jueves, 24 de julio de 2014

Mujeres al Congreso. Mitad y mitad.

Dulce María Sauri Riancho
Finalmente sucedió. La reforma constitucional en materia electoral trajo, en el caso de Yucatán, una importante disposición que pasó casi desapercibida. La Carta Magna de la república dejó contundentemente establecido que en las candidaturas al Poder Legislativo (diputados federales y locales, así como senadores) tendrá que aplicarse la paridad, lo que en buen castellano significa que la mitad de las postulaciones será para hombres y la otra mitad, para mujeres.

Se trata de un cambio jurídico de la mayor trascendencia. Es cierto que existían desde hace aproximadamente 20 años diversas disposiciones para “recomendar” a los partidos políticos incrementar el número de mujeres candidatas. Al iniciar el siglo XXI, ante el lento avance que registraba la participación de las mujeres en el Congreso de la Unión se estableció una medida de acción afirmativa, destinada a compensar el rezago. Fue la llamada “cuota de género”, que comenzó con el 70-30% y en 2007, se transformó en el 60-40%. Las resistencias de los partidos políticos a cumplir esta norma fueron considerables, aunque soterradas, como el célebre caso de “Las Juanitas”.

Aprendimos las mujeres. En 2012, después de un juicio de protección de derechos políticos, los partidos tuvieron que sustituir “al cuarto para las doce” varias candidaturas masculinas. Hasta que llegó la reforma de 2014, que al establecer la paridad, trasciende las acciones de carácter temporal, por una determinación definitiva de reflejar en las candidaturas el mundo en que vivimos, que está compuesto a la mitad por mujeres y hombres.

El año próximo viviremos un temblor cuyo epicentro se localizará en el género. En 2015, de los trescientos distritos electorales en que está dividido el país, en ciento cincuenta habrá fórmulas de mujeres y en el resto, de hombres. Para evitar la tentación de los partidos, en especial de los tres grandes: PRI, PAN, PRD, de enviar a las mujeres de candidatas en distritos electorales de alta dificultad, las propias normas facultan a las autoridades electorales a vigilar que esto no suceda. Es más: quedó establecida la obligación de los partidos políticos para hacer transparentes ante el INE las reglas que aplicarán para seleccionar a sus candidatas. Es una manera de minimizar el riesgo de elegir a parientes, amigas sin militancia o simplemente “inventar” candidaturas a modo, haciendo a un lado a quienes tienen méritos y capacidad suficiente para ser candidatas y ganar la elección.

En Yucatán se realizó la reforma correspondiente para adecuar nuestra Constitución a la federal y promulgar nuevas leyes electorales. Desde luego, en el apartado A del artículo 16 se obliga a las autoridades electorales y a los partidos políticos a establecer “reglas para garantizar la paridad de género en la asignación de candidaturas a diputados”. Esta misma disposición se recoge en la legislación secundaria, tanto en la Electoral, como en la de Partidos Políticos. Eso sí: ni un milímetro más. En el estado de Elvia Carrillo Puerto, del primer Congreso Feminista de 1916 y de la primera representación de mujeres en un poder Legislativo local, no fue posible lograr lo que en otras entidades de la república sí se pudo realizar. Me refiero a la aplicación del principio de paridad en la integración de las planillas para la elección de los ayuntamientos, tal como decidieron hacer en Nuevo León, Querétaro y otros estados del país. Lo más que concedió el Congreso yucateco fue introducir la modesta disposición que obliga a que las suplencias sean femeninas cuando la candidatura propietaria recae en una mujer.

Tal vez por la vía de las disposiciones estatutarias de los partidos se pueda subsanar esta falta de entusiasmo de los legisladores yucatecos. Por ejemplo, los estatutos del PRI obligan a la paridad en las planillas de los ayuntamientos. Sin embargo, no es buena señal para la causa de la paridad que la mayoría priísta en el Congreso haya olvidado introducir en la Ley su disposición interna.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) comienza a tambor batiente en cuanto a la aplicación del principio de paridad. La convocatoria nacional y el reglamento para seleccionar a los siete integrantes de los nuevos Organismos Públicos Locales (OPL) en dieciocho estados, establecen que del total de aspirantes, se seleccionarán veinticinco hombres y un tanto igual de mujeres, una vez que se haya aplicado el examen de conocimientos el próximo 7 de agosto. Esto quiere decir que si en Yucatán se inscribieron veintisiete mujeres, sólo las dos más malas quedarán fuera, en tanto que los hombres, de más de cien inscritos, pasará solamente la cuarta parte a la siguiente ronda. El propio INE se ha impuesto que todos los organismos electorales de los estados queden conformados por tres y tres y que la Presidencia se decida conforme a los mayores merecimientos y experiencia, bien sea masculina o femenina.

