miércoles, 17 de diciembre de 2014

Patrimonio y memoria. Rector de libros

Dulce María Sauri Riancho
El próximo 31 de diciembre termina la gestión del rector Alfredo Dájer al frente de la Universidad Autónoma de Yucatán. Desde esa importante posición académica coincidió con tres gobernadores, uno del PAN y dos del PRI, pues inició su responsabilidad el 1 de enero de 2007.

Estos ocho años han transcurrido entre cambios políticos en el país y en el estado; turbulencias económicas con sus secuelas sobre el presupuesto universitario y un ambiente de crispación que rodea la función pública en general, consecuencia del clima de desconfianza que se vive.

Le compete a la comunidad universitaria hacer el balance de la administración que concluye. También a la sociedad yucateca a la que sirve y se debe la Uady. En esta parte que me corresponde quiero destacar dos aspectos que, no me cabe duda, marcarán con un sello característico el paso del rector Dájer. Uno de ellos es el relativo al traslado de facultades y escuelas a nuevos edificios en modernos campus, localizados en la parte externa del periférico. Apenas el lunes pasado se inauguraron formalmente las instalaciones de la Facultad de Derecho que, junto con Antropología y Economía, fueron reubicados camino a Cholul. Incluso, se habla de que el tradicional edificio central de la Universidad será destinado a actividades culturales, en tanto que la rectoría se cambiará a alguno de los locales desocupados. Dájer deja un patrimonio material acrecentado a la Universidad Autónoma de Yucatán. Nuevos edificios, campus de Ciencias Exactas e Ingeniería, Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, que junto con el campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, ubicado cerca de Xmatkuil desde hace varios años, integran las instalaciones localizadas fuera del periférico. En tanto, Ciencias de la Salud y Arquitectura, Arte y Diseño, permanecen en sus edificios tradicionales. La primera, muy cerca del hospital escuela O’Horán, del cual no debe apartarse. Y Arquitectura, afortunadamente en una edificación del siglo XVII, anexo del viejo templo de La Mejorada, entre cuyos gruesos y antiguos muros se forman jóvenes profesionales que han dado relieve nacional a la arquitectura yucateca.

La otra parte del legado patrimonial del rector Dájer tiene que ver con lo intangible, aquello que pertenece al mundo de la memoria social y de la identidad colectiva. Me refiero a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey), cuya primera edición en 2012 conmemoró los noventa años de la fundación de la Universidad por Felipe Carrillo Puerto. Este 2015 tendrá su cuarta edición, la cual presenta además de exposición y venta de libros, seminarios y encuentros de escritores, entre los que destaca el Congreso Internacional de Literatura UC (Universidad de California)-Mexicanistas. Iniciar una tradición cuando de libros se trata, siempre tiene un alto grado de dificultad. Dájer logró llevar adelante este esfuerzo para poner al alcance de la sociedad yucateca lo mejor en cuanto a literatura y sobre todo, de irradiar desde el recinto de la Filey, amor por la lectura y los libros. A la Uady le cuesta dinero ciertamente, pero es una forma como la Universidad devuelve a la comunidad algo de lo mucho que hace por ella. Espero que la próxima administración que da inicio el 1 de enero, así lo asuma y no se deje seducir por los “angustiosos” gritos de sirenas administrativas que demandan ajustes presupuestales donde no deberían ni siquiera ser considerados.

Ese compromiso con los libros y la lectura debe haber estado en el fondo de la determinación de que la Uady asumiera el proyecto de dotar a Yucatán de una nueva Historia General. Heredera de la Enciclopedia Yucatanense, editada por primera vez en la década de 1940, y reeditada con adición de tres volúmenes en 1980, comparte con Yucatán en el Tiempo que vio la luz en 1999, la singularidad de ser obras de carácter colectivo que aportan a la memoria social de los yucatecos. Para nosotros, el conocimiento de los tiempos pretéritos nos brinda certidumbre e identidad en el presente. Por eso no es casualidad que en esta tierra se haya registrado a lo largo de generaciones un significativo esfuerzo intelectual por conocer, describir y analizar el tiempo pasado. El sentimiento del pasado es parte integrante y fundamental de la identidad yucateca, porque afirma nuestro ser colectivo y nos dota de identidad para transitar en un mundo globalizado.


