miércoles, 26 de noviembre de 2014

Violencia contra las mujeres. Memoria de Juárez

Dulce María Sauri Riancho
Ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En esta ocasión reviste un significado especial para nuestro país, inmerso en la tragedia de Ayotzinapa. La crispación y el coraje que acompañan estos trágicos acontecimientos de manera alguna pueden desviar o desvanecer la importancia de perseverar en la lucha contra la violencia que afecta a la población femenina por su condición de género, es decir, simple y llanamente por el hecho de ser mujer. Hacer memoria de la dura trayectoria hasta lograr el reconocimiento del abuso de poder que representan las distintas manifestaciones de la violencia -física, psicológica, sexual- contra las mujeres ayuda a no perder la dimensión de un problema que, si bien las afecta individualmente, incide también en la convivencia social y en las condiciones de la seguridad pública. Este ejercicio de memoria también arroja luz sobre el origen de la crisis de credibilidad que afronta la institución clave en la defensa de los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que tiene a partir de la semana pasada nuevo presidente.

Hasta finales de 1996, hace 18 años, hubo un reconocimiento formal por parte del gobierno de que la violencia doméstica era un asunto de interés público y no una cuestión que por suceder tras las paredes de una casa y entre miembros de una familia pertenecía exclusivamente a la esfera de lo privado. En esos mismos años había dado inicio una grave situación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Mujeres jóvenes desaparecían y algunas finalmente aparecían atrozmente asesinadas, tirados sus cuerpos destrozados en los linderos de esa población fronteriza con los Estados Unidos. El gobierno del Estado, en manos de Acción Nacional por primera vez, minimizó la situación, por lo que madres y familiares de las víctimas, junto con activistas de los derechos humanos de la región se vieron orillados a atraer el interés y la preocupación de instituciones académicas de la ciudad de México. Recuerdo en forma especial una reunión a la que asistí en mi calidad de coordinadora de la Comisión Nacional de la Mujer en el Colegio de México, cuando se mostró con cifras aterradoras la impunidad que reinaba en Juárez.

Poco y muy tarde se movieron las instancias responsables de la procuración de justicia. Los delicados equilibrios políticos entre un gobierno federal del PRI y uno estatal del PAN deben haber incidido en la tardanza en la actuación conjunta de las autoridades ante un fenómeno grave. La primera reacción fue minimizarlo, banalizarlo. Una y otra vez se remarcaba que eran las propias mujeres las que se ponían en situación de riesgo, porque eran jóvenes desarraigadas, trabajadoras de la industria maquiladora. Cuando comenzaron a desaparecer jovencitas escolares, la explicación se amplió a la huida del hogar. Una parte de la sociedad juarense se asumía agredida cuando se señalaba en otras partes del país lo que acontecía en su ciudad, más cuando estos comentarios críticos provenían del extranjero. Incluso llegaron a mencionar que eran víctimas de una intriga internacional tramada por sus competidores en la industria maquiladora de exportación. La semilla de la violencia se había instaurado en Juárez. La impunidad sentó sus reales. Muy pronto sus amargos frutos se dejaron sentir en la proliferación del crimen organizado, bandas de narcotraficantes que disputaron el territorio y el mercado, a costa de cientos de vidas y de la tranquilidad de la población juarense.

Finalmente, una instancia nacional, la CNDH, intervino en cumplimiento de su obligación de preservar los derechos humanos y defender a las víctimas. Era el año de 1998 cuando Mireille Roccatti, primera mujer presidenta de este organismo nacional, ordenó la investigación de los hechos y emitió la recomendación 98/044, donde señalaba responsabilidades gubernamentales que se habían dejado de cumplir y mencionaba un listado de acciones necesarias para restablecer el respeto a los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez. Pero los tiempos políticos contaron mucho para los receptores de esta importante recomendación. Era la etapa de campaña electoral para la renovación de la gubernatura. El PAN se asumió atacado por la recomendación de la CNDH; incluso hubo comentarios que atribuyeron su derrota ante el PRI a la erosión en la opinión pública causada por su actuación. El supuesto agravio cometido por la doctora Roccatti se quedó guardado, en espera del tiempo para ser “cobrado”. Este llegó cuando la Constitución fue reformada a finales de 1999 para dotar de autonomía constitucional a la Comisión. Fue el argumento utilizado por los senadores del PAN para negar la permanencia de la doctora Roccatti al frente del organismo. Esta lamentable experiencia puede haber marcado la actuación de los siguientes “ombudsman”, que tuvieron especial cuidado en sus recomendaciones para no confrontar a las figuras políticas de relevancia.