Aquí en nuestra tierra, el Organismo de Mujeres del PRI (OMPRI) recientemente cambió su dirigencia estatal. Se apresta el partido, como seguramente lo harán los demás, a llegar en las mejores condiciones de organización a las postulaciones femeninas del próximo año.

Alienta escuchar de la nueva dirigente que abrirá las puertas a todas las militantes, contrario a la política de exclusión que hasta entonces prevalecía.


No vale el sobado argumento de “aquí no hay suficientes mujeres”. ¡Claro que las hay! Tan capaces como los hombres, para hacer las cosas bien o para equivocarse y fallar, tal como lo hacen ellos. Por lo pronto, como dice la canción, para abril y para mayo próximos veremos a muchas candidatas en campaña, buscando el voto. La mitad del total, porque somos el cincuenta por ciento del mundo y tenemos derecho a una representación paritaria.- Mérida, Yucatán.

¿Preservar o demoler? Colisión de intereses en Mérida

Dulce María Sauri Riancho
Hace muchos años, en 1980, asistí a una de las primeras reuniones de coordinación para elaborar el Programa de Desarrollo Urbano de Mérida. Como novel planificadora, estaba atenta a las expresiones de los experimentados ingenieros y arquitectos que participaban. No salía de mi asombro cuando escuché uno de los “remedios” para evadir las restricciones a las normas que impedían modificar los viejos edificios del centro urbano de la capital. Consistía simplemente en taponar los desagües de los techos de las vetustas casonas y dejar que la lluvia acumulada y la humedad provocaran el deterioro del predio y así solicitar autorización para demoler los restos y darles un nuevo destino, ya sin limitaciones. Muchas de las feas edificaciones “modernas” del primer cuadro del centro fueron construidas en las décadas de 1950 y 1960 bajo este sencillo procedimiento.

La respuesta a esta “ingeniosa” maniobra de demolición silenciosa parece haber sido la declaratoria de Centro Histórico de Mérida, emitida mediante decreto presidencial en 1982, que se extendió a más de 600 manzanas. A partir de esa fecha se inició un lento abandono de propiedades cuyos dueños se vieron impedidos para demolerlas y así vender los predios libres de cualquier impedimento. Sin embargo, las nuevas reglas no fueron obstáculo para que continuara funcionando el viejo sistema de la obstrucción de los desagües.

A finales de la década de 1990 se inició un interesante proceso de revaloración del Centro Histórico de Mérida. No fue estrictamente económico, sino a través de una estrategia de rescate de antiguos edificios que fueron restaurados en su esplendor de antaño, para nuevos usos. La Casa de Montejo y Banamex fueron sus precursores en la década anterior. La UNAM, con el Sanatorio Rendón Peniche en los terrenos aledaños a “La Plancha”; la casona de la familia Vales de la 56 y el CIESAS, con el comodato del predio de la 61 donde funcionó el DAP, son ejemplos de rescates y nuevos usos, en este caso, académicos y culturales. Brilla también la restauración realizada en el antiguo edificio La Unión, donde hoy funciona un hotel boutique de gran belleza. Otro proceso de importancia para la revitalización del centro de Mérida fue su paulatina recuperación como zona residencial. Extranjeros de distintas partes del mundo apreciaron las posibilidades de casas y predios prácticamente abandonados, restaurándolos como viviendas, conservando sus elementos tradicionales y, a la vez, dotándolos con todas las comodidades de la vida moderna, como albercas, instalaciones de aire acondicionado, etcétera. Aunque importante, esta dinámica abarca una porción relativamente pequeña de la zona contemplada como Centro Histórico de Mérida. El problema de los edificios en ruinas subsiste y, como lamentablemente comprobamos la semana pasada, con elevados riesgos para los viandantes de sus defectuosas aceras. El Ayuntamiento de Mérida estima que existen más de 500 predios en diferentes grados de riesgo de derrumbe. Algunos de ellos, los más deteriorados, han sido tapiados en sus frentes con piezas de madera, de dudosa resistencia frente a un colapso como el registrado recientemente en la calle 54 por 65.

