jueves, 19 de junio de 2014

Novedades electorales: Paridad, reelección, candidaturas independientes

Dulce María Sauri Riancho
La Democracia mexicana tendrá su “domingo 7″ en junio de 2015. Ese día se realizará la elección de la nueva Cámara de Diputados, con cinco diputados federales yucatecos “de mayoría”, de los veinticinco legisladores del Congreso del estado y de los 106 ayuntamientos. La novedad se encuentra no sólo en el cambio del mes tradicional -de julio a junio–, sino en la aplicación de las nuevas reglas que regirán en todo el país en lo federal, y en diecisiete estados de la república donde se votará por nueve gobernadores, diputados y presidencias municipales.

En los cambios realizados a nivel federal, el Congreso local perdió atribuciones. Por ejemplo, no elegirá a los consejeros electorales que en número de siete integrarán el Organismo Público Local Electoral (OPLE), como lo hacía en el caso de los consejeros del IPEPAC; ahora será responsabilidad del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE). Tampoco conservará la facultad de designar a los integrantes del Tribunal Electoral, que serán nombrados por el Senado de la República. El péndulo político se acerca cada vez más hacia la centralización de las decisiones en las instituciones nacionales: INE, Senado. Los partidos políticos de oposición al PRI argumentan que sólo quitando poder a las instancias locales se les pueden “amarrar las manos” a los gobernadores, es decir, acotar su influencia en la designación de consejeros o de magistrados electorales. En consecuencia, dotaron a las autoridades nacionales -¡ojo!, no federales- de una serie de atribuciones para decidir sobre la integración de los órganos electorales locales, e incluso, si se dan circunstancias consideradas como de gravedad en alguna entidad federativa, de plano tomar en sus manos la organización del proceso electoral completo, haciendo a un lado a las instancias estatales. Tal parece que se están tomando precauciones por si la situación que viven estados como Michoacán y Tamaulipas continúa hasta el próximo año.

Los cambios devolvieron a Yucatán la opción de las candidaturas ciudadanas, independientes de los partidos políticos. Habiendo sido aprobadas en 2006, tuvieron una vida fugaz, pues sólo se aplicaron en la elección de 2007, cuando por primera vez ganó un candidato independiente en Yobaín. Después, la reforma federal de ese mismo año las prohibió, pero en la legislación yucateca quedó establecido que en cuanto se levantara la restricción constitucional, volverían a entrar en vigor. Eso sucedió ahora, por lo que en 2015 podrá acudirse al registro de estas candidaturas, tanto por ciudadanos que no pertenecen a partido político alguno pero quieren participar, o por los excluidos en los procesos internos de su organización política, que decidan hacerlo de todas maneras, ahora sin necesidad de “mendigar” registros de algún partido político. Claro que falta conocer las reglas bajo las cuales se podrán registrar candidaturas independientes; el financiamiento público con el que habrán de contar; el acceso a los medios de comunicación, a la representación en los órganos electorales, entre otros asuntos que pueden hacer transitable esta vía, o quedar simplemente como un espejismo por su dificultad para hacerlas realidad. Otra modificación de relevancia, acorde con la reforma a la Constitución federal, es la relativa a la paridad de género en las candidaturas al poder Legislativo. Significa que todos los partidos tendrán que postular la mitad de candidaturas para hombres y la otra mitad para mujeres, sin subterfugios y trampas, cuando menos en esa etapa del proceso.

Sin embargo, el papel estelar de las reformas electorales se reserva para la reelección consecutiva de presidentes municipales y diputados. Mucho se ha hablado de que es la panacea, el remedio a los problemas de la falta de rendición de cuentas por parte de los legisladores. Se dice que ahora sí tendrá poder la ciudadanía para premiar a los buenos y castigar a los malos representantes, entre otras expectativas que ha desatado esta reforma. Los legisladores yucatecos adoptaron la propuesta nacional de una reelección para el caso de las alcaldías pero aumentaron a cuatro las reelecciones a las que puede acceder un legislador. Acostumbrados a que en México de legisla “a la medida”, en la próxima elección podríamos estar eligiendo a diputados que se mantendrán en el cargo quince largos años.

Tengo profundo escepticismo sobre los resultados de esta “innovación”, que no lo es tanto, pues la reelección existió hasta 1932. Entonces se derogó para impedir que los gobernadores “controlaran” a los legisladores de sus estados, formando bloques. No deja de ser irónico que la supuesta intención de la reforma electoral de 2014 sea la centralización purificadora de los intereses locales, cuando la reelección consecutiva bien puede abonar en la reproducción de los vicios atribuidos a los ejecutivos estatales. Respecto al poder ciudadano que otorga la reelección, tengo serias reservas. Son los partidos políticos los que decidirán sobre quiénes merecen ser postulados nuevamente; si algún diputado, por ejemplo, se lleva mejor con sus electores que con su partido, éste podrá eliminarlo de sus listas de candidatos para la siguiente ronda, simplemente porque es “incómodo” o no sigue las instrucciones de la dirigencia. ¿Y la ciudadanía? Sólo mirando…


La posibilidad de la reelección consecutiva tendrá consecuencias en la dinámica interna de los partidos de cara a la sucesión gubernamental de 2018. Quien gane la presidencia municipal de Mérida en 2015, por ejemplo, podrá estar más interesado en reelegirse que en buscar la candidatura a la gubernatura, por aquello de “Más vale pájaro en mano, que ciento volando”. Esas y otras cuestiones seducen para ser comentadas más adelante. ¿Verdad?- Mérida, Yucatán.

viernes, 6 de junio de 2014

Hacer negocios en Mérida: ¿Qué nos falta?