La violencia contra las mujeres forma parte de ese entramado de abuso de poder que deriva en un “ecosistema de impunidad”, tal como lo cataloga Juan E. Pardinas (director del Instituto Mexicano de la Competitividad), donde lo mismo cabe asesinar mujeres, que desaparecer estudiantes o practicar la corrupción en los contratos o la asignación de proyectos.

Combatir la violencia, hacerse intolerante frente a ella significa reforzar las acciones para que las mujeres tengan acceso a una vida libre de la permanente zozobra de ver violentado el derecho humano fundamental de vivir en paz.- Mérida, Yucatán.

viernes, 21 de noviembre de 2014

El hartazgo de la sociedad en el aniversario de la revolución

Dulce María Sauri Riancho
“¿Listos para la revolución?” fue la pregunta que me espetó un joven profesional compañero de natación al comenzar la jornada de ejercicio matinal. La frase me acompañó durante la hora siguiente, como un eco que demandaba comprender las razones que podría tener un joven yucateco, en uno de los pocos lugares del país que se perciben a sí mismos como tranquilos, para sentirse estrechamente compenetrado con los acontecimientos que suceden en otras regiones.

La invocación revolucionaria de mi compañero trae consigo un juicio categórico sobre la imposibilidad de impulsar los cambios por la vía pacífica, cuando la ciudadanía decide que quienes ejercen el poder público no lo han hecho con eficiencia y a su entera satisfacción. Sólo un giro radical, se insinúa en la pregunta del joven profesional, puede afrontar la situación que vive México y éste se llama Revolución.

Así pensó una parte de la generación estudiantil del 68, aquellos que en ese año de la Olimpiada tenían entre 15 y 25 años de edad; de los pocos privilegiados que podían asistir a los centros de educación superior en un país cuyo promedio escolar escasamente rebasaba el cuarto año de primaria. Las demandas de entonces, que giraron en torno a un suceso violento que se entrelazó con la organización de los Juegos Olímpicos, culminaron trágicamente en Tlatelolco el 2 de octubre.

Al relevo gubernamental en 1970 se aplicó una doble estrategia: darle cauce a una parte de esa inconformidad juvenil incorporándolos a las organizaciones político-partidistas: PRI, CNC, principalmente; a las cámaras de diputados o a la administración pública. En cambio, a los que optaron por la vía armada, se les persiguió hasta aniquilarlos, desaparecerlos o recluirlos en las cárceles.

Aun en la desazón de entonces, había esperanza. Se materializó con la reforma política de 1977 que dio amnistía a los presos políticos; instauró la pluralidad en los ayuntamientos y los congresos, con la participación abierta y reconocida de fuerzas políticas opositoras al PRI. Más aún: la reforma legalizó al Partido Comunista, que operaba en la clandestinidad y que, tras sucesivas transformaciones, se convirtió en el PRD.

En 1989, el PRI perdió la primera gubernatura en Baja California. Nunca como entonces la vía electoral se asumió como la opción para el cambio político. Las sucesivas reformas garantizaron el respeto al voto, la ciudadanización de los órganos electorales y el financiamiento público a los partidos, para poder alcanzar la equidad en las contiendas. En las elecciones de 1997 el PRI perdió, por primera vez, la mayoría en la Cámara de Diputados y el 2000 trajo la alternancia partidista en la Presidencia.

Las estrategias de campaña que siguió Vicente Fox hicieron creer a grandes sectores de la población que el simple desplazamiento del PRI de la Presidencia de la República habría de resolver mágicamente problemas de todo tipo. La incomprensión del momento político y la frivolidad hicieron estragos en la credibilidad ciudadana sobre la política y los partidos.

Restos en el arcón

Pero todavía quedaban restos en el arcón de las esperanzas, que se vieron frustradas, una vez más, tras la polarización electoral de 2006. El sexenio se inició con violencia y déficit de legitimidad; y así terminó, con miles de muertos y desaparecidos, redes criminales extendidas en amplios espacios del territorio nacional y con un severo desgaste de las instituciones del Estado, en particular las responsables de la seguridad.

La elección de 2012 mostró que la disminuida esperanza de los mexicanos todavía daba para votar pacíficamente y darle el triunfo al PRI. Volvía a gobernar a una sociedad distinta a la de 1968: urbana, más educada, con acceso a redes de comunicación que no pasan por los tradicionales medios impresos y electrónicos. También, más exigente y menos tolerante ante el fracaso de las políticas públicas o ante el incumplimiento de los compromisos de gobierno.