Nos encontramos en una situación que parece enfrentar el interés privado y el bienestar colectivo. Cómo conciliar estos intereses se vuelve la cuestión fundamental para darle futuro al Centro Histórico de Mérida. Las autoridades estatales han anunciado el establecimiento de una mesa de trabajo a donde concurrirán Protección Civil, el INAH y el Ayuntamiento de Mérida. Importante, sin duda, pero no suficiente. De interés resulta la propuesta del diputado Francisco Torres Rivas, quien plantea una reforma a la Ley de Expropiación del Estado, para darle utilidad pública a los edificios en ruinas. Lo cierto es que existe incapacidad para trazar políticas integrales en materia de desarrollo urbano que permitan la preservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad y, al mismo tiempo, orientar sus edificaciones tradicionales hacia nuevos usos. Los problemas no se limitan al primer cuadro urbano de Mérida. Alcanzan también el Paseo de Montejo, donde casonas y residencias languidecen con un letrero de “Se vende” o simplemente se mantienen cerradas mostrando sin rubor alguno el abandono al que están sometidas.


No habrá obra de embellecimiento urbano que dure si los sitios que se pretende hermosear no adquieren un nuevo uso, bien sea habitacional o comercial. Una solución podría consistir en la creación de un fideicomiso público-privado para la adquisición y remozamiento de predios del primer cuadro de la ciudad, para estimular su utilización por instituciones educativas y culturales, además de los comercios que podrían establecerse, si hubiera un entorno favorable al tránsito peatonal. Por otra parte, deberán reforzarse las medidas contra los propietarios que han abandonado sus predios, que podrían incluir su expropiación por causa de utilidad y de seguridad pública. No es lo deseable, pero las autoridades no pueden sólo ser espectadoras del deterioro. Además, deberá existir una responsabilidad civil sobre los daños causados a terceras personas, como en el reciente caso. Significa que la acción pública no debe limitarse a liquidar las cuentas de hospital de los heridos, sino que deberá apoyarlos para presentar una demanda contra los propietarios del predio donde ocurrió el derrumbe. El Ayuntamiento de Mérida tendrá que activar todas las medidas necesarias para cuidar que esta delicada situación no se repita y, al mismo tiempo, encabezar la adopción de medidas para revitalizar a las casonas y edificios que languidecen.- Mérida, Yucatán.

viernes, 11 de julio de 2014

¿Doscientos días de clase? Peligrosa simulación

Dulce María Sauri Riancho
A partir del lunes 14 de julio comienza formalmente el receso escolar. Más de medio millón de niños y jóvenes yucatecos saldrán de vacaciones, hasta la reanudación de actividades el 25 de agosto, de acuerdo con la reciente definición del calendario estatal, esto es, una semana después de que millones de niños regresen a clases en todo el país.

Mucho se ha discutido en los medios de comunicación locales sobre la pertinencia de desfasar los periodos de actividad de las escuelas yucatecas de los plazos establecidos a nivel nacional. Se han presentado argumentos que van desde la preservación de costumbres y tradiciones que atienden a la convivencia familiar, hasta razones de índole económica vinculadas a la actividad turística en la costa yucateca, en especial en el municipio de Progreso. Como en otras ocasiones, las autoridades escolares del estado adoptaron una salomónica determinación: no se adelantaron las vacaciones en el actual ciclo, sino que se atrasará cinco días el inicio del nuevo curso, porque, dicen, es indispensable cumplir los doscientos días de clase establecidos por la Secretaría de Educación Pública federal, para lo cual se realizarán varios ajustes para compensar los cinco días faltantes.

Pero resulta que nuestros hijos y nietos que asisten a la escuela primaria terminaron realmente sus actividades académicas desde el 15 de junio, por lo que el tiempo restante para alcanzar el ansiado viernes 11 de julio se ha dedicado a lo que eufemísticamente se conoce como “repaso”, que no es otra cosa más que permanecer en las aulas o en las instalaciones de las escuelas procurando sobrellevar los días hasta el plazo final. Surge de inmediato la pregunta sobre las razones que obligan a concluir los programas escolares con un mes de anticipación y a que las escuelas funcionen como “guarderías” o, en el mejor de los casos, como improvisados “campos de verano”, mientras se prepara el festival de fin de cursos. La respuesta proviene del calendario fijado por la SEP para las escuelas públicas y las particulares incorporadas -es decir, todas-, que exige a los maestros entregar con mucha antelación la documentación que les permita a las autoridades educativas a nivel central acreditar calificaciones y expedir certificados de aprobación de los alumnos. Por eso se anticipan los exámenes finales y se apresura el envío de las calificaciones.

