viernes, 29 de noviembre de 2013

Violencia contra las mujeres. Termómetro para medir, acciones para curar

Dulce María Sauri Riancho

El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La elección de la fecha no fue accidental. Hace 53 años, en la República Dominicana, tres jóvenes mujeres, las hermanas Mirabal, fueron asesinadas por esbirros de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo porque su activismo incomodaba a los jerarcas del régimen. La brutalidad de las ejecuciones incrementó la indignación popular contra la opresión que padecía el pueblo dominicano por más de 30 años, así que unos meses después, Trujillo fue a su vez asesinado.

Las mujeres latinoamericanas se encargaron de que este día de sangre y dolor no cayera en el olvido. En el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, en 1981, se decidió impulsar al 25 de noviembre como la ocasión anual de reflexión y denuncia contra la violencia de género, aquella que sucede simplemente porque quienes la reciben son mujeres. La semilla cayó en terreno fértil, a grado tal, que en 1994 fue adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) la primera y hasta la fecha, única Convención para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, más conocida con el nombre de la población donde se suscribió, Belem do Pará, Brasil. En 1999, la Asamblea General de la ONU estableció esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Abrir las conciencias de mujeres y hombres hacia una reflexión crítica sobre la violencia contra las primeras no fue tarea sencilla. El peso de costumbres ancestrales se hacía sentir en la concepción de que las mujeres nacieron para callar y obedecer, obviamente a los miembros masculinos de la familia o de la sociedad.

Quizá más de un lector, o lectora, esté pensando en la añeja sociedad del Siglo XIX. No es así. Algunos de los valores, tradiciones y actitudes sociales han perdurado al paso de los años, a los cambios de siglo. Las resistencias tienen que ver con la cultura que asigna papeles diferentes a las mujeres y a los hombres, en que éstos mantienen -o al menos así lo perciben todavía algunos de ellos-, el derecho a imponer su voluntad, aun por la fuerza, a las mujeres de su entorno. La violencia, a fin de cuentas, es un abuso de poder, y en el caso de las mujeres la sociedad otorgaba al hombre el derecho a corregir, incluso mediante el uso de la fuerza.

Ahora, transcurrida la primera década del Siglo XXI, contamos en México con un marco legislativo que previene, sanciona y atiende la violencia contra las mujeres. No se limita a la más ostensible, como es la violencia física (golpes, lesiones e incluso la muerte), combinada muchas veces con la violencia sexual (abuso, violación, explotación), sino que también reconoce otro tipo de violencia ejercida en su contra por su condición de género, como la emocional o afectiva, que incluye las estrategias masculinas de culpabilizar, ridiculizar y ofender, sin olvidarse de la humillación en público ante cualquier opinión o actitud que cause molestia a la parte masculina de la pareja. También ha avanzado la conciencia social sobre otras formas de opresión femenina, como controlar el dinero (especialmente importante para las mujeres que carecen de ingresos propios al ser amas de casa) o simple y llanamente, dejar de hablarle como castigo ante una supuesta ofensa.

Con mucho ingenio y creatividad, un grupo del Instituto Politécnico Nacional desarrolló un material didáctico para medir el grado de penetración de las actitudes violentas hacia las mujeres. Fue bautizado con el nombre de “Violentómetro” (http://www.genero.ipn.mx/Materiales_Didacticos/Paginas/Violentometro.aspx), a manera de una regla con escala de 30 puntos, donde se consignan actitudes y acciones que implican avasallamiento e imposición. La “temperatura” de la violencia adopta colores, en que el Amarillo -que agrupa acciones psicológicas que afectan emocionalmente a las mujeres- señala: “Ten cuidado; la Violencia Aumentará”, si no se le pone remedio; esto es, que no desaparecerá simplemente si se le ignora o se le olvida. Como cuando contraemos una infección, el riesgo de no atendernos en la primera fase estriba en entrar a la franja del Rosa, en la que los actos violentos van escalando de las palabras y las actitudes hacia la agresión física, aunque se envuelva en caricias. En esta parte aparecen los empujones y en casos extremos, bofetadas y patadas. El Morado es el color de la alerta máxima: “¡Cuidado! Tu vida está en riesgo, Necesitas Ayuda Profesional”. Siguiendo con el símil de la fiebre, es semejante cuando tenemos más de 40 grados de temperatura: hay que salir corriendo en busca de un doctor y un hospital. A la categoría Morada pertenecen: Encerrar y Aislar; Amenazar con Objetos o Armas; Amenazas de Muerte; Forzar a una Relación Sexual; Abuso Sexual; Violar; Mutilar y Asesinar.

