jueves, 19 de diciembre de 2013

Reforma energética

Dulce María Sauri Riancho

Si la reforma política fue un tsunami por la extensión, la energética lo es por la profundidad de los cambios que provocará. Desde la campaña electoral en 2012 las reformas en materia de petróleo y electricidad formaron parte de la plataforma del PRI y del discurso de su candidato a la Presidencia. El propio Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 las enuncia con gran amplitud. Parecía que el Pacto entre los partidos y el gobierno había logrado, al menos, matizar la posición extrema de Acción Nacional, que exigía apertura amplia e indiscriminada a la inversión privada.

Desde el sexenio pasado se publicitó ampliamente una serie de argumentos para legitimar una reforma en materia energética. El más importante consistía en destacar la “enorme” riqueza petrolera de México, inutilizada por falta de inversión porque el Estado carecía de recursos suficientes para llevarla a cabo. El remedio era sencillo: establecer mecanismos de contratación en que participaran particulares, ya no por cuenta y orden de Pemex, sino directamente. Desde luego, se dijo, la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo sería preservada.

El presidente Peña Nieto no desveló sus cartas, sino después de que se hubo logrado el consenso para llevar adelante las reformas en Telecomunicaciones y Educación. Su iniciativa para reformar la Constitución tocaba los emblemáticos artículos 27 y 28, además del 25. El PAN aprovechó la oportunidad para condicionar sus indispensables votos a cambio de la aprobación de una amplia reforma político-electoral, a la que hicimos referencia la semana pasada. La oposición del PRD, de Morena y de López Obrador se manifestó con amplitud, y, aunque las distintas encuestas de opinión mostraban la reticencia de la sociedad mexicana a aceptar una “privatización silenciosa” del petróleo, la realidad de las calles mostró una cierta indiferencia de la ciudadanía a expresar su enojo o preocupación frente a lo que estaba por venir.

Lo anterior explica que en un tiempo récord se hubiera concluido el procedimiento legislativo en las Cámaras de Senadores (de origen) y de Diputados; haya pasado a los Congresos de los estados y, en tres días, lograra la aprobación de la mitad más una de las legislaturas, condición necesaria para que la reforma constitucional sea promulgada en la sesión de la Comisión Permanente de hoy. Una vez que haya sido publicada en el Diario Oficial comenzará a correr el plazo para elaborar y aprobar la compleja legislación secundaria; es decir, las leyes que harán posible la aplicación concreta de las determinaciones del Constituyente. Hasta entonces no podrán ser satisfechas las exigencias de plena seguridad por los inversionistas extranjeros.

Aunque ustedes no lo crean, la reforma energética desarma cualquier atisbo de protección sobre Pemex y la CFE, transformadas en “empresas productivas del Estado”. Las empresas extranjeras, como Exxon, Shell, Chevron y otras competirán con Pemex para la asignación de nuevos contratos. Es más: para conservar los actuales, la empresa mexicana tendrá que demostrar mayor eficiencia que sus competidoras. Después de años de saqueo fiscal y de debilidad financiera, la empresa petrolera será como el flaco y añoso boxeador que se sube al cuadrilátero con el joven y vigoroso atleta cuya única preocupación es ganar. No se necesita ser profetisa para adivinar el resultado de esa lucha desigual. “… Te usé, te gasté, te tiré…”, sería un buen epitafio anticipado para la otrora empresa orgullo nacional.

El eje de las decisiones en política energética puede trasladarse de México hacia el exterior. Lo mismo sucedió en los bancos desde que en 1998 se levantó la restricción para su adquisición por parte de extranjeros. El comportamiento que priva en el sector minero es un adelanto de lo que pasará, muy probablemente, en materia de energía: gas, petróleo y electricidad incluida.