Sin embargo, acometer la hechura de una obra de la magnitud de una historia general por parte de la Universidad exigía un gran esfuerzo de investigación, coordinación y presupuesto para que finalmente viera la luz de una edición. Sucedió. Tres investigadores de la Uady, bajo la coordinación general del doctor Sergio Quezada, lograron concertar textos provenientes de otros académicos reconocidos de distintas partes del mundo, además de México y de Yucatán, un total de nueve mujeres y veintisiete hombres. Y el lunes pasado se presentó y se puso a la venta. Ese mismo día, por la mañana, Alfredo Dájer mostró el legado de su gestión con el patrimonio tangible de las nuevas instalaciones. Y en la tarde, en el vetusto edificio sede de la Facultad de Arquitectura, presentó a través de la Historia General de Yucatán, su parte intangible, la de los libros y la lectura, la que nutre el alma en estos tiempos de crispación e incertidumbre. Rector de libros. Al tiempo…- Mérida, Yucatán.

lunes, 15 de diciembre de 2014

Violencia en el sur de Yucatán: Una señal de alarma

Dulce María Sauri Riancho
En estas últimas semanas se han dado a conocer los resultados de diversos estudios sobre la seguridad en el país, provenientes tanto de datos estadísticos como de encuestas de opinión. La encuesta anual del Inegi (Envipe), así como otros trabajos de investigación realizados por organizaciones de carácter privado coinciden en señalar a Yucatán y a Mérida como dos de los lugares más seguros para vivir. Esta consideración descansa tanto en las cifras de homicidios, secuestros y otros delitos de alto perfil asociados al crimen organizado, como -lo más relevante- en la percepción que los yucatecos tenemos de vivir seguros.

Tantas “porras” nacionales recibidas en materia de seguridad parece que han logrado adormecer de alguna manera el sentido de alerta ante acontecimientos que deberían encender “focos amarillos” en el plácido tablero de nuestra complacencia. Y una de esas señales de alarma proviene del Sur. Entre las huertas de frutales y sembrados de hortalizas se está gestando un fenómeno que aún no captura el interés debido de las autoridades. Un ejemplo reciente de esta situación lo representan los sucesos de Pustunich, comisaría de Ticul, donde “… un grupo de entre 15 y 20 jóvenes, encapuchados y en motocicletas, trató de matar a pedradas a un par de cuñados, JFCH y JMC, y a la esposa de este último…”.

La región sur de Yucatán se caracteriza por la convivencia entre poblaciones y localidades prósperas, con recursos económicos provenientes de las actividades agrícolas y el comercio de frutas y verduras producidas en sus numerosas huertas. Cuenta también con tecnología moderna para cultivar en invernaderos y en grandes extensiones dedicadas a las hortalizas de exportación al mercado norteamericano. Pero, por otra parte, en la zona sur se ubica Tahdziú, el municipio clasificado como el más pobre de Yucatán, cuyos habitantes están dedicados en su mayoría a la milpa tradicional, con sus magros rendimientos. Si sumamos que atrás de la prosperidad se oculta el desempleo y la falta de opciones productivas para los jóvenes, incluyendo los egresados de las instituciones de educación superior de la zona, entenderemos las razones de la población trabajadora sureña que, ante la falta de oportunidades en su región, se va a laborar a Cancún y a la Riviera Maya. Unos son los llamados “semaneros”, porque cada fin de semana retornan a sus casas, donde han permanecido sus esposas e hijos pequeños, además de los ancianos que ya no pueden realizar las desgastantes jornadas de trabajo y traslados de cada siete días. Otros sureños han emprendido viajes mucho más largos que al norte de Quintana Roo. Son aquellos que, desde hace más de 50 años participaron en el programa “Bracero”, por medio del cual se trasladaban a los Estados Unidos con un contrato temporal. Quizá esta experiencia fue el origen de la costumbre de ir a trabajar al vecino país, con papeles o sin ellos. En algunos casos permanecieron e hicieron su vida por allá. En otros, regresaron, bien fuera por propia voluntad o deportados después de alguna experiencia terrible con la “migra” norteamericana.