El Centro de Justicia para Mujeres, anunciado el pasado domingo por el gobernador Zapata Bello, actuará como una institución para coadyuvar en la atención de este fenómeno que daña seriamente la convivencia social. Ser el estado “más seguro” de México entraña la grave responsabilidad de luchar en todos los frentes contra la violencia. Y uno de los más importantes es éste, el que recuerda el 25 de noviembre y el sacrificio de las hermanas Mirabal.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Sociedad y presupuesto 2014. La aceituna del coctel

Noviembre es el mes del presupuesto. Así como octubre nos dejó el aumento de los impuestos, el penúltimo mes del año trae consigo la repartición de los recursos que, se estima, serán recaudados durante 2014. La Cámara de Diputados cumplió con celeridad la aprobación del llamado “paquete económico” la semana pasada.

A Yucatán le fue bien en el reparto del gasto federal para el próximo año. Varias obras de interés estatal recibieron recursos y otras, de compromiso federal como el proyecto del tren transpeninsular, también. En breve, el gobernador Zapata mandará al Congreso sus iniciativas de Ingresos y Egresos, ya con la certidumbre de las cifras autorizadas por la Legislatura federal. En este plácido océano de optimismo, el único prietito en el arroz ha sido la pretensión no satisfecha de las organizaciones empresariales para participar en la formulación de los proyectos de presupuesto estatal para 2014. Sin embargo, tanto el requerimiento de los demandantes -las organizaciones empresariales-, como la respuesta del gobierno estatal dejan ver un lamentable olvido: la Ley de Planeación, que establece la participación de la sociedad en todo proceso planificador al través de los comités de planeación -estatal y municipal- y que incluye la propia formulación de la iniciativa de presupuesto que el gobernador envía al Congreso del Estado. ¿Cómo, entonces, se reclama lo que ya existe en la ley? La explicación más sencilla es que, aunque la obligación se encuentra establecida, tanto el Coplade como la mayoría de los órganos colectivos de consulta sólo existen y funcionan para el acto de instalación, cuando se imprime la foto correspondiente. Y después, si te vi no me acuerdo.

Es muy fácil responsabilizar al gobierno de que estas instancias de participación se queden simplemente en las páginas de los periódicos, sin incidencia alguna en la vida cotidiana y menos aún, en el mejoramiento de las funciones gubernamentales. Sin embargo, también las organizaciones de la sociedad, civiles, empresariales, tienen su parte de responsabilidad en esta omisión. Tiene que ver con la indefinición de las formas concretas de participación y, sobre todo, con los mecanismos de rendición de cuentas a sus pares, a la sociedad, sobre esta tarea que ella misma, al desempeñarse como sus representantes, les encarga.

No pretendo que los presidentes del Centro Empresarial, de la Canacintra o de la Canacome, por citar a los más activos, sean especialistas en procesos de programación-presupuestación. No obstante, es conveniente analizar lo que en otras partes del país se ha venido realizando ante la creciente exigencia social de transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno. Cito dos casos que pueden ayudar a encontrar el rumbo a este reclamo de participación. Me refiero a “Fundar. Centro de análisis e investigación” y al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El primero, Fundar, es un organismo de la sociedad civil que se sostiene con donativos de diversa índole, con un mandato de transparencia y acceso a la información en materia de derechos humanos y de programación y ejercicio del gasto público. Por ejemplo, ya tienen en línea (www.presupuestoabierto.mx) un análisis de lo aprobado por la Cámara de Dipu- tados que, en lenguaje claro y sencillo, permitirá conocer y dar seguimiento al presupuesto federal 2014.

El otro órgano especializado es el CEESP. Fue establecido hace 50 años para monitorear el comportamiento de la economía y del propio gobierno en estos asuntos. Funge como asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de diversas empresas de primer nivel en el país, las cuales lo financian. Cuando Fundar o el CEESP hablan, lo hacen con los “pelos de la burra” en la mano. A eso se dedican.

Cuando proporcionan documentos a los interesados, éstos saben que pueden emplearlos con toda confianza, porque son producto del análisis de especialistas en cada tema.

Volviendo a Yucatán, ¿sería demasiado pensar en la pertinencia de la formación de un centro especializado de esta naturaleza, que brindara asesoría en los temas de programación-presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto público a las organizaciones de la sociedad? Tenemos una muestra en la Fundación Plan Estratégico de Yucatán, en que es posible sumar recursos de la sociedad y del gobierno con el propósito de mejorar la planeación del desarrollo de la entidad. Aunque algunas veces las opiniones del Plan Estratégico no son tomadas en cuenta, su voz orienta y, en ocasiones, obliga rectificaciones en las conductas de las autoridades.