La inversión extranjera, que se prevé fluya a raudales una vez aprobada la reforma, también se pone sus moños. Desde luego, primero irá a lo más apetitoso: gasolineras y transporte; después, a lo menos rentable, como las refinerías. Cuándo, cómo y bajo qué condiciones irán a la exploración en aguas profundas, lo más riesgoso, está por verse.

Para la vida cotidiana de millones de mexicanos lo más importante es saber qué pasará con los precios de la gasolina, el gas y la electricidad. La profusa publicidad gubernamental compromete una reducción sensible de los recibos de luz como efecto inmediato de la reforma recién aprobada. ¿Cómo lo harán? ¿Aumentará el subsidio a las tarifas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Para librar la elección de 2015? El tema de los subsidios es como una enorme caja de color negro chapopote. ¿Y si desaparecen?

La reforma constitucional en materia energética es una puerta abierta donde no hay marcha atrás. Los intereses en torno a la misma son demasiado poderosos para que el Estado mexicano pueda imponer una rectificación o cambio de orientación, aunque éste proviniera de la consulta popular, a la que el PRD apuesta como salida de emergencia ante las circunstancias.


El 18 de marzo de 1938 una inmensa ola de emoción inundó al pueblo mexicano ante un gesto de reivindicación de la dignidad nacional por parte del presidente Cárdenas. A diferencia de entonces, la reforma del 18 de diciembre de 2013 sólo provoca entusiasmo entre las élites y los poderosos. Algo debe significar. Quién sabe…- Mérida, Yucatán.

lunes, 16 de diciembre de 2013

Reforma político-electoral

Dulce María Sauri Riancho
Ha llegado el tsunami a la Constitución. En unos cuantos días, un elevado porcentaje de los 136 artículos que la componen está sufriendo importantes cambios. El “maremoto” constitucional trae consigo dos espejismos, entendidos como “ilusión, concepto o imagen sin verdadera realidad” (RAE). El primero proviene del Senado de la República, donde se encuentra todavía en proceso la reforma energética. El otro, igual de trascendente, se desprende de la reforma político-electoral. Esta última, aprobada inicialmente en la Cámara Alta, sufrió modificaciones en la de Diputados, por lo que tuvo que regresar de nuevo para una previsible y final aceptación por parte de los senadores.

Si midiéramos sólo por cantidad, la reforma político-electoral se lleva de calle a todas las demás, incluyendo desde luego a la del petróleo. La friolera de 30 artículos constitucionales fueron modificados y, además, se aprobaron ¡22! transitorios. En el componente electoral, los cambios conllevan la desaparición del Instituto Federal Electoral (IFE) y de los institutos estatales, como el Ipepac, para ser sustituidos por el Instituto Nacional de Elecciones, responsable en adelante de organizar todos los procesos electorales que se celebren en el país. El INE nace con mal fario, pues todos los especialistas, sin excepción, hablan de él como si fuera un engendro de Frankenstein, construido sobre los pedazos de las instituciones electorales de la transición democrática, sin más orden y concierto que la urgencia de cumplirle al PAN su exigencia, a cambio de asegurar sus votos para la reforma energética.

Habría muchísimos temas a destacar en la parte política de esta reforma. A diferencia de su componente electoral, producto de la improvisación y la coyuntura favorable a la presión irresponsable por parte del PAN, la política proviene en buena medida de las Mesas para la Reforma del Estado, que regidas por una ley aprobada ex profeso para ello se desarrollaron entre 2007 y 2008. En esta ocasión, la cantidad de cambios ha oscurecido la transcendencia de importantes medidas del Congreso para crear nuevas instituciones. Por ejemplo, casi desapercibida ha pasado la determinación de crear la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo. Vendrá a sustituir a la PGR y nadie, desde el presidente de la República, Congreso, etcétera, podrá interferir en sus decisiones.