En esta época de computadoras, bases de datos e internet, es sencillamente inexplicable que las autoridades de la SEP requieran de un mes para realizar una actividad que con los medios disponibles podría desahogarse, a lo sumo, en una semana. Bajo estas circunstancias, bien podrían haber concluido sus labores el 30 de junio, en vez de quince días después. Pero el daño más grave lo registran los niños y las niñas que ven transformado su centro de formación escolar en un espacio de simulación, donde se aparenta dar continuidad al desarrollo de su programa, cuando en realidad maestros y alumnos están presentes sólo para cumplir un requisito burocrático. Desde las aulas los estudiantes reciben esta perniciosa lección, que parece perpetuar la máxima colonial de “Obedézcase, pero no se cumpla”. Cuando de esta parte del calendario escolar se trata, lo que importa es la formalidad de la fiesta de fin de curso (ahora que hay graduaciones desde kínder), no el aprovechamiento integral del tiempo ni la persistencia de la disciplina en el proceso enseñanza-aprendizaje.

El debate reciente sobre el calendario escolar y las “vacaciones a la yucateca” puede ser útil para plantear estas cuestiones. Estamos discutiendo sobre los recesos, pero no lo que sucede en las aulas y la distribución del tiempo de alumnos y maestros en los periodos de actividad. No hay argumentos que justifiquen el funcionamiento de las escuelas como “guarderías” durante cuatro semanas -10% del total-, en espera de que concluyan los trámites escolares. Es una simulación socialmente onerosa desde cualquier ángulo: como tiempo desperdiciado, como riesgo de relajamiento de la disciplina escolar, como aprendizaje desde la infancia de la simulación como un ejercicio social que involucra a todas las partes.


La niñez yucateca tiene ante sí seis semanas de inactividad escolar. Soy cuidadosa con la palabra “vacaciones”, porque para un número significativo de niños y jóvenes no serán para el ocio y la recreación, sino para ayudar a sus mayores en la realización de otras actividades que contribuyan al sustento familiar. Otros, los menos, estarán en las playas junto con sus familias gozando del mar y la convivencia. También habrá niñas y niños que demanden el cumplimiento de las promesas del empresariado yucateco que propuso la modificación del calendario escolar, en el sentido de contribuir eficazmente a multiplicar las opciones de esparcimiento y deporte para la infancia. El Gobierno del Estado cumplirá su parte con “Bienestar en Vacaciones”, que recoge la experiencia del Baxaal-Paal, tanto en Mérida como en otros centros urbanos del estado. Que los adultos -maestros, funcionarios de la SEP, padres de familia- se pongan de acuerdo para corregir el calendario y combatir frontalmente la simulación transmitida por el actual estado de cosas. Doscientos días, sí, efectivos y sin subterfugios, para enseñar y aprender.- Mérida, Yucatán.

lunes, 7 de julio de 2014

Menores migrantes. De lunas y jaulas

Dulce María Sauri Riancho
(Publicado el 2 de julio de 2014 en el Diario de Yucatán)

Parecía imposible imaginar horrores más grandes que los de “La Bestia”, ferrocarril que corre desde Tapachula en la frontera sur de México y que conecta a Nuevo Laredo, en el norte. Hacinados en sus vagones, adentro y afuera, viajan miles de personas procedentes de Centroamérica en su mayoría, ansiosos de llegar y cruzar “al otro lado”.

Lamentablemente, la realidad nos sorprende con nuevas facetas de terror. Ahora son los llamados “niños migrantes”, menores de edad que viajan solos, desesperados por encontrarse con sus familiares que cruzaron antes que ellos y viven en los Estados Unidos. La acción de intentar el cruce sin adultos acompañantes no es nueva. Sin embargo, en los últimos meses ha alcanzado cifras considerablemente elevadas, calculadas por las detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza de miles de niños que habían logrado internarse en territorio norteamericano. Entre octubre y mayo de este año, han sido detenidos 52 mil menores viajando sin sus padres; solamente en mayo fueron 9 mil. ¿Qué está pasando? Las causas estructurales de la migración: pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, ¿se han agudizado? La violencia política en la región, ¿ha crecido? ¿Qué motiva a unos padres, a una madre, a enviar a su hijo o hija menor de edad, en un largo y peligroso viaje de tres, cuatro mil kilómetros?¿Qué origina la urgencia de migrar en adolescentes, casi niños, arriesgando su vida y su integridad personal? El gobierno norteamericano no puede expulsarlos como si se tratara de adultos; la mayoría de los niños proceden de Centroamérica, por lo que los norteamericanos no pueden simplemente colocarlos al otro lado de la línea fronteriza, como sucede con los mexicanos.