Imagínense lo importante que sería contar con un mecanismo social efectivo de seguimiento del gasto público: cómo gasta el gobierno, a quién le asigna los contratos, si cumplen en tiempo las compañías, entre otras cosas indispensables para evaluar la acción gubernamental. Una organización capaz de digerir oportunamente la información del Inegi (los censos, las encuestas), de tal manera que sus representantes en los distintos comités de consulta o asesoría tengan suficientes datos para debatir e incluso para rebatir los planteamientos institucionales.


En el fondo se trataría de empoderar verdaderamente a los representantes de la sociedad en los consejos, los comités y comisiones que las leyes mandatan crear. Que haya capacidad para exigir su integración, pero también para impulsar su correcto funcionamiento. Quizá sea ésta la ocasión para que los representantes de la “sociedad civil” dejen de ser la aceituna del coctel, que adorna, pero que a la hora de beberlo, la hacemos a un lado.- Mérida, Yucatán.

viernes, 15 de noviembre de 2013

Gobernadores: nuevos protagonistas

Dulce María Sauri. ¿Quién es la figura política más destacada de esta larga transición que vive México? No son, aunque quisieran, los partidos; tampoco el actual presidente de la República, aunque haya surgido del PRI. Las organizaciones sociales apenas se asoman con timidez a la escena pública. Para mí no hay duda: son los gobernadores.

Un breve repaso a la situación que guardan varios temas de relevancia para el gobierno de Enrique Peña Nieto permitiría detectar algunas pistas del poder sin contrapesos que han acumulado los gobernantes estatales al agotarse el viejo sistema político que nos rigió por más de 70 años. Veamos.

De las múltiples iniciativas de reforma o aprobación de nuevas leyes que el presidente Peña Nieto considera indispensables para su proyecto de gobierno, una docena de ellas se encuentran virtualmente bloqueadas por el trasiego legislativo. Entre éstas podemos apuntar las reformas a la Ley de Responsabilidad Hacendaria en materia de deuda pública; las leyes y reglamentos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, para ampliar las facultades del IFAI y permitir atraer casos de la esfera estatal. La Comisión Anticorrupción se ha extraviado ante las urgencias de lo cotidiano.

La legislación sobre información pública gubernamental, para moderar y matizar el gasto en publicidad y propaganda por parte de la federación, los estados y los municipios, también se ha perdido. La creación de la Gendarmería Nacional se ha postergado y la misma reforma educativa, que exigió un cambio constitucional, ha comenzado a ser “matizada” por los ejecutivos estatales en sus negociaciones con las organizaciones magisteriales.

El centro dividido: la nueva autonomía de los gobernadores, así se llama un libro de un distinguido investigador de El Colegio de México, que pone de manifiesto los importantes cambios en la relación entre el Ejecutivo federal, su administración y los gobernadores desde finales de la década de 1980. La tensión entre los intentos de centralización del poder en la figura presidencial y las fuerzas políticas de los estados ha sido una constante en la historia reciente del país. Ni Plutarco Elías Calles, ni siquiera Lázaro Cárdenas, pudieron imponerse a los gobernadores. La influencia callista logró eliminar la reelección consecutiva de legisladores federales (se prohibió también para los locales), no para anular la autonomía del Congreso de la Unión, como muchas veces se ha mencionado, sino para evitar la conformación de bloques de diputados que sólo y exclusivamente obedecían a “su” gobernador.

Aunque ustedes lo duden, los generales Cárdenas y Ávila Camacho convivieron con una especie de Conago (que es la organización actual de los gobernadores, conformada en 2001) que, bajo el pretexto de la información y la gestión económica, permitió construir una estrategia conjunta entre gobernadores que, en aquel entonces, eran en su mayoría militares de alto rango.

Fue hasta el gobierno de Miguel Alemán cuando lentamente comenzaron a modificarse las reglas del juego político en los estados. Por ejemplo, en Yucatán fue impuesto un candidato a gobernador ajeno a los grupos y los intereses locales. Tomás Marentes sólo pudo conservar el cargo quince meses, pero tras su relevo nada volvió a ser igual.