La reelección consecutiva de legisladores y presidentes municipales se ha presentado como la panacea, el remedio mágico que podrá curar de un solo tirón los vicios y defectos del Poder Legislativo en su relación con la ciudadanía. Se dice que gracias a la posibilidad de premiar o castigar con sus votos al representante popular que aspire a ser reelecto, los ciudadanos podrán ejercer efectivamente su poder, menoscabado en la actualidad por los partidos políticos. También se menciona con insistencia que la reelección consecutiva fue prohibida a principios de la década de 1930 para subyugar al Congreso por parte del Ejecutivo, encabezado entonces por personajes afines a Plutarco Elías Calles, por lo que había que restaurarles el ejercicio pleno de su soberanía. Ni uno ni otro. En esos años, la reelección de diputados y senadores había propiciado la formación de camarillas en torno a los gobernadores, muchos de ellos provenientes de los ejércitos revolucionarios y proclives todavía a imponerse por la fuerza de las armas, por lo que se decidió eliminarla.

Nada garantiza que no veamos en los próximos años una reedición de esos problemas de 80 años atrás, ahora en pleno Siglo XXI. Y la razón es sencilla: los partidos políticos (PRI y PAN, abiertamente; PRD, con cierta vergüenza) se encargaron de poner un poderoso candado para garantizar que sólo los legisladores que apruebe su dirigencia podrán ser postulados de nuevo. Si algún representante popular, por diferencias con sus líderes y cercanía con sus representados, pretende cambiar de partido para ser de nuevo postulado, no lo podrá hacer, salvo que a la mitad de su ejercicio realice el cambio, por supuesto muy difícil de satisfacer. De esta manera, los partidos reforzarán su hegemonía sobre los ciudadanos. Sólo podrán ser postulados para la reelección aquellos que los propios partidos decidan que les son fieles. Vistos en la tesitura de tener que elegir entre complacer a sus líderes o apoyar a la ciudadanía, ¿por quién creen que se definirán?

Por si no fuera poco, el riesgo de que grupos de legisladores representen intereses de facción, no de ciudadanos, es muy elevado. El fenómeno de la “telebancada” se multiplicará: bancos, grandes empresas, todos aquellos que puedan “ayudar” a la reelección de sus legisladores afines intervendrán. Ni siquiera tendrán que tomarse el trabajo de presionar cada tres o seis años, para que sus protegidos sean postulados. Podemos sonreír con incredulidad, pero el ejemplo de la Asociación del Rifle en los Estados Unidos, que ha logrado hacer imposible la prohibición de tenencia de armas en ese país, ilustra hacia dónde conducen estos caminos, aun en democracias consolidadas como la norteamericana.


Dicen que un tsunami o un terremoto pueden cambiar la inclinación del eje gravitacional de la Tierra y provocar enormes transformaciones. En este sentido, la reelección consecutiva contribuye a modificar el eje gravitacional del sistema político mexicano. ¿Estamos conscientes de sus consecuencias y preparados para enfrentarlas? Yo diría que no…- Mérida, Yucatán.

jueves, 5 de diciembre de 2013

Primer año de Peña Nieto. ¿Desatar para tejer?

Dulce María Sauri Riancho

“El Congreso tiene la culpa”: tanto Fox como Calderón usaron el argumento de la mayoría opositora en el Poder Legislativo para tratar de justificar su incapacidad de llevar a cabo las transformaciones a las que se habían comprometido. Para reformar la Constitución, entonces y ahora, se necesita lo que se llama “mayoría calificada”, esto es, que dos terceras partes de los diputados y senadores, así como de los Congresos de los estados, la aprueben. Quiere decir que ningún partido, por sí mismo, puede imponerse, sino que necesita construir acuerdos con otras fuerzas políticas representadas en el Congreso. No es cierto que no se haya conseguido este “número mágico” en los sexenios panistas. Por ejemplo, lo alcanzaron para introducir la reforma en materia de derechos y cultura indígenas, en el sexenio de Vicente Fox, y para los trascendentales cambios sobre Derechos Humanos, en el de Felipe Calderón. En esa última administración, ya a punto de concluir, se aprobó la reforma laboral que desde inicios de la década de 2000 se había venido anunciando.