Dos películas pueden proporcionar algunas pistas para comprender la situación que ha sido calificada por el presidente Barack Obama como “crisis humanitaria”. Una de ellas, “Bajo la misma luna” filmada en 2007, narra la historia de Carlitos, niño de nueve años que decide encontrar a su madre, Rosario, residente en Los Ángeles, a donde se había trasladado en busca de trabajo y oportunidades para ella y su hijo. Carlitos cruza la frontera mediante pago a unos jóvenes norteamericanos. Para sostenerse en su travesía, trabaja en una plantación de tomates. Es perseguido por la “migra”, y salvado por otro inmigrante, que se sacrifica para que el niño pueda continuarla búsqueda de su madre. Tres cuestiones hacen diferente la experiencia de Carlitos a la de muchos miles de niños. Una, su madre no le pagó a ningún “pollero” ni enganchador 7 mil quinientos dólares (tarifa actual de “traslado” de menores sin compañía), para que le llevaran a su hijo; ella deseaba que permaneciera con su abuela, en México y en la escuela. Dos, Carlitos encontró una red solidaria que lo protegió del abuso y la violencia a la que están sujetos los “ilegales”, en especial los niños y las mujeres jóvenes. Tres, Carlitos era mexicano; si hubiese sido detenido, hubiera sido trasladado a Michoacán, lugar de residencia de su familia.

La otra película ilustrativa de la situación actual es la multipremiada “La Jaula de Oro”, que narra la historia de tres jóvenes migrantes, niños-adultos, dos de ellos guatemaltecos y un mexicano tzotzil de Chiapas, en viaje hacia los Estados Unidos. El filme muestra explícitamente la violencia cotidiana que sufren quienes intentan llegar a Norteamérica, comenzando porque uno de ellos es una joven mujer que se hace pasar por hombre, con la finalidad de evitar ser víctima de la violencia sexual y de los tratantes de personas que abundan en el camino. La necesidad de un futuro mejor se muestra más fuerte que el miedo o el riesgo de perder la vida.

La expectativa largamente cultivada de una regularización de la estancia de millones de migrantes en los Estados Unidos es el elemento coyuntural presente en el flujo extraordinario de menores hacia su frontera. El Congreso norteamericano tiene años intentando llegar a una solución que conjugue los intereses partidarios con los derechos humanos de millones de personas y los requerimientos de fuerza laboral que compense la caída de la productividad y competitividad de los Estados Unidos. Pero mientras el Congreso sale del letargo, el rumor de una inminente regularización ha sido manipulado por bandas criminales que lograron esparcir la inminencia de un tratamiento preferencial para niños que crucen solos en busca de sus padres. Es un pingüe negocio, que solamente considerando a los detenidos, les pudo representar más de 400 millones de dólares por su traslado.


Hay una corresponsabilidad de los estados, tanto del país que recibe a los migrantes como de los países que provienen. En México, las instituciones nacionales, como el Instituto Nacional de Migración, el DIF y muy especialmente la Comisión de los Derechos Humanos, han sido omisas o, por lo menos, ineficientes en su respuesta a esta situación de emergencia humanitaria, que se agudizó a partir del 2001 por la adopción de medidas de seguridad por los Estados Unidos para enfrentar la amenaza terrorista. La sociedad mexicana no puede permanecer al margen ante estos acontecimientos que inciden en la calidad de la convivencia y que vulneran los derechos humanos de millones de personas. Exijamos a los gobiernos y a las instituciones del Estado respuestas efectivas, respetuosas y prácticas ante la situación. Y preguntémonos: Si se tratara de tu hijo, ¿qué harías?- Mérida, Yucatán.