Año y medio de resultados, en los que el presidente Peña Nieto sacó adelante su propuesta de grandes reformas constitucionales en sectores claves de la economía parecían alejar el fantasma del fracaso gubernamental. Esos éxitos ocultaron los desaciertos en la estrategia para enfrentarse a la violencia y a la descomposición que habían alcanzado a los gobiernos municipales y estatales en varias regiones del país. Y llegó Ayotzinapa.

No ha sido, por desgracia, el único episodio de extrema violencia en los últimos meses. Sin embargo, con Ayotzinapa se rebasaron los límites de la tolerancia de una sociedad que parecía impermeable a las ejecuciones, desapariciones, secuestros y extorsiones.

La reacción que cunde se puede sintetizar en la frase: “que se vayan todos”, es decir, los políticos, los partidos, los legisladores. Como expresión de una exigencia, no se detiene a considerar por quiénes serían sustituidos; basta con que éstos, los de ahora, desaparezcan de la esfera de las decisiones políticas. Del optimismo desbordado de 2000, al pesimismo sin esperanza de 2014.

La situación es complicada y las alternativas de solución no son sencillas de imaginar, menos aún de instrumentar cuando quienes tienen la atribución legal de hacerlo, son los mismos cuestionados en su capacidad y en su honorabilidad. Culminar la investigación sobre Ayotzinapa es sólo el principio del largo proceso para combatir la impunidad.


Restaurar la legitimidad de las autoridades de los distintos niveles pasa por cambios drásticos a la manera de concebir y ejercer el poder y la representación ciudadana. Urge que se encuentren nuevos reservorios de autoridad moral que ayuden al difícil proceso de curación de una sociedad que hoy se mira a sí misma enferma y desvalida ante la adversidad.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Demanda de resultados

#SigueJesus

Dulce María Sauri Riancho
Durante 26 minutos había informado detalladamente y después de media hora de preguntas, al concluir su respuesta sobre la intervención tardía de la PGR, “.nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de la delincuencia organizada.”, y eso sucedió hace 33 días, hasta cuando la procuraduría de Guerrero declinó continuar con la investigación del caso. Entonces susurró la frase: “… Ya me cansé…”. Ese viernes por la tarde Jesús Murillo presentó un amplio informe sobre las pesquisas donde encontraron restos humanos; en el mismo se reprodujo parte de las declaraciones de tres personas que confesaron ser los autores materiales de la ejecución de los 43 jóvenes estudiantes. Autoridades y policías municipales de Iguala y Cocula, involucradas con el crimen organizado de la región, dijeron, se los habían entregado. La capacidad para reducir, asesinar e incinerar los restos de 43 jóvenes, estas personas hablan de que no era la primera ocasión que realizaban actos de esta naturaleza. Las fosas encontradas con otros cadáveres, más de 30, en los alrededores, son testigos mudos de los horrores allá experimentados. La Procuraduría, así lo señaló Murillo, está obligada a continuar sus investigaciones, tanto para encontrar y poner a disposición de los jueces a los responsables que aún continúan prófugos, como para lograr identificar con precisión a los jóvenes cuyos restos calcinados fueron arrojados al río en bolsas de basura.

Desgraciadamente, no es la primera vez que suceden episodios sangrientos con decenas de personas muertas. Tal sucedió en San Fernando, con los 72 migrantes centroamericanos ejecutados en un rancho del lugar. También en Tamaulipas, en la localidad de Allende, se tiene noticias de más de trescientos habitantes desaparecidos, una tercera parte del total de su población. Las denuncias sobre desapariciones de personas reflejan el dolor y la impotencia de padres, hermanos, hijos y cónyuges, que no saben ya a dónde acudir para obtener alguna respuesta sobre el destino de su familiar. A grandes pinceladas, este paisaje se ha vuelto parte de lo cotidiano, en los medios de comunicación para algunos estados privilegiados como Yucatán, y en la vida diaria de aquellas regiones azotadas por la violencia en distintas partes de México. Entre esta aparente “rutinización de la violencia”, ¿qué removió Ayotzinapa para provocar una oleada gigantesca de indignación que invade el país entero?