Peña Nieto inició su gobierno en condiciones similares a las de Fox y Calderón en cuanto a la oposición en el Congreso. La enorme diferencia fue el Pacto por México, suscrito por los dirigentes de los tres principales partidos: PRI, PAN, PRD, con el nuevo Ejecutivo federal. Su anuncio cayó como una fresca lluvia en el caldeado ambiente político que dificultaba la construcción de acuerdos. A este buen comienzo se sumó una lista de trece acciones a realizar en el primer año de gobierno, casi todas sólo en manos del Presidente porque no implicaban cambios a las leyes. El Pacto hizo posible la obtención de la mayoría calificada. Así se desgranaron las reformas constitucionales en materia de Educación, Telecomunicaciones y de Transparencia, varias de las cuales se habían quedado atoradas en los pasados sexenios. Sin embargo, bien se dice que “el diablo está en los detalles”. En estos casos, el atorón fuerte se está dando en el proceso de aprobación de las leyes secundarias, las que permiten transitar a las reformas constitucionales de los buenos propósitos a su cabal aplicación. En síntesis, los hilos del entramado político y social se han desamarrado y apenas comienzan a entretejerse con un nuevo diseño.

En este primer año de gobierno, Peña Nieto ha logrado mostrar eficacia política para construir acuerdos y reunir mayorías. Sacó adelante sin mayores turbulencias, la reforma financiera, de extraordinaria importancia para el funcionamiento del sistema bancario y crediticio. No le fue muy bien con el “paquete económico”, que no alcanzó la calificación de “estructural”, aunque trajo consigo a la prometedora institución de la Pensión Universal.

Pero nada es eterno, menos en la política. El mecanismo del Pacto, superada la sorpresa inicial, ha sufrido un acelerado desgaste, proveniente de la inicial segregación de los diputados y senadores. Se quedaron “sólo mirando”, para actuar como obedientes correas de transmisión de las decisiones que se tomaban fuera del recinto legislativo. Pero, a mi juicio, lo que acabó de erosionar al Pacto fueron los problemas internos de las dirigencias del PAN y del PRD, puesto que sus actuales presidentes han visto en la interlocución con el gobierno priísta su “tabla salvadora” frente a las impugnaciones de sus correligionarios. Por su parte, éstos tratan de acabar con un mecanismo que no les satisface, por razones de divergencias políticas, pero también de intereses personales.

Las aguas agitadas del primer año de gobierno continuarán en las próximas semanas. Falta ver qué sucederá en los once días que le resta al actual periodo de sesiones del Congreso. El gran pendiente del PRI y de la administración de Peña Nieto es la apertura a la inversión privada en materia petrolera. El PAN ha puesto como condición al gobierno priista que primero pase la reforma político-electoral para darle la mayoría calificada para la reforma constitucional en materia energética. Tal parece que el PRI está dispuesto a poner en riesgo la precaria estabilidad del sistema electoral con tal de lograr que parte del PAN sume sus votos para alcanzar lo que verdaderamente le importa: el petróleo.


Hasta la fecha, Peña Nieto y el PRI han sido eficaces en el corto plazo para hacer avanzar la agenda política de su interés. Se ha reformado la Constitución y se han expedido algunas leyes secundarias. Era necesario, pero de manera alguna es suficiente. Además de los largos y complicados tramos legislativos que todavía restan, falta aplicar esas reformas, observar si verdaderamente se traducen en un mejoramiento de la vida de las personas y de las familias. O si por el contrario, el afán modernizador se agotará en el proceso mismo, teniendo en mente que, al fin y al cabo, otro será el gobierno que lidie con las consecuencias de los errores y los apresurados “toma y daca” de la negociación política de estos días.- Mérida, Yucatán.