El movimiento médico #Yosoy17. Ni dioses ni criminales

Dulce María Sauri Riancho
(Publicado el 25 de junio de 2014 en el Diario de Yucatán)

“#YoSoy17. Somos Médicos. No somos Dioses ni Criminales”. Estas pancartas se exhibieron el pasado domingo en más de cuarenta ciudades del país, entre otras Mérida, para mostrar la solidaridad de la comunidad médica frente al proceso penal que afrontan 16 galenos del área de Pediatría del Centro Médico de Occidente del IMSS, ubicado en Guadalajara. El origen es el siguiente: un joven de 15 años, Heriberto Gallardo, ingresó el 15 de noviembre de 2009 a la sala de urgencias del IMSS, “prácticamente muerto”; los médicos lo resucitaron y logró salir adelante. Sin embargo, su salud se deterioró y el 9 de enero de 2010 falleció. El padre del joven sostiene que un diagnóstico certero hubiese detectado la tuberculosis intestinal que padecía y, de esta manera, se habrían evitado las cirugías a las que fue sometido y que, según sus familiares, lo debilitaron hasta causarle la muerte. Si prospera la acusación y los médicos son condenados, de entrada perderán sus cédulas profesionales y su capacidad legal para ejercer la medicina en cualquier parte de México, además de la pena de prisión a la cual pueden estar sujetos.

Las demandas contra profesionales de la medicina no son novedad. De hecho, existe una instancia creada ex profeso para desahogar las denuncias por mala práctica, la Comisión de Arbitraje Médico, cuya misión fundamental consiste en ofrecer medios alternos para la solución de conflictos entre prestadores de servicios médicos y los pacientes o familiares que se sienten afectados. Para que un asunto de esta naturaleza trascienda las instancias de mediación y llegue a los tribunales, se requiere mucho más que un padre atribulado por la pérdida de su hijo; se necesita que un juez decida la existencia de suficientes elementos para iniciar la causa penal. Y eso sucedió en Guadalajara.

Doctores y enfermeras tienen muchas veces que hacer frente a las carencias que les impide realizar su trabajo eficazmente. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando el equipo de rayos X no funciona y se requiere una radiografía de emergencia? ¿Cómo realizar un ultrasonido si el aparato es antiguo y la imagen que genera, borrosa? ¿Quién le dice al paciente que la farmacia no puede surtir su medicamento y que tiene que adquirirlo por su cuenta? Éstas son situaciones cotidianas que se presentan en los grandes hospitales públicos, tanto federales como estatales.

La amenaza de procesos penales no es la única que pende sobre médicos y enfermeras. En el norte del país, en las zonas de operación del crimen organizado, los secuestros de doctores se volvieron frecuentes, bien fuera para atender lesionados en los enfrentamientos armados o para alterar el rostro de los cabecillas más importantes. Los médicos que realizan su servicio social no están exentos de peligros. En fecha reciente, una joven doctora fue asesinada en una comunidad de Sonora, presumiblemente por el esposo de una persona a quien no pudo salvar de un infarto. Se dice, quizá con razón, que en la escala de profesiones peligrosas, después del periodismo sigue la medicina, sobre todo en algunas regiones del país.

Habrá quien se preocupe por la judicialización de la práctica médica, que en Estados Unidos ha llevado a encarecerla enormemente por la indispensable adquisición de seguros que cubran a los médicos contra acusaciones de ese tipo. Sin embargo, lo que la movilización de miles de doctores en distintas partes del país nos recuerda es la precariedad en la que muchos de ellos desempeñan su profesión, debido a las carencias y rezagos de la medicina pública que no ha podido responder a la expansión de la demanda de sus servicios de parte de una población que, afortunadamente, vive más años que las generaciones anteriores.

Otra vez las fechas coinciden. Hace 50 años, en 1964 un grupo de residentes e internos del Hospital “20 de Noviembre” del Issste, en la ciudad de México, se organizaron para reclamar atrasos en sus salarios. Como consecuencia, un numeroso grupo fue despedido. Al paso de los meses, personal de otras instituciones públicas, como el IMSS, se fueron sumando. La situación hizo crisis a finales de agosto de 1965, cuando la policía tomó tres grandes hospitales de la ciudad de México, los médicos fueron sustituidos por personal militar y sus líderes, encarcelados. Se considera al movimiento médico de 1964-1965 como precursor del estallido estudiantil de 1968. Ésta es una de las razones por las cuales el Estado mexicano tiene que atender las causas del malestar que existe en este importante gremio a cargo de la salud de la población.


Es cierto: los médicos no son Dios, no son infalibles ni tienen la facultad de decidir sobre el momento de la muerte de cada uno de nosotros. Pero también lo es que no son criminales, cuando a pesar de sus esfuerzos y desvelos un paciente muere en medio del dolor de familiares y amigos que quisiéramos que nunca se vaya de nosotros. Son seres humanos que demandan condiciones dignas para el cumplimiento de su compromiso con la sociedad; compresión ante sus errores y deficiencias, y tribunales que ponderen con justicia cuando el ser humano falla.- Mérida, Yucatán.