Desde hace varios años se han dado a conocer diversos incidentes de violencia que traspasan, con mucho, los delitos tradicionales cometidos en el sur de Yucatán. Me refiero al aumento del número de homicidios cometidos en riña, dicen que motivado por el alcohol o como resultado de la violencia doméstica, que se suman al aumento considerable de denuncias de robos de bombas para regar, tubería y otros instrumentos del trabajo agrícola, que hasta hace poco eran respetados, aun si se encontraban en aisladas huertas de la región y sin vigilancia humana alguna.

Más grave que la cantidad es la forma como se han cometido diversos ilícitos en la región sur de Yucatán. Se han ejecutado en pandilla, mediante la asociación de grupos de jóvenes que se organizan para amenazar, despojar, agredir e incluso matar a aquellos con quienes disputan espacios y propiedades de determinados bienes. Por eso resulta particularmente preocupantes los sucesos de Pustunich, por la casi veintena de jóvenes que se pusieron de acuerdo para amagar y apedrear a tres personas, con intenciones de privarlas de la vida.

Ignoro las causas de la agresión al trío de Pustunich. Pero la forma de ejecución en su modalidad de “pandilla” es razón suficiente para encender con particular intensidad la señal de alarma. Es cierto que las armas fueron piedras, no metralletas, pero ¿se trata de esperar hasta que haya un enfrentamiento en que salgan a relucir pistolas, balazos y muertos? Las poblaciones del sur de Yucatán merecen sentirse tan tranquilas como los habitantes de Mérida.


El Sur de unos y de otros necesita un programa especial que permita ejercer el derecho humano fundamental a una vida libre de violencia. En su diseño deberán intervenir antropólogos y sociólogos, además de los responsables de la seguridad pública estatal. Habría de convocarse a las organizaciones sociales y cívicas de la región, para escuchar sus opiniones y comprometer su acción, en conjunto con las instituciones gubernamentales. Castigar el delito no basta: se requiere llegar a sus raíces y combatirlo. Reconocer que existe el problema es el primer paso para actuar. Estamos a tiempo.- Mérida, Yucatán.

jueves, 4 de diciembre de 2014

Municipios intervenidos. Contra la infiltración del crimen

Dulce María Sauri Riancho
El pasado jueves (27 de noviembre) el presidente Peña Nieto presentó una batería de diez puntos como parte de una estrategia integral para combatir la violencia, la delincuencia organizada, la corrupción y la impunidad, así como las desigualdades sociales más lacerantes, localizadas en el sur-sureste de México. De esta manera, plantea una primera respuesta articulada ante las intensas manifestaciones de descontento que se han dado a lo largo y ancho del país desde el pasado 26 de septiembre, cuando ocurrieron los reprobables hechos en Iguala.

La agenda presidencial incluye lo mismo acciones concretas, de resultados inmediatos, que el diseño y aplicación de políticas públicas, con efectos en el mediano y largo plazo, como es el combate a la pobreza en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Independientemente de los tiempos de ejecución o de los mecanismos de coordinación intergubernamental considerados, los diez temas merecen ser analizados y discutidos ya que tocan campos de interés muy cercanos a la vida de los ciudadanos y de las familias. Es el caso de las propuestas dirigidas a la organización y el funcionamiento de los municipios.