Dulce María Sauri Riancho
En esta era de globalización económica, los países compiten entre sí por los recursos. Conocer quién tiene mayores posibilidades de ganar y por qué ha dado origen a una cantidad de métodos que intentan precisar las razones de la atracción o del rechazo a invertir en un lugar o en otro, además de responder a una creciente demanda de información confiable por parte de la comunidad internacional de negocios. En este sentido, una de las más importantes y repu- tadas instituciones, el Banco Mundial, publica anualmente Doing Business (“Haciendo negocios”), donde compara las economías de 189 naciones y presenta para algunas de ellas estudios desagregados a nivel de estados y de sus principales ciudades. Es el caso de México, que para 2014 ocupó el lugar 53, antecedido por Chile (34), Perú (42) y Colombia (43) en América Latina. Las economías más competitivas en el mundo fueron Singapur, Hong Kong y Nueva Zelanda, en ese orden; la de Estados Unidos obtuvo un cuarto sitio.

¿Qué es lo que hace más o menos atractiva a una entidad como destino de las inversiones? Una posible respuesta se encuentra en el quinto estudio de la serie subnacional Doing Business en México 2014, que compara las regulaciones comerciales en las treinta y dos entidades, tanto a nivel federal, como estatal y municipal, y la forma como afectan las cuatro etapas del ciclo de vida de una pequeña o mediana empresa, que son la mayoría de los establecimientos. La oportunidad de comparar a Yucatán y a Mérida en cuanto al clima de negocios prevaleciente en el país era seductora. Particularmente me interesó la ubicación de Mérida en esa tabla, sobre todo por la especie de dogma que corre sobre su atracción para los inversionistas, porque aquí no existe el clima de inseguridad y violencia que asuela a otras partes del país. Al comparar los datos, me encontré que nuestra ciudad capital ocupa el sitio 18 en la clasificación de treinta y dos, que encabezan las ciudades de Colima, Aguascalientes y Celaya. De inmediato pensé: “¿Qué tienen ellas que le falte a Mérida?”. Hallé la respuesta en tres de los cuatro indicadores de las facilidades que tienen los empresarios para realizar un negocio. Si bien las acciones para abrirlo y registrarlo son relativamente rápidas (cuarto lugar, encabeza Celaya), Mérida se desploma cuando se analiza el rubro “Manejo de permisos de construcción” (sitio 24), “Registro de propiedades” (lugar 23) y “Cumplimiento de contratos” (sitio 20). El mayor rezago se ubica en los procedimientos para autorizar las edificaciones o adaptaciones que requieren los nuevos establecimientos para su operación. En Mérida el tiempo promedio es de 88 días, en tanto que en Colima (primer lugar), es sólo de 9 y medio días. La cosa no queda allá: en tanto que los emprendedores yucatecos tienen que desahogar catorce procedimientos para ejecutar y obtener su cédula, en Colima solamente son nueve pasos, la mayoría de ellos en línea, es decir, sin acudir a las oficinas públicas y hacer largas colas para lograr ser atendidos. En “Registro de propiedades” nos va igual de mal: Colima sólo requiere de tres pasos que se realizan en dos días promedio, en Mérida se necesitan casi veintisiete días, con diez procedimientos, antes de que el predio o negocio quede inscrito en el Catastro. En la parte de “Cumplimiento de contratos”, los poderes judiciales estatales tienen una gran responsabilidad. En este rubro encabeza la ciudad de Zacatecas que, aunque tiene el mismo número de procedimientos que Mérida (37), los desahoga en 248 días, en vez de los 498 (es decir, más de dieciséis meses) para que concluya un juicio y cause ejecutoria en Yucatán.


Después de revisar estos datos, podemos darnos cuenta de que la seguridad y tranquilidad de la que se precian Mérida y los yucatecos no es suficiente para lograr un clima de negocios favorable para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. En la publicación del Banco Mundial salta a la vista la necesidad de que las autoridades y las organizaciones empresariales trabajen con mayor intensidad en la parte relativa a “Permisos de construcción”. No sólo porque lo diga esta influyente institución internacional, sino la realidad cotidiana de los habitantes de esta hermosa capital que, sin ser inversionistas o emprendedores, sufren la incertidumbre de regulaciones inadecuadas, indefinidas o confusas que generan inseguridad para quienes realizan la inversión de su vida en la adquisición de una vivienda para su familia. Desgraciadamente los casos menudean: gasolineras implantadas en zonas residenciales; discotecas y bares construidos subrepticiamente hasta que emergen con un ruidoso debut que priva a los vecinos del merecido descanso; pretensiones de instalar un velatorio en el corazón de Itzimná, en una callecita adaptada sólo al tránsito de los residentes. Estos y otros muchos ejemplos ilustran lo mucho que hay que trabajar en materia de planeación urbana, para que quienes pretenden realizar inversiones cuenten con la certidumbre de que podrán construir sin contratiempos ni interposición de amparos, y para los residentes y vecinos que demandan garantías de que su inversión en su casa no será devaluada por la edificación de un taller mecánico o de un antro. Como en otros asuntos de interés público, no se trata de desregular per se, sino de realizar una eficaz aplicación de los ordenamientos que garantice los intereses ciudadanos. ¿Será mucho pedir?- Mérida, Yucatán.