Los científicos sociales le llaman “catalizador”; la sabiduría popular le dice: “la gota que colmó el vaso”. Tal sucedió en España con la cacería de elefantes del rey Juan Carlos y el proceso que se sigue contra su hija, la infanta Cristina, por tráfico de influencias e irregularidades fiscales. Tal vez en un escenario de prosperidad económica, estas conductas censurables podrían haber sido digeridas por una mayoría. Pero ante la crisis y el fin de las expectativas de millones de españoles, estos hechos escalaron hasta llegar a cuestionar la existencia misma del régimen monárquico en España. Para México, Ayotzinapa parece ser catalizador y gota. Sus involuntarios protagonistas son jóvenes, como la mayoría de los que mueren ejecutados en las calles, catalogados como sicarios o bien, “daños colaterales” en los enfrentamientos. Son estudiantes de una normal rural, la “Isidro Burgos”, tal como lo fueron estudiantes y maestros de la normal rural “Flores Magón” que en 1965 asaltaron el cuartel Madera en Chihuahua. Son también como los estudiantes que perdieron la vida en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en 1968. Quizá son las reminiscencias de estos hechos lo que encendió la hoguera, alimentada por la carestía y la falta de expectativas de mejoramiento en muchos hogares de clase media, ante el bajo crecimiento económico. O tal vez han sido las denuncias reiteradas de corrupción en los altos niveles de gobierno de los estados, municipios o de la misma federación, que han quedado sin respuesta y mucho menos, con rigurosa aplicación de la ley y sanción a los culpables. El hecho es que como si fuera chispa en yesca seca, el fuego de la indignación se ha encendido sin que hasta el momento haya habido una iniciativa creíble por parte de las autoridades para enfrentar la situación.


Sobre la situación que rodea a la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, hasta la fecha el único avance tangible han sido las investigaciones de la PGR. De ninguna manera soluciona la grave situación de sus familiares, ni calman su indignación y su dolor. En el ambiente de incredulidad en que vivimos, muchas personas cuestionan la validez de sus afirmaciones e incluso, existen algunas voces que demandan la remoción del Procurador, sustentando su exigencia en el susurro de la frase “ya estoy cansado”. No estoy de acuerdo. Sería absurdo pretender la salida del funcionario que está dando resultados, aunque no sean aquéllos que teníamos esperanzas de obtener. Interrogado sobre su frase, que alcanzó la categoría de “trending topic” en internet, el procurador respondió “… estoy cansado de una violencia brutal… Sí me cimbra. Además de que tenía yo 40 horas sin dormir…” (entrevista con Carlos Loret de Mola, en Televisa, lunes 10 de noviembre). Que conserve el procurador su sensibilidad ante la violencia y el dolor de las víctimas y sus familiares es la mejor garantía de que seguirá adelante en las indispensables investigaciones sobre otros cientos de casos que han recibido poca o nula atención por parte de las autoridades responsables. La lección de Ayotzinapa demanda no desestimar las denuncias en contra de las autoridades, por más incómodas, políticamente hablando, que puedan ser. Murillo Karam tiene la energía y la convicción. En sus palabras: “… No es un problema de vigor (para seguir), es un asunto de sentimiento. Desde luego que quiero seguir, quiero terminar con el asunto…”. Y ése no es otro que la justicia por la que claman miles de víctimas. #siguejesus.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 5 de noviembre de 2014

Ante la crisis de legitimidad

Dulce María Sauri Riancho
Elijo dos palabras para describir estos primeros días de noviembre: confusión y descomposición. Grandes sectores de la sociedad mexicana, enterados por los medios de comunicación de lo acontecido en Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y otras entidades de la república, están confundidos y angustiados ante los diversos sucesos de violencia que se repiten todos los días, como si fueran parte del acontecer diario del país. La sensación de estar viviendo una situación de descomposición de las instituciones acompaña a los pobladores de regiones completas, que asisten impotentes a la inacción de sus autoridades más próximas, como son los ayuntamientos y los gobiernos estatales o, lo que es peor, a su abierta complicidad con las redes del crimen organizado en torno al narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Las válvulas de escape de la presión social se encuentran obstruidas por la impunidad y la corrupción, cuyas muestras más patentes alcanzan cotas que ni la imaginación más truculenta lograba avizorar hace apenas unos meses.