Con mucho ingenio, Denise Maerker escribió a finales de mayo, en ocasión del nombramiento del comisionado federal para Michoacán: “Estados intervenidos, la verdadera novedad en materia de seguridad”. Algo así parece haber sucedido con el primer punto del decálogo presidencial. Municipios intervenidos, cuando se considere que han sido infiltrados por el crimen organizado. Municipios despojados de su policía, porque no funciona, porque se ha corrompido. Cuando se trata de cualquier iniciativa legal o propuesta de cambio para el régimen municipal vigente, es indispensable tomar en cuenta que el gobierno municipal es la instancia más cercana a los ciudadanos, a las familias y a las comunidades. Las alcaldías son las encargadas de brindar directamente los servicios públicos fundamentales o, en su defecto, de interceder ante otros niveles de gobierno para asegurar la dotación de los mismos.

Con el paso de los años y dada la centralización de recursos y facultades que impera en México, los ayuntamientos hacen las veces de trinchera contra el autoritarismo y contra los excesos, provengan éstos del gobernador de la entidad de la que son parte o de las incontables agencias del gobierno federal. La elevada cohesión demostrada por las redes municipales ha sido factor determinante en el largo y complejo proceso de descentralización del poder (recursos y atribuciones) que se ha vivido en México, sobre todo en los últimos 30 años cuando se tuvieron señales evidentes de que el sistema presidencialista se agotaba.

El proceso de descentralización que ha fortalecido a las estructuras municipales y a sus funciones no ha sido lineal ni siempre ascendente, sino de altas y bajas, de avances y retrocesos. En contrapartida, las propuestas presidenciales sobre la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado y el establecimiento de Policías Estatales Únicas, dejan sentir mayor intervención federal a expensas de los ayuntamientos y sus atribuciones.

En el renglón municipal, me parece que las medidas propuestas son “invasivas”, en el mismo sentido que se le da a este término en el lenguaje médico. Tras haberse diagnosticado que la debilidad estructural de los municipios es “campo de cultivo” de la corrupción y la impunidad que benefician a la delincuencia organizada, el remedio que se propone es “extirpar” el órgano enfermo -las policías municipales o el cabildo en pleno, en los casos comprobados de infiltración de la delincuencia- sin intentar siquiera la terapia curativa.

La propuesta presidencial descansa en un supuesto peligroso: al anular los órganos factibles de infiltrar se anulará cualquier posibilidad de inserción al crimen organizado. Habría que empezar por preguntarse si las partidas de la policía estatal o de los contingentes federales que actualmente están en los municipios y comunidades son refractarios naturales a la corrupción y a la influencia de la delincuencia organizada. Y en caso de resultar inmunes, ¿lo seguirán siendo una vez que desaparezcan los cuerpos municipales y sean ellos “cabeza de ratón” en materia de seguridad municipal?

Pero de mayor gravedad y con efectos muy profundos es la vulneración de facultades que sufren los ayuntamientos, más allá de la desaparición de sus policías. La amenaza latente de desaparecer a cualquier cabildo con el argumento de la infiltración golpea en la “línea de flotación” al municipio libre, lo degrada en su autonomía, ya que no sólo será objeto de supervisión, de control y de sanción por parte de los poderes legislativo (del estatal y del federal) y judicial (del orden estatal o del federal) sino ahora también de los mandos y de las corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas.


Me pregunto sobre la conveniencia de encontrar otros caminos para combatir la asociación perversa autoridades municipales-delincuencia organizada. Uno de ellos podría consistir en una reforma radical a los alcances del fuero constitucional del que están investidas las autoridades de los tres niveles. Que si un funcionario es presunto responsable de cometer delito, que se le pueda detener y poner a disposición de los jueces. Pero que la misma vara sirva para medir a los gobernadores y los funcionarios estatales y federales, incluyendo a todas las fuerzas de seguridad. Considero que ésta sí sería una respuesta directa y efectiva a los reclamos de la ciudadanía, porque lo que tiene harta a la sociedad son los privilegios.- Mérida, Yucatán.