Algo similar sucedió en otras entidades del país, hasta llegar al presidencialismo de los años sesenta y setentas. El péndulo se había trasladado hacia el otro extremo: control centralizado de las decisiones, gobiernos estatales condenados a la pobreza fiscal, reforzada cuando en 1979 se promulgó la Ley de Coordinación por la cual se establecieron impuestos federales como el IVA, de los cuales cada entidad recibía -y recibe- una participación mediante fórmulas que la propia ley establece.

Como el dinero constituye la verdadera cadena de la sujeción, los cambios políticos se expresaron en nuevas reglas para distribuir el presupuesto federal. Apenas perdió el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997 se crearon fondos especiales, como el llamado “Ramo 33″, que permite a los estados y los municipios recibir directamente los recursos para la ejecución de obras y la prestación de servicios. El proceso administrativo de descentralización del gasto público descansaba en el supuesto de que en los estados se podría hacer más con menos, se podrían cuidar mejor las obras y evitar la corrupción.

La alternancia en la Presidencia de la República del año 2000 aceleró una situación que ya venía presentándose de algunos años atrás. La mayoría priista de los gobernadores perdió el último lazo que la ataba a un declinante poder presidencial. Los de otros partidos continuaron comportándose como opositores, así fuera su partido el que estuviera en el gobierno. Esta situación no hubiese sido negativa necesariamente si no estuviera acompañada por la falta de transparencia en el ejercicio del gasto, ausencia de rendición de cuentas y, sobre todo, carencia de contrapesos efectivos que atemperaran excesos ante la fragilidad extrema de las instituciones estatales.

Peña Nieto construyó su candidatura a partir de sus pares, los gobernadores del PRI. ¿Qué pensará hacer frente a la “resistencia pasiva” que parecen asumir los ejecutivos estatales? ¿Tolerarla? ¿Sobrellevarla? ¿Enfrentarla? ¿Sí? ¿Con qué instrumentos? Ya se metió reversa al centralizar nuevamente desde 2014 el pago a los maestros en la SEP federal; lo mismo en la adquisición de medicinas para el Seguro Popular, a cargo de la Secretaría de Salud de la Federación. Sin embargo, los excesos de los gobernadores siguen vigentes. La restauración del pasado no es posible ni es deseable. Tiene que abrirse un camino distinto, el de la transparencia, la rendición de cuentas y la efectiva sanción de quienes transgredan la ley.


Por lo pronto, ¡mucho ojo con los nuevos espejismos! Y uno de ellos es la reelección consecutiva de legisladores. Ya tienen la horca, no les demos el cuchillo.- Mérida, Yucatán.

lunes, 11 de noviembre de 2013

Reforma fiscal 2014, aprobada, en espera de sus efectos

Dulce María Sauri Riancho
Con la puntualidad de la temporada de huracanes, los vendavales de principio de sexenio una vez más azotaron las discusiones sobre el “paquete económico”. La misma tormenta política que rodeó el frustrado intento de gravar a los alimentos y medicinas del principio de Fox, que finalmente quedó en un impuesto especial a las telecomunicaciones. El ciclón del IDE (impuesto para depósitos en efectivo) y el IETU de Calderón, que se volvieron un aumento de la tasa general del IVA de 15% a 16%, además del incremento periódico del precio de las gasolinas. Ahora, en el turno de Peña Nieto, las medidas fueron desde el aumento del impuesto sobre la renta para los que más ganan, hasta la propuesta de gravar adicionalmente a los refrescos azucarados, pasando por la homologación del IVA en las fronteras, además de aplicarlo en las colegiaturas, entre otras cuestiones.

En las Cámaras legislativas se dice que una iniciativa entra como león y sale como gatito, para significar los cambios que los parlamentarios realizan al tratar de acordar entre las distintas fuerzas políticas. Este caso no fue la excepción: la propuesta inicial del presidente Peña Nieto sufrió importantes modificaciones, las más conocidas: la marcha atrás en la pretensión de gravar colegiaturas y la determinación de poner un impuesto especial a los alimentos considerados “chatarra” por su alto contenido calórico. Es decir, los sabrosos pastelitos, helados, churrumaiz y cheetos, ahora pagarán por engordar a quienes los consuman.

De nuevo, las cámaras empresariales amagan con la interposición de amparos contra las determinaciones del Congreso en materia fiscal, tal como lo hicieron contra el IDE y el IETU, por citar los más recientes. No importa que en ocasiones anteriores el Poder Judicial los haya rechazado, basándose en el artículo 31 de la Constitución que establece que todos tenemos la obligación de contribuir para los gastos públicos, “de manera proporcional y equitativa”.