La “consulta popular” aprobada en la reforma constitucional de 2013 parecía que podría constituirse en válvula de escape para esa presión social. Preguntar sobre los energéticos y su destino, sobre la pertinencia de elevar el salario mínimo o de eliminar a una parte de los legisladores plurinominales ayudaría a procesar una parte de la inconformidad por la reforma petrolera, por el encarecimiento de la vida e incluso, los sentimientos de animadversión que se han creado en torno a los presuntos excesos de los integrantes del Congreso de la Unión. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia consideró que ninguna de las cuatro preguntas a responder por la ciudadanía en el próximo proceso electoral satisfacía los requisitos que la propia Constitución establece para ser materia de consulta popular porque o bien afectaban los ingresos públicos, como en el caso del petróleo y los salarios mínimos; o implicaban cuestiones relacionadas con el régimen de gobierno y el tema electoral, materias también prohibidas. Políticamente, la Suprema Corte quedó muy bien, pues descalificó a todos por igual: PRI, PAN, PRD y Morena. Pero ¿no que la consulta era de ciudadanos y dirigida a éstos? Entonces, ¿qué hacen los partidos políticos y sus intereses organizándola y adjudicándose la representación de la sociedad sobre las cuestiones que le preocupan? La respuesta es sencilla: sólo ellos, los partidos, tienen la estructura capaz de cumplir los requisitos para siquiera aspirar a pasar el primer filtro: el porcentaje de electores que respaldan la posibilidad de la consulta. Así lo diseñaron los legisladores y lo aprobó el Constituyente Permanente.

La otra vía propuesta por el presidente Peña Nieto para despresurizar la grave coyuntura de violencia que vive el país consiste en la suscripción de un nuevo acuerdo en materia de seguridad, que abarque, “… la representación del Estado mexicano, a las fuerzas políticas y a las organizaciones de la sociedad civil para asumir el compromiso de emprender cambios de fondo…”. Parece ser una especie de segunda edición del Pacto por México, que funcionó al inicio del actual gobierno, pero en otras circunstancias muy diferentes a las que actualmente prevalecen. No sería extraño que el PAN aceptara incorporarse, a cambio de una ley “anti-corrupción” cuya paternidad pretende adjudicarse. Y que el PRD hiciera lo mismo, preocupado por realizar el “control de daños” frente a lo acontecido en Guerrero. Sin embargo, quienes firmarían ese pacto son los mismos señalados por la sociedad como ineficientes o cómplices de lo que pretenden ahora corregir.


En el fondo, vivimos una grave crisis de legitimidad en torno a las autoridades de los tres niveles de gobierno, que abarca a todos los partidos políticos. El azote de la incredulidad afecta palabras, compromisos y promesas de los funcionarios públicos de todos los niveles. “Por sus frutos los conoceréis” y hasta ahora éstos han sido magros o de plano inexistentes. Entonces, la legitimidad se refugia en otros personajes de la misma sociedad, a quienes se les escucha y se les cree en sus opiniones porque corresponden a una actitud que es percibida por amplios sectores sociales como honesta y comprometida. Tal es el caso de Carmen Aristegui, conductora de la primera edición del noticiero de “MVS Radio”, que vino el viernes pasado a dar una charla en el auditorio “Cepeda Peraza” de la Uady. La cola para ingresar al recinto se extendía por una cuadra en la calle 60, subía por la escalera del segundo piso y se desparramaba en los corredores del edificio central de la Universidad. Compartían la fila jóvenes y mayores, mujeres y hombres de distintos grupos sociales, actividades y tendencias políticas. Muchos no pudimos entrar, pero haber compartido la larga espera fue para mí la oportunidad de encontrar una luz de esperanza y reconocer el liderazgo social basado en la autenticidad del testimonio de vida. Y eso, no hay pacto que lo compre ni Corte que lo descalifique.- Mérida, Yucatán.

lunes, 3 de noviembre de 2014

El sacerdote y el procurador. Iguala duele

Dulce María Sauri Riancho
(Publicado el martes 28 de octubre de 2014 en el Diario de Yucatán)

Al mediodía del jueves 23 se reunieron el padre Alejandro Solalinde y el procurador general de la república, Jesús Murillo. La entrevista había sido motivada por la información que el presbítero católico había recibido de un testigo del asesinato y posterior incineración de los jóvenes de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Por su parte, la Procuraduría federal había estado realizando intensas investigaciones en el área de Iguala, durante las cuales logró encontrar nueve fosas y 30 cadáveres, aunque aparentemente ninguno correspondía al de los estudiantes desaparecidos.

