terreno de los sentimientos, donde puede permanecer escondido hasta que llega el momento de decidir por quién votar.

Las encuestas son instrumentos de investigación social utilizados para conocer las percepciones y las creencias de grandes grupos humanos. En la política, su uso es cada vez más frecuente a grado tal, que los partidos y algunos de sus candidatos tienen a su disposición encuestadores “de cabecera” que los nutren de información acerca de los temas de interés de sus electores y, desde luego, de sus posibles intenciones de votar por él o por ella. También los gobernadores, alcaldes y el mismo presidente de la república hacen uso constante de este “termómetro” social para medir grados de avance de sus programas, reacciones y resistencias ante el desempeño del gobierno. Otros importantes usuarios son los medios de comunicación: periódicos, canales de televisión, interesados en monitorear a la opinión pública sobre un conjunto de temas, entre los cuales sobresalen los relacionados con la política.

En los procesos electorales las encuestas juegan el papel de propaganda política. Los partidos y sus candidatos las dan a conocer profusamente cuando traen buenas noticias para ellos y las ocultan cuando les desfavorecen. La importancia de sus efectos en la opinión pública es tal, que las leyes electorales establecen requisitos de registro para participar a las empresas encuestadoras y plazos para dar a conocer sus resultados. Algunas incluso arriesgan pronósticos sobre los presuntos ganadores y los porcentajes que avalarían su triunfo. Son memorables los descalabros que han sufrido en este renglón varias prestigiadas firmas; el más reciente, sobre la diferencia que habría entre el primer y segundo lugar en la elección presidencial de 2012.

Las elecciones intermedias se han caracterizado por la baja participación ciudadana. Quizá esta situación se modifique ahora, ante la concurrencia de apasionadas elecciones locales en 17 estados y el Distrito Federal, con los fríos comicios de diputados federales. Vale la pena analizar las respuestas obtenidas por Parametría, para extraer algunas certidumbres del cambiante mundo de la opinión pública. Por ejemplo, ¿qué sucederá en la votación si seis de cada 10 personas piensan que el país va por el rumbo equivocado? ¿Votarán para cambiarlo o simplemente se abstendrán de acudir a las urnas? ¿Algunas de ellas votarían por el partido al que pertenece el mandatario a quien califican como poco capaz de encauzar a México? Aun así, es altamente probable que el PRI gane la mayoría en las elecciones de diputados federales del 7 de junio. No son las preferencias por ser yo priísta, sino en los resultados que arrojó la encuesta donde se asienta esta posibilidad. Si cuatro de cada 10 ciudadanos están de acuerdo con el rumbo del país; si cuatro de cada 10 están dispuestos a votar por el PRI y su aliado el Verde, significa que esta alianza electoral tiene la base más grande de electores, el 40%, suficiente para ganar, y esto sin que formalmente se hayan iniciado las campañas. Seis de cada 10, es cierto, votarían contra el PRI, en caso de que asistieran a las urnas, pero esos votos se dividirían entre los partidos que conforman la oposición.


No hay que olvidar que, aunque se registre poca afluencia a las casillas, habrá autoridades legalmente electas, así que el llamado a la abstención electoral facilitará aún más el trabajo de los partidos que tienen una sólida estructura de movilización de sus votantes, como es el caso del PRI y del PAN en la ciudad de Mérida. Pero todavía faltan 18 semanas para el primer domingo de junio. Los resultados de la encuesta y los comentarios que hacemos sobre ellos valen hoy pero pueden perder vigencia con el paso del tiempo y de los acontecimientos. Si continúa profundizándose la percepción sobre la incapacidad gubernamental de afrontar la violencia del crimen organizado; si no se da cauce a los cuestionamientos sobre tráfico de influencias en los contratos de obra pública; y, sobre todo, si la situación real de muchas familias, a las cuales el gasto cada vez les alcanza menos, continúa deteriorándose, entonces la ciudadanía podrá hacer del voto la vía para castigar al partido en el poder. Y cuando esto suceda, no habrá encuesta que pronostique hacia dónde se inclinará el sentir popular.- Mérida, Yucatán.