Hasta aquí nos podría embargar una sensación de deja vu, como si lo que presenciamos en estos días ya lo hubiéramos vivido en ocasiones anteriores. Sin embargo, veamos las diferencias, muchas y muy sensibles, que se han mostrado en las últimas semanas. Hubo un abierto cuestionamiento a la propuesta presidencial. Sin subterfugios ni medias palabras, diversos grupos de interés se manifestaron en los medios de comunicación para expresar sus puntos de vista sobre el impuesto a los refrescos y el cambio de régimen fiscal para la industria maquiladora de exportación. Los fabricantes de pasteles y dulces, así como productos con alto contenido calórico, fueron sorprendidos por un impuesto de última hora, destinado a compensar la recaudación perdida al eliminar otros gravámenes y a poner, ahora sí, un IVA disfrazado al sector “impresentable” de los alimentos. En los estados de la frontera norte y en Quintana Roo, la medida de homologar su IVA de 11% con el 16% que pagamos los demás provocó sentimientos de preocupación y frustración por las promesas de campaña que consideraron burladas e incumplidas. Los otrora aliados de las organizaciones empresariales se expresaron con claridad y contundencia: no estaban de acuerdo con la propuesta presidencial por considerarla riesgosa para la estabilidad macroeconómica y para el empleo. Pretendieron -vanamente en la mayoría de los casos- que los legisladores la modificaran.

Una vez aprobadas las reformas fiscales tal parece que ha entrado una especie de silencio en el campo de batalla en que se habían convertido las páginas de los periódicos y algunos noticiarios de la radio. Habrá quien recuerde el viejo refrán de “palo dado, ni Dios lo quita”, lo cual implica resignación y rápido acomodo a las nuevas circunstancias. En los próximos días conoceremos las propuestas de la industria refresquera para reducir el tamaño de sus envases, aumentar sus líneas de productos de dieta endulzados con aspartame o estevia. Los pastelitos se adelgazarán, los helados se harán chiquitos, todo con tal de volver al redil de la “tasa cero”. Y si no se puede, ¡a subir los precios!

Sólo la cosecha de recaudación le dirá a Hacienda si valió la pena el “gatito” fiscal en que quedó transformado el poderoso “león” de su propuesta. Irritó a muchos; preocupó a todos. Ahora, veamos si las veladas amenazas de pérdida de competitividad para invertir en México no se traducen en la reubicación de plantas industriales ¡a los Estados Unidos! Si los anuncios para instalar otras armadoras de vehículos se hacen válidos, pero ¡en Brasil! Si las maquiladoras de exportación de la frontera norte no acaban deslocalizándose, es decir, trasladándose a otros territorios de América, en este retorno de China del cual supuestamente nuestro país podría ser el principal beneficiado. Nuestro vecino del norte se ha propuesto iniciar una nueva etapa de reindustrialización para reconducir su desarrollo económico. Nos guste o no, los norteamericanos generalmente logran lo que se proponen como sociedad. Y este “paquete económico” puede ayudarlos a ellos a abonar el camino de retorno de aquellas plantas que se habían ubicado en territorio mexicano.

Pero ¿cómo quedó la percepción de las grandes capas medias de la sociedad, aquellas que se sintieron amenazadas por el IVA en las colegiaturas, las que se asumen perjudicadas por el incremento del ISR, al ser causantes cautivos? ¿Y qué habrá pasado con los 500 grupos empresariales que utilizaban la consolidación fiscal para diferir o de plano no pagarle al fisco? ¿Habrán quedado conformes con su transformación en algo parecido, aunque un poco menos favorable? Las gasolinas seguirán subiendo periódicamente, mucho más que la propuesta inicial del presidente. Los grupos populares resentirán los efectos de las alzas en transporte, alimentos y medicinas.

En 1995, las reformas fiscales que aprobó la mayoría del PRI en el Congreso permitieron salvar la grave contingencia económica, pero electoralmente tuvieron un elevado costo para el partido. Su primer efecto se resintió en 1997, cuando perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y tres años después la Presidencia de la República. Entonces, fueron las clases medias agraviadas las que generaron las condiciones para el triunfo de Acción Nacional. Ese mismo importante segmento de la sociedad estará muy pendiente de las acciones del gobierno en los próximos meses con los recursos que habrá de recibir. Veremos si el enojo y el rechazo de ahora se transforman en apoyo una vez que logre la acción gubernamental demostrar los benéficos efectos de la reforma en el empleo y la vida de las familias mexicanas. Al tiempo…- Mérida, Yucatán.