He revisado con atención las diversas notas sobre el encuentro en los medios de comunicación. Lo primero que destaca es el tono de serenidad y la sensación de que hubo un esfuerzo real de intercambio de información entre el sacerdote y el procurador, ambos coincidentes en el propósito común de conocer la verdad sobre los hechos, que permita actuar contra el terrible crimen de desaparición forzada de personas o, el más grave aún, el de ejecución extrajudicial, si se comprueba que los jóvenes de Ayotzinapa fueron asesinados por policías del municipio de Iguala o de su vecino Cocula. El respeto guardado hacia los activistas sociales por el procurador -estaban presentes la escritora Elena Poniatowska y una religiosa, responsable de la Pastoral de Migrantes- fue recíproco, lo cual hace abrigar esperanzas para una eficaz colaboración entre autoridades y organizaciones de la sociedad hacia un fin común.

El padre Alejandro Solalinde es un sacerdote católico singular, que vive intensamente su compromiso evangélico. Es parte de un grupo de sacerdotes comprometidos cuya trayectoria recoge el libro “Ovejas negras. Rebeldes de la Iglesia mexicana del siglo XXI” (Emiliano Ruiz Parra; Ed. Océano). Ingresó en esta clasificación tras abrir un albergue para migrantes en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, en 2006 y, contra viento y marea, mantenerlo funcionando. Justamente por allá pasa el tren que corre de Tapachula hacia Acayucan, para enlazar con la red ferroviaria que llega hasta la frontera norte. El sobrenombre que ha recibido este medio de transporte para miles de centroamericanos que buscan cumplir el “sueño americano”, lo dice todo: La Bestia, porque víctimas de extorsión, secuestros, violencia sexual y física, cientos de migrantes pierden su poco dinero, sus extremidades e incluso la vida, en el intento de abordar y permanecer sobre los vagones de carga que integran el tren. Muchos de ellos tienen que esperar que pase para poderlo abordar, ya que las “corridas” no se dan diariamente ni en forma regular. Mientras, los migrantes requieren alimentos, agua, un techo donde guarecerse de las inclemencias del tiempo y dónde dormir con relativa seguridad. Estas necesidades apremiantes son las que atiende el albergue del padre Solalinde, incluso contra las autoridades municipales y de una parte de la población de Ixtepec, que consideran a “Hermanos en el Camino” -es su nombre- como un peligro.

Hace algún tiempo, un grupo de vecinos intentó quemarlo para acabar de una vez por todas con ese recinto de ayuda a quienes esperan abordar el tren hacia el norte, a los que consideran delincuentes en potencia. Esta breve descripción puede mostrar el grado de dificultad y de riesgo que entraña la labor del padre Solalinde. Pero también ilustra la profundidad de su compromiso con los débiles y los vulnerables, por lo que no es de extrañar que él haya sido escogido para las confidencias de testigos de los horrores de Iguala, convencidos de que el padre Solalinde las haría escuchar por quienes tienen la obligación de hacer justicia.

Jesús Murillo tampoco es un funcionario público cortado con la tijera de la burocracia. Ha sabido combinar las cualidades del político con la disciplina de trabajo que normalmente se asocia a los llamados “tecnócratas” del gobierno. Conozco, por experiencia propia, que no se arredra ante los problemas ni las situaciones de alto grado de dificultad, como las que vivimos en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI después de la derrota en la elección presidencial de 2000. Esos días, cuando los compañeros del poder abandonaban al partido en busca de nuevos horizontes, Jesús se mantuvo firme ayudando en el difícil trance, resistiendo presiones y traiciones de los veleidosos que antepusieron sus intereses a los de la organización política que les había permitido desempeñarse en distintos cargos de representación popular.

Le correspondió a Jesús, junto a Beatriz Paredes, tejer la reconstrucción del PRI después del amargo tercer lugar en la elección presidencial de 2006. Al triunfo de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo recibió el que es quizá el encargo más complejo y comprometido de la administración pública: la Procuraduría General de la República, la misma que en la reforma política de 2013 fue dotada de autonomía constitucional y transformada en Fiscalía General de la República. Más allá de estos importantes cambios legislativos, la gran demanda de la sociedad mexicana por seguridad tiene en la procuración de justicia, en el combate a la impunidad, su primera y fundamental estación. Y la PGR y su procurador son los principales responsables de que estos propósitos se materialicen.


Iguala duele al sacerdote y al procurador. El padre Solalinde es la voz que llega a los más altos niveles de la administración para demandar justicia. El procurador Murillo Karam es quien recoge los reclamos, los hace suyos más allá de la sola obligación constitucional, con la convicción personal y el compromiso institucional de dar resultados tangibles a la sociedad. Lo hará: estoy convencida.- Mérida, Yucatán.